HANS
JÜRGEN BRANDT
Especialista en justicia de paz
La justicia de paz en el Perú
Exposición
en el I Seminario Nacional sobre justicia de paz
Lima, abril 1999
Para
muchos abogados los jueces de paz
no letrados son tinterillos, jueces empíricos, sin conocimientos jurídicos.
La justicia de paz es considerada como una instancia folklórica,
atrasada, una instancia
pobre para los pobres; algo
que hay que superar en un Estado moderno. De hecho se trata de
una justicia muy especial, los procedimientos y las soluciones pueden
tener rasgos folklóricos que, a veces, se apartan de los
procedimientos establecidos en los Códigos, pero
son muchas veces más eficientes que éstos. Un caso muy conocido
puede ilustrarlo: En un juzgado de una zona rural de la sierra
surgió una controversia entre dos campesinas por la propiedad de
una vaca, ambas insistían en se el legítimo dueño del animal.
Ante este hecho el
juez de paz optó por soltar a la vaca, la que inmediatamente se dirigió
al corral de uno de los litigantes.
El juez decidió a su favor.
Hay
que preguntarnos si esta manera de
resolver conflictos todavía tiene sentido,
muchos opinan que la justicia de paz
no letrada se presenta como una alternativa al aparato formal de
justicia. Desde esta
perspectiva, se trata de
una instancia muy popular, los litigantes esperan que ante este fuero
puedan hablar en su propio idioma,
que el juez entienda los valores culturales y los problemas
sociales de la población local.
Que en esta instancia no se apliquen trámites formales o
trampas procesales, que los conflictos sean resueltos dentro un
corto plazo, que los costos sean bajos, los jueces correctos,
justos , no corruptos; entonces esto puede ser también
una idealización de la
justicia de paz; pero veremos más adelante cuál de
los dos puntos de
vista es más acertado.
Esta
exposición es el resultado de mi experiencia como coordinador en el
Proyecto de Capacitación de
Jueces de Paz, conducido por el entonces Centro de
Investigaciones Judiciales. Resumiré en lo siguiente algunos enfoques
de una investigación
que comprendió entrevistas a más de 200 jueces de paz, revisión
de 6,000 expedientes de causas y 1,000 encuestas a la población usuaria
de justicia de paz. Los datos así recopilados se han cruzado con datos
estadísticos del Censo
Nacional de cada distrito en provincia, sede de juzgado de paz, para
encontrar el impacto de las
variables socio económicas en las características de la justicia de
paz y en la frecuencia de
los diferentes tipos de conflictos. Los resultados fueron publicados en
el año de 1990 en el libro El Nombre de la Paz Comunal y es de esta
publicación de la que les presentaré algunas conclusiones.
Estoy
consciente de las
limitaciones de una visión que tiene sus fuentes empíricas diez años
atrás. Mucho ha sucedido en el Perú desde fines de 1988 cuando yo
regresé a Alemania. Leyendo los periódicos peruanos y hablando con
amigos -siempre estoy impresionado de la alta velocidad
de las noticias y novedades que pasan en este país- , pero me
parece que muchos problemas de fondo no cambian, por lo menos
no tan rápidamente que las noticias en la superficie; en ese
sentido confío que nuestro estudio sobre la justicia de paz todavía
contiene algunas conclusiones actuales.
Los
resultados de esta investigación serán
actualizados con datos acerca de la reforma judicial de los años
noventa. Además incluiré en
este análisis algunas experiencias con la justicia conciliadora en las
filipinas, en países industrializados, con la justicia de paz de
Venezuela que fue establecida
en 1994.
En
una serie de estudios realizados con países industrializados sin negar
las diferencias de los diversos sistemas judiciales podemos observar
que los problemas son similares de difícil acceso
al sistema basado en un lenguaje jurídico complicado la percepción
restringida del conflicto distinto razonamiento de los jueces, los trámites
ininteligibles, la lentitud de los procesos, los altos costos. No cabe
la menor duda que dichos problemas también se encuentran
en el poder judicial peruano. De acuerdo a alguna estadística
que se llama latino barómetro de 1996, sobre la confianza de
la población en el poder judicial , se puede apreciar que el Perú
se encuentra al final de la fila. El porcentaje
de la gente que tiene poca o ninguna confianza en el Poder
Judicial; se ve que el Perú se encuentra con Bolivia, Argentina o México
al final, o sea, en esta encuesta el 75%
de la población no tenía ninguna
o muy poca confianza en el Poder Judicial y sólo
en Uruguay y
Paraguay se encontraban
en una situación mayor.
