MEMORÁNDUM
DE: Instituto de Defensa Legal
A: La opinión pública y las autoridades
ASUNTO: 50 sugerencias
para enfrentar la violencia común
Tomando en
cuenta:
A.- El incremento de la criminalidad en el país y las
consecuencias que ello trae para la vida, la tranquilidad y la seguridad de las personas.
B.- Considerando la complejidad del fenómeno, la multiplicidad
de sus causas, la urgencia de una convocatoria amplia para hacerle frente y de
una estrategia integral para la solución del problema.
C.- Sabiendo que de acuerdo con la experiencia internacional
toda estrategia frente al delito debe contemplar simultáneamente acciones y
medidas para la prevención del crimen, la persecución y debida sanción al
infractor y la posterior rehabilitación.
D.- Recogiendo los aportes de muchas personas e instituciones;
sin ninguna pretensión de originalidad o exhaustividad; sabiendo que no
agotamos la discusión; conscientes así mismo que muchas de las medidas a
plantear existen en el papel o fueron ya puestas en práctica en algún momento
de manera aislada; con todas las consideraciones anteriores planteamos para su
discusión un listado de 50 sugerencias orientadas a una atención eficaz al
problema.
PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO:
1.- Profundizar el diagnóstico del problema. Desarrollar
elementos de análisis cuantitativo y cualitativo, tanto de las causas como de
las consecuencias del delito.
2.- Otorgarle a la lucha contra la criminalidad una verdadera
prioridad política. Comprometer a una acción conjunta y concertada a diferentes
niveles del gobierno y de la sociedad.
3.- Tomar en cuenta en todas las decisiones de política
económica las repercusiones, positivas o negativas, que pueden tener para el
desarrollo de la criminalidad. Especial atención para aquellas vinculadas con
la creación de empleo o la mejora de los ingresos.
4.- Sancionar ejemplarmente
las faltas a la moralidad pública de las autoridades a todo nivel
(violaciones a la Constitución, a los derechos humanos y corrupción), porque
envían al ciudadano el mensaje equivocado que la obediencia a la ley no es
importante.
5.- Establecer las máximas sanciones posibles para miembros de
las fuerzas de seguridad que colaboren, participen o encubran acciones
criminales.
6.- Reforzar la escuela pública. Asegurar que ofrezca una
sólida formación en valores cívicos y, a la vez, que garantice a los jóvenes
destrezas básicas para incorporarse al mercado laboral.
7.- Desarrollo de políticas especiales de atención a la
juventud. En los ámbitos educativo, de oportunidades de trabajo, de
esparcimiento sano, de fomento masivo del deporte y participación en la vida
política del país.
8.- Promoción de la familia. Programas efectivos de apoyo a
madres solteras, niños y jóvenes de la calle y hogares en riesgo.
9.- Proponer a los medios de comunicación un debate nacional
sobre los contenidos que trasmiten y cómo ellos pueden estar contribuyendo al
clima de violencia que se vive.
10.- Sugerir la creación de un mecanismo independiente de
autorregulación ética del contenido de los mensajes de los medios de
comunicación.
11.- Desarrollar campañas masivas de prevención al consumo de
drogas y al abuso del alcohol, en particular entre los jóvenes.
12.- Control estricto del comercio ilegal de drogas, y de la
venta y consumo público de alcohol por parte de menores.
13.- Formar y asignarle personal y recursos adecuados a un instituto nacional para la rehabilitación
del drogadicto y el alcohólico.
PARA LA REPRESION AL DELITO
14.- Crear una comisión especial de reforma y modernización de
la Policía Nacional, con participación plural de expertos y sectores
representativos del país, para que en un plazo de seis meses entregue al
Congreso y al debate de la opinión pública una propuesta integral de cambios.
15.- Desmilitarización de la Policía. La seguridad pública es
una tarea civil, diferente a la lógica de defensa externa.
16.- Fortalecer al Ministerio del Interior poniendo en el cargo
a una persona con credibilidad y liderazgo.
17.- Dignificar la función policial. Pasar del miedo a los
abusos que cometen y el desprecio por su ineficacia al respeto por su labor y
el reconocimiento a sus resultados.
18.- Reforzar en todos
los agentes encargados de mantener el orden principios básicos de relación con
la población: servicio al ciudadano, no discriminación, respeto a los derechos
humanos y presunción de inocencia.
19.- Racionalizar el número de policías, suprimir las funciones
no prioritarias y garantizar, así, una mejora paulatina en las remuneraciones.
