Cuando usted lea estas líneas, es posible que más de 100 000 campesinos que viven en zonas afectadas por la violencia política se hayan quedado sin votar en las elecciones municipales. No por el boicot que infructuosamente ha pretendido Sendero Luminoso, sino por el que se hace el propio Estado al cerrar las posibilidades de que estos ciudadanos ejerzan sus derechos políticos. Algo tan absurdo como burlarse de sí mismo.

BURLÁNDOSE DE SÍ MISMOS

Jaime Márquez Calvo

El oficio N° 1884 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dirigido al señor Benedicto Torres Salazar el pasado 4 de setiembre, no contiene ninguna novedad para quien lea que los firmantes son los doctores Serpa Segura, Bringas Vilar, Muñoz Arce y De Valdivia Cano. ¿Qué otra cosa podía esperarse de quienes desconocieron una resolución anterior del propio JNE para permitir que el referéndum solicitado por cerca de un millón cuatrocientos mil ciudadanos sea decidido por 120 congresistas con los resultados que ya conocemos?

Pues la misma, por decir lo menos, insensibilidad fue mostrada esta vez ante más de 1 200 ciudadanos de la provincia de Huanta, en Ayacucho, que solicitaron a través de la Asociación de Reconstrucción y Desarrollo "Llaqtanchiqta Qatarichisun" la exoneración del pago de la multa de 104 nuevos soles por no haber sufragado en las elecciones pasadas.

Las razones presentadas por los solicitantes son obvias: la situación que vivieron por más de diez años de violencia en sus comunidades los obligó a huir de ellas sin poder ejercer sus más mínimos derechos ciudadanos. Pero además la suma indicada para cualquier comunero de Huanta es, de por sí, excesivamente onerosa.

Nada de ello, sin embargo, fue tomado en cuenta por los miembros del JNE. O tal vez sí. En el oficio que dirigen a Benedicto Torres, presidente de la Asociación, señalan en los considerandos las mismas razones expuestas por los propios comuneros. Pero para comunicarles, en primer lugar, que el trámite de "dispensa de sufragio" (algo no solicitado por ellos) sólo puede hacerse de manera individual. ¿Se tratará únicamente de un lapsus o de un excesivo formalismo de nuestros magistrados? Ni lo uno ni lo otro. Una burla, si tomamos en cuenta el segundo acuerdo del Jurado:

"Declarar que los ciudadanos que hayan efectuado el pago por concepto de omisión a la votación (...) con los montos anteriores a lo dispuesto por la Resolución N° 064-98 JNE, no están obligados a pagar la diferencia".

¿Y? ¿En qué cambia la cosa para los campesinos de Chaca, Purus, Carhuahurán, Pampalca, Ccano, Iquicha y Uchuraccay si no han hecho pago alguno ni con la anterior resolución (que señalaba la multa en 48 soles) ni con la última que la fija en 104 soles? Además, cualquier ciudadano que haya cumplido con pagar dicha multa en su momento, ¿por qué estaría obligado a pagar también la diferencia establecida por una resolución posterior?

La absurda declaración del jurado electoral es mucho más grave si tomamos en cuenta que en esta misma situación se encuentran alrededor de 115 000 ciudadanos, es decir, 28,5% del total de votantes, en las provincias de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y La Convención en Cusco, según información reciente alcanzada por la Defensoría del Pueblo.

Al cierre de la presente edición, esta institución estaba promoviendo un proyecto de ley para condonar el pago de esta deuda; independientemente de sus resultados, cabe preguntarnos por el tipo de relación que está estableciendo el Estado con la población civil en estas zonas. ¿Es posible lograr un poco de sensibilidad para permitir que más ciudadanos puedan ejercer sus derechos, sintiéndose parte de un Estado que los reconozca como tales?

Hemos empezado este artículo diciendo que para quien lea el oficio que reproducimos no debe ser ninguna novedad una burla como la que hemos reseñado, viniendo de nuestro actual Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, los campesinos solicitantes en algún momento creyeron ser atendidos en su pedido.

Otros distritos y comunidades aledañas quisieron intentar el mismo trámite, ante la posibilidad de encontrar una solución a su problema.

Nuestra labor de educadores ha sido mostrarles la realidad tal como es. No para que acumulen frustraciones (materia prima en la formación de potenciales subversivos), sino para que ganen experiencia en el esfuerzo diario por ser reconocidos como ciudadanos.