Consejo Nacional de la Magistratura

¡Basta ya de suplentes!
Que vuelvan los titulares

Para nosotros es clarísimo que las atribuciones de las que fue despojado el Consejo Nacional de la Magistratura (razón por la que renunciaron sus siete titulares) no han sido restituidas. Ahora, como dijimos desde el comienzo: a los suplentes se las podrían devolver y no pasaría nada; el solo hecho de instalarse sin condiciones fue ya una señal de falta de independencia, de incondicionalidad. El que hayan permanecido en el cargo sin atribuciones, lo ratificó.

 

Magistratura, Constitución y libertad

Róger Rodríguez Iturri

¿Cómo ven las cosas los titulares? Róger Rodríguez, uno de los titulares que renunció y ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ha tenido la amabilidad de contestarnos.

 

Si un día antes de la suscripción del préstamo del Banco Mundial, el 17 de diciembre del año pasado, la atmósfera una vez más se enrareció al entrar en vigencia la Ley 26898 que homologó magistrados provisionales y supremos (ahora sabemos bien con qué propósito), enero y febrero significaron lo mismo. Seis vocales supremos –dos titulares y cuatro provisionales– quedaron públicamente en difícil entredicho ante presunta grave responsabilidad por su actuación en la causa sustentada en pago de dólares entre la Corporación Novotac S.A. y el Banco Central de Reserva del Perú.

En tal contexto, como era natural, el Consejo Nacional de la Magistratura, en ejercicio y cumplimiento de su función constitucional, abrió investigación contra los seis vocales supremos, y de inmediato encontró en su camino la promulgación de la insólita Ley 26933 que recorta sus potestades constitucionales destitutorias y proclama:

"Artículo 2º.-

2.1. Cuando se imputan a los magistrados del Poder Judicial o fiscales del Ministerio Público (supremos o no) conductas que ameritan sanción de destitución, será la instancia correspondiente de la Oficina de Control de la Magistratura Judicial (Poder Judicial) o de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público (Ministerio Público), quien realice la investigación del caso, con previa audiencia del interesado, recomendando al Órgano de Gobierno del Poder Judicial o del Ministerio Público (Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público creadas dentro de una ley polémica), según se trate, el archivamiento del caso o la sanción a imponer.

2.2. Si la sanción impuesta por el Órgano de Gobierno del Poder Judicial o del Ministerio Público (Comisiones Ejecutivas antes mencionadas) es la destitución, ésta será puesta en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura a través de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos para los fines de ley.

(Los paréntesis son nuestros.)

Esta misma ley ordena de manera inaudita, en la Tercera Disposición Transitoria: "Todos los procesos en trámite seguidos contra magistrados del órgano jurisdiccional y miembros del Ministerio Público que se cursen ante el Poder Judicial, Ministerio Público o el Consejo Nacional de la Magistratura, deberán remitirse, en la fecha, a las instancias correspondientes del Poder Judicial y del Ministerio Público... bajo responsabilidad".

El imperativo mandato aludía sin dudas ni titubeos al procedimiento investigatorio que el Consejo de la Magistratura acababa de iniciar a los seis vocales supremos antes referidos.

Postura inaceptable la de ley tan perniciosa. La Constitución Política del Perú no puede ser más explícita, rotunda y concluyente sobre esta materia. El artículo 154 de la Constitución, inciso 3º, establece:

"Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimputable".

Diáfana y categórica la diferenciación que exhibe la norma constitucional. Los magistrados supremos están sujetos a sanción de destitución, previo debido proceso, de manera directa bajo autoridad exclusiva y excluyente del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Los magistrados de instancias inferiores a la Suprema –es decir los demás, los no supremos– son investigados, y, según el caso, procesados por el Consejo Nacional de la Magistratura a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos.

Ahí radica la explícita y manifiesta distinción constitucional. La norma es precisa. Se hace evidente por sí misma. No requiere de extraños ni sospechosos ejercicios hermenéuticos o interpretativos. Los magistrados supremos están sujetos a un régimen disciplinario directo a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, y los magistrados de instancias inferiores están supeditados a la solicitud que en cada caso formule la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. En sano derecho se interpreta lo oscuro, lo que no aparece diáfano. Jamás se interpreta lo que jurídicamente aparece claro. Ello se aplica y se cumple.

