AYER INSEGURIDAD; MAÑANA ¿SINSEGURIDAD?

Carlos Basombrío Iglesias

-Oye, ayer estaba en el micro, en San Juan de Lurigancho, y un choro metió la manota en la cartera de una señora; ¿adivina qué?, un hombre en terno negro y con lentes oscuros, lo cogió del cuello y lo detuvo.

-Eso no es nada, anoche varios fumones se metieron a mi casa en Breña por el balcón y justo cuando salían por la ventana un agente del SIN los detuvo. Ay, ahora sí voy a poder ver mis novelas tranquila.

-Te cuento, la otra anoche estuve caminando solito por el lado bravo de Surquillo con un relojazo bien a la vista. Nadie me molestaba, pero al cruzar una esquina un hombre se me acercó y temí lo peor. Pero no, discretamente me guiñó el ojo, me enseñó su chapa y me dijo: "No hay por qué preocuparse, el SIN está contigo".

- Qué te crees tú, anoche estaba en San Isidro bien a la tela, me iba a comer con una lindura. Paré en un cajero automático y dos tipos me acogotaron y querían que sacara todo el billete. En eso todas las luces del banco se prendieron, sonó una alarma estridente y hasta de debajo de las tapas de los buzones salieron agentes del SIN. Oye, después hasta me arreglaron la corbata para que la chica no se me vaya a impresionar.

¿Vladimiro Montesinos, el chapulín colorado de fin de siglo?

 

Quizás no tenga todavía en Lima las magnitudes de horror de otras capitales latinoamericanas, pero la ola de criminalidad y de inseguridad en las calles es creciente. Si eres cambista callejero te pueden matar para robarte tus dólares; si eres mujer en auto nuevo, cuídate en cada semáforo que no te destrocen la luna por llevarse la cartera o tu collar; si tienes tu casita a medio hacer en un asentamiento humano y sales todo el día fuera a trabajar, cuidado que se pueden meter por los techos y robarte el equipo que compraste, pagadero en 48 cuotas; si tienes pinta de tener plata grande, te pueden secuestrar al paso y hacerte el "tour" completo por los cajeros de la ciudad. Para todos hay, y siempre con el riesgo que, de resistirte, termines allí tus días.

Da miedo. ¡Hay que hacer algo!

El presidente Fujimori ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente al problema. Dice que tendrán el mismo estilo de las "medidas antiterroristas" (sic), incluyendo como plato fuerte el que el SIN entre a la lucha contra la delincuencia común.

¿Será esto efectivo? ¿Se habrá encontrado la "solución peruana" a este flagelo continental?

Como siempre, a contracorriente, sugerimos que no y que, más bien, la estrategia va a servir para agravar otros de nuestros males.

Es cierto que quienes han planificado estas medidas son muy astutos. Saben que una ciudadanía aterrada por la ola de criminalidad en el país va a recibir con beneplácito cualquier "paquete de medidas" que le hagan pensar que "por fin se va a hacer algo". Suena impactante: "el SIN, victorioso contra el terrorismo y el narcotráfico, se ocupa ahora de la delincuencia común". Los cerebros detrás de la idea saben que, en el peor de los casos, en los próximos meses de todos modos se conseguirán algunas capturas de peligrosas bandas (siempre hay algunas, ¿o no?) y estarán listos para decir que fue obra del SIN, sea o no cierto. En caso de necesitarse culpar a alguien por eventuales fracasos, ahí está la Policía y el argumento de que lo que se necesita es más SIN.

Pero más allá de la habilidad política de quienes lo han propuesto, revisemos las premisas sobre las que se sustenta esta decisión, ya en el terreno concreto de la lucha contra la criminalidad.

Primera premisa: El SIN, victorioso contra el terrorismo y el narcotráfico, entra a tallar ahora contra la delincuencia común.

Si bien de tanto oírlo la gente puede empezar a creerlo, es un falso punto de partida. El SIN no derrotó a Sendero Luminoso. Los factores claves que explican la derrota del senderismo, todo analista serio lo sabe, son otros. Esa histórica victoria fue resultado principalmente de la captura de la inmensa mayoría de los líderes de la organización (Abimael Guzmán incluido en primerísimo lugar) y de la reacción masiva del campesinado organizado en rondas y comités de defensa civil.

Hay que reconocer que el SIN todavía no ha tratado de apropiarse del aporte a la pacificación de los campesinos (aunque hay rumores que pronto van a decir que en cada ronda había un agente, con chullo y chacchando coca, que dirigía la movida). Han tratado sí de asociar su imagen a la captura de Guzmán. ¡Falso! Fue la Policía la que lo hizo. Solita, fruto de un trabajo paciente y especializado de la Dincote. El SIN estaba tan al tanto del asunto que permitió que el presidente Fujimori se fuera a pescar a un lejano río de la selva ese día y que se enterara de la noticia después que el resto de sus compatriotas.

¿Ha sido el SIN eficiente en el tema antinarcóticos? Las principales victorias en este campo se vienen dando al nivel de la reducción de los cultivos (lo que responde a otras razones) y si bien han habido capturas sonadas, lo han sido aún más las denuncias de corrupción por drogas contra Vladimiro Montesinos y los varios casos de jefes de las Fuerzas Armadas que, al parecer involucrados, salieron fácilmente librados de polvo y paja.

La otra gran victoria que se le atribuye al SIN: la recuperación de la residencia del embajador de Japón es espectacular y para quitarse el sombrero. Pero siempre buscando la mosca en la sopa, permítasenos un par de preguntas. Siendo el SIN un "servicio de inteligencia", cuya misión por tanto es reunir información para prevenir sorpresas desagradables, ¿no tuvo una responsabilidad central en el hecho de que el MRTA haya podido entrar en la sede diplomática como Pedro en su casa? Otra inquietud, ya en la etapa de la recuperación: ¿no estamos más bien frente a una victoria militar?; es decir, ante acciones de "guerra" en donde oficiales y soldados entran en combate y ganan una batalla. Así, más allá de la repetida retórica presidencial, ¿cuál es la razón concreta y específica por la que al SIN se le deba atribuir una victoria militar y no a las Fuerzas Armadas que la llevaron a cabo? Y de paso, ya que estamos en el tema militar, ¿no era responsabilidad central del SIN el estar alerta y mantener informadas a las Fuerzas Armadas de que los ecuatorianos preparaban lo del Cenepa? ¿Lo hicieron bien y a tiempo? Hay quienes dicen que no, ocupados como estaban en asuntos domés­ticos.

Se admitirá, por lo menos, que la eficiencia garantizada del SIN en todo lo que hace es algo que merece un poquito más de discusión.

Segunda premisa: se necesita un sofisticado trabajo de inteligencia para desbaratar a las bandas criminales.

