¿QUÉ PUEDE Y QUÉ NO PUEDE SENTENCIAR UN JUEZ DE PAZ?

En el marco del Plan Nacional de Jueces de Paz que el IDL viene ejecutando con el apoyo de la Comisión Europea, uno de los asuntos de debate recurrentes en los veinticuatro talleres que a la fecha hemos realizado en trece distritos judiciales, con aproximadamente mil jueces de paz, es el de los temas que en materia civil y penal pueden sentenciar válidamente. Tal como lo describe el presente artículo, el marco legal en este punto es oscuro, incoherente y "aluviónico". Urge un debate para su modificación.

 

Como se sabe, el derecho de "acceso a la justicia" o a la "tutela judicial efectiva" significa que si tenemos un problema legal y no podemos solucionarlo directamente, entonces tenemos derecho a que el Poder Judicial lo resuelva. Para ello debemos saber una cosa elemental: a qué juez o tribunal recurrir, pues no acudimos al magistrado que se nos antoja sino al que la ley previamente le ha encargado tal función; eso lo debe saber sobre todo el propio juez, y para ello es fundamental que la ley sea clara en este punto.

Pues bien: esto último lamentablemente no sucede en la actualidad con los jueces de paz, y no por responsabilidad de ellos sino, sobre todo, por culpa del marco legal que en su caso ha devenido confuso, contradictorio y "aluviónico" y que, por ende, se presta a más de una interpretación.

Así es: hoy no existe unanimidad, ni siquiera en el propio Poder Judicial, acerca de las materias que pueden resolver los jueces de paz en el ámbito civil y penal, pues a lo largo de los años se han ido yuxtaponiendo o sucediendo normas que directa o tangencialmente regulaban este tema sin ninguna coherencia legislativa en lo que a justicia de paz se refiere.

Nosotros en el IDL tenemos una posición respecto de cuáles son las materias que las leyes permiten hoy resolver al juez de paz, pero somos conscientes de que no hay unanimidad y de que el tema amerita una discusión que aclare el panorama.

En la actualidad, son básicamente cuatro textos legales los que regulan la competencia del juez de paz: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Código Procesal Civil (CPC), el Código Penal y la Ley de Conciliación Extrajudicial. En cuanto al vetusto reglamento de jueces de paz de 1854 (no, no se trata de un error de tipeo: es del siglo pasado), formalmente sigue vigente, pero la mayor parte de sus disposiciones han sido derogadas por incompatibilidad con normas posteriores o simplemente han caído en desuso.

Competencia civil

El artículo 65 de la LOPJ estableció con claridad la competencia de los jueces de paz en materia civil: alimentos, desalojo, pago de dinero, interdictos sobre bienes muebles y sumarias intervenciones a favor de menores.

Sin embargo, poco tiempo después el CPC cambió el panorama al establecer, en su artículo 547, que en materia de interdictos y desalojos, por la complejidad jurídica del debate que se podía generar en dichos procesos, ya no serían competentes los jueces de paz; en cambio, en cuanto a alimentos dejó abierta la posibilidad de seguir interpretando que seguían siendo competentes los jueces de paz a falta de juez de paz letrado.

Lamentablemente, el posterior Código del Niño y del Adolescente vino a cuestionar dicha competencia de nuestros jueces de paz en esta materia de alimentos, al encargársela –con un ánimo "garantista"– a jueces especializados o, en su defecto, a los jueces de paz letrados, guardando silencio respecto de los otros y, por tanto, sembrando la duda de si ya no son competentes en esta materia.

Sin embargo, en un esfuerzo por sustentar que los jueces de paz siguen siendo competentes para sentenciar en alimentos, algunos sostienen que la LOPJ no ha sido derogada tácitamente por el Código del Niño y del Adolescente, al no existir incompatibilidad entre la primera y este último, pues regulan supuestos distintos: la LOPJ, la competencia de los jueces de paz; el Código, la competencia de los jueces de paz letrados.

En síntesis, en cuanto al pago de dinero y sumarias intervenciones a favor de menores, no hay duda alguna de que siguen siendo competencia de los jueces de paz; en cambio, en cuanto a alimentos, existe la duda de si el Código del Niño y del Adolescente modificó o no la LOPJ en este extremo.

Competencia penal

Aquí la polémica no es sustantiva sino procesal, pues las faltas que son de competencia de los jueces de paz están claramente tipificadas en el Código Penal.

Por un lado, no todas las Cortes Superiores aceptan la facultad de sentenciar que tiene el juez de paz en materia de faltas, pues sostienen algunos que esa potestad –que se la confirió la Ley 24965 del año 1988, modificatoria del Código de Procedimientos Penales– fue supuestamente suprimida con posterioridad por la LOPJ de 1991, cuerpo legislativo que sólo habría conferido competencia civil y notarial a los jueces de paz.

