¿Quién salvará a los requisitoriados?

Insistimos: entre los miles de requisitoriados por terrorismo existen muchos inocentes. Si la Comisión Ad Hoc de Indultos fue impulsada por la opinión pública para solucionar el problema de los "inocentes", podría abarcar tanto los casos de los inocentes presos como el de los inocentes requisitoriados. En todo caso ésta sería la evolución natural de dicha Comisión, más ahora que por disposición de la ley revisarán casos de culpables arrepentidos.

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, por requisitoria se alude al acto por el cual un juez requiere a otro para que ejecute un mandamiento suyo. Sin embargo, a efectos del tema, por requisitoria se entiende la comunicación del juez a la autoridad policial para la ubicación y captura de personas procesadas por el delito de terrorismo o traición a la patria sobre las que existen órdenes de detención.

Nuestro sistema establece dos formas de concurrencia al proceso: como detenido o en comparecencia. Es facultad del juez la elección de cualquiera de estos dos mecanismos. No obstante, procede la detención cuando concurren los tres elementos previstos en el artículo 137 del Código Procesal Penal, y a partir de cual puede pre­­­sumirse que existe peligro procesal o peligro de entorpecimiento.

La detención, según Gómez Orbaneja y Herce Quemada, consiste en la limitación de la libertad individual de una persona, con carácter provisional, para ponerla a disposición del juez instructor a los fines del sumario (Derecho Procesal Penal 10a. ed., Madrid, 1986, pág. 208).

En los procesos por terrorismo, la detención es imperativa (imperio de la Ley, inciso a. del artículo 13 del Decreto Ley 25475). Esta disposición que recorta las facultades del juez, supone que la única forma de concurrencia al proceso es como detenido, de ahí la necesidad de derogar esta disposición. A ello debemos agregar, el fundado temor de toda persona a someterse a un proceso que no respeta las mínimas garantías de ley (como por ejemplo en el Tribunal sin Rostro).

El oficio mediante el cual se dispone la ejecución de la detención debe contener los datos de identidad personal del requerido (art. 136 del Código Procesal Penal), el mismo que según el artículo 1 del Decreto Supremo 035-93-JUS debe constar en un documento de identidad personal u otros datos necesarios para individualizar al requisitoriado. En caso de que se desconozca los datos de identidad personal, se comunicará tal circunstancia a la Policía Nacional. Las requisitorias para estos ilícitos no caducará hasta la detención y juzgamiento de los requisitoriados (art. 1 del Decreto Ley 25660).

Esto significa la concurrencia obligatoria al proceso y obviamente a ser detenido, con el riesgo de ser condenado de repente por el testimonio de los testigos anónimos, como el utilizado hoy por la Policía en las llamadas "actas de reconocimientos de arrepentidos". Por ello, el mecanismos elegido en primer lugar no debe afectar el quehacer cotidiano de estas personas.

El origen de las requisitorias

La condición jurídica de requisitoriados, en el caso de los inocentes, no es consecuencia del acto intencional de rehuir la acción de la justicia. A este respecto es importante hacer dos precisiones:

1. Desde el plano jurídico, durante el proceso penal existen instituciones mediante las cuales una persona detenida puede ser puesta en libertad: libertad incondicional (única posibilidad actual), provisional, con informes finales de no responsabilidad, entre otros.

La libertad así obtenida, ha sido en muchos casos entendida como el fin del proceso. Esto se explica porque en casos como el que vamos a tratar a continuación, las personas involucradas (en gran porcentaje) tienen un limitado nivel de preparación que les impide entender el sentido y los efectos de las resoluciones judiciales, más aún cuando éstas tienen una connotación eminente­­men­te jurídica. Por otro lado, muchas de estas personas provienen de zonas rurales, a veces de lugares completamente alejados de la ciudad.

En este sentido, la incomprensión acerca de las resoluciones judiciales ha generado un importante número de requisitorias, situación en todo caso ajena a las personas ahora requisitoriadas.

2. Existen poblaciones enteras que ignoran que son requeridas por la justicia y que corren el peligro de ser detenidas en cualquier momento.

El punto aquí es más crítico porque esas personas no sólo desconocen tal situación sino también el origen de los cargos o imputaciones, las pruebas en la que se fundan esos cargos, el lugar de donde provienen la órdenes de detención, etc. Este es el caso de algunas poblaciones de la zona rural de los departamentos de Huan­ca­velica, Apurímac, Junín, Aya­cucho, Cusco, Lambayeque, entre las más afectadas.

