Si
hay un tema que no ha pasado de moda, a diferencia de lo que se dice de otros,
es el del gusto de los militares por la política. El periodista Fernando
Rospigliosi analiza esta vieja vocación, complementando sus opiniones con
elocuentes entrevistas a dos militares que ocuparon
cargos decisivos en nuestras Fuerzas Armadas: los generales Jaime Salinas y
Rodolfo Robles.
Los Militares y el Poder
Fernando Rospigliosi
Luego de las
transiciones a la democracia en América Latina en la década de 1980, en
círculos políticos y académicos se creyó que las intervenciones militares en
política eran cosa del pasado. El golpe del 5 de abril de 1992 nos devolvió a
la realidad en el Perú. Aún así, tanto en nuestro país como en el resto de
Latinoamérica, se ha seguido pensando que la cuestión de la recurrente
injerencia castrense en la política ya no es un problema real.
Sin
embargo, últimos acontecimientos ocurridos en varios países del continente
muestran que las cosas no son tan sencillas como se creía. La controversia
desatada por el general Augusto Pinochet en Chile, los intentos del general
Lino Oviedo en Paraguay, el papel de arbitraje de las FF.AA. ecuatorianas en la
política de su país, el rol del coronel Hugo Chávez en Venezuela y la situación
del ejército colombiano en medio de una creciente inestabilidad política,
indican que la intervención de los militares en política está lejos de haber
terminado.
Para no
hablar, claro está, del caso peruano, que representa la más importante
manifestación de la intervención de las FF.AA. en la política en toda
Latinoamérica. El incidente protagonizado por el general Nicolás Hermoza y el
presidente Alberto Fujimori en diciembre pasado, es un ejemplo de los niveles a
los que llega la participación castrense en el poder.
¿Por qué se alejaron los militares del
poder?
La primera
pregunta que debería formularse para analizar si la retirada de los militares
del poder se debió a cambios profundos en la mentalidad militar y en la
sociedad, o más bien a elementos externos y coyunturales es ¿por qué dejaron
los militares el gobierno?
En el caso
peruano, es más o menos claro. El fracaso de los cambios “revolucionarios” de
la década de 1970, la crisis económica, el rechazo de la sociedad, la
politización y faccionalismo que afectaba la institucionalidad de las FF.AA. y
las intensas presiones norteamericanas fueron los motivos que forzaron a una
transición en 1980.
En el resto
de América Latina han habido diversos factores que empujaron a los militares a
dejar el gobierno. Pero hay por lo menos dos que se repiten en todas partes. El
primero, el cambio de comportamiento de los EE.UU., que desde fines de los años
´70 empezaron a propiciar el retorno a la democracia y a oponerse decididamente
a las intervenciones militares. Luego, todo el contexto internacional ha
reforzado esa tendencia. El segundo, los nuevos desafíos económicos en un mundo
globalizado, que han hecho temer a los militares las crisis derivadas de un mal
manejo de la economía, crisis que siempre terminan hundiéndolos en la
impopularidad y propiciando su fracaso.
En la
década de 1990 se han producido en Sudamérica varias situaciones que en años
anteriores hubieran desembocado en golpes de Estado, sin que nadie se
sorprendiera. En 1997 Ecuador vivió un estado caótico en medio de una rebelión
popular contra el recientemente electo Abdalá Bucaram. Sin embargo, los
militares no se hicieron del gobierno y dejaron que los civiles encontraran una
salida que, aunque de muy dudosa constitucionalidad, permitió mantener un
gobierno civil. Antes, en Venezuela y Brasil, los presidentes Carlos Andrés
Pérez y Fernando Collor fueron echados también por medios de discutible
legalidad pero que permitieron mantener el régimen democrático. El punto es que
no fue la extraordinaria fortaleza de las instituciones democráticas ni la
robusta conciencia cívica de la población la que sostuvo la democracia en estos
casos, sino el desistimiento de los militares de ocupar el gobierno por las
razones antes mencionadas y por consideraciones específicas de los militares en
cada uno de esos países.