Decir eso es casi como descubrir de nuevo la pólvora. ¡Obviamente que sí! Esa es la premisa básica de toda labor de investigación policial, en todas partes, desde que el mundo es mundo. Algo han sabido ya de esta novedosa idea el FBI, el Scotland Yard y la Sùrete. Hasta nuestra modesta Policía lo ha sabido siempre. De hecho, eso es lo que hizo la Divise (policía antisecuestros) exitosamente a mediados de los ochenta y lo que, años después, permitió a la Dincote acabar con Sendero.

Es cierto: es absolutamente clave atrapar a las grandes bandas de delincuentes que cometen los crímenes más espectaculares (y seguir luego en la tarea permanentemente, porque cada vieja banda dejará su lugar a una nueva a la que habrá también que desbaratar). Para hacerlo, en efecto, se necesita de complejas intervenciones de inteligencia.

¡Pero para eso existe la inteligencia policial de los cuerpos especializados! En el marco de una reforma mayor (a la que aludiremos más adelante) hay que potenciarlos y hacer realmente efectivas estas unidades de elite, como algunas veces lo han sido. Y si el argumento es que el SIN es el que tiene los sofisticados instrumentos de espionaje de ultimísima generación (como bien saben los ciudadanos afectados); pues sea esta la ocasión ideal para que los transfieran a las unidades especializadas de la Policía, para darles el uso correcto, bajo la estricta supervisión de las autoridades correspondientes.

Pero no nos dejemos llevar por un espejismo. Aun en ese caso, para el otro crimen, el del día a día, el que lo afecta a usted, poco o nada tienen que ver las grandes operaciones de inteligencia. Se trata de una delincuencia menos sofisticada, pero mucho más extendida. Con armas de menos calibre, pero para todo fin práctico igualmente peligrosas, una vez puesto el pellejo de uno en el caso concreto. Es la que miran con desprecio típico de elite los cientos de avezados criminales con posgrado en Lurigancho. Está a cargo más bien de miles y miles de ladronzuelos, prostitutas, rateros, pandilleros, fumones y pirañitas que encontramos a la vuelta de la esquina. Se trata, en suma, de otro tipo de problema y son otras las soluciones a buscar.

Que el SIN sea la maravilla garantizada de la eficiencia absoluta o que su intervención pueda cambiar el día a día del crimen que lo afecta a usted, son así premisas que por lo menos merecen una discusión mayor, antes de darlas tan fácilmente como ciertas.

Consciente de los tiempos en que vivimos, es sólo después de poner en duda la fría eficacia práctica de la estrategia anunciada que me atrevo a cuestionar la propuesta desde un ángulo principista (proponer un orden inverso hubiera sido un idealismo inaceptable y totalmente pasado de moda).

Principios de política (¡los hay, los hay, no sean incrédulos!): Todos sabemos que este régimen dista mucho de ser un adicto incurable a la democracia. El autoritarismo, la concentración excesiva del poder, el abuso y la prepotencia, la destrucción de la institucionalidad, son reconocidos por casi todos como sus defectos de fábrica. Y en todas y cada una de las actuaciones en que el gobierno ha hecho gala de los rasgos descritos, el SIN ha estado presente y con rol estelar (incluido el mismísimo golpe de Estado del 5 de abril). ¿Se le debe dar más poder a un organismo de esa naturaleza? ¿Se le debe dar la coartada perfecta para meterse en la vida cotidiana de todos? ¿No hay acaso razones fundadas para pensar que van a usar el poder que se les da con otros y nada santos propósitos? ¿No se está reforzando, más todavía, el lado negro de este régimen y retrasando la recons­trucción de la democracia?

Principios de moralidad pública: ¿Se debe premiar con nuevas funciones a un organismo que ha estado involucrado en tantos casos de violaciones a los derechos humanos y denuncias de corrupción?

Ante una encrucijada tan seria justifica plantearse la pregunta de lo que haría el gato, ya en la despensa, frente a delitos como los siguientes:

¿Cuando "delincuentes comunes" asalten, roben, maltraten a dirigentes políticos de oposición o periodistas críticos? ¿Cuando se descubran funcionarios públicos con ingresos enormes que aludan a indicios de tráfico de influencias u otras formas de delito? ¿Cuando traficantes de drogas confesos denuncien a determinados "funcionarios" como sus bien remunerados cómplices? ¿Cuando jóvenes mujeres trabajando para el Estado sean víctimas del delito de tortura o el de asesinato? ¿Cuando se cometan delitos de terrorismo contra la libertad de prensa poniendo bombas en filiales de canales de TV? ¿Cuando se denuncie el delito de espionaje telefónico de ciudadanos que desean actuar independientemente en política? ¿Cuando se descubra que se ha cometido delito contra la voluntad popular al haberse infiltrado agentes en los organismos electorales u otorgado libretas electorales masivamente a quienes no les correspondía?

¡Nada! (¿Lo sospecharon desde el principio?)

Este rotundo y preocupado no al SIN en el tema de delincuencia común no puede significar resignación frente a lo que ocurre, debe venir acompañado de propuestas. ¡Y las hay! Muchos analistas las han esbozado en distintas ocasiones y aquí en Ideele las hemos recogido en otros artículos. Telegráficamente, porque no hay el espacio, ellas tienen que ver con por lo menos seis asuntos:

1. Construir un diagnóstico adecuado del problema de la delincuencia. Hay que saber realmente quiénes, dónde, por qué y para qué. Hay que recordar, a la hora de definir políticas, las profundas raíces sociales, económicas y culturales que alimentan el fenómeno en países como el nuestro. (Mundialmente es aceptado que no solo la pobreza, antes incluso que ella, la distancia entre el ingreso de los más ricos y los más pobres, guarda relación directamente proporcional con los niveles de delincuencia).

2. Asumir la prioridad política que la seguridad ciudadana debe tener. Si es percibido por todos como uno de los problemas centrales, pues hay que darle la prioridad que merece. No es un asunto solo de policías, menos aún de militares o agentes del SIN. Es un asunto nacional que debe requerir un debate y definición de políticas y metas concertadas.

3. Reformar profundamente la Policía. La PNP tiene que ser la herramienta fundamental del combate al delito. ¡Y no lo es! Está militarizada innecesariamente; muchas veces es corrupta e ineficiente y hasta es cómplice de muchos delincuentes. Pues hay que reformarla de raíz. Eso no se puede hacer solo desde dentro de la Policía, requiere una intervención amplia y una redefinición de sus principios, roles y atribuciones.

4. Descentralizar la seguridad pública y vincular al ciudadano en la tarea de la vigilancia cotidiana. El delito menor, el delito de barrio, no puede ser atacado desde cuerpos centralizados, requiere la participación de las autoridades locales y la definición de estrategias particulares. Serenazgos en las ciudades y rondas en el campo han aportado mucho. Hay que avanzar más en ese camino.

5. Construir cuerpos policiales altamente calificados. Homicidio, secuestro, tráfico de drogas y terrorismo son algunos de los típicos delitos que requieren de cuerpos policiales especializados de alta sofisticación. Pues actuemos en concordancia: que la Policía no tenga que ir en micro a la diligencia y pedir a la víctima para el papel carbón del informe.

