Creatividad Y administraciónde justicia en comunidades de Huanta

Ipaz, organización no gubernamental con importante trabajo en Ayacucho, impulsa una original experiencia de administración de justicia en las comunidades altoandinas de Huanta, zona profundamente afectada por la violencia política.

Alberto Arce Villar*

 

Los "varayoccs" constituían el eje de la vida social en las alturas de Huanta (comunidades iquichanas); se trataba de un sistema de autoridad jerarquizado y ritualizado alrededor del cual giraba la actividad productiva, comunal y religiosa. Dirimían conflictos mediante acuerdos o mandatos orales. A principios de los años 80 "los varayoccs les decían a los navales somos autoridad, pero los navales no comprendían y decían: esta vara es para matar gente, y les prohibían usar la vara; pero los sociopolíticos, peor, no querían ver a ninguna autoridad, el que se atrevía a ser autoridad ya sabía que iba morir" (Luis, comunidad de Chaca). La violencia política afectó con singular intensidad la sociedad rural ayacuchana, con múltiples secuelas como la desarticulación del sistema tradicional de autoridades.

En el contexto actual la debilidad de la organización comunal (crisis de dirigencia) y la poca presencia del Estado (escasa institucionalidad) condicionan un limitado ejercicio de administración de justicia. ¿Cuál es la tipología de conflictos y el nuevo sistema de autoridades en el área rural de Ayacucho? ¿Están claramente definidos los roles de la comunidad y de los consejos de delegados en el tema de resolución de conflictos? ¿Es viable redefinir los roles de la justicia no estatal, adaptándose al nuevo contexto?

El escenario

La comunidad de Chaca durante los años 80 se convirtió en uno de los núcleos multicomunales más importantes de la zona altoandina de Huanta; fue atacada más de 10 veces por la subversión, con el saldo de 67 ciudadanos asesinados y el incendio general de sus precarias viviendas. Comunidad resistente, ahora es sede de consejo menor. "Sutireqseylla cha­caino­cca/ es fácil reconocer al comunero de Chaca/cara humilde, pero trabajador/cara sonsito, pero caprichoso/guerra jamuptin, wañuy jamuptinpas/cuando llegó la guerra y vino la muerte/ jinapin sayaycun/se quedó en su hogar/ llaqtanta defien­denampaj llaqtanta valeche­nampaj/defendiendo su pueblo, haciendo valer su comunidad"; así reza la canción ganadora de un reciente concurso de carnavales en San José, capital del distrito.

Tipología de conflictos

En el ámbito de la familia nuclear y extensa los temas recurrentes son la violencia familiar y los con­flictos de pareja (ver cuadro 1); a nivel comunal los conflictos detectados  son,  en  gran parte, los relativos a la seguridad y el orden público (agresiones, robos, faltas menores y delitos); y en el espacio intercomunal se detecta el abigeato y violaciones de derechos humanos (reclutamientos arbitrarios, requisitorias, detenciones arbitrarias, limitaciones al ejercicio de las libertades de información, opinión y organización). El interrogante que surge es: ¿frente a la disminución de la violencia política la violencia común tiende a incrementarse, disminuir o mantener su nivel?

Sistema de autoridades comunales

En las comunidades altoan­dinas de Huanta encontramos autoridades comunales, políticas, edilicias, judiciales y nuevas formas organizativas: comités de autodefensa y asociaciones de mujeres. ¿Existe especialización o división de funciones en cuanto al sistema de seguridad, resolución de conflictos y administración de justicia? La directiva comunal se especializa básicamente en conflictos de tierras y temas vinculados a la organización comunal, el presidente de la directiva se convierte en una suerte de "juez comunal". ¿Qué tipo de autoridades asumen más las tareas de seguridad? Los tenientes gobernadores se encargan de controlar la seguridad y el orden interno (agresiones, robos, etc.), función que es compartida con los comités de autodefensa, organización ésta que además brinda segu­ridad a la comunidad mediante vigilancia y "patrullas", asumiendo roles de "policía rural". Las organizaciones de mujeres adquieren mayor prota-gonismo, pero ¿qué papel cumplen en el tema de la justicia? Los agentes municipales, en cambio, son "jueces de daños". No obstante ello, el panorama expresa desconocimiento, confusión y duplicidad de funciones: ¿cómo delimitar funciones y competencias articulando el ejercicio de autoridad en el campo?