Pero ¿qué
garantiza que esas condiciones se mantendrán indefinidamente? En este siglo el
mundo ha sufrido cambios más o menos bruscos, como el ocurrido a fines de los
'80 y principios de los '90, o a fines de los '20 y principios de los '30. Nada
nos asegura que al cabo de algunos años no se vaya a suscitar alguna conmoción
a escala planetaria que modifique las condiciones que hoy limitan las posibilidades
de intervenciones militares, que seguirán pendiendo como una espada de Damocles
sobre nuestras débiles democracias en tanto no se ha producido un cambio
profundo en ciertas constantes que son las que explican, en gran medida, las
permanentes intervenciones castrenses en la política latinoamericana.
La mentalidad militar
(y la civil)
Los
militares tienen la firme convicción que ellos deben hacerse del poder cuando
creen que el país vive en una situación de inestabilidad que amenaza su
seguridad. Por cierto, la definición de amenaza a la seguridad puede ser
amplísima. Ellos piensan que son la última barrera contra la posibilidad de
caos y que tienen los medios para poner orden y guiar al país nuevamente por la
senda del bienestar.
Ese es un
núcleo duro del pensamiento castrense, que está fundado en antiguas tradiciones
intervencionistas militares.
Pero
también hay otras ideas ampliamente difundidas en las FF.AA. La democracia es
vista como una permanente fuente de desorden, faccionalismo y rivalidades. Los
enfrentamientos entre partidos, grupos e individuos, normales en cualquier
régimen democrático en todas partes del mundo, son considerados negativos en
función de un sistema ideal, imaginado por los militares, en el que todos los
peruanos deberíamos estar de acuerdo en objetivos comunes para el
engrandecimiento del país.
Los
políticos son despreciados como personajes ambiciosos, incapaces y corrompidos.
Adicionalmente,
está la autopercepción de los propios militares. Ellos se consideran ordenados,
enérgicos, conocedores del país, austeros y más nacionalistas y patriotas
que cualquier civil. Por tanto, creen
que tienen capacidad para gobernar con mucho mayor eficacia que los civiles y
teniendo como objetivo los auténticos intereses nacionales que ellos encarnan,
libre de partidismos e intereses mezquinos.
Claro que
no todos los militares piensan así y que muchas veces estas ideas están
entremezcladas con otras, pero ese es el meollo del pensamiento militar en este
campo, como revelan los generales Jaime Salinas Sedó y Rodolfo Robles Espinoza
en las entrevistas que se publican a continuación.
Pero no
sólo los militares piensan eso de los civiles y de sí mismos. Muchos civiles
creen -palabras más, palabras menos- lo mismo. La prueba del arraigo de esas
ideas, es la facilidad con que afloran a la superficie de la conciencia social
cuando la situación del país se torna crítica.
Comenzar a cambiar
Si lo
anterior es cierto, se entiende que se necesitan cambios profundos para
erradicar realmente la posibilidad de golpes militares y acabar con el péndulo
dictadura-democracia. Además del fortalecimiento de las instituciones políticas
democráticas y de la conciencia cívica de la sociedad -que no son tema de este
artículo- y del establecimiento de efectivos controles civiles, se precisa de
un cambio radical de la mentalidad militar.
Se requiere
discutir, para empezar, las ideas equivocadas que tienen los militares sobre la
democracia y su perspectiva de “sociedad ideal” sin conflictos. Así como las
ideas erróneas que tienen sobre sí mismos.
Esto
significa que en los programas de estudio de las FF.AA. se incluyan estos temas
explícitamente y que su tratamiento esté a cargo de expertos civiles. Esto
implica modificaciones en la currícula de las academias militares y la
inclusión de profesores civiles realmente conocedores del tema, y no de civiles
que adoptan el pensamiento militar, que son los generalmente aceptados como
profesores o conferencistas en los institutos castrenses, con contadas
excepciones.
Pero
también un fluido intercambio entre oficiales y civiles desde el comienzo mismo
de la carrera, como sugieren los generales Robles y Salinas.
Hacer esto requiere una comprensión del problema y
voluntad política para efectuar los cambios, transformaciones que sin duda
encontrarán fuertes resistencias. Sobre todo si se tiene en cuenta que son
procesos de largo plazo, que duran décadas y requieren firmeza y continuidad
para consolidarse.
¿Por qué se producen los golpes?