6. Sistema de justicia y de cárceles eficiente. Lugares comunes (sobre los que debe actuar): la administración de justicia está muy mal, muchas veces termina facilitando la libertad del culpable y la prisión del inocente. Las cárceles reproducen el problema.

Todas complicadas medidas de poner en práctica. ¡Pues claro que sí! ¿O se pensaba que un problema como este podía resolverse por decreto imperial? Ahora bien, si se asumiera que es un trabajo al que se debe convocar "abierta y pluralmente" (disculpen señores del régimen por las malas palabras) a los aportes de muchos, quizás la cosa no se viera como un sueño imposible.

 

EL SIN, LA POLICíA

Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Carlos Rivera Paz*

En el presente artículo el autor describe la ubicación legal e institucional del SIN y de la Policía, planteando los inconvenientes formales de la propuesta en debate.

 

El anuncio del presidente Fujimori sobre las nuevas atribuciones que el SIN asumiría en el terreno de la seguridad ciudadana ha logrado acercar al debate el importante asunto de la posición legal y constitucional para la lucha contra la delincuencia tanto del SIN como de la Policía Nacional.

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, el Decreto Ley Nº 25635, establece en primer término que la finalidad de este sistema es desarrollar acciones de inteligencia que contribuyan a la seguridad de la Nación. Recordemos que la inteligencia es producida para el Presidente de la República, de acuerdo con los requerimientos y políticas que éste determine.

Este mismo decreto ley regula las funciones y estructura del Servicio de Inteligencia Nacional, del cual señala que es el organismo central y rector del sistema. Esta norma determina que la misión legal para el SIN es la de "...producir, integrar, dirigir, coordinar, controlar y realizar... actividades de inteligencia y contrainteligencia requeridas por la Seguridad y la Defensa Nacional..." (art. 7º).

Para el cumplimiento de dicha misión este decreto reconoce doce funciones, entre las que resaltan en importancia el integrar la inteligencia producida en los campos político, económico, sicosocial y militar; desarrollar inteligencia operativa frente a factores que perturban la seguridad nacional y la defensa nacional; producir inteligencia en los campos político, económico y sicosocial, y establecer estrategias de inteligencia y contrainteligencia para el Consejo de Defensa Nacional (art. 10º). Bajo ninguna circunstancia la norma reconoce la intervención del SIN en asuntos criminales o hechos sujetos a investigación policial.

Resulta evidente que la naturaleza institucional y jurídica del Servicio de Inteligencia Nacional es la de ser un organismo político, hecho que se muestra ratificado por la directa relación que tiene con el Presidente de la República. Pero sobre todo la naturaleza -y la existencia- del SIN está vinculada a la defensa nacional, es decir, a la adopción de acciones y previsiones encaminadas a garantizar la independencia, so­beranía e integridad del país.

Justamente una de las instituciones que conforman el Consejo de Defensa Nacional es el Servicio de Inteligencia Nacional (Decreto Legislativo Nº 743).

¿Y quién controla al SIN?

A pesar de las amplias funciones que la ley le reconoce, del cuestionable rol político que actualmente tiene y de los graves antecedentes delictivos en operaciones desarrolladas por agentes del SIN, no existe ningún tipo de control legal o político sobre este organismo. El Decreto Ley Nº 25635 solo hace referencia que este organismo "depende directamente del Presidente de la República" (art. 7º).

Resulta pues errado que se otorgue atribuciones de intervención a un organismo como el SIN, al cual ni el Parlamento puede -ni quiere- fiscalizar, sobre hechos materia de investigación criminal y que posteriormente constituirán las evidencias de la comisión de hechos delictivos.

La Policía

La Constitución Política de 1993 señala que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, agregando que es la institución encargada de prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Además, prescribe que la Policía previene, investiga y combate la delincuencia (art. 166º) .

Lo que observamos en el texto constitucional es el reconocimiento de la prevención y el combate al delito como las dos tareas fundamentales de la institución policial. Por lo tanto, la misión constitucional de la Policía es clara: brindar seguridad a las personas para el libre ejercicio de sus derechos fundamentales.

Ello concuerda plenamente con las funciones básicas descritas en la Ley de Bases de las Fuerzas Policiales1 (Decreto Legislativo Nº 371, art. 7º), que señala como tales la mantención del orden público; la investigación y denuncia de delitos y faltas; la detención de los autores de los delitos flagrantes, entre las más importantes.

Inclusive el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, pendiente hace mucho tiempo en el Congreso, también reconoce como primeras funciones la mantención de la seguridad y tranquilidad públicas y la prevención, investigación, combate y denuncia de los delitos y faltas (art. 7º).

Pero no solo en el terreno de las atribuciones legales respecto de la lucha contra el crimen existe una sobresaliente diferencia. En el asunto de la estructura orgánica de ambas instituciones las diferencias son marcadas.

En el caso del SIN, su propia norma regulatoria hace referencia que éste tendrá una "organización interna basada en la flexibilidad". Ello, sin duda, determinado por el constante cambio y variabilidad de los objetivos políticos en base a los cuales funciona. Además, debemos tener muy presente que toda la organización del Servicio de Inteligencia Nacional tiene el carácter de secreta.

La organización de la Policía es totalmente diferente. En primer lugar, toda su estructura orgánica es pública y regulada por la ley. En segundo lugar, dicha estructura está determinada por criterios de carácter funcional: las comisarías se encargan de la prevención y la seguridad de los ciudadanos, y las Direcciones Especiales de investigar, combatir y denunciar los delitos (Dinincri, Dinandro, Dincote, Dinoes).

Si bien la Policía vive un proceso de crisis que afecta la naturaleza misma de la institución, respecto del combate a la delincuencia es necesario precisar algunos aspectos. Tal como hemos indicado en el párrafo anterior, la Policía ya tiene las unidades y el personal especializado en la investigación y persecución del crimen organizado. Además, dicho per­sonal cuenta con una importante experiencia que en este terreno resulta fundamental. Asimismo, hay que tener en cuenta que en los últimos años se han creado y fortalecido equipos de inteligencia en todas las unidades especiales de la Policía.

En el tema del control las cosas son también muy distintas. Todas las funciones y las atribuciones de la Policía Nacional están sujetas a diversos mecanismos de control legal y político, los mismos que pueden ser accionados por aquellos ciudadanos afectados en sus derechos fundamentales.

Finalmente, resulta conveniente señalar que si pretendemos combatir eficazmente al crimen organizado debemos optar por la alternativa más racional: el fortalecimiento de las unidades especializadas de la Policía Nacional. Ello implica el otorgamiento de mayores recursos humanos y logísticos, además de la consolidación de los equipos de inteligencia y el afianzamiento de una organización verdaderamente nacional de las unidades especializadas.

1        Si bien esta norma legal es anterior a la Constitución del '93 y a la propia creación de la Policía Nacional, es la única que regula las funciones policiales.