En
los últimos días he hablado con muchos
amigos abogados y
todos pintan una pésima imagen
del poder judicial. Yo
tengo que explicar ante este auditorio las razones .
A los problemas ya mencionados se adjunta
ahora el sometimiento del poder judicial al poder político.
Parece que este descontento es uno de los pocos consensos
nacionales. La falta de
vigencia social del poder judicial
es en otros países
la razón fundamental para el establecimiento
de una justicia conciliadora;
como por ejemplo el caso de
Venezuela. En el Manual de Referencia de Paz de Venezuela, los jueces de
paz tienen que estar muy
claros que la justicia en Venezuela no funciona bien, que han sido
elegidos por su comunidad
para lograr que las reglas
de convivencia se respeten.; su gran reto será
poner a la gente de
acuerdo cuando haya
problemas que las personas por sí mismas no logren resolver.
La
Justicia de Paz es de gran
importancia, basta para ello mencionar
que alrededor del 80%
de los jueces del Perú son legos, es decir, sólo el 20% son jueces
profesionales. Los datos no son muy exactos,
no se sabe prácticamente cuántos jueces en ejercicio hay,
entonces, hay 6,600 juzgados de paz
en el Perú, pero no todos los juzgados cuentan con un juez de
paz.
La
justicia de paz es parte orgánica del Poder Judicial; está ubicada en
el primer peldaño de la
escala judicial. En casi
todo centro poblado de
acuerdo a criterios demográficos se establece por lo menos
un juzgado de paz. (art.
61° de la Ley Orgánica) mientras
en las grandes ciudades
y en las provincias de Lima y Callao
el juez de paz letrado,
es decir, profesionales, asumen competencia de la justicia de paz .
En pequeñas comunidades, sectores
urbanos fuera de las grandes urbes opera la justicia de paz no letrada a
cargo de un profesional. La
Ley Orgánica da prioridad a la justicia profesional. En lugares donde
hay un juez de paz letrado no puede haber
un juzgado de paz.
Hasta
la fecha los jueces de paz
han sido designados por el Consejo
Ejecutivo Distrital para un periodo de dos años; sin embargo, de
acuerdo a la Constitución
de 1993, art. 152°, los jueces de paz provienen de elección
popular. De esta manera se ha cumplido
nuestra recomendación que surgió del proyecto de capacitación
de los jueces de paz de los años 80. A pesar
del mandado Constitucional, desde 1993 hasta ahora no se ha
promulgado la ley correspondiente.
Este hecho es un ejemplo más de la crisis del
ordenamiento legal. La Constitución
no es tomada en serio, aparentemente ni siquiera de parte del
poder legislativo.
En
enero de este año el poder judicial trataba de resolver el problema
publicando una
Resolución Administrativa que regula de manera transitoria la elección
popular; sin embargo, el artículo 152° de la Constitución establece
que dicha elección tiene que ser normada por Ley; la Resolución
Administrativa no tiene este rango, en consecuencia, puede ser
calificada como inconstitucional.
Hay que esperar que a través de la elección popular, en el
futuro se fortalezcan los vínculos
entre los jueces de paz y la comunidad y
se respete* el poder social
sobre el desempeño del cargo por parte de la ciudadanía.
Muchos jueces y abogados temen
que al establecer elecciones
el cargo se politice, pero este argumento no es necesariamente cierto.
La
experiencia de la justicia comunal
filipina demuestra lo contrario. En los sufragios los partidos políticos
no pueden hacer propaganda alguna
en favor de los candidatos.
No hay un acento en el aspecto político. El juez de paz de
Venezuela, también es elegido. Durante
el debate sobre la implementación de la justicia de paz , en dicho país
había una discusión muy
conflictiva en la cual muchos abogados también
temían una influencia
de los partidos políticos. Por esta razón, finalmente, en la Ley Orgánica
de la Justicia de Paz de Venezuela, los partidos políticos no son
mencionados entre las
organizaciones civiles que
tienen derecho de postular candidatos, y la ley establece que, en ningún
caso, la elección del juez de paz podrá coincidir con las elecciones
nacionales, estatales o municipales.
Además están prohibidos de realizar electorales pagadas, pegar
afiches, anuncios de radio, televisión o prensa.
Hay
que esperar que la Ley sobre las elecciones de los jueces de paz en el
Perú también prohiba propaganda política.