El general de división (r) Jaime Salinas Sedó intentó
un alzamiento contra el gobierno de facto de Alberto Fujimori el 13 de
noviembre de 1992 con la finalidad declarada de retornar a la democracia, a
consecuencia de lo cual fue encarcelado junto con otros oficiales hasta junio
de 1995. Actualmente preside el Instituto Latinoamericano de Estudios Civiles
Militares (Ilacim).
¿A qué se deben las continuas intervenciones militares en política?
Hay dos
etapas, el militarismo caudillista, que viene desde la independencia y dura
hasta Odría, y el institucionalista que empieza con Pérez Godoy y luego con
Velasco. En el golpe del 5 de abril de 1992 ha habido también una actitud
institucionalista manejada por Hermoza y unos cuantos generales, pero no a
título personal, sino comprometiendo a toda la institución.
En nuestra
institución se piensa que las FF.AA. tienen mayores condiciones para imponer
orden, por ser más disciplinadas son más aptas para cumplir con las leyes y los
reglamentos. Al imponer una administración que funciona en los cuarteles,
pensamos que la sociedad se puede manejar igual. Y cuando vemos que las crisis
políticas hacen que las reformas que necesita el país se van postergando por
intereses partidarios, los militares pensamos que se puede solucionar el problema
por la vía no democrática.
Cuando el
general Morales Bermúdez realiza el relevo del general Velasco, comienza a
institucionalizar la necesidad de un regreso a la democracia, y se empieza a
entender que por muy buenas intenciones que tengan los gobernantes militares,
nunca los resultados históricos han sido favorables a los militares. Eso se vio
interrumpido el 5 de abril de 1992 porque la situación había cambiado.
El pensamiento que los militares no deberían intervenir duró muy poco,
porque dejaron el poder en 1980 y cinco años después ya estaban manifestando su
descontento con la democracia y a fines de los ’80 ya se preparaba otro golpe.
Sí existía
la inquietud. El militar tiene una rebeldía a aceptar que porque la
Constitución le dice que es no deliberante significa que no debe pensar, que
sus opiniones no cuentan. Existe en los militares un rechazo a ese concepto
peyorativo de no deliberancia. Eso ocasiona que el militar siga analizando la
situación política del país. En nuestras escuelas se estudia la realidad
nacional y se ve que los políticos no saben solucionar los problemas del país.
En las postrimerías del gobierno de Alan García se produjo un caos y el militar
se considera poco menos que iluminado y por encima de la sociedad civil para
solucionar este problema de crisis política.
Yo he sido
testigo -si bien no he participado directamente en la formulación de esos
planes que se estaban elaborando en el año 1988, 1989- que el 90% del contenido
intelectual de esos planes ha sido preparado por civiles.
¿Cuáles son los valores que se imparten en las escuelas militares que
hacen que se crean capaces de gobernar mejor que los civiles?
Antiguamente
se pensaba que el grado máximo de todo egresado de la Escuela Militar era la Presidencia
de la República. Nunca existió una formación política y en el transcurso de la
carrera esos oficiales pueden tener una deformación política.
No hay una formación en la currícula, pero extraoficialmente se va
dando una formación antidemocrática.
Sí, pero no
existe un estudio que diga que el militar debe conocer de política pero no
partidarizarse. El militar no considera que su superioridad sobre el civil está
en la capacidad de gobernar, sino que es más disciplinado, que sabe cómo
imponer la autoridad. Nos consideramos más honestos y menos proclives a caer en
el delito.
¿Cómo ven a los políticos?
Como
ambiciosos desde el punto de vista personal, que anteponen sus intereses
personales o de partido a las necesidades nacionales. El militar piensa que
como nuestra institución no es política, no tiene que hacer política
partidaria. Tiene un concepto más arraigado del nacionalismo, del patriotismo,
de lo que son los valores superiores del Estado. Entonces el militar considera
que en ese sentido, está por encima de los civiles. Cuando se presentan las
crisis políticas, creemos los militares -equivocadamente- que tenemos mejores
condiciones que los civiles.
Yo me
siento muy orgulloso de haber pertenecido al Ejército, pero he aprendido a
conocer cuáles son las responsabilidades del ciudadano en la sociedad civil, y
esas responsabilidades son superiores a las del militar. Es más difícil ser un
buen ciudadano peruano que ser un buen militar. Mi ambición hoy es llegar a ser
un buen ciudadano.