20.- Vincular mejoras salariales con resultados frente a la
delincuencia y reconocimiento de la población.
21.- Concentrar a la Policía Nacional en las funciones que le
son propias. Transferir, entre otras funciones, tránsito, turismo, ecología,
control interno de penales, etcétera.
22.- Revisar las prioridades policiales para un adecuado balance
entre protección de dignatarios y la
del resto de la población.
23.- Desarrollo de un sistema altamente sofisticado y selectivo
de inteligencia policial contra el crimen organizado.
24.- Transferir a las unidades de inteligencia policial los
costosos equipos y tecnología hoy
usados por los aparatos de espionaje político del régimen.
25.- Definición de estrategias propias y diferenciadas, de un
lado para el tratamiento de los crímenes más graves y para la lucha contra las
bandas organizadas y, del otro, para
hacer frente a las faltas y delitos menores.
26.- Mejorar la formación y el entrenamiento de los cuerpos
policiales. Establecer niveles de especialización mayores para los cuerpos de
élite.
27.- Equipar adecuadamente a la Policía. Tomar medidas
preventivas para el adecuado mantenimiento de los bienes, y establecer
sanciones ejemplares frente a su robo o uso indebido.
PARA DESCENTRALIZAR LA TAREA E INCORPORAR A LA POBLACIÓN
28.- Desarrollar una concepción descentralizada de la seguridad
pública. Establecer planes locales de seguridad ciudadana con participación de
todos los sectores y con metas anuales verificables.
29.- Fortalecer el rol de los municipios en la tarea de
seguridad ciudadana. El alcalde debe ser el responsable político de la
seguridad en el barrio y asumir frente a los vecinos los beneficios y costos
políticos de los resultados que se obtengan.
30.- Fortalecer a las comisarías en los barrios, dándoles mayor
autonomía, metas locales e incentivos por los resultados obtenidos.
31.- Acercar a los policías a la población. Tanto en el sentido
que se les pueda fiscalizar adecuadamente, como para apoyar y valorar su
trabajo.
32.- Marco legal
adecuado y apoyo a la labor de los serenazgos.
33.- Fomento, apoyo y regulación de experiencias de
participación de la población en el
control del delito. Rondas vecinales en las ciudades; rondas campesinas y
comités de autodefensa en las áreas rurales.
PARA LA ADECUADA SANCIÓN AL DELINCUENTE
34.- Sancionar severamente las modalidades más violentas del
delito. Considerar como agravantes el ser cometido por bandas organizadas.
35.- Crear nuevos tipos legales y figuras delictivas que se
adecuen a la naturaleza cambiante del delito. Asegurarse que no sean difusos,
sino claros y definidos.
36.- Mantener la proporcionalidad en las penas, a fin de evitar
los riesgos de la sobrecriminalización de los delitos menores.
37.- Establecer sanciones diferenciadas para los líderes,
promotores y autores intelectuales con respecto a los simples ejecutores.
38.- Diferenciar claramente las penas para delincuentes
primarios y reincidentes.
39.- Tecnificar y dotar de garantías a la etapa de investigación
policial.
40.- Asegurar una coordinación eficaz y a todos los niveles
entre Policía, fiscales y jueces que evite errores que favorezcan al culpable o
perjudiquen al inocente.
41.- Especializar a los tribunales para el ejercicio adecuado de
su labor.
42.- Dotar a los jueces especializados de las mejores
condiciones y la máxima seguridad para el ejercicio de sus funciones.
43.- Asegurar que los procesos se hagan con todas las garantías
de un juicio justo.
PARA LA REHABILITACIÓN
44.- Separar en los penales a los inculpados de los condenados.
A los primarios de los reincidentes.
45.- Aislamiento y máxima seguridad para los responsables de los
crímenes más graves y para los líderes de las bandas.
46.- Formar una nueva generación de agentes penitenciarios
capaces de poner en práctica políticas modernas de tratamiento del interno.
47.- Desarrollar auténticos programas de rehabilitación del
delincuente vía la educación y el
trabajo.
48.- Alentar los esfuerzos privados (religiosos y laicos) para colaborar
en la rehabilitación del preso.
49.- Dar un tratamiento diferenciado a los menores de edad.
Incluir a la familia, la escuela y la comunidad en su proceso de
rehabilitación.
50.-
Desarrollar un programa de apoyo a la reinserción social y laboral de los que
cumplieron su pena, para disminuir la reincidencia.