Entre dos frentes

Internamente vivimos una situación política de total polarización, provocada por el Gobierno en torno a la reelección presidencial; Gobierno actualmente cuestionado tanto en términos de popularidad como de legitimidad.

Y este mismo Gobierno nos ha puesto internacionalmente ante una decisión de la máxima importancia y a la vez ineludible: ¿debemos aceptar que los garantes hagan una propuesta de carácter obligatorio frente al conflicto Perú-Ecuador?

Si bien hay razones para desconfiar y tener reparos, ¿cómo evitar equivocarnos frente a algo tan importante? ¿Se puede y debe separar las cosas? ¿Cómo impedir que el enfrentamiento interno perjudique la causa de la paz? ¿Cómo, en definitiva, tener una posición que evite riesgos de uno u otro lado?

 

EL FRENTE INTERNO

"Decisiones que emanan del poder político vienen distorsionando y agraviando el Estado de Derecho, violando garantías elementales del debido proceso judicial a personas naturales y jurídicas"...

(Pronunciamiento de la CONFIEP del 3.10.98)

 

"Es que la manera como se ha jugado hasta la náusea con la Constitución y las leyes para terminar, por ejemplo, en el control del JNE y el rechazo al referéndum, colmó la tolerancia de mucha gente. Incluso de fujimoristas. Lo que se ha producido es una devaluación profunda de la legalidad, de la misma manera como Alan García produjo una devaluación total de la economía (y de los políticos)."

(Artículo de Jaime de Althaus, en Expreso  del 4.10.98)

 

"Responder a lo sucedido con el silencio no es la mejor salida. Por el contrario, con seguir alentando tanta imprecisión, lo único que se conseguirá es incrementar las conjeturas, el creciente mar de conjeturas que actualmente existe en el Perú, respecto a que hubo permisibilidad en la acción policial y militar, así como una clara intención de agravar incidentes lamentables como los sucedidos." (La inseguridad de Palacio de Gobierno, editorial del El Comercio del 4 de octubre)

 

El tema de la tercera postulación de Fujimori en el 2000 (la re-reelección) ha terminado produciendo en el país un punto de ruptura tan profundo, un antes y después tan marcado, que es casi imposible pensar en una reabsorción de la situación, como pudo ocurrir con otros momentos también extremos o de escisión en cuanto a polarización.

Es que la manera en que se ha abierto la "vía legal" para una nueva reelección, ha demostrado tanto la voluntad del régimen de permanecer en el poder, como que está dispuesto a todo, desde intervenir y controlar todas las instituciones del país hasta recurrir a métodos perversos. Esto hace que la alternativa frente a Fujimori no pueda limitarse a cruzarnos de brazos hasta que llegue el 2000 y sea un resultado electoral el que provoque el cambio. La famosa alternancia en el poder ha sido puesta en cuestión por el régimen mismo.

La intervención y control de las instituciones con la mira puesta en la reelección, lejos de ser una exageración, es una  realidad demostrable, institución por institución. El Parlamento fue usado para dar leyes abiertamente inconstitucionales, comenzando por la ley de interpretación auténtica. Se terminó con el Tribunal Constitucional por expedir una sentencia en contra de la reelección. Se provocó la renuncia de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de controlar el nombramiento y la destitución de jueces y fiscales, y tener asegurados ciertos resultados. Con el mismo propósito, el Fiscal de la Nación fue despojado de sus principales atribuciones.

En el Poder Judicial y en el Ministerio Público no prosperó ninguna acción en contra de la reelección, pero sí a su favor,  desde una acción de amparo protegiendo el derecho de Martha Chávez a votar por Fujimori en el 2000, declarado fundado por la Corte Suprema, hasta el último intento  de acusar penalmente a los promotores del referéndum por fraude electrónico, pese a que no hubo ni habrá verificación de firmas.

El control del sistema electoral quedó también definitivamente evidenciado cuando el oficialismo logró que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones fallaran en contra del referéndum, sometiéndolo al filtro previo de los 48 votos, cuando ya anteriormente había habido un pronunciamiento sobre lo mismo por parte del JNE, que, de acuerdo con la Constitución, tenía carácter de cosa juzgada.

Y así podría seguir una larga lista de las maniobras que terminaron cerrando irregularmente las dos vías legales frente a una nueva reelección: la acción de inconstitucionalidad y el referéndum.

La utilización de todo tipo de métodos no es tampoco para nada una exageración. Con el tiempo la parte turbia y oscura ha ido creciendo hasta convertirse en una parte esencial a él. Ahí están los cientos de casetes con interceptación telefónica con fines políticos, las denuncias sobre planes macabros contra periodistas y miembros de la oposición y casos de persecución muy concretos: Ivcher, Delia Revoredo, José Arrieta, Leonor La Rosa, Mariella Barreto, etc.