Nuevas perspectivas
Usted ha dicho que en la vida civil ha adquirido nuevas perspectivas.
Muchos militares en retiro dicen lo mismo. ¿Por qué no efectuar intercambios
regulares entre civiles y militares en el activo? De esta manera los civiles
conocerían qué piensan los militares y los militares también ampliarían su
horizonte.
Yo fui
preso por defender los valores democráticos y he salido con una visión
diferente de la prisión. Luego he viajado por otros países y he visto que el
problema no es sólo peruano. Por eso hemos creado este instituto, el Ilacim, y
queremos diseñar una currícula de estudios en la cual se incluyan los valores
de comportamiento democrático que deben ser impartidos desde las escuelas
militares. El problema en el fondo es de educación. Cuando el militar asume una
actitud de superioridad respecto a los civiles y nadie le hace ver que está
equivocado, va a creer que es cierto. Lo que hay que hacerle ver a ese militar
es que esa percepción que tiene está equivocada, que para que un sistema
democrático funcione realmente hay diferentes niveles de cómo debe jugar la
política y el militar tiene un rol, pero no puede atropellar el rol de los
demás. El papel del militar es dar la seguridad para que el resto de piezas
funcione, no es suplantar las piezas.
La única forma
en que puede haber estabilidad política es cuando haya una mayor comprensión de
los valores democráticos en los civiles y en los militares. Para que los
civiles entiendan mejor a los militares y no les vayan a tocar la puerta cuando
tengan problemas políticos, que sepan que tienen que resolverlos a través de la
intermediación política partidaria.
En los años
1988 y 1989 a mí me llegó un documento, elaborado por civiles, en que decían
que la solución era que el inquilino de Palacio debería salir con los pies por
delante. Así querían sacar a Alan García los civiles. Yo creo que las
relaciones entre civiles y militares son un problema de la sociedad en su
conjunto. Porque si la sociedad civil nos dice que los militares tienen que
estar subordinados al poder constitucional, en ese nivel los responsables de
diseñar qué tipo de FF.AA. necesita el país son los civiles. Y, por
consiguiente, son los civiles los que deben preocuparse por cuál es el
contenido de la educación que reciben esos militares. Pero cuando no hay
civiles que se preocupan por la currícula de los militares, los militares hacen
su propia currícula. Y en el camino pueden surgir desviaciones o manipulaciones
interesadas, que es lo que está sucediendo ahora, una manipulación política con
respecto a las FF.AA.
Hay varios mecanismos para ejercer el control civil. Uno de ellos es
que el Parlamento apruebe los ascensos de los oficiales generales, que fue
eliminado por este gobierno. ¿Usted cree que eso debería restituirse?
En
principio las FF.AA. no deben estar subordinadas al Poder Ejecutivo sino a los
poderes del Estado. Cuando no existe la fiscalización de un ente plural que
representa al pueblo, como el Parlamento, los ascensos se politizan aún más de
lo que pudo haber existido anteriormente. Uno cuando asciende a general de la
Nación, es un ascenso hasta cierto punto político, lo que no tiene que haber es
política partidaria. Cuando el ascenso se lleva solamente al nivel del
Ejecutivo, es la política partidaria la que va a decidir el ascenso. Entonces
el oficial va a querer quedar bien con el gobernante de turno, no con la
Nación.
Fujimori
asciende solamente a aquellos que tienen una identificación con su ambición de
poder. Por eso Fujimori ha eliminado de las FF.AA. a todos aquellos que por sus
propios méritos habían llegado a altos niveles de las FF.AA., a esa gente
Fujimori la ha sacado de la institución. Porque cuando uno ha llegado por sus
propios méritos, tiene mayor independencia de criterio y es más difícil ser
manipulado por intereses partidarios y políticos. Eso ha causado un daño
terrible a la institución, porque se han roto los valores.
Otro punto importante es la discusión presupuestal. Hay un manejo
autónomo del presupuesto por parte de las FF.AA., sin ningún control. ¿Esto
debería cambiarse para propiciar un control civil?
