Si hay un tema que no ha pasado de moda, a diferencia de lo que se dice de otros, es el del gusto de los militares por la política. El periodista Fernando Rospigliosi analiza esta vieja vocación, complementando sus opiniones con

elocuentes entrevistas a dos militares que ocuparon cargos decisivos en nuestras Fuerzas Armadas: los generales Jaime Salinas y Rodolfo Robles.

 

Los Militares y el Poder

Fernando Rospigliosi

 

Luego de las transiciones a la democracia en América Latina en la década de 1980, en círculos políticos y académicos se creyó que las intervenciones militares en política eran cosa del pasado. El golpe del 5 de abril de 1992 nos devolvió a la realidad en el Perú. Aún así, tanto en nuestro país como en el resto de Latinoamérica, se ha seguido pensando que la cuestión de la recurrente injerencia castrense en la política ya no es un problema real.

Sin embargo, últimos acontecimientos ocurridos en varios países del continente muestran que las cosas no son tan sencillas como se creía. La controversia desatada por el general Augusto Pinochet en Chile, los intentos del general Lino Oviedo en Paraguay, el papel de arbitraje de las FF.AA. ecuatorianas en la política de su país, el rol del coronel Hugo Chávez en Venezuela y la situación del ejército colombiano en medio de una creciente inestabilidad política, indican que la intervención de los militares en política está lejos de haber terminado.

Para no hablar, claro está, del caso peruano, que representa la más importante manifestación de la intervención de las FF.AA. en la política en toda Latinoamérica. El incidente protagonizado por el general Nicolás Hermoza y el presidente Alberto Fujimori en diciembre pasado, es un ejemplo de los niveles a los que llega la participación castrense en el poder.

¿Por qué se alejaron los militares del poder?

La primera pregunta que debería formularse para analizar si la retirada de los militares del poder se debió a cambios profundos en la mentalidad militar y en la sociedad, o más bien a elementos externos y coyunturales es ¿por qué dejaron los militares el gobierno?

En el caso peruano, es más o menos claro. El fracaso de los cambios “revolucionarios” de la década de 1970, la crisis económica, el rechazo de la sociedad, la politización y faccionalismo que afectaba la institucionalidad de las FF.AA. y las intensas presiones norteamericanas fueron los motivos que forzaron a una transición en 1980.

En el resto de América Latina han habido diversos factores que empujaron a los militares a dejar el gobierno. Pero hay por lo menos dos que se repiten en todas partes. El primero, el cambio de comportamiento de los EE.UU., que desde fines de los años ´70 empezaron a propiciar el retorno a la democracia y a oponerse decididamente a las intervenciones militares. Luego, todo el contexto internacional ha reforzado esa tendencia. El segundo, los nuevos desafíos económicos en un mundo globalizado, que han hecho temer a los militares las crisis derivadas de un mal manejo de la economía, crisis que siempre terminan hundiéndolos en la impopularidad y propiciando su fracaso.

En la década de 1990 se han producido en Sudamérica varias situaciones que en años anteriores hubieran desembocado en golpes de Estado, sin que nadie se sorprendiera. En 1997 Ecuador vivió un estado caótico en medio de una rebelión popular contra el recientemente electo Abdalá Bucaram. Sin embargo, los militares no se hicieron del gobierno y dejaron que los civiles encontraran una salida que, aunque de muy dudosa constitucionalidad, permitió mantener un gobierno civil. Antes, en Venezuela y Brasil, los presidentes Carlos Andrés Pérez y Fernando Collor fueron echados también por medios de discutible legalidad pero que permitieron mantener el régimen democrático. El punto es que no fue la extraordinaria fortaleza de las instituciones democráticas ni la robusta conciencia cívica de la población la que sostuvo la democracia en estos casos, sino el desistimiento de los militares de ocupar el gobierno por las razones antes mencionadas y por consideraciones específicas de los militares en cada uno de esos países.