Si las instituciones están controladas, ¿para qué seguir en ellas o transitando por ellas? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que los congresistas de oposición continúen en el Congreso? Si a gente con tanto poder se le ha podido hacer lo que se le ha hecho, ¿qué puede pasar de acá en adelante? Si no es la vía institucional, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo adelantarse a una política de hechos consumados con miras al 2000? Frente a la consolidación de un régimen claramente autoritario, estas son las preguntas que han surgido, y que revelan la gravedad y polarización de la situación política.

Dos elementos más que deben de ser tomados en cuenta para definir el momento actual y que, por ser cambios respecto a lo anterior, pueden originar nuevos escenarios: la pérdida de popularidad del régimen (el pasar claramente de ser mayoría a ser minoría), y el inicio de su ilegitimidad a partir de la tercera postulación de Fujimori.

Expresión de lo primero son las encuestas (la popularidad de Fujimori ha bajado a menos de 30%), el hecho de que se asumiera que el referéndum se perdería, las movilizaciones sociales y, recientemente, los resultados de las elecciones municipales. Es cierto que tener alrededor de 30% de popularidad, después de tantos años de gobierno y de tanta arbitrariedad e irregularidad, no es nada desdeñable, peroes algo muy distinto a ser mayoría.

Sobre lo segundo, el inicio de un período de ilegitimidad: Fujimori ganó las elecciones de 1990, y si luego vino el golpe del 5 de abril de 1992, inmediatamente se entró –sobre todo producto de la presión internacional– a un tipo de cronograma de reinstitucionalización democrática, que desembocó en una nueva Constitución aprobada mediante referéndum, lo que saneó la situación y permitió la reelección de Fujimori a través de elecciones. Frente al proceso electoral, si bien hubo cuestionamientos puntuales, no fueron consideradas como un fraude. ¿Qué significa esto? Que hasta ahora el régimen ha podido alegar a su favor legitimidad en cuanto al origen de su poder, pero habiendo abierto la vía para una inconstitucional tercera postulación, abre también el camino hacia la total ilegitimidad, iniciándose así un período de absoluta  inestabi­lidad.

 

EL FRENTE EXTERNO

... "no ha sido posible encontrar una fórmula mutuamente aceptable para culminar la fijación en el terreno de la frontera terrestre común conforme a lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro, al fallo del árbitro Braz Díaz de Aguiar y a lo convenido en el cronograma del 19 de enero del presente año".

"Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con el artículo séptimo del Protocolo de Río de Janeiro y con el punto cuarto del Acuerdo de Santiago, de octubre de 1996, hemos convenido en solicitar, por su alto intermedio, a los señores presidentes de los países garantes, la elaboración de una propuesta que, dentro del marco jurídico que nos vincula y tomando en consideración los desarrollos registrados en el proceso iniciado con la Declaración de Paz de Itamaraty, contribuya a alcanzar los objetivos de paz, amistad, comprensión y buena voluntad a que nos hemos comprometido".

(Párrafos de la carta dirigida a los garantes por los presidentes Mahuad y Fujimori)

 

"Creemos así que en las actuales circunstancias y en virtud del punto cuarto del Acuerdo de Santiago, para que el procedimiento solicitado por ustedes permita superar las dificultades encontradas en el proceso que se inició con la Declaración de Paz de Itamaraty y alcanzar los propósitos de paz y amistad dentro del marco del Protocolo de Río de Janeiro, el punto de vista de los países garantes del Protocolo debería tener un carácter vinculante para las partes.

Para los efectos de asegurar este carácter, entregaríamos nuestra propuesta solamente en el evento de que los Congresos de ambos países hubieran aprobado este procedimiento..."

(Respuesta de los garantes)

 

Estando sumamente convulsionada la situación, se nos plantean decisiones fundamentales en el ámbito internacional en relación con algo tan sensible e importante como son las negociaciones con el Ecuador.

Luego de un último período de reserva total de las negociaciones (la moratoria), súbitamente se informó al país de un entrampamiento que había llevado a que ambos presidentes recurrieran a los países garantes para que de ellos salga una fórmula de solución definitiva. Los garantes aceptaron de inmediato pero poniendo como condición que lo resuelto por ellos tuviera efectos vinculantes, exigiendo que los Congresos de Perú y Ecuador aprobaran este procedimiento en un plazo sumamente corto.

Por un lado, nadie podría negar que hay razones para desconfiar, y lo que viene ocurriendo en el ámbito interno es el punto de partida para esta desconfianza. Si Fujimori es el responsable de haber polarizado y dividido al país en torno al tema de la reelección, violentando toda regla e institución, ¿por qué ahora vamos a confiar en él a ojos cerrados?