 

Primero exculpados, luego 10 años requisitoriados y ahora presos

En diciembre del año pasado, una patrulla militar ingresó al anexo de Cula, distrito de San Antonio de Cachi, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, y procedió a detener a ocho campesinos: Armando Arce Tinco (37), Mauro Rodas Palomino (35), Felipe Salcedo Gonzales (62), Moisés Arce Nisario (33), Toribio Arone Huamaní (38) Honorato Rojas Quispe (58), Roberto Martínez (47), Paulino Arce Tinco (32), requisitoriados por la Corte Superior del Cusco por el delito de terrorismo.

Se les imputa haber participado en el ataque al puesto policial del distrito de San Antonio de Cachi, donde resultó muerto el cabo GC Víctor Velásquez Medrano y heridos los oficiales Javier Panebra Vera, Arturo Poves Sihuay y Manuel Ramos Hernández. Este hecho ocurrió el 4 de octubre de 1986.

El proceso penal, en este caso, se inició porque los detenidos (requisitoriados) se presentaron ante las autoridades militares para denunciar que en los primeros días del mes de octubre fueron reclutados bajo amenaza de muerte por 30 subversivos aproximadamente. Las autoridades, en vez de otorgarles garantías y protección por ser víctimas de la violencia subversiva, los denunció bajo el cargo de terrorismo.

En la instancia judicial, los detenidos declararon "que fueron reclutados por los terroristas en número de treinta. Se presentaron en su pueblo todos armados y cuatro de ellos se hicieron presentes en su domicilio, quienes le amenazaron de muerte colocándole un cuchillo en el cuello y amarrándole la mano hacia atrás y uno de ellos apuntándole con un arma de fuego y si se escapaba le iban a asesinar a sus parientes y por temor a dichas amenazas ha permanecido con los terroristas contra su voluntad, que conjuntamente con los terroristas ha permanecido durante tres días en el caserío en una casa abandonada en el lugar de Liria y durante el día permanecía con las manos amarradas y vigilado por los terroristas..." (Exp. No 62-92, fs. 70 y ss. declaración instructiva de Honorato Rojas Quispe).

En otras palabras, estas personas permanecieron con los terroristas en contra de su voluntad y sometidos a tratos violentos -encerrados y con las manos atadas- cerca de una semana, sin haber participado en acciones realizadas por los terroristas. Valorando esta situación el Juez Instructor Provincial de Andahuaylas el 5 de noviembre de 1986 emite una resolución en la que concluye "...en virtud de tales consideraciones y en aplicación del criterio de conciencia que manda la ley, de autos no aparece elementos para suponerlos responsables del delito instruido máxime si obra en autos certificados de buena conducta, corriente a fojas ciento veintitrés, testimoniales de fojas ciento nueve, ciento diez, ciento veintiocho, ciento veintinueve, ciento treinta las que acreditan que los inculpados mencionados observan buena conducta en el caserío de San Juan de Cula, y que se dedican a la agricultura y que no participan en actos subversivos y la mayoría de ellos son padres de familia con muchos hijos menores de edad. En tal virtud: Es de aplicación el artículo ochentitrés del Código de Procedimientos Penales, debiendo girarse la papeleta de libertad...".

Puestas en libertad (1986), estas personas consideraron que el proceso había concluido, ignoraban que la instancia superior había dejado sin efecto dicha resolución; este hecho nunca les fue comunicado hasta el día de su detención.

El 28 de mayo de 1993, el Tribunal sin Rostro de la Corte Superior del Cusco realizó el juicio oral contra estas personas, todas ausentes. El mismo día se dictó la sentencia donde fueron encontradas responsables de la comisión del delito de terrorismo; se les impuso una pena de 20 años. Emitida la sentencia, el "Ab­ogado defensor" quedó conforme con la sentencia y no interpuso recurso de nulidad. La Corte Suprema en su ejecutoria de fecha 13 de mayo de 1996 considerando que al haber sido derogado el Decreto Ley 25728 que permitía condenar en ausencia, ordenó reservar el proceso hasta que sean habidos.

Las personas detenidas son todas de condición humilde; son campesinos, padres de familia, algunos con primaria incompleta, sólo tres hablan y entienden el castellano, el resto es quechua-hablante. Cuando creyeron haber recuperado su libertad cumplieron con sus deberes cívicos, como participar en los procesos electorales, sin sufrir detención alguna.

Es evidente, que su actual detención es injusta. No entendemos por qué la Corte señala como fecha de audiencia recién el 28 de mayo, al actuar así está lesionando uno de los valores supremos de la persona humana como es la libertad. Desde estas páginas pedimos a la Corte la más pronta solución. (Robert Meza, abogado IDL)