Pero ¿qué garantiza que esas condiciones se mantendrán indefinidamente? En este siglo el mundo ha sufrido cambios más o menos bruscos, como el ocurrido a fines de los '80 y principios de los '90, o a fines de los '20 y principios de los '30. Nada nos asegura que al cabo de algunos años no se vaya a suscitar alguna conmoción a escala planetaria que modifique las condiciones que hoy limitan las posibilidades de intervenciones militares, que seguirán pendiendo como una espada de Damocles sobre nuestras débiles democracias en tanto no se ha producido un cambio profundo en ciertas constantes que son las que explican, en gran medida, las permanentes intervenciones castrenses en la política latinoamericana.

La mentalidad militar
(y la civil)

Los militares tienen la firme convicción que ellos deben hacerse del poder cuando creen que el país vive en una situación de inestabilidad que amenaza su seguridad. Por cierto, la definición de amenaza a la seguridad puede ser amplísima. Ellos piensan que son la última barrera contra la posibilidad de caos y que tienen los medios para poner orden y guiar al país nuevamente por la senda del bienestar.

Ese es un núcleo duro del pensamiento castrense, que está fundado en antiguas tradiciones intervencionistas militares.

Pero también hay otras ideas ampliamente difundidas en las FF.AA. La democracia es vista como una permanente fuente de desorden, faccionalismo y rivalidades. Los enfrentamientos entre partidos, grupos e individuos, normales en cualquier régimen democrático en todas partes del mundo, son considerados negativos en función de un sistema ideal, imaginado por los militares, en el que todos los peruanos deberíamos estar de acuerdo en objetivos comunes para el engrandecimiento del país.

Los políticos son despreciados como personajes ambiciosos, incapaces y corrompidos.

Adicionalmente, está la autopercepción de los propios militares. Ellos se consideran ordenados, enérgicos, conocedores del país, austeros y más nacionalistas y patriotas que  cualquier civil. Por tanto, creen que tienen capacidad para gobernar con mucho mayor eficacia que los civiles y teniendo como objetivo los auténticos intereses nacionales que ellos encarnan, libre de partidismos e intereses mezquinos.

Claro que no todos los militares piensan así y que muchas veces estas ideas están entremezcladas con otras, pero ese es el meollo del pensamiento militar en este campo, como revelan los generales Jaime Salinas Sedó y Rodolfo Robles Espinoza en las entrevistas que se publican a continuación.

Pero no sólo los militares piensan eso de los civiles y de sí mismos. Muchos civiles creen -palabras más, palabras menos- lo mismo. La prueba del arraigo de esas ideas, es la facilidad con que afloran a la superficie de la conciencia social cuando la situación del país se torna crítica.

Comenzar a cambiar

Si lo anterior es cierto, se entiende que se necesitan cambios profundos para erradicar realmente la posibilidad de golpes militares y acabar con el péndulo dictadura-democracia. Además del fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas y de la conciencia cívica de la sociedad -que no son tema de este artículo- y del establecimiento de efectivos controles civiles, se precisa de un cambio radical de la mentalidad militar.

Se requiere discutir, para empezar, las ideas equivocadas que tienen los militares sobre la democracia y su perspectiva de “sociedad ideal” sin conflictos. Así como las ideas erróneas que tienen sobre sí mismos.

Esto significa que en los programas de estudio de las FF.AA. se incluyan estos temas explícitamente y que su tratamiento esté a cargo de expertos civiles. Esto implica modificaciones en la currícula de las academias militares y la inclusión de profesores civiles realmente conocedores del tema, y no de civiles que adoptan el pensamiento militar, que son los generalmente aceptados como profesores o conferencistas en los institutos castrenses, con contadas excepciones.

Pero también un fluido intercambio entre oficiales y civiles desde el comienzo mismo de la carrera, como sugieren los generales Robles  y Salinas.

Hacer esto requiere una comprensión del problema y voluntad política para efectuar los cambios, transformaciones que sin duda encontrarán fuertes resistencias. Sobre todo si se tiene en cuenta que son procesos de largo plazo, que duran décadas y requieren firmeza y continuidad para consolidarse.

 

¿Por qué se producen los golpes?