Los civiles
al no tener conocimiento, no tienen autoridad para ejercer realmente la
subordinación de las FF.AA. Si el poder civil se pudiera ejercer con autoridad
de conocimiento, la Contraloría no tendría por qué tener temor a fiscalizar la
ejecución del presupuesto de las reparticiones militares. Nunca la Contraloría
ha puesto un pie en las FF.AA. Nunca, porque no conocen cómo se manejan las
FF.AA. y porque le tienen miedo. Entonces si la sociedad civil quiere que las
FF.AA. se subordinen al poder civil, que sepa ejercer esa autoridad. Se dan
casos en las FF.AA. en que los presupuestos que se manejan son mucho más
elevados. Y se da el caso que con el pretexto de la seguridad nacional se
manejan en secreto.
¿Es un pretexto?
Realmente es un pretexto, porque muchas veces se ha
visto que en adquisiciones que se han hecho en diferentes institutos se
encubren una serie de irregularidades o ventajas o prerrogativas que quieren
obtener las FF.AA. Aquí hasta el día de hoy no sabemos cuánto ha costado un
avión Mig-29, ni cuánto ha costado un helicóptero. Hay mil denuncias, al
parecer debidamente sustentadas, pero nunca se ha investigado. Está bien que
las FF.AA. compren los mejores equipos, pero lo que está mal es que se compre a
precios especulativos y que se beneficien unos cuantos con las comisiones que
se reparten. Eso es lo que hay que castigar. No hay que confundir la necesidad
de adquirir equipos necesarios para la defensa, con los malos manejos que se
hacen comprándolos a precios tres o cuatro veces mayores que los precios
normales del mercado. Está bien que se compren aviones, pero que se compren a
precios justos y que nadie robe.
Violación de los derechos humanos
¿Cómo ven a los políticos respecto a los asuntos propiamente militares?
¿Cómo vieron a los gobiernos civiles en la década del '80 respecto a asuntos de
la defensa nacional, el manejo de la subversión y los ascensos?
El rechazo
al militarismo hace que pocas personas en la sociedad civil se interesen por el
tema militar. Los que llegan a gobernar, tanto en el Ejecutivo como el
Legislativo, no saben manejar una política de defensa y no saben lo que es un
presupuesto militar. Eso genera en las FF.AA. una sensación de descontento, de
rechazo. En la guerra contra la subversión, las FF.AA. exigían cambios en los
procedimientos judiciales, por ejemplo. Pero como los cambios significaban
algún malestar político, no los hicieron. Eso sí lo hizo Fujimori, por otras razones,
accediendo por intereses personales a los requerimientos de las FF.AA.
¿Las FF.AA. se sintieron abandonadas?
Sí, se
sintieron abandonadas. Se capturaba a un delincuente subversivo, se le
entregaba a la Policía, pasaba al juez y al mes ese terrorista estaba suelto,
más avezado y con mayor rencor. Ese terrorista hacía emboscadas y mataba a los
oficiales que lo habían capturado. Se generó una desconfianza al interior de la
institución sobre el funcionamiento del Estado.
Uno de los puntos de fricción con la sociedad fue la violación de los
derechos humanos.
Cuando entramos a combatir la subversión, ya se habían
dado los casos de Argentina, Uruguay, Centroamérica. Desde el punto de vista
militar se importaron estos modelos, no en forma oficial. Se veía que los
argentinos, a pesar de los problemas de juicios y de las Madres de Mayo,
militarmente habían acabado con la subversión. Igual en Chile. Desde el punto
de vista militar se pensó, equivocadamente, que el fin podía justificar los
medios. Si el fin era la pacificación del Perú y los medios la violación de los
derechos humanos, hay que darle prioridad al fin. Eso fue un error, pues si
bien puede ser una solución al problema militar, la herida que se causa a la
sociedad en su conjunto y que hasta hoy no se cierra, es la que más daño le
hace al desarrollo futuro del Perú y de las relaciones entre civiles y
militares. El militar cayó en un error, no es que tuviera una vocación de
asesinato y de tortura, y nadie le hizo ver que estaba equivocado. Muchas veces
la sociedad aplaudía cuando esos excesos le devolvían la tranquilidad.
¿Cómo piensan los
militares?
