Como una medida represiva y un intento por afectar la libertad de expresión catalogó el director de IDL Carlos Rivera la denuncia que el obispo sodálite José Antonio Eguren Anselmi SCV, arzobispo de Piura y Tumbes, presentó contra el periodista Pedro Salinas por destapar los abusos de menores en el Sodalicio.

Según Rivera, en la denuncia por difamación agravada, Eguren manifiesta que Salinas le ha imputado ser parte de un grupo dirigencial llamado Generación Fundacional y tener conocimiento del sometimiento a los jóvenes, lo que considera que es falso; aunque el jurista dice que hay abundantes pruebas de que sí es cierto.

En la acusación, Eguren manifiesta que Salinas lo acusa falsamente de estar implicado en un caso de tráfico de terrenos, pese a que esa información fue propalada por otros medios de comunicación, incluso antes que Salinas. Rivera agrega que hay pruebas documentales y testimoniales de esas acusaciones y que el trasfondo de la denuncia es castigarlo por decir la verdad.

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  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.