El general de división (r) Jaime Salinas Sedó intentó un alzamiento contra el gobierno de facto de Alberto Fujimori el 13 de noviembre de 1992 con la finalidad declarada de retornar a la democracia, a consecuencia de lo cual fue encarcelado junto con otros oficiales hasta junio de 1995. Actualmente preside el Instituto Latinoamericano de Estudios Civiles Militares (Ilacim).

 

¿A qué se deben las continuas intervenciones militares en política?

Hay dos etapas, el militarismo caudillista, que viene desde la independencia y dura hasta Odría, y el institucionalista que empieza con Pérez Godoy y luego con Velasco. En el golpe del 5 de abril de 1992 ha habido también una actitud institucionalista manejada por Hermoza y unos cuantos generales, pero no a título personal, sino comprometiendo a toda la institución.

En nuestra institución se piensa que las FF.AA. tienen mayores condiciones para imponer orden, por ser más disciplinadas son más aptas para cumplir con las leyes y los reglamentos. Al imponer una administración que funciona en los cuarteles, pensamos que la sociedad se puede manejar igual. Y cuando vemos que las crisis políticas hacen que las reformas que necesita el país se van postergando por intereses partidarios, los militares pensamos que se puede solucionar el problema por la vía no democrática.

Cuando el general Morales Bermúdez realiza el relevo del general Velasco, comienza a institucionalizar la necesidad de un regreso a la democracia, y se empieza a entender que por muy buenas intenciones que tengan los gobernantes militares, nunca los resultados históricos han sido favorables a los militares. Eso se vio interrumpido el 5 de abril de 1992 porque la situación había cambiado.

El pensamiento que los militares no deberían intervenir duró muy poco, porque dejaron el poder en 1980 y cinco años después ya estaban manifestando su descontento con la democracia y a fines de los ’80 ya se preparaba otro golpe.

Sí existía la inquietud. El militar tiene una rebeldía a aceptar que porque la Constitución le dice que es no deliberante significa que no debe pensar, que sus opiniones no cuentan. Existe en los militares un rechazo a ese concepto peyorativo de no deliberancia. Eso ocasiona que el militar siga analizando la situación política del país. En nuestras escuelas se estudia la realidad nacional y se ve que los políticos no saben solucionar los problemas del país. En las postrimerías del gobierno de Alan García se produjo un caos y el militar se considera poco menos que iluminado y por encima de la sociedad civil para solucionar este problema de crisis política.

Yo he sido testigo -si bien no he participado directamente en la formulación de esos planes que se estaban elaborando en el año 1988, 1989- que el 90% del contenido intelectual de esos planes ha sido preparado por civiles.

¿Cuáles son los valores que se imparten en las escuelas militares que hacen que se crean capaces de gobernar mejor que los civiles?

Antiguamente se pensaba que el grado máximo de todo egresado de la Escuela Militar era la Presidencia de la República. Nunca existió una formación política y en el transcurso de la carrera esos oficiales pueden tener una deformación política.

No hay una formación en la currícula, pero extraoficialmente se va dando una formación antidemocrática.

Sí, pero no existe un estudio que diga que el militar debe conocer de política pero no partidarizarse. El militar no considera que su superioridad sobre el civil está en la capacidad de gobernar, sino que es más disciplinado, que sabe cómo imponer la autoridad. Nos consideramos más honestos y menos proclives a caer en el delito.

¿Cómo ven a los políticos?

Como ambiciosos desde el punto de vista personal, que anteponen sus intereses personales o de partido a las necesidades nacionales. El militar piensa que como nuestra institución no es política, no tiene que hacer política partidaria. Tiene un concepto más arraigado del nacionalismo, del patriotismo, de lo que son los valores superiores del Estado. Entonces el militar considera que en ese sentido, está por encima de los civiles. Cuando se presentan las crisis políticas, creemos los militares -equivocadamente- que tenemos mejores condiciones que los civiles.

Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido al Ejército, pero he aprendido a conocer cuáles son las responsabilidades del ciudadano en la sociedad civil, y esas responsabilidades son superiores a las del militar. Es más difícil ser un buen ciudadano peruano que ser un buen militar. Mi ambición hoy es llegar a ser un buen ciudadano.