Una recomendación que
surgió durante nuestro proyecto de
capacitación de jueces de paz
en los años 80 y que finalmente
se ha incorporado en la nueva ley orgánica
del poder judicial es la legalización de la conciliación como
procedimiento principal de la justicia de paz. El artículo 64 de la
nueva ley orgánica establece que el juez de paz es esencialmente juez
de conciliación; consecuentemente
está facultado para proponer alternativas de solución a las
partes a fin de facilitar la
conciliación, pero está prohibido de proponer un acuerdo.
La
nueva Ley de Conciliación,
subraya la importancia de la conciliación declarando en el artículo 1°
de interés nacional la institucionalización
y desarrollo de la conciliación como mecanismo de solución. La
conciliación es entendida
como un acto jurídico extrajudicial
por medio del cual las
partes buscan solucionar su
conflicto de intereses con la ayuda de un tercero. Este conciliador es,
de acuerdo a la Ley de Conciliación, aparte de
los representantes de
los nuevos Centros de Conciliación, el juez de paz letrado o a falta de
éste el juez de paz no letrado. Sólo de nuevo para la conciliación el
juez de paz conoce de los procesos siguientes: de pago de dinero, de
sumarias intervenciones provisionales y urgentes de menores que
han cometido acto antisocial;
las competencias de
conocer litigios de
alimentos, deshaucio, desalojo dispuestos por el artículo
65° de la Ley Orgánica son
derogados tácitamente por el nuevo Código Procesal Civil de 1993.
Es
evidente que la aplicación de normas jurídicas requiere conocimientos
de derecho; sin embargo, encontramos que también los jueces de paz
capacitados en los cursillos con buenos conocimientos jurídicos muchas
veces no aplican las normas correspondientes. Por ejemplo, de acuerdo al
antiguo Reglamento de
Jueces de Paz de 1854,
que en partes todavía
sigue vigente procesal, el juez
de paz no estaba facultado
de promover la conciliación en materia penal; sin embargo,
casi todos, es decir, el 99% aceptaba una conciliación entre las
partes así tuvieran
buenos o malos conocimientos del derecho procesal.
En
la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial se omitió la competencia en
lo penal; el tema ha quedado subsanado en el Código Penal que en el artículo
440° inc. 6, establece que el juzgamiento en materia de faltas
corresponde al juez de paz. Considerando esta
facultad, la base legal para la facultad de conciliar en faltas
podría ser el artículo 64° de la Ley Orgánica que declara que el
juez de paz es juez conciliador. Sin embargo, la Ley de Conciliación de
1997, señala que la conciliación sólo procede en derechos disponibles
a las partes, en consecuencia, de acuerdo al artículo 9°, inc. 3, no
se someten a la conciliación extrajudicial
las controversias sobre hechos que
se refieran a la comisión de delitos o faltas.
En
cuanto a la violencia familiar, que es materia de conciliación, el
Reglamento de la Ley de Conciliación establece en el artículo 10° que
es posible sólo conciliar sobre
motivos o factores que
generen la violencia, no siendo posible conciliar respecto de la
intensidad de la misma. Una salida
a este problema que encontraron los instructores
en los años 80 han sido esta figura
del desistimiento, o sea, los
denunciantes pueden desistirse de la denuncia, entonces, de esta manera
terminar la cosa penal, entonces, pueden conciliar
el resto, o sea, el conflicto civil. Entonces, fuera de este
sistema de desistimiento quedan
conflictos como las faltas contra las buenas costumbres, siempre y
cuando el Estado tenga un interés público, no es posible el
desistimiento. En cambio, el texto
de la Ley Orgánica
de la Justicia de Paz de
Venezuela es mucho más amplio; el artículo 7° establece:
los jueces de paz serán
competentes para conocer
por vía de conciliación de todos aquellos conflictos y controversias
que los interesados les presenten.
Veamos
ahora cuál es la carga procesal de los jueces de paz. A nivel
global el promedio de ingresos
es de 100 causas, siendo mayor en la costa cuyo promedio es de
140, seguido por la selva 74 y la sierra. En las zonas urbanas la carga
procesal es mucho mayor que en zonas
urbanas, especialmente en zonas urbanas costeñas encontramos un
alto promedio de ingresos
de causas : 149; las diferencias entre las regiones y zonas muy
significativas. Si calculamos sólo con un promedio de
68 causas por juzgados llegamos al año 1986 a un volumen
de alrededor de 47% de todas las causas ingresadas en los
juzgados de primera instancia a nivel nacional excluyendo Lima.