 

Fetichismo y

seguridad ciudadana

José C. Ugaz

Es fácil caer en la tentación -y parece que no nos salvaremos- de "rendirle un culto irracional al sistema penal, como si éste por sí mismo fuera capaz de resolver el problema de la seguridad ciudadana". Sobre este fetichismo trata el penalista José Ugaz.

 

En los últimos meses se ha desarrollado en Lima una creciente sensación de inseguridad ciudadana generada por el incremento significativo de los llamados "secuestros al paso", modalidad delictiva que, a diferencia del secuestro tradicional (también llamado "secuestro a la carta", en oposición al primero), consiste en la retención por horas de una víctima elegida al azar (originalmente las víctimas eran escogidas por la calidad del vehículo en que se desplazaban, pero luego este criterio fue abandonado por el de la selección indiscriminada), a la que obligan a retirar dinero de cajeros automáticos o canjean por sumas de dinero que sus familiares deben reunir en muy breve plazo.

A esta novedosa práctica delictiva se agrega el aumento de los asaltos y robos, así como una aparente mayor incidencia de criminalidad violenta, en particular, homicidios (en Lima, 25.6 homicidios por cada 100 mil habitantes) y violaciones a menores de edad.

A diferencia de otras "olas delictivas" ocurridas en años anteriores, la actual parece no hacer distinción en función a la extracción social de las víctimas, atravesando transversalmente a toda la sociedad limeña. Sin considerar los delitos cometidos con motivación política, se puede afirmar que a mediados de los años '70 la alarma social se centró en los asaltos bancarios, a mediados de los '80 en los secuestros "a la carta" y a mediados de esta década, en la delincuencia violenta de las grandes bandas, todos ellos, fenómenos que afectaron principalmente a sectores medios y altos de la sociedad.

La criminología contemporánea ha actuado siempre con mucha cautela frente a estas "olas de inseguridad ciudadana", partiendo de la constatación estadística de que la delincuencia común no ocurre en las dimensiones en que se nos quiere hacer creer, y afirmando que lo que sucede es que se crea un "pánico moral" como consecuencia de campañas de (in)seguridad ciudadana que producen un miedo irracional en la población, la que -como señala la profesora española Elena Larrauri- "...absorbe toda la iconografía de los medios de comunicación, que presentan imágenes distorsionadas, como si el delito común fuera el delito, como si la delincuencia fuera el problema".

Basta observar un noticiero o leer los diarios para caer en la cuenta que lo afirmado por los criminólogos críticos no deja de tener sentido. Hay días en que más de un tercio del espacio noticioso es ocupado por la noticia criminal, sin embargo, ¿es acaso la delincuencia común el principal problema del Perú?, ¿hemos llegado a niveles intolerables de inseguridad?, ¿la delincuencia tradicional es más grave en términos sociales que la delincuencia económica o la del poder? Ciertamente que no. Por tal motivo, algunos estudiosos del tema sostienen que se trata de campañas de ley y orden, cuyo objetivo es transmitir la sensación de que "todos estamos en peligro", para distraer la atención de los verdaderos problemas sociales y justificar, por un lado, políticas am­plias de represión y, por otro, fomentar en la población una actitud favorable a la "mano dura", que se traduce muchas veces en arbitrariedad y restricción de garantías y derechos ciudadanos.

Sin embargo, aunque la sensación de inseguridad actual parece ser un fenómeno en ascendencia sólo en ciertas ciudades grandes de la costa y alguna de la selva o la sierra (Lima, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Tingo María...), sería poco sensato negar que efectivamente ha habido un incremento significativo de la delincuencia, producto de la violencia en la que hemos vivido en los últimos tres lustros y de la agudización de la pobreza y la marginalidad en medio del explosivo crecimiento urbano, que en el caso de Lima bordea los ocho millones de habitantes.

Ello explica por qué  -alimentado por campañas de ley y orden- el tema de la seguridad ciudadana ha pasado a ocupar uno de los primeros lugares en la agenda política contemporánea, al punto que el propio Presidente de la República, "respondiendo al clamor popular", ha afirmado que su gobierno combatirá decididamente a la delincuencia, para lo cual se involucrará al Servicio de Inteligencia Nacional en esta lucha y se pondrá en vigencia próximamente un paquete de medidas legales destinadas a reprimir eficazmente este fenómeno.

En días pasados, el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, se ha reunido con un grupo de empresarios en el Ministerio del Interior a fin de explicarles, en una extensa alocución, que el gobierno ha venido obteniendo resultados favorables en la lucha contra la delincuencia en los últimos meses, y que en un futuro muy próximo, gracias a nueva tecnología y a la puesta en vigencia de un paquete normativo, Lima recuperará la tranquilidad.

Ha trascendido que, entre otras medidas, se extendería la sanción de cadena perpetua a nuevos delitos, se ampliaría el plazo de detención policial (entre 72 horas y 15 días), se restauraría la reincidencia como causal de agravación de la pena y se eliminarían o restringirían significativamente los beneficios penitenciarios.

Como se puede apreciar, la política criminal de este gobierno sigue siendo un poco más de lo mismo. Al margen de la gravedad que puede importar el involucramiento de una institución con las características que ha desarrollado el SIN durante este gobierno, en el control de la criminalidad común, lo que merece un análisis más profundo que no podemos desarrollar ahora por razones de espacio, existe una tendencia uniforme en los últimos gobiernos a pretender solucionar algunos problemas álgidos, prioritaria
-si no exclusivamente- desde el Derecho Penal.

Esta tendencia de "huir hacia el Derecho Penal" resulta siendo fetichista y simbólica. Fetichista, porque implica rendirle un culto irracional al sistema penal, como si éste, por sí mismo, fuera capaz de resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Simbólica, porque se ha probado hasta la saciedad que los problemas sociales, y en particular la delincuencia, no se resuelven desde la ofensiva penal.

Como afirma el criminólogo portorriqueño José Rico, "...el Derecho Penal no puede, por sí mismo, crear la sociedad ideal; únicamente puede contribuir a la formación de la estructura sobre la cual dicha sociedad puede nacer y desarrollarse. Por consiguiente, sus objetivos son restringidos".

En el Perú se han ensayado insistentemente fórmulas penales para controlar, desde la escasez de leche evaporada generada por la economía dirigida del gobierno de García, hasta fenómenos tan complejos como el narcotráfico y el terrorismo. Los resultados siempre han sido magros, salvo aquellos casos en que el sistema penal ha estado a la retaguardia de medidas extrapenales en el campo de la prevención y la inteligencia.

Insistir en lo contrario implica no solamente perder la batalla contra el incremento de la delincuencia común, sino, lo que es más grave, desarrollar un nivel de desgaste en el sistema penal, que termine por desacreditarlo ante la opinión pública, lo que redundará en una mayor sensación de inseguridad y en la búsqueda de alternativas fuera del Derecho, lo que ciertamente nos acercaría a un modelo no deseado de sociedad en franca descomposición.

