Una buena "racha"

Desde que los jueces tienen rostro

Desde que los jueces tienen rostro, nombre y apellido, nos da la impresión de que muchas sentencias vienen con mayor sustentación. Lógico, lo veníamos diciendo. Cuando ya no se es sólo un número, cada quien es responsable de lo que firma. A continuación una mue­stra de sentencias que recogen  criterios a favor de la causa de los inocentes.

 

Los procesos con jueces con rostro se están desarrollando desde el mes de diciembre de 1997 en audiencias públicas. Para tal efecto se ha constituido una Sala Penal Superior Corporativa para casos de Terrorismo (Resolución Administrativa Nº 001-97-SPPCS-T-PJ) y se ha designado a seis vocales superiores como integrantes de dicha Sala; en la práctica esto significa que existen dos Salas Penales con jurisdicción nacional.

 Aunque los juicios continúan desarrollándose en los mismos establecimientos penales, los familiares de los procesados e inclusive los medios de comunicación pueden estar presentes. Resulta increíble que tan solo un espejo -que era todo lo que separaba a los vocales y fiscal de los acusados y sus abogados- haya marcado el proceso de transgresión sistemática a los derechos fundamentales del ser humano en los tribunales sin rostro. Los espejos han sido sacados y ahora sí podemos saber quién juzga y cómo juzga.

Pero de nada servirá el destierro -ojalá definitivo- de los tribunales secretos si es que hoy no se produce un cambio sustancial en la forma de juzgamiento, en la aplicación de las garantías del debido proceso y, naturalmente, en la valoración de las pruebas. Es justamente en este terreno en donde creemos que se está produciendo lo que podemos llamar un primer paso en una buena decisión.

Durante la últimas semanas los abogados del Instituto de Defensa Legal y de otros organismos de derechos humanos hemos participado en diversas audiencias en Lima, Huancayo y Chiclayo en las que se han logrado importantes absoluciones de personas injustamente detenidas.

Algunos casos recientes nos pueden ayudar a entender mejor este proceso: El caso de Víctor Reyes Reyes, anciano caja­bamb­ino, señalado por un arrepentido como colaborador de Sendero Luminoso pero sin precisar en qué había consistido tal colaboración. Al final del proceso  judicial el anciano fue absuelto bajo el fundamento de que tal sindicación no había sido corroborada ni confirmada por otras pruebas y que ni siquiera el solicitante había comparecido ante la Sala Penal que juzgó el caso. Igual situación han afrontado los hermanos Benito y Gerardo Flores Arenas, que permanecieron cerca de ocho meses detenidos y quienes también fueron sindicados por otro arrepentido que emitió declaraciones contradictorias, pero que fueron suficientes para acusarlos como autores del delito de terrorismo. Hoy ambos están también absueltos.

 De igual manera ha ocurrido con Jorge Cañari Vásquez, campesino apurimeño que durante varios años permaneció en un territorio controlado militarmente por el senderismo haciendo labores de servidumbre y cosecha para los mandos terroristas, y que la Sala Penal decidió absolver. Ésta consideró que se trataba de un caso en el que la presencia de lo que la ley penal llama miedo insuperable es elemento determinante, por ese motivo el hecho de que haya colaborado con Sendero Luminoso es una conducta no perseguible penalmente. Similar situación se presentó en el caso de la señora Alicia Noa Borda, campesina de Ayacucho, que en horas de la madrugada fue obligada a participar junto con toda su comunidad en una asamblea popular. La Sala entendió que la real existencia de amenaza de muerte, constituye una causa que exime de responsabilidad penal a quien es víctima de ese tipo de agresión.

También podemos reseñar el caso de Hugo Ludeña Sánchez que fue denunciado porque supuestamente había colaborado con el MRTA en el secuestro y posterior asesinato de un comerciante limeño a quien conocía. Si bien la presencia de algún indicio puede ser elemento para abrir proceso penal en contra de una persona, no puede, definitivamente, convertirse en elemento probatorio suficiente para la aplicación de una sanción penal.  Por esa razón la presunción de inocencia que resguarda a toda persona permaneció en esta causa. Este caso resulta paradigmático toda vez que en 1996 un tribunal sin rostro condenó a 20 años a otro procesado sobre el cual pesaban las mismas imputaciones y existía la misma orfandad probatoria.

Tampoco podemos dejar de mencionar aquellos casos en los que, bajo una estricta aplicación de las normas del debido proceso y de las garantías constitucionales para la administración de justicia, la Sala Penal ha absuelto a personas por el imperio del indubio pro reo. Recordemos que los tribunales sin rostro en muchas oportunidades han sostenido como argumento el indefendible principio del indubio pro societatis.

Menos aún debemos dejar de considerar y mencionar el hecho de que una Sala Penal de Terrorismo argumente sus sentencias con las normas contenidas en instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Los criterios  que hemos reseñado no son para nada extraños a nue­stro sistema penal. Todo lo contrario. Son ­ parte básica y fundamental de la propia seguridad jurídica de un país y de las personas por sobre todas las cosas. Pero el hecho que se comiencen a recoger en la jurisprudencia es una señal positiva que valoramos. (Carlos Rivera, abogado IDL)

 

Libertades pendientes

SECUESTRADAS POR SENDERO, CONDENADAS POR JUECES SIN ROSTRO

NORMA PEREZ INGA

Se trata de un caso representativo de una situación que antes parecía inverosímil, pero que ahora se sabe que ocurrió, y en muchas zonas del país. Sendero Luminoso secuestró a Norma Pérez cuando tenía 17 años, en San Pedro de Silca. Estuvo 5 meses asignada a lavar, cocinar y cargar bultos. En su caso, por suerte, no fue obligada a participar en ninguna acción ni  a llevar armas. Logró huir y se vino a Lima. Varios años después de hacer una vida normal, fue detenida y condenada a partir de la sindicación de un arrepentido, que después se retractó en la etapa judicial. Espera el indulto.

 

CLAUDINA CARBAJAL LEON

En 1989 fue también secuestrada por Sendero Luminoso en Yaracmayo, Huarochirí, Lima. Durante su cautiverio fue violada por los senderista. Tampoco participó en acciones de violencia y sólo se le encargó labores domésticas. Logró huir, pero varios años después fue detenida por la policía, producto de un rastrillaje. Ella misma contó haber estado con Sendero producto de un secuestro, lo cual motivó que fuera brutalmente torturada. Ha cumplido 8 años de una condena de 10. Espera el indulto para poder salir libre cuanto antes.