COLECTIVO “INICIATIVA CIUDADANA”

CUESTIONARIO PARA PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

 Reformas Institucionales.-

1.- La Comisión de la Verdad y Reconciliación propuso un conjunto de reformas que buscan asegurar el liderazgo democrático civil del sistema de defensa nacional y del mantenimiento del orden interno, así como para que las fuerzas del orden cumplan con su función de proteger a la población civil, respetando los Derechos Humanos; delimitar el alcance del concepto de Defensa Nacional que suponga el afianzamiento del control civil democrático.

De la misma forma la CVR plantea fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más afectadas por el abandono y la violencia. Así mismo debe propiciarse mejores condiciones de seguridad y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, así como generar mayores oportunidades de desarrollo y, una presencia de organizaciones políticas y sociales como mediadoras entre la sociedad y el Estado.

 1.a.- Su partido cree que la decisión sobre una estrategia nacional de pacificación que apunte a la reconciliación y presencia del Estado:

 A.           Debe garantizar la conducción exclusiva de la autoridad civil en el diseño de las políticas de seguridad,

B.           Esta responsabilidad requiere ser compartida con las fuerzas armadas

 1.b.- Su partido considera que las decisiones de seguridad y defensa deben ser tomadas:

 A.     Por profesionales de las Fuerzas Armadas.

B.     En todo momento por la autoridad civil competente.

2.- Uno de los grandes protagonistas de la derrota de la subversión han sido las rondas campesinas, los Comités de Autodefensa- CAD, las comunidades campesinas, los dirigentes populares, los militantes de base de los partidos, las autoridades locales, primera línea de defensa de la sociedad ante la amenaza de la subversión, y que deben ser reivindicados.

 Dada la importancia que tuvieron las rondas campesinas y comités de autodefensa es muy importante normarlas adecuadamente, de modo de evitar la criminalización de sus miembros por el ejercicio de sus prácticas de autodefensa, desarrollo comunal, resolución de conflictos y de administración de justicia.

El gobierno de Alberto Fujimori estableció mediante el DS. 077-92-DE que los Comités de Autodefensa – CAD formen parte del sistema de las Fuerzas Armadas, determinado las funciones en relación con la seguridad, así como determina la forma de creación, organización y control de estas instancias.

Con relación a los Comités de Autodefensa, su partido:

A.     Derogará el DS 077-92-DE, dando por concluida la vigencia de los Comités de Autodefensa.

B.     Propiciará un nuevo marco legal que adscriba los CAD a las organizaciones comunales.

C.     Mantendrá la estructura y normatividad vigente.

 3.- La CVR propone reconocer constitucionalmente dos ámbitos distintos: la Defensa Nacional por un lado, y el Orden Interno y la Seguridad Ciudadana por otro, lo que debe conducir a una política en la cual las Fuerzas Armadas no tengan injerencia en asuntos de orden interno y seguridad ciudadana, salvo graves circunstancias establecidas expresamente por el Poder Ejecutivo dentro del régimen de excepción.

 Los conceptos de Defensa Nacional y al Orden Interno  son conceptos utilizados por la Carta de 1993 de manera indistinta y confusa.

 Su partido considera que las decisiones referidas al control del orden interno deben ser tomadas:

 A.     Bajo exclusiva y estricta responsabilidad de la autoridad civil correspondiente sin excepción alguna.

B.     En determinadas circunstancias por las Fuerzas Armadas, asumiendo el control del orden interno.

 4.- Otra tarea es definir Constitucional y legalmente a la Policía Nacional como una institución civil, no militarizada. Modernizar la carrera policial de acuerdo a la definición de institucionalidad civil de la Policía Nacional, debiendo eliminar los rasgos castrenses introducidos en los últimos decenios. Esta definición deberá ser concomitante a una redefinición radical de las relaciones entre la Policía Nacional y las sociedades civil y política.

 Respecto de la naturaleza de la Policía Nacional, su Partido:

  A.                Propiciará que constitucional y legalmente se considere a la Policía Nacional como una institución civil, no militarizada.