Por ello resultó inicialmente esperanzadora la tesis que en abril pasado el actual Consejo Nacional de la Magistratura suscribió en forma de proyecto de ley y ante el propio Congreso de la República:

"Artículo 1.- Derógase la Ley Nº 26933 que regula las sanciones a magistrados del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, incluso sus disposiciones complementarias transitorias y finales"; y "Artículo 3.- Los procesos disciplinarios que estuvieron en trámite contra magistrados del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura hasta antes de la promulgación de la Ley 26933 deberán serle remitidos apenas entre en vigencia esta ley por las instancias correspondientes del Poder Judicial y del Ministerio Público que los recepcionaron (sic) a mérito de la Tercera Disposición Transitoria de la mencionada ley", dijo fijando posición y en tono reivindicativo el hoy desechado proyecto de ley del Consejo entonces publicado el 29 de abril pasado en el diario oficial El Peruano.

A cambio, y en sentido distinto, el Congreso de la República aprobó la Ley 26973, que alcanzó en paradójico giro la genérica y pública conformidad oficial del actual Consejo, y desató, en cambio, fundado rechazo y más de una duda en los más diversos frentes; inclusive en el Banco Mundial.

Signos ostensibles parecen indicar que la citada Ley 26973, que supuestamente devolvía al Consejo Nacional de la Magistratura sus facultades constitucionales destitutorias, ha sido más bien asunto de interés político y económico que cuestión de vocación democrática.

No de otra manera puede comprenderse cómo un proyecto de ley como el antes indicado –que, como queda dicho, fue presentado por el actual Consejo de la Magistratura planteando la derogatoria de la ley que expolió los derechos del propio Consejo– sea tratado oblicuamente por el Congreso cuatro meses y medio después, en legislatura ordinaria distinta y curiosamente a sólo seis días del plazo sentenciado por el Banco Mundial para pronunciarse sobre la cancelación de un significativo –más por la trascendencia que por el monto– préstamo para la reforma judicial peruana.

Todo ello, todo, tan decepcionante como extrañamente oportuno.

La Ley 26937 bien puede ser reconocida como una ley eufemística. Usa palabras distintas en tono gramatical moderado para afirmar virtualmente lo mismo que afirma la ley que dice derogar. En puridad, la precitada ley no devuelve al Consejo ni autonomía ni tampoco la independencia constitucional que es propia de su facultad destitutoria. En el actual estado de cosas, el Consejo Nacional de la Magistratura jamás podrá destituir a un solo magistrado si no lo piden los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La ley promulgada dice textualmente: "Si la sanción a imponerse a juicio del Órgano de Gobierno y gestión del Poder Judicial o del Ministerio Público es la destitución, esta recomendación será puesta en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura" (artículo 2.2.2). Rotundo y terminante. Las partículas nocivas de la Ley 26933 no han sido derogadas. Están vivas, actúan, y para morir requieren de derogación expresa.

Todo ello, y otros signos de lo que está ocurriendo en el país, nos regresan necesariamente al asunto de la institucionalidad democrática, y específicamente al tema de la democracia en el Perú. Por ello, es indispensable recordar que la democracia no es un fin. Que el carácter moral de la democracia no es automático, sino que está supeditado a los fines que ésta persiga y depende de los medios de que se sirva, pues en puridad el valor de la democracia se mantiene o no se mantiene según los valores que encarne y promueva.

Es preciso que todos recordemos que el poder político, para legitimarse, está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y los derechos esenciales propios de las instituciones constitucionales que son el soporte de la democracia en un país.

Es la ley justa la única soberana del estado de derecho; jamás la voluntad arbitraria de los hombres. Así, la autoridad pública sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. En esta afirmación se inscribe, sin duda, la obligación de los dirigentes políticos y del pueblo de no entorpecer las instituciones de la patria, de no privarlas de su legítima y constructiva acción, que todos estamos obligados a promover. No hay auténtica libertad si ésta no se sustenta en el verdadero servicio del bien y en la cabal construcción de la justicia.

La regla esencial y rectora en un Estado como el nuestro, que se reclama respetuoso de los derechos de la persona humana, es que el derecho al ejercicio de la libertad de todos los hombres es siempre una exigencia inseparable de la dignidad de la persona, en vista de que la dignidad del ser humano reposa esencialmente en su auténtica libertad. En términos concretos, sin verdadera libertad personal e institucional no es posible hablar de democracia.

Por el bien individual y colectivo del Perú y de los peruanos, resulta indispensable convenir por lo menos en un acuerdo básico y común: no es posible la construcción y la realización del hombre y de la sociedad sin verdadera libertad.