Nuevas perspectivas

Usted ha dicho que en la vida civil ha adquirido nuevas perspectivas. Muchos militares en retiro dicen lo mismo. ¿Por qué no efectuar intercambios regulares entre civiles y militares en el activo? De esta manera los civiles conocerían qué piensan los militares y los militares también ampliarían su horizonte.

Yo fui preso por defender los valores democráticos y he salido con una visión diferente de la prisión. Luego he viajado por otros países y he visto que el problema no es sólo peruano. Por eso hemos creado este instituto, el Ilacim, y queremos diseñar una currícula de estudios en la cual se incluyan los valores de comportamiento democrático que deben ser impartidos desde las escuelas militares. El problema en el fondo es de educación. Cuando el militar asume una actitud de superioridad respecto a los civiles y nadie le hace ver que está equivocado, va a creer que es cierto. Lo que hay que hacerle ver a ese militar es que esa percepción que tiene está equivocada, que para que un sistema democrático funcione realmente hay diferentes niveles de cómo debe jugar la política y el militar tiene un rol, pero no puede atropellar el rol de los demás. El papel del militar es dar la seguridad para que el resto de piezas funcione, no es suplantar las piezas.

La única forma en que puede haber estabilidad política es cuando haya una mayor comprensión de los valores democráticos en los civiles y en los militares. Para que los civiles entiendan mejor a los militares y no les vayan a tocar la puerta cuando tengan problemas políticos, que sepan que tienen que resolverlos a través de la intermediación política partidaria.

En los años 1988 y 1989 a mí me llegó un documento, elaborado por civiles, en que decían que la solución era que el inquilino de Palacio debería salir con los pies por delante. Así querían sacar a Alan García los civiles. Yo creo que las relaciones entre civiles y militares son un problema de la sociedad en su conjunto. Porque si la sociedad civil nos dice que los militares tienen que estar subordinados al poder constitucional, en ese nivel los responsables de diseñar qué tipo de FF.AA. necesita el país son los civiles. Y, por consiguiente, son los civiles los que deben preocuparse por cuál es el contenido de la educación que reciben esos militares. Pero cuando no hay civiles que se preocupan por la currícula de los militares, los militares hacen su propia currícula. Y en el camino pueden surgir desviaciones o manipulaciones interesadas, que es lo que está sucediendo ahora, una manipulación política con respecto a las FF.AA.

Hay varios mecanismos para ejercer el control civil. Uno de ellos es que el Parlamento apruebe los ascensos de los oficiales generales, que fue eliminado por este gobierno. ¿Usted cree que eso debería restituirse?

En principio las FF.AA. no deben estar subordinadas al Poder Ejecutivo sino a los poderes del Estado. Cuando no existe la fiscalización de un ente plural que representa al pueblo, como el Parlamento, los ascensos se politizan aún más de lo que pudo haber existido anteriormente. Uno cuando asciende a general de la Nación, es un ascenso hasta cierto punto político, lo que no tiene que haber es política partidaria. Cuando el ascenso se lleva solamente al nivel del Ejecutivo, es la política partidaria la que va a decidir el ascenso. Entonces el oficial va a querer quedar bien con el gobernante de turno, no con la Nación.

Fujimori asciende solamente a aquellos que tienen una identificación con su ambición de poder. Por eso Fujimori ha eliminado de las FF.AA. a todos aquellos que por sus propios méritos habían llegado a altos niveles de las FF.AA., a esa gente Fujimori la ha sacado de la institución. Porque cuando uno ha llegado por sus propios méritos, tiene mayor independencia de criterio y es más difícil ser manipulado por intereses partidarios y políticos. Eso ha causado un daño terrible a la institución, porque se han roto los valores.

Otro punto importante es la discusión presupuestal. Hay un manejo autónomo del presupuesto por parte de las FF.AA., sin ningún control. ¿Esto debería cambiarse para propiciar un control civil?