B.                Considera que la Policía Nacional es una institución castrense.

5.- La propuesta es subordinar el concepto de Defensa a un concepto de Seguridad Nacional que tenga las dimensiones del concepto de seguridad humana de las Naciones Unidas. En la actualidad se lleva a cabo una reforma de las Fuerzas Armadas bajo la conducción del Ministerio de Defensa, que debe ser apoyada. La CVR considera que la dirección que debe seguirse es una en la cual este Ministerio debe asumir claramente la conducción, para asegurar el liderazgo democrático de la defensa y seguridad, así como el control de sus acciones. El Ministro de Defensa debe constituirse como la autoridad política y administrativa que organiza y conduce a la Fuerza Armada de acuerdo a ley y para los fines de la Defensa. Consecuentemente, el Consejo de Defensa Nacional, la SEDENA y el Comando Conjunto pasarían a ser organismos del sector Defensa. El jefe del Comando Conjunto tendría rango de Viceministro.

5.a.- Su partido considera que el Ministerio de Defensa debe cumplir el papel de ser:

 A.     Eje de conducción y control de la Fuerza Armada.

B.     Entidad de coordinación y servicio de los organismos de la Fuerza Armada.

5.b.- Respecto a las Fuerzas Armadas, su partido cree que:

 A.       Debe suprimirse de la Constitución toda atribución y competencia directa de las Fuerzas Armadas.

B.       Deberá redefinirlas como dependencias del Ministerio de Defensa.

C.       Las dos anteriores

D.       Debe mantenerse la actual regulación legal.

Justicia

 6.- El sistema de justicia penal peruano no esta pensado en las singularidades y complejidad de los crímenes contra los derechos humanos cometidos en el período de la violencia política, por lo que la CVR recomendó la creación de un subsistema penal que posibilite la investigación y juzgamiento de estos delitos. Ello es, mediante la creación de instancias especializadas a nivel judicial, fiscal y policial "(…) especialmente en las zonas donde la violencia tuvo mayor impacto (…)". A la fecha se han creado tres fiscalías provinciales penales especializadas en Lima, Ayacucho y Coronel Portillo; una Fiscalía Penal Superior con sede en Lima y el encargo a las fiscalías provinciales de Huancayo y Huancavelica Estos juzgados se denominarán Juzgados Penales Supraprovinciales con competencia para intervenir en crímenes de lesa humanidad producidos en provincias de diversos departamentos, sin embargo requieren de una respaldo desde la acción del Estado para que hagan eficaz su acción.

Para garantizar la acción del Estado en el enjuiciamiento a los responsables de violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, su partido:

A.       Propiciará que los órganos judiciales del Subsistema Penal en Derechos Humanos cuenten con una legislación  y presupuesto adecuado.

B.       Brindará  apoyo necesario que  permita al Subsistema Penal en Derechos Humanos consolidarse y extenderse a otras localidades

C.       Desarrollará todas las medidas anteriores

D.       Ninguna de las anteriores

7.- En los años de violencia, el Poder Judicial se ganó la imagen de una “coladera” que liberaba a culpables y condenaba a inocentes; el Estado incumplió el rol de garante de los derechos de los detenidos y, contribuyo a la comisión de graves violaciones a los derechos a la vida y la integridad física, ni llevó a la justicia a miembros de las fuerzas armadas acusados de graves delitos y sistemáticamente favoreció que el fuero militar posibilite impunidad.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que debe buscarse fortalecer la independencia y autonomía de la administración de justicia, garantizar el cumplimiento del debido proceso y el respeto a los derechos humanos; y generarse cambios en el sistema penitenciario. En este sentido, en abril del año 2004 se creó la Comisión Especial para la Reforma de la Administración de Justicia – CERIAJUS, instancia que ha propuesto una serie de medidas destinadas a garantizar que la función de impartir justicia se ejerza de manera autónoma, efectiva y predecible.

De  las medidas recomendadas por CERIAJUS,     que  apuntan a la reforma de la administración de justicia, su partido implementará:

A.     Todas las recomendaciones

B.     Algunas de las recomendaciones

C.     Ninguna

8.- Algunas de las expresiones de la barbarie del conflicto interno fueron las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y desaparición forzada, los mismos que se han venido evidenciando en la existencia de una considerable cantidad de fosas comunes y sitios de entierro que guardan las huellas de lo ocurrido, cuyas exhumaciones aportarán a la realización de la justicia.

A la fecha se han venido realizando exhumaciones esporádicas  y no dentro del marco de un plan nacional de exhumaciones, esto significa recursos suficientes para llevar a cabo las investigaciones preliminares antropológicas forenses. Esto requiere de una acción prioritaria del Estado, pues se corre el riesgo de perder la evidencia, en este sentido.