El general de división (r) Rodolfo Robles Espinoza
denunció públicamente en mayo de 1993 los crímenes del Grupo Colina y la red de
corrupción en el Ejército. Fue enjuiciado y tuvo que exiliarse. Regresó al Perú
en junio de 1995 y ha seguido revelando abusos y transgresiones cometidos por
la cúpula de su institución.
¿Por qué cree que se producen golpes de Estado?
Por una tradición
y una malformación profesional. Se ha aceptado en el país la mentalidad
militarista. Siempre se busca al militar como solución a los problemas que se
presentan en el campo político. Ya sea por triunfos militares, como en la
Independencia, o en derrotas, como en la guerra con Chile, o cuando hay la
sensación de caos y una crisis de gobernabilidad -que puede ser real o
preparada-, surge esa mentalidad militarista en los cuarteles. Por deformación
profesional y porque en el país siempre se está buscando un Mesías. Se cree que
el uniformado ofrece mayor garantía de orden, organización y disciplina.
Los
militares creemos que estamos para salvar a la patria de enemigos externos e
internos, de los desórdenes, del caos. Pero también es indudable que la población,
cuando se harta de un político o de un gobierno, inmediatamente está pensando
que la solución debe salir de los cuarteles y se evocan figuras militares.
¿Cómo se procesa esto dentro de los cuarteles? ¿Se conversa sobre la
posibilidad de un golpe, de la eventualidad de hacerse del poder político?
Indudablemente
hay conversaciones informales que se dan, generalmente entre gente del mismo
grado o que tiene interrelación personal. Algunos se manifiestan a favor, los
que están imbuidos de esta mentalidad que el militar debe ser duro, agresivo,
rápido. Pero también hay oficiales que son más reflexivos y más estudiosos de
la historia, que hacen comparaciones con otros países y sacan a relucir que uno
de los males del Perú es el péndulo entre gobiernos militares y democráticos, y
que eso debería terminar.
¿Hay una valoración negativa de la democracia?
Tradicionalmente
se ha considerado que democracia significa gobierno elegido por voto popular,
pero que deviene siempre blandengue y rapaz, que no llega al gobierno para
sacrificarse por el país sino obedeciendo a intereses personales o de grupos,
que ven el gobierno como un botín. Se entiende que los gobiernos civiles
siempre son sinónimo de demagogia, falta de energía, desorden, de
enriquecimiento. Se tiene la impresión que el político dice una cosa pero
piensa hacer otra. No se piensa que exista un líder civil que pueda conducir
con energía y decisión, imponiendo el orden necesario en la sociedad para
llegar a fines superiores.
¿Cómo se ven a sí mismos los militares? ¿Creen ellos que tienen las
virtudes para gobernar?
Sí, en
contraposición se piensa que el militar está acostumbrado a mandar, a hacerse
obedecer, a imponer orden, a que las cosas estén en su sitio. Se supone que la
austeridad que lo ha acompañado en su carrera profesional, se mantendría al
llegar al gobierno. No sería el dinero ni la posibilidad de enriquecerse lo que
lo anima, sino el deseo de engrandecimiento de la patria, la necesidad del
progreso y desarrollo de la nación, como seguridad para evitar que los
potenciales enemigos externos puedan recortar nuestro territorio.
Entre los
militares existe frustración por la cantidad de territorio que se ha perdido
desde la Independencia hasta la fecha, que no necesariamente se ha debido a la
falta de preparación militar, sino que se percibe que ha habido un heroico
accionar, y que esto ha ocurrido por la imprevisión de los políticos y la
ignorancia del pueblo, que es también responsabilidad de los políticos. El
militar se caracteriza por su disposición a pelear hasta el último cartucho,
cosa que no necesariamente anima a los civiles.
El secreto como pretexto
¿Por qué los militares se aíslan y evitan el contacto con los civiles?
Creo que
eso es un error histórico que es necesario corregir. El militar se aísla porque
cree que los civiles conociendo secretos militares pueden cometer actos de
infidencia, con fines utilitarios o por ignorancia, y eso puede acarrear
desastres militares. La adquisición de armamento, por ejemplo, es un coto
cerrado y sólo debe ser de conocimiento de los militares. Creo que llevar el
secreto a esos extremos da lugar a muchos negocios oscuros, que en el fondo
hacen un daño tremendo porque es dinero del Estado que está siendo utilizado
con otros fines.