Justicia de paz

La justicia de paz "no letrada", si bien forma parte de la estructura judicial formal, en la práctica está abandonada a su suerte y ha perdido cierta legitimidad social (no pocas veces se le acusa de abusiva y machista); sin embargo, es percibida por los usuarios de la zona como conciliadora, flexible y cercana a las demandas de justicia en relación con instancias superiores "letradas". Son mínimos y a veces nulos los niveles de coordinación entre la justicia de paz y la autoridad comunal; entonces, ¿cómo ligar la jurisdicción especial que alude el artículo 149 de la Constitución con la justicia de paz y las demás instancias del poder judicial?

Núcleos rurales

IPAZ promueve la ampliación del acceso a la justicia en el campo a través de los NURAJ (Núcleos Rurales de Administración de Justicia) en áreas que reconocen un centro administrativo común (consejos menores), en el marco de una labor más amplia de asistencia legal, apoyo a las organizaciones de base, promoción agropecuaria, programa de créditos y capacitación de promotores en derechos humanos con perspectiva de género. El primer núcleo rural se instaló en octubre de 1997 en el Consejo Menor de Chaca (distrito de San José de Santillana, alturas de la provincia de Huanta, Ayacucho) y agrupa a las comunidades de Chaca, Ingenio, Pacchancca, Pallcca, Lambras, Chinchay, Chocay y Parccora. El ámbito de influencia del Nuraj piloto es una microcuenca que vincula ecológica, productiva y culturalmente a dichas comunidades, factor que facilita la dinámica de una estructura de justicia de nivel supracomunal.

El tribunal del núcleo, integrado por autoridades comunales y personas notables (varones y mujeres) tiende a ser instancia de revisión y espacio de resolución de conflictos, especialmente cuando se trata de conflictos graves o de carácter intercomunal; no pretende superponer funciones al sistema de autoridades existente: trata de fortalecerlo y articularlo en un contexto mayor, estableciendo nexos y canales directos de coordinación con el poder judicial y otras instancias. Los testimonios recogidos son elocuentes: "los denunciantes y denunciados dicen que el nuraj es bueno porque soluciona los casos del consejo menor; quedan acuerdos, contentos, porque llegan a una conciliación. Como si fueran una familia los arreglamos aunque a la oficina llegan con rencillas y amarguras, como una sola familia salen contentos" (Abraham, centro poblado de Chaca). Se nota la reducción de peticiones de transferencia a instancias mayores: "ahora ya no escuchamos decir a los comuneros mándame a San José, mándame a Huanta, porque ya saben que las quejas cuestan mucha plata, y además al ir a la ciudad pierden trabajo, dejan a su familia, a sus animales" (Agustín, comunidad de Lambras).

Las propias autoridades comunales han planteado la necesidad de contar con un reglamento, y expresan que "la comunidad se preocupa de que esta organización de nuraj sea reconocida en la misma corte suprema (sic) de Ayacucho, para que todos sepan que en Chaca hay una pequeña justicia" (Celestina, comunidad de Chinchay). Por su parte, Roberto  del  anexo de  Chocay reclama: "nosotros como autoridades queremos capacitación ¡necesitamos los códigos de la justicia!"

La oficina de atención legal de Ipaz en la capital provincial, que opera desde 1994, asume como nuevos roles la asesoría y permanente capacitación de los miembros del Nuraj y de las autoridades de las comunidades miembros del consejo menor; establece, asimismo, mecanismos de trabajo, evaluación y coordinación continua entre las comunidades, el Nuraj y las instancias estatales. Este esfuerzo es posible gracias al apoyo inicial de Servicio de Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos y ha despertado el interés de la Unión Europea que, a través del Proyecto de Apoyo a la Repoblación: Desplazados por la Violencia (Prodev), permitirá la réplica de la experiencia en otras zonas; como afirma Celestina,  para que otros pueblos tengan una pequeña justicia.

*           Abogado. Responsable del área legal de IPAZ-Ayacucho.