Es tiempo de abandonar los viejos ritos fetichistas que alimentan la demagogia penal, y encarar el problema de la seguridad ciudadana desde una propuesta integral que pase por medidas de prevención, involucramiento comunitario, reorganización policial y su vinculación a los gobiernos locales, nueva tecnología, etc.

 

Todo depende del cristal con que se mire

DE LA VIOLENCIA POLÍTiCA A LA VIOLENCIA COMÚN

Un gobierno que revirtió el avance del terrorismo durante más de una década y que se jacta de haber derrotado a Sendero Luminoso y al MRTA, ahora se prepara para enfrentar a una delincuencia común en alarmante crecimiento. Se utilizarían las mismas estrategias con las que se le ganó al terrorismo. Impactante y seductor anuncio que el país espera que tenga éxito, pero frente al que cabe expresar -en nuestro acostumbrado tono de aguafiestas- preguntas, dudas y temores.

 

Tratar de aprovechar lo que fue eficaz frente a la violencia política contra la delincuencia común es hasta de sentido común. Pero como toda extrapolación, tiene sus complicaciones. Un primer nivel de análisis es que siendo fenómenos distintos, hay que identificar semejanzas y diferencias para las adecuaciones del caso, y, uno segundo -quizá el más difícil- implica ponerse de acuerdo sobre qué fue lo que verdaderamente derrotó al terrorismo. Dos niveles de reflexión en los que hay mucho que decir y discutir, pero vale poner en debate algunas ideas iniciales.

En el primer nivel, tal vez la primera lección que podría sacarse del pasado es lo importante que resulta diferenciar ante qué tipo de violencia estamos y definir su naturaleza en función de la realidad. Recordemos que una de las cosas que más costó asumir frente a la subversión fue que, si bien recurría a métodos absolutamente repudiables, como es el terrorismo, era innegable que tenía un carácter político. Hasta ahora hay quienes se irritan con la expresión "violencia política", por creer, equivocadamente, que es una manera de conceder un status, cuando solo es recoger un dato de la realidad.

Tanto Sendero Luminoso como el MRTA mataron, pusieron coches bomba y secuestraron, pero perseguían tomar el poder y tenían metas y estrategias en función de ese objetivo, con el que aspiraban a un modelo futuro de sociedad, por más alucinante o inviable que fuera. La resistencia a aceptarlo de hecho que demoró que se percibiera puntos como qué tan importante era conocer al detalle la lógica política de Sendero Luminoso o que en el medio existía una población en disputa, que había que ganar a favor del Estado.

Ahora es lo contrario, se trata de un fenómeno de violencia común, sin objetivos, planes, metas, estrategias y dirección de naturaleza política, lo cual tiene una peculiar complejidad que hay que tomar en cuenta cada vez que se recurra a la comparación con la violencia política. De igual manera, la posibilidad de un encuentro o colaboración mutua entre ambos o diferentes tipos de violencia no es algo nuevo para el país (ocurrió, por ejemplo, cuando S.L. se encontró en el Huallaga con el narcotráfico) y mucho menos en la experiencia de otros países, por lo que se debe de estar en condiciones de reconocer el fenómeno.

Con lo mismo que se derrotó al terrorismo, ¿y qué fue lo que derrotó al terrorismo?

Ya en el segundo nivel de análisis planteado, nos ubicamos entre quienes vienen diciendo que parte del proceso hacia la paz es reflexionar y asumir qué pasó en el país durante los años de mayor violencia política (1980-1992). Siempre hemos creído que hay que hacerlo para -usando la terminología acuñada- "procesar traumas", "cerrar heridas", "saldar cuentas" y "asumir herencias y secuelas", pero también para sacar las lecciones y experiencias del caso, por si Sendero Luminoso se mantiene o se recompone (el famoso "no bajar la guardia"), por si surgen otros movimientos violentistas o por si habría que enfrentar otros tipos de violencia, como, precisamente, la delincuencia común. Ocurre, sin embargo, que este tipo de debate, en un estilo muy nacional, hasta ahora nos lo hemos saltado con garrocha, y más bien la tendencia ha sido relativizar lo que había logrado el enemigo al final vencido y exaltar las virtudes de los vencedores, como si la victoria siempre hubiese estado asegurada y fríamente calculada.

Y en esa visión sí que resulta preocupante la lectura que se pueda tener de lo sucedido con la violencia política en la última década. ¿Lo que cambió el curso del conflicto armado interno -12 años de avances de Sendero Luminoso- fue la mano dura que Fujimori y las Fuerzas Armadas pudieron aplicar a partir del golpe del 5 de abril, una vez liberados de ataduras y controles democráticos? Esta es, sin duda, la interpretación manejada por el gobierno, y quizá la que gran parte de la opinión pública tenga internalizada, sobre todo por coincidir la debacle de Sendero Luminoso con los meses posteriores al referido autogolpe. Pero existen fundamentos para otro tipo de hi­pó­tesis, que hay que plantear, no por mezquindad frente al gobierno (acusación que se hace contra quien se aparte de la versión oficial) sino porque, justamente, de esto depende el tipo de lecciones a extraer.

Hay una primera pregunta que surge casi espontáneamente: ¿si la adopción de una política de mano dura a partir del 5 de abril fue lo que derrotó al terrorismo, quiere decir que antes no hubo mano dura? ¿Dónde ubicamos, entonces, las 2/3 partes del país bajo estado de excepción por más de una década, los comandos político-militares con superpoder, los cinco mil desaparecidos que ya existían y que nos habían convertido en el país con más desaparecidos en el mundo, el famoso cuartel de Cabito en Ayacucho, las constantes y terribles matanzas, los botaderos de cadáveres de Pucallpa, las miles de denuncias por torturas? ¿Por qué, finalmente, la Ley de Amnistía tuvo que abarcar los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos desde 1980? ¿Nada de eso fue mano dura sino blanda? Lo que podría decirse más bien es que la mano dura se aplicó en el país casi desde el inicio del fenómeno subversivo, y que ese tipo de política fue la que resultó absolutamente ineficaz, dado que durante todos esos años, incluidos los dos primeros del gobierno de Fujimori, Sendero Luminoso creció y avanzó.

Una hipótesis distinta parte de creer que a partir del golpe del 5 de abril, efectivamente se iba a aplicar una estrategia antisubversiva muchísimo más drástica que la que venía operando, pero que los planes abortaron por dos razones: el autogolpe no prosperó, fundamentalmente por la presión internacional que obligó al gobierno a un cronograma de reinstitucionalización democrática, y, principalmente, porque ya no fue necesario, debido a que Sendero Luminoso inició un claro proceso de desmoronamiento.