Respecto el Plan Nacional de Investigaciones Antropológicas Forenses – Plan Nacional de Exhumaciones, su partido:

A. Implementará con prioridad, potenciando el Instituto de Medicina Legal.

B. No será una prioridad

9.- Entendiendo la justicia como un derecho impostergable de las personas, a efectos de erradicar la impunidad y evitar su consolidación, a la fecha se han logrado algunos avances en la judicialización de casos de violación de derechos humanos ocurridos durante el desarrollo del conflicto armado interno, en los que es imperativo que las personas que han sido victimas o son testigos de los graves crímenes contra los derechos humanos tenga un mínimo de protección de sus vidas frente a cualquier atentado, con mecanismos y procedimientos sencillos.

Sobre la creación e implementación de un sistema de protección de victimas y testigos, su partido:

A. Asignará con prioridad los recursos necesarios que ello demande.

B.  No lo considera prioritario.

10.- Dentro del período de violencia política sufrido por el país, la administración de justicia no cumplió con su obligación de defender los derechos de los ciudadanos, abdicando en sus funciones, no sólo porque el aparato judicial no estaba preparado para los desafíos que la situación le encaró siendo vulnerable a las amenazas y presiones de parte de los grupos subversivos, así como en el avasallamiento de sus espacios por parte de la justicia militar, junto a esto, los  crímenes y graves violaciones de los derechos humanos sin juicio ni castigo, lo que afecta las posibilidades de una verdadera reconciliación nacional.

Al respecto el Tribunal Constitucional señala que la configuración actual de la jurisdicción militar vulnera principios de la Administración de Justicia tales como la unidad, independencia, imparcialidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales, así como los derechos de los efectivos militares a acceder y ser juzgados por tribunales imparciales e independientes, y de defensa.

10.a.- Respecto a la Reforma de la Jurisdicción militar y su integración en el la Jurisdicción Común(Poder Judicial), su partido:

 A. Está de acuerdo

B. No está de acuerdo

10.b.- Su Partido cree que el Congreso de la República debería delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre reforma de la justicia militar:

  A. Está de acuerdo

B. No está de acuerdo

10.c.- Adicionalmente, su Partido cree que los magistrados de la jurisdicción militar debieran ser:

  A.     Militares o juristas según los meritos de carrera militar.

B.     Únicamente juristas nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Reparaciones

11- La CVR afirma que resulta indispensable reparar los gravísimos daños que se han ocasionado, es una obligación y un deber del Estado peruano Las medidas a emprender requieren la participación de diversos sectores, de unidad en el diseño, de recursos asignados.

El proceso de reparación debe generar confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado, de modo que se consolide la transición y gobernabilidad democráticas y se prevengan nuevos escenarios de violencia.

El Estado peruano es parte de varios instrumentos internacionales que reconocen el deber de reparar. Por lo tanto, es responsable de reparar los daños y consecuencias de los actos u omisiones que violen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario según su ordenamiento interno En consecuencia, las víctimas de dichas violaciones tienen el derecho de obtener reparaciones justas. En particular, el Estado es responsable de reparar las violaciones a los derechos humanos.

11.a.- ¿Ha pensado generar un presupuesto especifico para financiar el Plan Integral de Reparaciones?

A.     Si

B.     No

11.b.- En relación a la implementación de reparaciones, su partido considera que:

A. Debe concretarse a través de un solo órgano ad hoc

B. Cada sector incorpore una política de reparación

C.  Ambas deben complementarse

12.- La reparación contiene profundas implicancias éticas y políticas, y es un componente importante del proceso de reconciliación nacional al ser las víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría campesinos, pobres, indígenas, tradicionalmente discriminados y excluidos son ellos los que deben recibir atención preferente por parte del Estado

El simple gesto de proponer reparaciones constituye ya el inicio de un proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas, revertir el clima de indiferencia con actos de solidaridad que contribuyan a la superación de enfoques y hábitos discriminatorios, no exentos de racismo. Recientemente se ha aprobado y promulgado la Ley  que crea el Plan Integral de Reparaciones (Ley 28592), que regula el Registro Único de víctimas.

Su partido considera que el Registro Nacional de Victimas:

A.     Es indispensable y debe ser una prioridad.

B.     Debe ir de la mano del Plan Integral de Reparaciones.

13.- Existe una clara conciencia de que el dolor ocasionado por la pérdida de la vida de miles de personas constituye un daño irreparable, y que ninguna suma podrá compensar la pérdida de un ser querido. En este sentido, las reparaciones económicas son parte del reconocimiento del Estado por los daños infligidos, las pérdidas sufridas y el daño moral padecido por las víctimas del conflicto armado interno. Estas reparaciones simbolizan el esfuerzo y reconocimiento público de una voluntad de reestablecer condiciones de justicia y de reparar los daños que sufrieron los ciudadanos.

