¿EL PRIMERO O EL ÚLTIMO?

Wilfredo Ardito*

La muerte de monseñor Gerardi oscurece aún más el panorama de incierta postguerra que afronta Guatemala y plantea urgentes interrogantes.

El domingo 26 de abril, monseñor Juan Gerardi, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, fue brutalmente asesinado, dos días después de presentar un profundo informe sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante los 36 años de conflicto armado. Irónicamente, el documento se titulaba: "Guatemala, Nunca Más".

En realidad, la Iglesia Católica fue uno de los principales blancos en ese período. Durante los gobiernos de los generales Lucas García y Ríos Montt (1978-83), decenas de sacerdotes y cientos de catequistas fueron asesinados por las patrullas del Ejército para eliminar toda forma de liderazgo crítico entre los indígenas. El propio monseñor Gerardi, entonces obispo del Quiché, se salvó de un atentado, fue exiliado y su diócesis tuvo que ser cerrada por años. Paralelamente, el país vivió un explosivo crecimiento de las iglesias y sectas fundamentalistas. Incorporarse a una de ellas era una forma de salvar la vida, especialmente cuando Ríos Montt, líder de la Iglesia del Verbo, alternaba el macabro plan de "tierra arrasada" con sus discursos religiosos transmitidos todos los domingos por la televisión.

A pesar de ello, o precisamente por ello, la Iglesia nunca aceptó guardar silencio. Clamor por la Tierra (1988) y Urge la Verdadera Paz (1995) son dos valientes documentos de la Conferencia Episcopal, en los que se denuncia también la violencia estructural expresada en la concentración de la tierra en manos de poderosos hacendados. Además, en 1994, con la guerrilla prácticamente neutralizada por el Ejército, la Iglesia dio inicio al Proyecto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica) para investigar la verdad sobre lo acaecido. REMHI estaba coordinado por monseñor Gerardi, que había tenido un rol fundamental en las negociaciones de paz entre el gobierno y la URNG.

"Sólo conociendo la verdad, podremos perdonarnos", decía Rosario, hermana dominica y una de los centenares de animadores para la reconciliación que recopilaron testimonios en los lugares más lejanos del país. El principal desafío que afrontaron fue el silencio que cubría las masacres y asesinatos. Según la versión difundida por círculos militares y empresariales, las masacres nunca habían sucedido y eran sólo propaganda de la guerrilla. Ríos Montt no sólo nunca fue juzgado por sus crímenes, sino que su partido político estuvo a punto de arrebatarle la presidencia a Arzú en las últimas elecciones (cabe señalar que en Guatemala vota menos del 20% de los adultos).

Por eso para los animadores era al principio muy difícil obtener testimonios. Muchas personas habían callado por años la muerte de sus familiares y no se atrevían ni siquiera a visitar los lugares donde estaban sepultados. En muchos casos, los asesinos viven en el mismo pueblo que los sobrevivientes y los siguen amenazando. Pero también algunos estallaban en llanto ante los animadores: "¡Yo no quería hacer esas cosas terribles, pero si no me iban a matar a mí!".

Finalmente, el 24 de abril, monseñor Gerardi hizo entrega a la opinión pública de las 1,400 páginas del informe final de REMHI. "Queremos contribuir a la construcción de un país distinto", declaró.

El documento se ocupa especialmente del contexto histórico de la violencia, enfatizando que ésta no surgió por el levantamiento de la guerrilla, en 1960, como suele decir el Ejército, sino por el golpe militar que en 1954 derrocó al presidente Arbenz, anuló la Reforma Agraria, iniciando décadas de terror y persecuciones. Igualmente, dedica una sección fundamental a las consecuencias personales y comunitarias de la violencia. Precisamente, REMHI lleva a cabo un programa de salud mental, para ayudar a los miles de sobrevivientes a emprender una nueva vida. Muchos han incorporado sentimientos de culpa y atribuido las masacres a la comisión de un supuesto maak (infracción o falta en idioma q’eqchi’).

El informe de REMHI especifica que el 9.3% de los casos registrados ha sido cometido por la guerrilla y el 79.5% por el Ejército y los paramilitares. La Iglesia calcula en 150 mil los muertos y en 50 mil los desaparecidos, la mayor parte entre 1980 y 1983. Son datos y responsabilidades no muy novedosos fuera de Guatemala, pero contradecían tan claramente la "historia oficial", que le costaron la vida a monseñor Gerardi.

Muchos agentes pastorales atribuyen el crimen al sector más duro del Ejército, vinculado a Ríos Montt, que no suele retroceder ante nada. Cuando el predecesor de Arzú, Ramiro de León Carpio, intentó afirmar el poder civil, su primo Jorge Carpio, director del periódico El Gráfico, fue asesinado, e igual suerte corrió, poco después, el doctor Epaminondas Gonzales, presidente de la Corte de Constitucionalidad, quien se disponía a fallar una contienda de competencia entre los fueros civil y militar por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, también por miembros del Ejército.

En cuanto a Arzú, al poco tiempo de asumir el mando, cabalgaba con unos amigos por un camino rural, cuando se toparon con una camioneta que repartía leche. Al parecer en un momento de nerviosismo, la escolta presidencial acribilló al conductor. La versión de Arzú, desmentida luego por todos los medios de prensa, fue que se había producido un atentado contra su vida. Paradójicamente, el muerto había votado por él, tres semana antes.

Todos estos crímenes se suman a una lista interminable de homicidios impunes, incluyendo decenas de cadáveres aparecidos recientemente en la capital con el tiro de gracia, en una supuesta "limpieza social". Secuestros y asaltos violentos han incrementado la inseguridad de la población y ante la incapacidad de las autoridades, ha surgido una reacción atroz: más de sesenta personas fueron quemadas el año pasado por turbas enfurecidas, algunas de ellas simplemente por robar un pañal. "Estos linchamientos no son espontáneos, sino que se realizan para desestabilizar al país y así el Ejército aparezca como necesario", indica otra animadora de REMHI, cuyo nombre preferimos omitir.

Es por ello que la firma de la paz entre el gobierno y la URNG a fines de 1996 fue recibida por los guatemaltecos con indiferencia y escepticismo: el conflicto armado se había vuelto una realidad lejana ante la violencia cotidiana. Recientemente, los pronunciamientos de la Iglesia habían originado nuevas acusaciones y amenazas contra sacerdotes y obispos, de parte de los terratenientes.

Por eso, monseñor Gerardi añadió al presentar el informe de REMHI en la Catedral de Guatemala: "Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del Reino de Dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos." Tres días después, una multitud se reunía en el mismo templo para darle el último adiós a alguien que había aceptado asumir esos riesgos.

Este incierto panorama demuestra que ni una democracia puramente formal, ni la desaparición de los movimientos guerrilleros, ni la presencia de funcionarios internacionales en todo el país (más de 600 entre la ONU, ACNUR, la Unión Europea, la OEA, etc.) son suficientes para llevar paz a un pueblo atormentado por la pobreza, la explotación, la exclusión y la impunidad. También en El Salvador la Iglesia ha denunciado que la postguerra ha resultado más cruenta que la guerra, con más de 20 asesinatos diarios, el récord a nivel mundial.

Desde Ideele enviamos nuestra solidaridad al pueblo guatemalteco y a todos los que, como monseñor Gerardi, arriesgan su vida para construir la paz en condiciones tan difíciles.

* Abogado, Idl.