Cuáles
son ahora los conflictos más frecuentes?. Hemos clasificado los casos
estudiados en los juzgados de paz en cinco categorías que expresan el
origen social de los conflictos tomando en consideración una
clasificación elaborada o
pasada. Los conflictos que más frecuentemente se tramitan en
la justicia de paz son las de parejas, seguidos por los de
vecinos, económicos, incidentales y familiares. Este
orden es coincidente con el encontrado en el año 1979; esto
revela una característica de la justicia de paz; la de ser una
instancia en la que se
ventilan básicamente
conflictos de personas vinculadas por relaciones de pareja, de
parentesco y de vencidad; o sea, si
sumamos sólo estas categorías
llegamos a un porcentaje de
63% de los casos. En estos
63% encontramos la existencia de algún
tipo de vínculo familiar o
vecinal entre las partes. En
base a estos datos podemos
afirmar que la justicia de paz cumple un rol de mediación
entre personas cuya convivencia en el
hogar, la familia o la comunidad se encuentra afectada.
En
lo siguiente analizaremos
los conflictos tramitados de
acuerdo a una clasificación jurídica; no obstante, hay algunos casos
que no tienen cupo en esta
tipología; y son aquellos que tienen su fundamento en el derecho
consetudinario y que no se encuentran recogidos por la legislación; tal
es el caso de separaciones de convivientes
o conciliaciones de
convivientes, conflictos relacionados
con el reclamo de
cumplir con una promesa matrimonial;
pero a fin de incluir estos conflictos hemos creado una nueva
categoría, que finalmente hemos llamado separación de convivientes.
Mayoritariamente
se ventilan casos penales.
Son alrededor de 53% de las causas que ingresan a los juzgados a
nivel nacional. En la costa y en la selva, la diferencia entre los casos
civiles y penales es aún más
marcada; sin embargo, el análisis estadístico revela que estas
diferencias no son significativas. En cambio al analizar los promedios
entre zonas urbanas y rurales notamos que la diferencia es muy marcada,
es decir, en las urbes hay más conflictos penales que en las zonas
rurales.
Las
controversias más comunes son las faltas contra el cuerpo y la salud,
llegando a representar el 20% de los conflictos tramitados en la
justicia de paz a nivel nacional. En
segundo nivel se encuentra la faltas contra
las buenas costumbres 15.8% y las separaciones de convivientes,
esta categoría que he mencionado antes; en tercer lugar encontramos
faltas contra el patrimonio 11.9% y luego los conflictos por pago de
soles. Esto ahora se mantiene en los conflictos que se dan en costa y
sierra con la particularidad que en la costa se da un mayor volumen de
conflictos de alimentos y en la sierra de controversias de entrega de
especies y litigios de
tierras. Las faltas contra
el cuerpo y la salud son sobre todo una problema urbano, mientras los
litigios sobre
entregas de especies y
de tierras son más frecuentes
en zonas rurales, sobre todo en la sierra.
Las
estadísticas muestran que el
tipo de conflicto que ingresa a los juzgados cambia con el desarrollo
socio económico del lugar. Un
ejemplo referido a los vínculos sociales y el juez de paz, son las
controversias entre familiares. En la economía campesina la familia
constituye la unidad de producción y la unidad de consumo. Un conflicto
entre parejas, entre familiares, fácilmente puede amenazar la
existencia y supervivencia de
la familia, lo que significa la
importancia de buscar una solución
al conflicto. Observamos que en zonas más tradicionales de la
sierra rural poco poblada
la tasa de conflictos familiares es relativamente baja, si la densidad
poblacional aumenta lo que lleva
consigo una creciente integración en el mercado y
cambio de valores, aumenta también la conflictividad entre
familiares.
HANS
JÜRGEN BRANDT
Especialista en justicia de paz
Comentario al diagnóstico sobre justicia de paz elaborado por el IDL
Exposición en el I Seminario nacional sobre justicia de paz
Lima, abril 1999
El
estudio de IDL me parece muy
importante. De esta manera
empieza nuevamente un debate acerca de la importancia de esta instancia
popular de conciliación y
sobre el derecho consetudinario del mundo andino y de los sectores
populares urbanos del país considerando los dos últimos estudios
estamos ahora en condiciones de observar
el desarrollo y los cambios de la justicia de paz en un largo
plazo de 20 años. Tengo que confesar que estaba muy curioso de leer el
estudio de IDL y conocer algunos cambios que se han desarrollado en los
últimos diez años.