El otorgamiento de reparaciones económicas, contribuye también a dar inicio a un nuevo pacto social basado en la reducción de la exclusión y en el respeto y garantía de los derechos humanos y del estado de derecho.

En el caso peruano, la necesidad de reparar económicamente se vuelve más apremiante debido al hecho de que las víctimas fueron en su mayor parte los grupos más pobres y excluidos de la sociedad y que los efectos de la violencia han limitado seriamente la capacidad de esas personas y familias para lograr su sostenimiento económico por sus propios medios.

El fin último de las reparaciones es hacer justicia a las víctimas, sin embargo los ideales de la restitución y de la reparación en proporción al daño sufrido se ven desbordados cuando la naturaleza misma de la violación es irreversible o cuando las violaciones a los derechos humanos dejan de ser una excepción para convertirse en violaciones sistemáticas o generalizadas. La adopción de una perspectiva política y humanitaria sobre las reparaciones, a través de un plan masivo, abre la posibilidad de contribuir al propósito general de hacer justicia, desde una noción amplia que yendo mas allá de la satisfacción de reclamos individuales aislados, de acuerdo a una prescripción legal, alcanza un universo mayor de víctimas.

Mas bien,  el Plan Integral de Reparaciones (PIR) que recomienda la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fija como objetivo general “Reparar y compensar la violación de los derechos humanos así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno”. Dicho objetivo inicial alcanza una mayor especificidad en la siguiente forma: Reconocer la calidad de víctimas, contribuir a la recuperación moral, mental y física de las víctimas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos, así como de los familiares de las personas muertas y desaparecidas como producto del conflicto armado interno y, - reparar los daños económicos y sociales a las personas, las familias y las comunidades más afectadas., para este fin

13.a.- Para hacer efectivo las reparaciones económicas a las victimas de la violencia política, su partido cree que los fondos deben ser:

A.     Prioritariamente con fondos del Tesoro Público

B.     Prioritariamente con financiamiento de la cooperación internacional.

C.     Fondos mixtos.

D.     No es prioridad.

13.b.- Al implementar el Plan Integral de Reparaciones su partido priorizará:

A. Reparaciones colectivas

B. Reparaciones individuales

C. Ambas en igual medida.

D. Ninguna.

14.- La CVR ha encontrado en las zonas afectadas por el conflicto armado un estado de desconfianza, temor, inseguridad, parálisis y dolor generado por la violencia, que aún persiste en personas y comunidades. En el ámbito colectivo, se agudizaron conflictos intra comunales preexistentes y aparecieron nuevos Se dañaron los vínculos interpersonales y los lazos de solidaridad. Las familias sufrieron el aislamiento y la marginación y padecieron rupturas que en muchos casos duran hasta la actualidad. La identidad cultural quedó mellada, siendo difícil en este contexto la socialización y el soporte emocional de las generaciones siguientes. Asimismo, muchas comunidades silenciaron lo ocurrido.

En el plano de la salud física igualmente ocasionó daños físicos y orgánicos con secuelas de discapacidad, como consecuencia tanto de las condiciones de vida infrahumana que las personas tuvieron que asumir para defenderse como de los abusos durante las detenciones arbitrarias e incursiones, que incluyen entre otros torturas, maltratos, atentados a su integridad o violencia sexual.

En respuesta a ello se busca generar un programa que contribuya a que la población afectada por el conflicto armado interno recupere la salud mental y física, que se reconstituyan las redes de soporte social y se fortalezcan las capacidades para el desarrollo personal y social.

14.a.- Su partido está  dispuesto a que las victimas de la violencia política accedan a:

A.     Sistema Integral de Salud – SIS.

B.     Un Programa especial  e integral

C.     Otro

D.     Ninguno

14.b.- ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en sostener un Programa Integral de Salud Mental a cargo del Estado?