¿Desmoronamiento provocado por qué? La respuesta obviamente es compleja y da para un tratado, pero se pueden mencionar algunos elementos innegables. En primer lugar, la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. Se sabía lo importante que era el "Presidente Gonzalo" para Sendero Luminoso, pero sólo se supo hasta qué punto, cuando posteriormente a su detención comienza el descalabro del PC del P. Lo segundo: el fenómeno de las rondas campesinas, proceso cuya generalización empezó desde fines de los 80, y que logró expulsar a Sendero Luminoso de zonas tan importantes como Ayacucho.

¿Estos dos golpes claves contra la subversión acaso corresponden a un esquema de mano dura llevado al extremo después de un golpe de Estado? En el caso específico del Perú, no. Tanto porque el origen de ellos y parte de su desarrollo ocurrieron anteriormente al golpe, por lo que no había necesidad alguna de un golpe para impulsar ese tipo de medidas o estrategias, como por su propia naturaleza. La captura de Guzmán fue fruto de un exitoso trabajo de inteligencia, llevado a cabo por la Dincote con bastante anterioridad al 5 de abril y desde que sus jefes (Ketín Vidal) se dieron cuenta que más eficaz que torturar y sembrar pruebas, era "comprender" a Sendero Luminoso y seguirle los pasos. La forma en que se detuvo a Guzmán y la decisión de mantenerlo con vida son también indicadores de que esta captura no correspondió a un esquema de "arrasamiento" y fueron más bien motivos de disputa con el sector duro de las fuerzas del orden.

En cuanto a las rondas campesinas, dado que acá no se dieron en lo fundamental como parte de un fenómeno de paramilitares, como ocurrió en otros países, sino que hubo mucho de decisión voluntaria (ver: La derrota de Sendero Luminoso en Ayacucho por las rondas campesinas, de Carlos Iván Degregori y otros autores), su constitución y generalización no fueron la expresión de un endurecimiento mayor de la estrategia antisubversiva, sino más bien implicó menos violaciones de derechos humanos como parte de un cierto acercamiento a la población y una novedosa actitud de confianza en ella.

Son este tipo de hechos los que principalmente cambiaron el curso de la guerra in­terna en el Perú y no una política de mano dura extrema que logró librarse de toda fiscalización, producto de un golpe de Estado. Por tanto, es en esa dirección donde se debe de hacer la extrapolación y de donde hay que sacar lecciones y experiencias.

En la delincuencia común nunca va a existir, obviamente, alguien que cumpla el rol de Guzmán, pero de su captura se puede extraer lo importante que es el actuar con inteligencia, algo muy distinto y que va mucho más allá de que el SIN entre a combatir este tipo de violencia (ver artículos de Carlos Basombrío y Carlos Rivera), y que tiene que ver con la necesidad de tener un diagnóstico adecuado del problema, que permita identificar puntos neurálgicos y vulnerabilidades.

La experiencia de las rondas enseña, por su parte, que es clave tener de aliado a la población y que para eso hay que evitar empujarla del lado del enemigo o polarizarla, y que es fundamental permitir y fomentar canales de participación, siempre voluntarios.

Para que no crezca el monstruo

Pero de la experiencia de violencia política no sólo hay que analizar qué cambió el curso de la guerra sino que hay que ir más atrás: qué fue lo que permitió que un grupo marginal y focalizado, como era Sendero Luminoso, absolutamente trasnochado, fundamentalista y violentista, lograra avanzar tanto que llegó a poner en cuestión la viabilidad del país. Y -tal como en el punto anterior- del tipo de interpretación que se tenga, dependerá el tipo de lecciones que se puede sacar. Algunos puntos en debate.

Sería peligrosísimo, por ejemplo, creer que la clase de país que somos, nuestra absoluta precariedad, no tuvo nada que ver con el avance de la subversión; que nos creamos ese discurso tan simplista que afirma que el Perú ha demostrado que el terrorismo no tiene nada que ver con la pobreza, porque seguimos siendo muy pobres, pero pudimos derrotar el terrorismo. Lo que hay que asumir, más bien, es que si bien no existe una relación de causa y efecto entre pobreza y violencia, y que Sendero Luminoso nunca representó a los pobres del país, lo cierto fue que esta organización supo y pudo aprovechar a su favor debilidades y contradicciones, que se metió en -usando la terminología de la época de más violencia- las grietas y fisuras estructurales del país. Muchísimos ejemplos pueden ser puestos. En zonas donde no había Estado, S.L. se convertía en "Estado"; donde la autoridad tenía un enfrentamiento con la población local, expulsaba a esa autoridad; en el Huallaga, protegía a los campesinos cocaleros y hacía de intermediario con los narcotraficantes; azuzaba las contradicciones de los "sin tierra" con los "con tierra"; aprovechaba la radicalidad extrema de ciertos sectores universitarios sin mayores perspectivas; etc., etc., etc.

Una traspolación de la primera interpretación llevaría a creer absurdamente que en el diagnóstico y diseño de estrategias frente a la delincuencia común no tienen cabida consideraciones económicas, sociales, sicológicas y culturales, y que todo es un problema de represión eficaz (ver artículo de José Ugaz), mientras que la segunda exige su incorporación. Obviamente no se trata de plantear que debemos esperar que se solucionen nuestros problemas estructurales para que la violencia común disminuya, pero sí que debe de tomarse en cuenta el contexto específico en el que en nuestro caso se produce el incremento de la violencia común: un país con la mayoría de su población en extrema pobreza, sin empleo, con un proceso de visible desintegración familiar, con una total crisis en el sistema educativo, que acaba de pasar por una experiencia aguda de violencia, con un régimen político autoritario que es un ejemplo del incumplimiento de normas y límites, con un fenómeno de corrupción generalizada, con narcotráfico y consumo de drogas en crecimiento, con unos medios de comunicación generalmente alentadores del sin valor, es decir, con todas las plagas juntas. ¿Sólo "paz y amor" en este contexto?

Volviendo a la comparación con la violencia política, incluso, nos atrevemos a plantear algo que esperamos sea bien y no mal entendido. Si no fuera por la "inesperada" captura de Guzmán y por los "inesperados" efectos demoledores que provocó en su organización, se habría tenido que adoptar y hasta priorizar estrategias económicas y sociales para contener el desarrollo de la violencia, tal como se había expresado ya en el acuerdo multipartidario al que se había llegado sobre una "estrategia integral de pacificación", justamente antes del autogolpe. En ese sentido, y sólo en ese sentido, la captura de Guzmán frustró que el Perú saliera de una experiencia de violencia generalizada de una manera más política y social, lo cual hubiera sido mucho más pedagógico y hasta construc­tivo.

Un último elemento a tomar en cuenta sobre qué permitió que un movimiento como Sendero Luminoso creciera tanto: lo ineficaz y hasta contraproducente que puede ser una estrategia inadecuada o equivocada. Si hay algo que ha quedado demostrado en el país durante el proceso de subversión-contrasubversión, es que una estrategia basada en una represión indiscriminada, violatoria de los derechos humanos, sólo sirve para neutralizar, polarizar y hasta echarse en contra a la población, lo cual termina ayudando a crecer al fenómeno que se busca enfrentar. Ejemplo. En la investigación citada sobre rondas se prueba cómo el fenómeno de rondas contra Sendero Luminoso comenzó en realidad en los primeros años de los '80, pero que en lugar de generalizarse se desactivó, debido a que coincide con el ingreso de la Marina, institución que pasa a competir con Sendero Luminoso en barbarie contra la población local.