Novedoso
en el estudio son: primero la descripción del marco histórico y del
desarrollo de la justicia de paz desde la
Constitución de 1823
hasta ahora. Este capítulo es muy completo y hasta la fecha no he leido
algo parecido. Segundo, el análisis
del marco legal también es
muy bien desarrollado y tercero los capítulos que contienen el estudio
empírico sobre el perfil del juez de paz, sus condiciones de trabajo y
sobre la percepción de los
usuarios es una excelente base de información.
Quisiera
estructurar mis comentarios en tres aspectos: en primer lugar, el juez
de paz frente al derecho estatal y
el derecho consetudinario; segundo lugar, el control social y las
estrategias de los usuarios de la justicia de paz y en tercer lugar
comentarios a algunas conclusiones de IDL. A
raíz del estudio de IDL, de las preguntas que plantean quisiera
identificar algunas pocas perspectivas para nuevas investigaciones
socio jurídicas porque tengo la impresión que nos encontramos
en una etapa en la cual ha aumentado el interés en conocer
la vigencia social del derecho estatal y de los sistemas del
derecho popular, o sea,
consetudinario.
El
interesante estudio de IDL mostró
otra vez que una de las características más destacadas es la
actuación del juez de paz entre la costumbre y el derecho, o sea, entre
las normas legales y el derecho consetudinario. En varias oportunidades
el estudio se refiere a esta problemática. El equipo de IDL analiza el
marco legal establecido en la Constitución
y la Ley Orgánica del Poder Judicial que, si no me equivoco, por
primera vez en la historia
del derecho peruano reconocen la existencia
y vigencia de sistemas de
normas fuera del derecho positivo. Además el estudio presenta
ejemplos de causas y actas de conciliación
que ilustran esta práctica.
De
esta manera, el estudio se adjunta a otras publicaciones jurídicas recién
publicadas como la de Ana Teresa Revilla y
Jorge Price, sin embargo, tengo la impresión que la gran labor
que todavía está a la espera es un trabajo interdisciplinario de
antropólogos, sociólogos y
abogados sobre la vigencia de los diferentes sistemas de derecho
consetudinario en este país.
En esta línea se
encuentra el interesante libro de Antonio Peña
que recién he leído
“Justicia Comunal en los Andes del Perú”, pero pienso que aparte
de este trabajo mucho queda todavía pendiente.
Regresando
al interesante estudio de IDL me parece no casual
que encontramos pocas explicaciones sobre el trasfondo cultural
de los conflictos escritos y los motivos de los litigantes y el
razonamiento del juez de paz. Hay que preguntar por ejemplo por qué
ante los jueces de paz parejas
litigan por conflictos de celos,
incumplimiento de deberes domésticos o separación de
convivientes; por qué acuden al comparendo con los así llamados
apoderados de garantías como los padrinos, compadres; por qué demandan
la constancia de hechos, reclaman derechos que en sectores de la
sociedad dominante no
tienen relevancia judicial.
La
existencia y vigencia de sistemas de derecho consetudinario no es
uniforme, depende de una serie de factores, como los valores culturales
y étnicos que rigen en los distintos lugares de la asimilación
de éstos con los valores de la sociedad dominante del grado de
aceptación del sistema legal, por
la población del lugar, etc. Estas condiciones complejas que varían
con los lugares hacen casi imposible definir una tipología
global a nivel nacional. Se debería distinguir entre normas
extralegales que rigen en zonas urbanas populares, en zonas rurales
especialmente andinas, y en
ambas zonas.
En
este contexto, quisiera mencionar un aspecto que todavía no se ha
tocado pero que sería a mi
entender interesante e
importante considerar en
los programas de capacitación de los jueces de paz de parte de IDL. Se
trata de una
costumbre judicial de la propia justicia de paz que es difícil de
erradicar. El juez al
asumir su cargo encuentra en los archivos del juzgado una serie de
antecedentes que sirven como modelo en la tramitación de los diversos
asuntos. De esta manera una generación de jueces de paz tras otra,
copia formas de administración de justicia y de redacción de actas de
sus antecesores. Hemos comparado libros de actas y expedientes
de 1890, 1920, 1950 y hemos
encontrado actuaciones y
formulaciones semejantes a
aquellas de los jueces de hoy. Las penas
y multas condicionales son un ejemplo de esta costumbre judicial.
La inclusión de la pena correccional de multa puede adoptar esto
hasta 24 horas , estaba consignada en el artículo 10° del Reglamento
de Jueces de Paz de 1854, artículo
que al ser derogado imposibilita
su empleo en
arreglos civiles o
penales; sin embargo, resulta frecuente que estas penas se estipulen en
casos de incumplimiento del acuerdo. El
estudio de IDL revela que
los jueces de paz todavía aplican
sanciones condicionales y penas privativas de libertad y multas.