Eso perjudica a las propias FF.AA. cuando se adquiere material de mala
calidad y con sobreprecio.
A eso me
refiero, en esta época cuando ya se han revisado muchos conceptos y conocido
muchas de las motivaciones de los actuales y anteriores miembros de las FF.AA.,
que no siempre han actuado limpiamente en la adquisición de armamento. Se
utilizan estos argumentos para mantener en la impunidad actos deshonestos y
encubrir delitos de enriquecimiento ilícito.
También hay un aislamiento en cualquier tipo de discusión, no sólo en
lo que se refiere a armamento.
Indudablemente
hay que romper ese aislamiento intelectual y el creer que la formación militar
debe estar exclusivamente en manos de militares. Eso le hace daño a las FF.AA.
y retrasa su desarrollo. Debería haber un mayor intercambio. Civiles
especialistas en aspectos de defensa, educación, formación profesional,
deberían tener participación en el desarrollo de los programas de instrucción
humanísticos de los militares.
Esto no se hace porque no se realiza el esfuerzo
adecuado en el gobierno para propiciar esta interrelación y que, por ejemplo,
los oficiales puedan acudir a las universidades y los universitarios a las
escuelas militares. Esto podría darse desde las escuelas de formación misma.
Deberían tener la posibilidad de convalidar sus estudios para tener después una
carrera alternativa o adicional. Actualmente esta reunión de civiles y
militares sólo se da en el CAEN, pero esto se puede dar también a nivel de
Escuela Superior de Guerra, y en escuelas de Armas, en los grados de capitán y
teniente. Eso daría lugar a una mejor relación, y no esperar hasta el grado de
coronel cuando se llega al CAEN, ya cada uno con una visión no muy positiva del
otro lado.
Control
civil
Este
gobierno acabó con la aprobación del Senado a los ascensos de generales y
almirantes. ¿Esto debería restablecerse?
Yo creo que sí debería restablecerse
para evitar lo que ahora se está viendo, que el Jefe de Estado puede digitar
los ascensos y puede ascender a gente que él, o el Comandante General o la
cúpula gobernante -el triunvirato-, quieren favorecer, no importa que sus
antecedentes negativos sean públicamente conocidos: vinculaciones con
violaciones a los derechos humanos, relaciones no muy claras con el
narcotráfico o cuestiones administrativas pendientes. Si los ascensos fueran
sometidos al Senado, habría una mejor selección.
¿Se han
politizado más los ascensos?
Yo creo que sí. Que yo sepa antes,
cuando se aprobaban en el Congreso, los oficiales no estaban pidiendo nada a
los congresistas, como se decía, que los oficiales desfilaban por el
Parlamento. Yo nunca he observado eso.
¿Su
ascenso fue aprobado por el Congreso?
Sí, en 1987 para general de brigada
y para divisionario en 1991, y yo nunca conocí a un congresista ni nunca fui al
Congreso. En el cuadro de mérito yo era el número uno y ascendí como número
uno. Pero después de eso comenzó la poda de todos los oficiales. Ahora basta
que tengan el aval y apoyo del triunvirato gobernante para que esté asegurado
su ascenso. Así es que lo único que les interesa es cumplir fielmente y ser muy
serviciales con el triunvirato.
¿Eso
afecta el profesionalismo?
Liquida el profesionalismo y
desmoraliza a los oficiales que siempre han creído en la meritocracia y que han
basado su carrera y sus ascensos en su propio esfuerzo, en su rendimiento y en
su entrega con absoluta lealtad a su institución, y no en lealtad a personajes
que puedan ser émulos de Pinochet o Rasputín.
Nunca
nadie puede revisar el presupuesto de las FF.AA. ¿Ud. cree que debería ser
examinado por la Contraloría y el Congreso?
Yo
creo que es un error que debe corregirse, porque las normas de control
presupuestal deben ser aplicadas también al manejo de las FF.AA. Debe buscarse
un control democrático, porque si no se da lugar a manejos inconvenientes que
producen fortunas inexplicables, y eso no tiene la sanción correspondiente.
Debe guardarse la confidencialidad con mecanismos que pueden implementarse. La
necesidad del secreto no debe ser motivo para que no exista control.