Los civiles al no tener conocimiento, no tienen autoridad para ejercer realmente la subordinación de las FF.AA. Si el poder civil se pudiera ejercer con autoridad de conocimiento, la Contraloría no tendría por qué tener temor a fiscalizar la ejecución del presupuesto de las reparticiones militares. Nunca la Contraloría ha puesto un pie en las FF.AA. Nunca, porque no conocen cómo se manejan las FF.AA. y porque le tienen miedo. Entonces si la sociedad civil quiere que las FF.AA. se subordinen al poder civil, que sepa ejercer esa autoridad. Se dan casos en las FF.AA. en que los presupuestos que se manejan son mucho más elevados. Y se da el caso que con el pretexto de la seguridad nacional se manejan en secreto.

¿Es un pretexto?

Realmente es un pretexto, porque muchas veces se ha visto que en adquisiciones que se han hecho en diferentes institutos se encubren una serie de irregularidades o ventajas o prerrogativas que quieren obtener las FF.AA. Aquí hasta el día de hoy no sabemos cuánto ha costado un avión Mig-29, ni cuánto ha costado un helicóptero. Hay mil denuncias, al parecer debidamente sustentadas, pero nunca se ha investigado. Está bien que las FF.AA. compren los mejores equipos, pero lo que está mal es que se compre a precios especulativos y que se beneficien unos cuantos con las comisiones que se reparten. Eso es lo que hay que castigar. No hay que confundir la necesidad de adquirir equipos necesarios para la defensa, con los malos manejos que se hacen comprándolos a precios tres o cuatro veces mayores que los precios normales del mercado. Está bien que se compren aviones, pero que se compren a precios justos y que nadie robe.

 

Violación de los derechos humanos

¿Cómo ven a los políticos respecto a los asuntos propiamente militares? ¿Cómo vieron a los gobiernos civiles en la década del '80 respecto a asuntos de la defensa nacional, el manejo de la subversión y los ascensos?

El rechazo al militarismo hace que pocas personas en la sociedad civil se interesen por el tema militar. Los que llegan a gobernar, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo, no saben manejar una política de defensa y no saben lo que es un presupuesto militar. Eso genera en las FF.AA. una sensación de descontento, de rechazo. En la guerra contra la subversión, las FF.AA. exigían cambios en los procedimientos judiciales, por ejemplo. Pero como los cambios significaban algún malestar político, no los hicieron. Eso sí lo hizo Fujimori, por otras razones, accediendo por intereses personales a los requerimientos de las FF.AA.

¿Las FF.AA. se sintieron abandonadas?

Sí, se sintieron abandonadas. Se capturaba a un delincuente subversivo, se le entregaba a la Policía, pasaba al juez y al mes ese terrorista estaba suelto, más avezado y con mayor rencor. Ese terrorista hacía emboscadas y mataba a los oficiales que lo habían capturado. Se generó una desconfianza al interior de la institución sobre el funcionamiento del Estado.

Uno de los puntos de fricción con la sociedad fue la violación de los derechos humanos.

Cuando entramos a combatir la subversión, ya se habían dado los casos de Argentina, Uruguay, Centroamérica. Desde el punto de vista militar se importaron estos modelos, no en forma oficial. Se veía que los argentinos, a pesar de los problemas de juicios y de las Madres de Mayo, militarmente habían acabado con la subversión. Igual en Chile. Desde el punto de vista militar se pensó, equivocadamente, que el fin podía justificar los medios. Si el fin era la pacificación del Perú y los medios la violación de los derechos humanos, hay que darle prioridad al fin. Eso fue un error, pues si bien puede ser una solución al problema militar, la herida que se causa a la sociedad en su conjunto y que hasta hoy no se cierra, es la que más daño le hace al desarrollo futuro del Perú y de las relaciones entre civiles y militares. El militar cayó en un error, no es que tuviera una vocación de asesinato y de tortura, y nadie le hizo ver que estaba equivocado. Muchas veces la sociedad aplaudía cuando esos excesos le devolvían la tranquilidad.

 

¿Cómo piensan los militares?