Tengo la hipótesis
de que la fuente de esta práctica
es el antiguo reglamento del siglo pasado.
El
segundo punto es el control social y estrategias de los usuarios de la
justicia de Paz. Un resultado muy interesante del estudio es la mirada
a las relaciones de cooperación y conflicto del juez de paz con
las autoridades locales. Detectaron en el estudio, igual como nosotros
pasara hace diez años atrás, que los
litigantes entablan su juicio o su denuncia muchas veces ante
varias instancias locales, como el puesto de la policía, el teniente
gobernador, el alcalde, representantes
de las comunidades campesinas, etc.; aunque estas instancias no
tienen atribuciones judiciales. El estudio
revela que, en algunos casos, las autoridades políticas y
policiales actúan como una instancia
previa, es decir, las causas luego pasan al juez de paz; pero en otros
casos tratan de resolver el conflicto directamente.
IDL
aplica una excelente estrategia para fortalecer a la justicia de paz
frente a esta competencia con otros
fueros, realizan talleres con todas las autoridades locales para
enseñarles las diferencias y limitaciones de sus funciones; esto es
algo nuevo, no se hizo en nuestro proyecto
de los años 80; sin embargo, había
entonces una discusión temprana
si es que es oportuno invitar a las
autoridades y a la policía a los seminarios de paz. Finalmente
esto no se hizo, considerando que frecuentemente
los policías tienen una
educación mayor existía el temor que los jueces de paz menos
capacitado pierdan
prestigio si participan juntos en el mismo evento.
Una
recomendación para nuevas investigaciones empíricas de campo sería
enfocar la justicia de paz
y los demás fueros desde la perspectiva de los usuarios
y de sus estrategias de control social.
Es una nueva corriente de
investigación en la sociología jurídica en Europa,
que también en el Perú podría
revelar muy interesantes
resultados. En este concepto se percibe la sociedad como un proceso
permanente de control
social de diferentes individuos y grupos.
En este proceso se
observa una competencia de distintas normas sociales que rigen en la
sociedad. Acudir a una instancia justicial es sólo
una opción más para resolver el conflicto.
De esta manera los demandantes quieren aumentar la presión
social con el objetivo de llegar a una solución.
Coincido
con la recomendación de
IDL y mis colegas panelistas que hace falta un estatuto específico y un
nuevo reglamento de la justicia de paz. El marco legal que regula
las funciones y competencias
de los jueces de paz es incoherente, contradictorio, demasiado
complejo y poco entendible para los jueces de paz. Habría que
armonizar las normas
legales e incluirlas en
un solo texto legal. Una
de las incongruencias es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que da
preferencia al nombramiento
de abogados o por lo menos
a estudiantes de derecho como jueces de paz; mientas que la
Ley de Conciliación no conoce dicha prioridad. Con el objetivo
de fomentar y fortalecer la justicia de paz, recomiendo que se cambie de
Ley Orgánica derogando la preferencia
de los abogados. Los abogados no son siempre los
conciliadores más idóneos, tratan de encasillar el conflicto
en parámetros jurídicos; tienen un
razonamiento combativo, quieren ganar
un juicio o lograr una decisión. Hay un dicho norteamericano:
puedes conciliar cualquier conflicto si excluyes a los abogados y a los
contadores.
En
cuanto a las competencias de los jueces de paz recomiendo que se siga el
ejemplo de la justicia de paz venezolana que no
hace distinción entre causas civiles y penales. Concuerdo con la
recomendación de la comisión presidida por Mario Alzamora Valdés que
elaboró un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial en el año
1986, que sugiere que el juez debería
ser competente para proceder en conciliaciones y transacciones
de indemnizaciones por daños
y perjuicios de naturaleza penal siempre y cuando las
infracciones sean
tipificadas como faltas o delitos de difamación, calumnia o enjuria.
Además
recomiendo que los jueces de paz sean elegidos para un periodo de tres años
en vez de dos como
establece la Ley Orgánica.
Las razones son las
preparación y capacitación de los jueces de paz a través de los
cursillos sea más eficiente; habrá una mayor continuidad en el
servicio para la población; y la organización y los costos de
elecciones populares serían mas razonables.
Reducir la duración del cargo a sólo
un año como lo establece la
Resolución Administrativa del Poder Judicial de enero de 1999,
no me parece adecuado.