Fuente: El Comercio

 

Especialistas coinciden en que las recomendaciones de la comisión que presidió Allan Wagner son positivas, pero que deberán perfeccionarse con el tiempo

 

Josefina Miró Quesada

02.08.2018 / 03:25 pm

 

La comisión de juristas que presidió el embajador Allan Wagner presentó la semana pasada sus propuestas para la reforma del sistema de justicia.

 

El Comercio conversó con especialistas que reconocieron que las recomendaciones de la comisión son positivas, pero que estas deberán evaluarse y perfeccionarse con el tiempo. Su éxito, señalan, dependerá de muchas variables: la participación de la ciudadanía, la transparencia, la cultura de valores en la que los funcionarios se desenvuelvan, entre otras.

 

 

Las medidas deberán ser supervisadas por el consejo para la reforma del sistema de justicia, una sugerencia de la comisión que fue mencionada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación (planteó que el consejo sea presidido por él y que sus integrantes sean los titulares del Congreso, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, CNM y el defensor del Pueblo).

 

1.Reforma del CNM

Entre los protagonistas de los audios difundidos en las últimas semanas están miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya fueron destituidos de sus cargos. La entidad ya ha sido declarada en estado de emergencia. Aunque el informe reconoce que no hay una “fórmula mágica” para solucionar los problemas detectados en el CNM –como el desprestigio de la institución o que ahí lleguen postulantes sin mínimas condiciones académicas, profesionales y éticas–, sugiere lo siguiente: cambiar el sistema de elección de sus miembros (pasar del sistema de representación al de concurso público), sus perfiles (como ser abogados con más de 30 años en el ejercicio de la profesión) y su composición (como la participación equilibrada entre hombres y mujeres). Esto significa modificar la Constitución.

 

Para Cruz Silva, abogada de Justicia Viva, la iniciativa es positiva, pero insuficiente para evitar que penetren conflictos de intereses y redes de corrupción. El problema, explica, no es que el anterior sistema no fuera meritocrático –también tenía estándares altos para los postulantes–, sino que no se cumplían. “Ahí fallaron las instituciones que debieron controlar los requisitos por falta de transparencia, fiscalización ciudadana, ausencia de reglamento en el procedimiento y otros”, agrega. Sostiene además que el requisito del abogado no garantiza la idoneidad del consejero: “¡Quienes han hecho explotar esta crisis son todos abogados!”.

 

Sobre la comisión especial que elegirá a los consejeros, critica que esté conformada solo de representantes del Estado, sin participación de la sociedad civil. “El CNM bajo el sistema de representación con actores de la sociedad civil tuvo, alguna vez, una buena época, cuando sacaron a Robinson Gonzáles o a Carlos Ramos Heredia; por eso, la iniciativa de la Ceriajus, que agrupaba una variedad de representaciones era buena”, explica. Sugiere, en esa línea, que exista un sistema paralelo permanente que identifique y visibilice, por ejemplo, a los clientes de los abogados postulantes al CNM, en qué ámbito se desenvolvieron, quiénes son sus familiares y otros, con el fin de prevenir futuros conflictos de intereses.

 

2.La autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público 

La respuesta al deficiente control interno de jueces y fiscales para enfrentar casos de corrupción ha sido crear esta entidad externa. Según el informe, implicaría introducir la práctica de un “compliance público” para prevenir posibles áreas de riesgo tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.

 

Para el ex procurador anticorrupción César Azabache, es bueno que se reconozca el fracaso del órgano de control del Poder Judicial, la OCMA, pero si se quiere combatir delitos de corrupción, es necesario reforzar la actuación e intervención de las fiscalías y policías anticorrupción.

 

Cruz Silva, por su lado, explica que uno de los problemas de la OCMA es que los jueces que dirigen los procesos disciplinarios no son permanentes, por tanto, luego regresan a su “lugar de origen con los pares a los que han fiscalizado”, lo que impide la imparcialidad de las investigaciones. Que haya un órgano externo y permanente mejora el sistema, señala, pero agrega que aún no queda claro qué pasará con la OCMA.

 

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