Al respecto, consideramos que ese argumento es fácilmente rebatible si tomamos en cuenta que el artículo 65 de la LOPJ deja abierta la posibilidad de que por otras leyes se le otorguen otras competencias a la justicia de paz, cosa que precisamente hacen las normas penales.

Otro punto –mucho más polémico– es el referido a la instancia superior que revisa en apelación los fallos del juez de paz; mientras la ley modificatoria del Código de Procedimientos Penales de 1988 señala que la instancia superior es el juez de paz letrado, el artículo 59 de la LOPJ de 1992 dice que es el juzgado mixto o especializado.

Sobre el particular, hay que considerar que en nuestro marco legal el juez de paz letrado es más bien algo así como un primus inter pares (primero entre iguales) respecto de los jueces de paz, por lo que quizá resultaría más coherente que sus sentencias sean revisadas por el juez mixto o especializado.

Funciones notariales

En este punto, más que un debate, queremos dejar constancia de una realidad: en principio, las funciones notariales de los jueces de paz se reducen a las previstas en los artículos 58 y 68 de la LOPJ: escrituras públicas imperfectas, protestos y legalizaciones de firma; sin embargo, por nuestro trabajo sabemos que el juez de paz cumple otras funciones notariales muy importantes dirigidas a dar fe de determinados hechos ocurridos en la comunidad: elecciones, acuerdos comunales, certificado de buena conducta de una persona, entre otras, realidad que resulta necesario reconocer y regular.

¿Por qué tanta confusión?

Lo primero que nos viene a la mente al responder esta pregunta es la subvaloración de la que ha sido objeto la justicia de paz, esto es, funcionarios que ignoraban o no creían en las virtudes de esta justicia "lega". Pero también es cierto que en otras ocasiones la razón para sustraerle materias a su competencia ha sido un bien intencionado "garantismo" en algunos temas de derecho de familia o de derecho penal, que presupone que los derechos de las personas serán mejor cautelados por un juez profesional o especialista en la materia.

Muchas veces eso puede ser verdad, pero lo cuestionable de ese punto de vista es que no toma en cuenta un dato esencial de nuestra realidad judicial: es imposible, no sólo por razones económicas sino también geográficas, que todos los distritos, caseríos o anexos en el Perú cuenten con acceso a un juez profesional en un tiempo y esfuerzo razonables.

En consecuencia, ese bien intencionado "garantismo" de los derechos fundamentales que está a la base de muchas sustracciones de materia a la justicia de paz (cuyo ejemplo más claro es el Código del Niño y del Adolescente), aplicado sin flexibilidad en una realidad judicial como la peruana, puede crear más bien un efecto pernicioso contra las personas que paradójicamente busca proteger: "al empujarlas" a ir al juez especializado que por lo general está en la capital de la provincia, muchas de esas personas se quedan sin "tutela judicial efectiva" al serles materialmente imposible trasladarse hasta allá.

Ante esa situación de indefensión, muchos jueces de paz se rebelan y, haciendo caso omiso de las leyes, conocen y resuelven problemas que, en principio, no les competen, exponiéndose con frecuencia a quejas por usurpación de funciones o abuso de autoridad.

Y es que todos ellos se encuentran permanentemente sometidos a la exigencia social de resolver conflictos o problemas aunque no sean de su competencia: "la gente nos exige, doctor, que veamos su asunto; si no para qué estamos, nos dicen", me contaba un juez de paz de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa.

¿Qué hacer?

A nosotros se nos ocurren, por el momento, dos caminos: o se sistematizan las materias de competencia de la justicia de paz junto con sus características y prerrogativas en una nueva "Ley de la Justicia de Paz", o se procede a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los capítulos referidos a este nivel de la administración de justicia.

El primer camino tiene la ventaja de ser una regulación especial para una justicia también especial; el segundo, en cambio, favorece siempre el argumento de que toda la administración de justicia debe ser regulada en un solo cuerpo legislativo.

Cualquiera de las dos alternativas es buena si, finalmente, se logra claridad sobre la competencia civil y penal del juez de paz, en especial en materia de alimentos.

La función conciliatoria

Lo que sí no admite dudas es el hecho de que el juez de paz, a través de la conciliación, puede resolver amigablemente muchas más materias. Ello se desprende claramente no sólo de la Ley de Conciliación Extrajudicial, sino también del propio artículo 65 de la LOPJ, que literalmente dice: "Los jueces de paz conocen, de no lograrse la conciliación... de los procesos siguientes...". (Las cursivas son nuestras.) Por ende, los jueces de paz pueden "lograr la conciliación" sobre otras materias no previstas como de su competencia.

El límite a esta amplia "competencia conciliatoria" es que el marco legal excluya o prohíba expresamente a los jueces de paz conciliar sobre determinada materia, tal y como lo hace, por ejemplo, el artículo 67 de la LOPJ, al prohibirles conciliar en lo referido al vínculo matrimonial, nulidad o anulabilidad de actos jurídicos o contratos, entre otros; o el artículo 9 de la Ley de Conciliación Extrajudicial, que dice que no son conciliables los delitos.