El general de división (r) Rodolfo Robles Espinoza denunció públicamente en mayo de 1993 los crímenes del Grupo Colina y la red de corrupción en el Ejército. Fue enjuiciado y tuvo que exiliarse. Regresó al Perú en junio de 1995 y ha seguido revelando abusos y transgresiones cometidos por la cúpula de su institución.

 

¿Por qué cree que se producen golpes de Estado?

Por una tradición y una malformación profesional. Se ha aceptado en el país la mentalidad militarista. Siempre se busca al militar como solución a los problemas que se presentan en el campo político. Ya sea por triunfos militares, como en la Independencia, o en derrotas, como en la guerra con Chile, o cuando hay la sensación de caos y una crisis de gobernabilidad -que puede ser real o preparada-, surge esa mentalidad militarista en los cuarteles. Por deformación profesional y porque en el país siempre se está buscando un Mesías. Se cree que el uniformado ofrece mayor garantía de orden, organización y disciplina.

Los militares creemos que estamos para salvar a la patria de enemigos externos e internos, de los desórdenes, del caos. Pero también es indudable que la población, cuando se harta de un político o de un gobierno, inmediatamente está pensando que la solución debe salir de los cuarteles y se evocan figuras militares.

¿Cómo se procesa esto dentro de los cuarteles? ¿Se conversa sobre la posibilidad de un golpe, de la eventualidad de hacerse del poder político?

Indudablemente hay conversaciones informales que se dan, generalmente entre gente del mismo grado o que tiene interrelación personal. Algunos se manifiestan a favor, los que están imbuidos de esta mentalidad que el militar debe ser duro, agresivo, rápido. Pero también hay oficiales que son más reflexivos y más estudiosos de la historia, que hacen comparaciones con otros países y sacan a relucir que uno de los males del Perú es el péndulo entre gobiernos militares y democráticos, y que eso debería terminar.

¿Hay una valoración negativa de la democracia?

Tradicionalmente se ha considerado que democracia significa gobierno elegido por voto popular, pero que deviene siempre blandengue y rapaz, que no llega al gobierno para sacrificarse por el país sino obedeciendo a intereses personales o de grupos, que ven el gobierno como un botín. Se entiende que los gobiernos civiles siempre son sinónimo de demagogia, falta de energía, desorden, de enriquecimiento. Se tiene la impresión que el político dice una cosa pero piensa hacer otra. No se piensa que exista un líder civil que pueda conducir con energía y decisión, imponiendo el orden necesario en la sociedad para llegar a fines superiores.

¿Cómo se ven a sí mismos los militares? ¿Creen ellos que tienen las virtudes para gobernar?

Sí, en contraposición se piensa que el militar está acostumbrado a mandar, a hacerse obedecer, a imponer orden, a que las cosas estén en su sitio. Se supone que la austeridad que lo ha acompañado en su carrera profesional, se mantendría al llegar al gobierno. No sería el dinero ni la posibilidad de enriquecerse lo que lo anima, sino el deseo de engrandecimiento de la patria, la necesidad del progreso y desarrollo de la nación, como seguridad para evitar que los potenciales enemigos externos puedan recortar nuestro territorio.

Entre los militares existe frustración por la cantidad de territorio que se ha perdido desde la Independencia hasta la fecha, que no necesariamente se ha debido a la falta de preparación militar, sino que se percibe que ha habido un heroico accionar, y que esto ha ocurrido por la imprevisión de los políticos y la ignorancia del pueblo, que es también responsabilidad de los políticos. El militar se caracteriza por su disposición a pelear hasta el último cartucho, cosa que no necesariamente anima a los civiles.

El secreto como pretexto

¿Por qué los militares se aíslan y evitan el contacto con los civiles?

Creo que eso es un error histórico que es necesario corregir. El militar se aísla porque cree que los civiles conociendo secretos militares pueden cometer actos de infidencia, con fines utilitarios o por ignorancia, y eso puede acarrear desastres militares. La adquisición de armamento, por ejemplo, es un coto cerrado y sólo debe ser de conocimiento de los militares. Creo que llevar el secreto a esos extremos da lugar a muchos negocios oscuros, que en el fondo hacen un daño tremendo porque es dinero del Estado que está siendo utilizado con otros fines.