En este ámbito cabe también preguntarse si se considerará como una experiencia de signo positivo, a repetir frente a la delincuencia común, el esquema de detención y juzgamiento adoptado para los casos de terrorismo, a partir del autogolpe del 5 de abril, va­lo­rando que sirvió para impedir que las liberaciones de culpables siguieran produciéndose, pero sin considerar que, paralelamente, creó un problema de legitimidad, por estar reñido con el ordenamiento nacional e internacional, y -so­bre todo- provocó la detención y condena de miles de inocentes. Habrá quienes saquen como lección que primero hay que "ajustar la tuerca", sin medir costos y consecuencias, y, después, cuando la situación mejore, a corregir errores. Lo co­­rrecto sería buscar, en esta ocasión, un modelo que permita ser severo con el culpable, pero dentro de estándares civilizados e impidiendo que nuevamente se afecte a inocentes.

Otra vez, todo depende del cristal con que se mire lo ocurrido en el país a partir de 1980. (E.J.B.)

 

Entrevista a James Gilligan

Vino a Lima como ponente en la conferencia "En el umbral del milenio". Matilde Caplansky le propuso a Ernesto de la Jara que organizáramos en el IDL una reunión con personas vinculadas al quehacer de las cárceles, la administración de justicia, la defensa de derechos humanos y la sicoterapia con las víctimas de la violencia. Así fue que iniciamos esta conversación con el profesor James Gilligan, siquiatra, director del Center for the Study of Violence Harvard Medical School y también del Servicio de Salud Mental del Sistema Carcelario de Massachusetts. Un hombre que ha trabajado más de 25 años con pacientes convictos de homicidio y otros graves crímenes.

 

Asomarse al misterio de la condición Humana

 

"Trabajar con criminales es estar en contacto con una tragedia realmente conmovedora porque uno se asoma al misterio de la condición humana. Desde el punto de vista intelectual, resulta un trabajo fascinante porque las prisiones son un laboratorio privilegiado para el análisis de las causas, tanto internas como sociales de la violencia".

Profundicemos un poco en las causas sociales de la violencia.

La violencia es causada por un sentimiento interior de vergüenza, de humillación, un sentimiento de inferioridad en relación a alguien que se considera superior. Lo que sostengo es que mientras más grande sea la brecha entre ricos y pobres será mayor el sentimiento de inferioridad, mayor el sentimiento de humillación con un resultado de mayor violencia.

Quiero aclarar que la violencia no es el resultado exclusivo de la pobreza -porque no la encontramos en la misma intensidad en grupos en los que unos y otros son igualmente pobres-. La violencia es resultado de la experiencia de la pobreza vivida en relación a la riqueza de otros, de una relación en la que se experimenta la inferioridad. Si establecemos la relación entre niveles de desigualdad económica e índices de criminalidad, los dos coinciden, estadísticamente hablando. Los criminales vienen de los sectores más pobres de la sociedad y reducir la disparidad entre ricos y pobres es una de las más importantes medidas para prevenir la violencia.

Dentro de las causas de la conducta violenta, ¿qué pesa más, el factor social, los impulsos biológicos o los factores internos, síquicos?

La violencia es compleja, está multideterminada y se expresa en una variedad de conductas: el homicidio, el suicidio, el terrorismo, el secuestro, la pena de muerte, etc. Las causas son múltiples, evidentemente, pero podemos dividirlas en tres, las biológicas, las sicológicas y las socioeconómicas; pero el peso mayor está en el factor sicológico y en el socioeconómico.

El único factor que tiene un origen biológico que se puede demostrar y documentar es el relacionado con las hormonas sexuales, con la testosterona. Se ha probado estadísticamente a nivel mundial que los varones cometen mayor cantidad de actos violentos que las mujeres y que son mayoritariamente los hombres jóvenes. Pero no quiero enfatizar este factor, ya que lo encuentro menos importante que las causas sicológicas o socioeconómicas.

Hablemos entonces de las causas sicológicas.

Lo que estimula la conducta violenta es una experiencia personal de rechazo, los celos, el insulto, las envidias, la ridiculización; todas ellas son parte de la misma familia de emociones. Una persona se vuelve violenta cuando se expone a experiencias límite de vergüenza y humillación; es entonces que el sí mismo se disocia. La herida narcisista es tan intensa que destruye la coherencia del sí mismo. Un paciente homicida me relató que nunca se había sentido tan respetado como cuando pudo poner el arma en la cara de su víctima. Mientras más profundamente dañada está la persona más violenta será.

Una causa muy frecuente de conducta violenta es la del hombre que se siente rechazado por una mujer; se trata evidentemente de un hombre que antes de sufrir el rechazo tiene serias dudas acerca de su propia masculinidad. Si éste es rechazado sexualmente, se vuelve aún más vulnerable, se siente más humillado e inferior. Es entonces que tratará por todos los medios de reafirmar su masculinidad en una forma típicamente masculina, mediante la violencia.

¿Los roles sexuales asignados culturalmente tienen algo que ver en esto?

Hay razones sicológicas y sociológicas que explican por qué el hombre es más violento que la mujer. Una de ellas es el rol sexual que cumple en una sociedad patriarcal donde la violencia está incluida dentro de la comprensión de masculinidad. En latín y en griego, el término usado para el hombre corresponde al término coraje, que significa el deseo de ser violento. "Andros" en griego significa hombre pero también coraje; en latín "Viir" (chequear), que significa hombre, expresa virtud, pero una virtud también referida al coraje. En condiciones patriarcales los hombres serán avergonzados si rehúsan ser violentos, serán tildados de cobardes, de afeminados. A la inversa, serán honrados y recuperarán su honor siendo violentos, en la guerra un hombre recibirá muchas medallas, matando gente. En el lado opuesto, la mujer no será femenina si es violenta.

¿Qué papel juega la discriminación racial?

En los Estados Unidos la población penal está compuesta en una gran proporción por afroamericanos o latinos.

Las personas identificadas como parte de los llamados grupos minoritarios en los Estados Unidos son tratadas con desdén. No sucede esto con la población educada; estamos hablando, por ejemplo de los latinos, los que cruzan la frontera desde México, gente muy pobre, con bajo o ningún nivel educativo, desempleados; ellos obtendrán trabajos muy insignificantes, socialmente hablando; se sienten entonces disminuidos y serán tratados como tales, como inferiores y esto genera un gran problema de autoestima.

