Minas en la frontera:

Un asunto de derechos humanos

El tema de las minas es un asunto que va más allá de cualquier frontera, sea ésta nuestra o no, sea geográfica o cultural, étnica o racial, simbólica o real. Es un asunto de elemental y básica humanidad y, por lo tanto, una cuestión de derechos humanos. Las minas matan o hieren a seres humanos y les causan sufrimientos irreparables de la manera más cruel: mutilándolos. Y es bien sabido que todo lo que atente contra la integridad del ser humano es un asunto de derechos humanos.

Esa ha sido una idea fundamental de todos cuantos en el mundo, célebres o no, impulsaron campañas para proscribir su uso por los Estados y propiciar su limpieza total. Y ese también ha sido el espíritu alrededor del cual se aprobó, en setiembre de 1997, la convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, más comúnmente conocida como la Convención de Otawa. En el primer punto de su preámbulo dice que las minas "matan y mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhíben la repatriación de refugiados y de personas desplazdas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento".

Con esta Convención, adoptada por 126 países, se obtuvo el compromiso de los mismos de no colocar minas terrestres, sin excepciones ni reservas, así como de destruir la totalidad de estos explosivos almacenados en un plazo de cuatro años y limpiar los campos minados en un periodo máximo de diez años. El Perú suscribió dicha Convención en diciembre del año pasado y la ratificó en junio del presente. El ex presidente ecuatoriano Fabián Alarcón firmó también el tratado, pero el Congreso de ese país hasta la fecha no lo ratifica.

Mientras tanto, y cada vez con mayor frecuencia, seguimos siendo testigos de cómo las minas antipersonales siguen mutilando malamente a soldados peruanos. Ninguna frontera justifica el daño a su integridad y la afectación de sus más elementales derechos humanos.