Eso perjudica a las propias FF.AA. cuando se adquiere material de mala calidad y con sobreprecio.

A eso me refiero, en esta época cuando ya se han revisado muchos conceptos y conocido muchas de las motivaciones de los actuales y anteriores miembros de las FF.AA., que no siempre han actuado limpiamente en la adquisición de armamento. Se utilizan estos argumentos para mantener en la impunidad actos deshonestos y encubrir delitos de enriquecimiento ilícito.

También hay un aislamiento en cualquier tipo de discusión, no sólo en lo que se refiere a armamento.

Indudablemente hay que romper ese aislamiento intelectual y el creer que la formación militar debe estar exclusivamente en manos de militares. Eso le hace daño a las FF.AA. y retrasa su desarrollo. Debería haber un mayor intercambio. Civiles especialistas en aspectos de defensa, educación, formación profesional, deberían tener participación en el desarrollo de los programas de instrucción humanísticos de los militares.

Esto no se hace porque no se realiza el esfuerzo adecuado en el gobierno para propiciar esta interrelación y que, por ejemplo, los oficiales puedan acudir a las universidades y los universitarios a las escuelas militares. Esto podría darse desde las escuelas de formación misma. Deberían tener la posibilidad de convalidar sus estudios para tener después una carrera alternativa o adicional. Actualmente esta reu­nión de civiles y militares sólo se da en el CAEN, pero esto se puede dar también a nivel de Escuela Superior de Guerra, y en escuelas de Armas, en los grados de capitán y teniente. Eso daría lugar a una mejor relación, y no esperar hasta el grado de coronel cuando se llega al CAEN, ya cada uno con una visión no muy positiva del otro lado.

 

Control civil

Este gobierno acabó con la aprobación del Senado a los ascensos de generales y almirantes. ¿Esto debería restablecerse?

Yo creo que sí debería restablecerse para evitar lo que ahora se está viendo, que el Jefe de Estado puede digitar los ascensos y puede ascender a gente que él, o el Comandante General o la cúpula gobernante -el triunvirato-, quieren favorecer, no importa que sus antecedentes negativos sean públicamente conocidos: vinculaciones con violaciones a los derechos humanos, relaciones no muy claras con el narcotráfico o cuestiones administrativas pendientes. Si los ascensos fueran sometidos al Senado, habría una mejor selección.

¿Se han politizado más los ascensos?

Yo creo que sí. Que yo sepa antes, cuando se aprobaban en el Congreso, los oficiales no estaban pidiendo nada a los congresistas, como se decía, que los oficiales desfilaban por el Parlamento. Yo nunca he observado eso.

¿Su ascenso fue aprobado por el Congreso?

Sí, en 1987 para general de brigada y para divisionario en 1991, y yo nunca conocí a un congresista ni nunca fui al Congreso. En el cuadro de mérito yo era el número uno y ascendí como número uno. Pero después de eso comenzó la poda de todos los oficiales. Ahora basta que tengan el aval y apoyo del triunvirato gobernante para que esté asegurado su ascenso. Así es que lo único que les interesa es cumplir fielmente y ser muy serviciales con el triunvirato.

¿Eso afecta el profesionalismo?

Liquida el profesionalismo y desmoraliza a los oficiales que siempre han creído en la meritocracia y que han basado su carrera y sus ascensos en su propio esfuerzo, en su rendimiento y en su entrega con absoluta lealtad a su institución, y no en lealtad a personajes que puedan ser émulos de Pinochet o Rasputín.

Nunca nadie puede revisar el presupuesto de las FF.AA. ¿Ud. cree que debería ser examinado por la Contraloría y el Congreso?

Yo creo que es un error que debe corregirse, porque las normas de control presupuestal deben ser aplicadas también al manejo de las FF.AA. Debe buscarse un control democrático, porque si no se da lugar a manejos inconvenientes que producen fortunas inexplicables, y eso no tiene la sanción correspondiente. Debe guardarse la confidencialidad con mecanismos que pueden implementarse. La necesidad del secreto no debe ser motivo para que no exista control.