 A.     Si

B.      No

15.- El conflicto armado originó también la pérdida de oportunidades educativas para los jóvenes que tuvieron que interrumpir sus estudios debido al clima de inseguridad en sus poblaciones. Algunos de estos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar a sus familias ante la muerte o desaparición de los padres, otros debido a la situación de desplazamiento que sufrieron al tener que abandonar sus lugares de origen en búsqueda de seguridad y unos terceros, al dedicarse a la defensa de sus comunidades integrándose a los Comités de Autodefensa. Las pérdidas de oportunidades educativas se generaron también por la carencia de la infraestructura necesaria, producto de la destrucción de centros educativos durante el periodo de violencia así como por la poca flexibilidad de los organismos de educación para acoger y comprender este fenómeno.

Esta situación opera en la actualidad como un factor limitante para la recuperación de los niveles de vida de cientos de personas que vieron truncado su futuro. Estos jóvenes y niños que hoy en día son adultos, al no tener una educación adecuada se encuentran en una situación de desigualdad frente a quienes si pudieron culminar su educación, alcanzando mejores niveles de vida y posibilidades de un futuro más promisorio, en este sentido la CVR propone que el Estado genere facilidades y brindar nuevas o mejores oportunidades de acceso a las personas que como producto del conflicto armado interno perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios.

 Con relación al acceso  a la educación de los familiares de victimas de la violencia, su partido, implementará:

A. Un programa especial de acceso gratuito

B.      Se sujetará a la estructura de la educación común.

C.      Otras propuestas

16.- Una de las expresiones más constantes de afectación es la restricción de la ciudadanía como son  los casos de desaparición forzada, donde la víctima queda en una suerte de limbo jurídico. Otro grupo de víctimas son las personas que indebidamente se encuentran en la condición de requisitoriados por delito de terrorismo o de traición a la patria, quienes como consecuencia de la orden de captura dictada en su contra se encuentra absolutamente limitada en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y cuyo comportamiento se caracteriza por la inseguridad, a menudo sin ni siquiera tener la notificación formal de que existe una orden de detención contra su persona. Esta situación se repite también en casos de absueltos. Esta realidad impide que las personas se reinserten plenamente en la vida social y en particular laboral, ya que la constancia de los antecedentes policiales, penales y judiciales es un requisito para la obtención de cualquier empleo.

A esta altura se han presentado algunos avances como la eliminación de la Libreta Militar como requisito para la obtención del DNI, Reniec y la Defensoría del Pueblo han lanzado campañas de documentación, y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha ordenado la depuración de las requisitorias incompletas e irregulares. Por otro lado se ha regulado por Ley 28413 la Ausencia por Desaparición Forzada y el Registro Especial Por Desaparición Forzada a cargo de la Defensoría del Pueblo.

16.a.- Respecto a la problemática de las personas no documentadas, su partido: 

A.     Implementará un programa específico de documentación.

B.     Mejorará el sistema registral RENIEC- Municipalidades.

16.b.- En relación al Servicio Militar, su partido: 

A. Restituirá el sistema obligatorio

                     B.  Mantendrá el sistema voluntario

16.c.- Respecto a los omisos al Servicio Militar y a los omisos a la Inscripción al Servicio Militar durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre del 2000?;

            A.- Otorgará amnistía

               B.- Deberán sujetarse a la legislación vigente

17 Parte de la población, especialmente de origen o ascendencia andina, también se vio perjudicada por el conflicto armado en su condición jurídica de ciudadanos, tal es el caso delos que tuvieron desplazarse forzosamente dentro del país muchas han preferido mantenerse en situación de indocumentadas con el fin de no ser identificadas como pobladores de un lugar estigmatizado o para evitar ser detenidas como consecuencia de una requisitoria judicial; Del mismo modo muchos registros civiles han sido destruidos, lo que ha impedido, entre otros efectos, el registro de menores y que los jóvenes puedan adquirir una identidad legal alcanzada la mayoría de edad;  esta falta de documentación les impide el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones de ciudadanos (identidad, voto, libre circulación, realización de transacciones legales, utilización del seguro social ...etc.) generando situaciones de marginalidad e ilegalidad; por eso es vital la devolución a la víctima de su estatus pleno de ciudadano, de sujeto de derechos, que se ha visto vulnerado como consecuencia de la violación de derechos que ha sufrido y, en segundo lugar, las acciones pertinentes para remover estigmas legales.

17.- Con relación a las personas sobre quienes recae una requisitoria por delito de terrorismo, su partido impulsará que el parlamento:

A.     Modifique el Artículo 136 del Código Procesal Penal, en el sentido que toda requisitoria caduca a los seis meses sin excepción.

B.     Se mantendrá la excepción de caducidad de las requisitorias para casos de terrorismo.