Otro factor que incrementa estadísticamente la violencia es el tema del desempleo. Le relato un caso que he tratado: él es un afroamericano casado con una mujer de la misma comunidad racial. La mujer tiene un buen trabajo como maestra, buen ingreso, seguridad social, crían adecuadamente a sus hijos, todo aparece muy normal. Sorpresivamente él pierde el empleo, es echado de un día para otro. Se avergüenza a tal punto que es incapaz de decírselo a su esposa -porque en una cultura patriarcal el hombre debe ser el proveedor-. Y se levanta todas las mañanas para ir al trabajo como si realmente lo tuviera y regresa al final de la jornada durante dos meses hasta que ella se da cuenta que no está ingresando dinero y es en ese momento que ella le dice: ‘¿qué clase de hombre eres, qué clase de hombre haría esto?’ y el hombre se destruye totalmente, saca un arma, mata a su mujer y sus dos niños y llega a la prisión y al Instituto para Salud Mental y ahí lo en­cuentro.

¿Cuál es su opinión sobre la pena de muerte?

Yo creo que si quisiéramos incrementar la tasa de homicidios, la pena de muerte sería el camino más efectivo. Aquellas personas que cometen homicidios están tan desesperados que no les importa su propia muerte y, de hecho en muchos casos, quieren morir. El suicidio entre aquellos que cometen asesinatos es cien veces más alto en los Estados Unidos, que los que suceden en la población en general. Cuando la pena de muerte fue reinstaurada en los Estados Unidos en 1972, luego de varios años en que no se aplicó, fue por un asesinato cometido en el Estado de Utah. Se trataba de una persona que quería morir y así se lo planteó a su propio abogado. La pena de muerte no disuade a nadie. Cuando alguien comete un asesinato no está pensando en términos de costo-beneficio.

De otro lado, creo que el Estado es una suerte de maestro moral, de ejemplo para el ciudadano y la gente aprende de su conducta. No creemos en las palabras sino en los actos, en la conducta, por eso usamos en todas partes el proverbio "una acción habla más que mil palabras". Si el Estado brinda como lección a la gente que es moralmente, legalmente legítimo matar a alguien como forma de expresar desaprobación por su conducta, el público saca las consecuencias.

Está comprobado que los Estados que no aplican la pena de muerte tienden a tener tasas de homicidio menores que aquellos en los que se aplica. Dentro de los cincuenta Estados que integran la nación, aquellos en los que se aplica la pena de muerte tienen el doble de homicidios. Estados Unidos es el único país en el que se aplica la pena de muerte en el concierto de las democracias occidentales del mundo desarrollado; su tasa de homicidios es diez veces mayor que en cualquiera de ellas.

Y una última cuestión que tiene que ver con el castigo en sí mismo, mientras más severamente sea castigada una persona más violenta será. Lo que yo recomiendo a los legisladores y jueces en Estados Unidos es que hagan la distinción entre restricción y castigo. Si una persona es realmente peligrosa para los demás, comete homicidio o violación, tendremos que aislarla para proteger la seguridad pública. Pero castigar es infligir dolor y sufrimiento a una persona que no puede escapar de él, eso es la pena de muerte, también la tortura. En mi país no andamos muy bien que digamos, se reinstaura la cadena perpetua, se tiende a avergonzar a los prisioneros varones haciéndolos usar ropa interior de color rosa, color asociado simbólicamente a la mujer. Si uno quiere estimular la violencia, no puedo imaginar una mejor manera de hacerlo. El crimen es violencia ilegal, el castigo es violencia legal, es así de simple.

¿Sus puntos de vista son compartidos por personas en el sistema penitenciario, en el Legislativo, en el sistema de justicia o se trata de una postura solitaria?

Son compartidos por muchos intelectuales y académicos pero lamentablemente no mucho por los políticos, los votantes y los medios de comunicación. No es una postura muy popular la que sostengo. Se trata de nadar contra la corriente. Pero creo firmemente que si seguimos luchando por lo que creemos que es correcto, con cifras y argumentos sólidos iremos ganando terreno. (Susana Villarán)

 

Encontrar un puente con la humanidad

A partir de su experiencia usted sostiene que un criminal puede ser recuperado humanamente, rehabilitado realmente. Legisladores, políticos, autoridades relacionadas con el sistema penal y penitenciario y gran parte de la opinión pública creen y promueven la idea de que existen personas irrecuperables; esta es una de las razones que esgrimen los que plantean las "bondades" de la pena de muerte.

He trabajado directamente en el sistema penitenciario por más de 25 años y no creo, luego de esa larga experiencia, que hay que rendirse con nadie. Al inicio creía que en algunos casos no había esperanza, hoy pienso que eso no es cierto aunque no soy excesivamente optimista. Creo que se puede trabajar con quien sea.

Le voy a dar un ejemplo extremo que he tratado en el Instituto. Se trata de un hombre que yo pensé que era incurable y frente al que no cabía ninguna esperanza. Es un adulto afroamericano que trabajaba como proxeneta en la ciudad. El había asesinado a varias personas, fue detenido por eso y llevado a prisión en espera del juicio, ahí asesinó a su compañero de celda. Las autoridades penitenciarias lo llevaron a una prisión de máxima seguridad en la que seguía esperando juicio y en esas condiciones mató a otro prisionero. Fue entonces que lo llevaron al hospital mental. No sabía qué hacer ya que no quería hablar con nadie, estaba totalmente paranoico y todos en el hospital estaban atemorizados, se alejaban de él -lo cual era apropiado ya que él se sentía también aterrorizado con la presencia de los demás-. Es así que mantuvimos distancia. Conversé con un colega de la dificultad de este caso, de la imposibilidad de tratarlo por la peligrosidad y el temor que inspiraba en los demás y la situación de amenaza que significaba para el paciente cualquier relación de intimidad. ¿Cómo tratar sicoterapéuticamente a una persona con la que no se puede siquiera hablar? Pensé realmente, ahí tengo un caso incurable. Fue entonces que este hombre descubrió a otro prisionero en el hospital, un joven de 18 años que padecía un retardo mental severo, un joven que ni siquiera podía amarrar los cordones de sus zapatos. Y este asesino múltiple decidió proteger a este joven en el comedor, asegurándose que ningún prisionero tomara ventaja de él o lo dañara. En el momento que vi eso dije: qué maravilla, déjenlo solo, ahí está su curación. Encontró "su" camino para restaurar su humanidad. Fue luego de eso que pude sentarme a conversar con él. Antes que nada, él tenía que encontrar su puente con la humanidad y lo halló encontrando a alguien que estaba en peores condiciones que la suya, más dañado de lo que él mismo estaba. Esto fue hace veinte años. Hoy, cuando regreso al hospital me saluda, me sonríe, me dice "Hola doctor Gilligan, cómo está, qué tal le va con su libro". Tiene un trabajo, es respetado dentro de esa comunidad, tiene un lugar. No creo que esté totalmente curado, tampoco recomendaría que regrese a la comunidad porque él sería la primera persona que se atemorizaría. El está a salvo donde está.