¿Cómo, por ejemplo, entusiasmarnos con la propuesta de que sea el Congreso, absolutamente deslegitimado, el espacio donde se dabata si se acepta o no el procedimiento propuesto por los garantes?

Un punto en contra es también la manera en que se ha venido manejando el conflicto y las negociaciones. Desde cuando se intentó pasar una derrota militar como un triunfo (Tiwinza), hasta el hecho de haber marginado por completo no sólo a la diplomacia y a los expertos, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, quien se vio obligado a renunciar, sino a toda la opinión pública nacional. La reserva que de hecho debe de haber en este tipo de negociaciones es algo muy distinto a prescindir por completo del país y a creer que algo de tanta importancia para todos puede negociarse y firmarse como si se tratara de un negocio personal e individual.

Es visible que Fujimori también ha utilizado en esto su acostumbrada política de hechos consumados. Nos enteramos de la solicitud a los garantes por los periódicos, cuando ya había sido presentada, sin ningún tipo de debate o proceso previos, y puede suponerse que ambos gobiernos conocían cuál iba a ser la respuesta de los garantes. Puestas así las cosas, es evidente que nos queda poco margen de juego y poca libertad para opinar y decidir.

En cuanto al procedimiento propuesto por los garantes y los puntos en discusión, no se puede negar que hay cambios muy importantes en la posición peruana, a los que nos hemos venido oponiendo durante muchos años, debido a que se consideraba que era una manera de alentar ilegítimas pretensiones del Ecuador (la actuación de los garantes como árbitros; la intervención del Papa; la discusión sobre puntos territoriales claramente ubicados del lado peruano, como el caso de Tiwinza; etc.).

Y si bien en el Perú durante los últimos años ha habido una evolución positiva al tomarse conciencia de que la actitud del "todo está resuelto con el Ecuador" no conduce a nada y que la firma de la paz implica necesariamente concesiones mutuas, cambios como los que estan implícitos en la solicitud a los garantes exigían un debate nacional explícito y transparente, que el Gobierno obvió totalmente.

A la vez, no se puede dejar de considerar que ya estamos ahí, que se nos ha puesto en un punto del que es muy difícil  retroceder: ¿se acepta o no que los garantes hagan una propuesta con carácter obligatorio?

¿Qué pasaría si nosotros nos opusiéramos y el Ecuador aceptara? ¿No habría una imagen de intransigencia de nuestra parte? La presión internacional que está operando para la solución definitiva del conflicto, sobre todo la de Estados Unidos, ¿no se volvería contra la posición peruana?

Al margen de todos los cuestionamientos que válidamente podemos hacer frente a la manera en que se ha desarrollado el proceso de negociación, ¿por qué creer que el pronunciamiento de los garantes beneficiaría al Ecuador y perjudicaría al país?

¿No es más lógico suponer que habiéndose ya acordado una serie de temas, es más fácil que los garantes puedan hacer un planteamiento sensato y aceptable por ambos países? Sobre todo tomándose en cuenta que dicha propuesta debe de hacerse en el marco del Protocolo de Río de Janeiro, que ya existe un previo pronunciamiento técnico (que si bien no tiene carácter obligatorio de hecho condiciona la posición de los garantes) y, lo principal, que Ecuador ha renunciado claramente a su pretensión de ser país amazónico.

Los dos tipos de preocupaciones son válidas. De un lado, la desconfianza frente a la manera en que Fujimori viene  manejando las cosas, y la preocupación de que todo pueda terminar en algo que Ecuador interprete como un paso más en sus pretensiones, y, por tanto, todo termine siendo contraproducente y agudizando el conflicto entre ambos países.  De otro lado, no se puede dejar de evaluar las consecuencias y perjuicios que implica oponerse a la propuesta de procedimiento que han hecho los garantes a pedido de Mahuad y Fujimori, y, lo más importante, tampoco se puede dejar de considerar la posibilidad de que por esta vía, a pesar de todo, se pueda llegar a una solución definitiva.

La aceptación reciente del cargo de ministro de Relaciones Exteriores por Fernando de Trazegnies ha mejorado en algo las expectativas. Su trayectoria y capacidad profesional han servido para neutralizar los rumores de que la renuncia de Eduardo Ferrero se habría debido a razones de principio vinculas al fondo del asunto.

¿Cómo evitar, además, que la polarización interna provocada por Fujimori, y la complejidad misma de la situación, conduzcan a un clima que termine beneficiando un ambiente que pueda ser aprovechado a favor de la guerra y no de la paz? ¿Y cómo evitar también que las circunstancias nos obliguen a aceptar algo de lo que no estamos seguros y cuyas posibilidades y riesgos habría que sopesar previamente?