VISITA IN LOCO DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA
¡NO
HAY ESTADO DE
DERECHO EN EL PERÚ!
Como era de esperarse, dada la situación del país, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Carlos Ayala, Robert Goldman, Jean
Exumé, Álvaro Tirado, Claudio Grossman y Helio Bicudo), hizo al final de su
visita al Perú una declaración sumamente crítica de la situación peruana en
términos de vigencia de derechos humanos, legalidad y Estado de Derecho.
Los expertos en el sistema interamericano consideran que pocas veces ha
habido un pronunciamiento tan extenso, inequívoco y crítico al final de una
visita. Algo que sólo puede ocurrir cuando los comisionados han podido
verificar una situación verdaderamente extrema y cuando la percepción es
consensual.
Pero la explicación no es –como ya han salido a decir algunos
defensores del régimen– que la Comisión siempre le ha tenido "mala
leche" al Gobierno de Fujimori, sino que es objetivo que en el país existe
un régimen autoritario, que pretende quedarse en el poder más allá de lo que
dispone la Constitución y que no sólo ha intervenido casi todas las
instituciones, sino que recurre constantemente a métodos muy turbios.
Pero, además, la visita de la Comisión generó una expectativa sin precedentes
en la población: todo tipo de personas, instituciones y gremios acudieron a
ella con el fin de presentar denuncias y reclamos. Evidentemente, esto revela
que la mayoría de las personas no confían en los mecanismos de denuncia y de
protección que existen en el país. Y claro, cómo van a confiar, si todo está
intervenido.
En relación con el Gobierno, habría que señalar que si bien ha habido
un cambio de actitud, puesto que, a diferencia de otras veces, dio todo tipo de
facilidades y garantías para la realización de la visita (punto que la Comisión
reconoce expresamente en su declaración), lo que le falta aprender es que no
basta poner buena cara y aparentar buenos modales, sino que la realidad es la
realidad, y que no es fácil engañar o dorar la píldora a los organismos
internacionales, en este caso a la CIDH.
La declaración comienza protocolarmente señalando algunos avances,
entre los que destacan: una mejor situación de seguridad; la Comisión Ad Hoc de
indultos (aunque aprovecha para recomendar su prórroga y a la vez la ampliación
de su mandato); la eliminación de los jueces sin rostro; la incorporación al
Código Penal de los delitos contra la humanidad y la tipificación de la
tortura; creación de la Defensoría del Pueblo, etc.
Pero es obvio que el grueso y lo central de la declaración está
dedicado a cuestionar y criticar una serie de medidas y normas.
En cuanto a la "vigencia del Estado
democrático y constitucional de derecho", toca y cuestiona ampliamente un
conjunto de puntos claves.
LA INTERVENCIÓN DEL
PODER JUDICIAL: LA PROVISIONALIDAD DE JUECES Y FISCALES
"La
Comisión fue informada que cerca de siete años después de la intervención
gubernamental en el Poder Judicial, más del 70% de los jueces y fiscales del
país son provisionales, y además que las funciones constitucionales del Consejo
Nacional de la Magistratura para designar dichos funcionarios han sido
intervenidas por sendas comisiones ejecutivas del Poder Judicial y el
Ministerio Público. Esta situación conspira gravemente contra la independencia
y autonomía del Poder Judicial frente al poder político, dando lugar, en no
pocos casos, a denuncias de injerencias indebidas.
La Comisión expresa la importancia de que la normalidad constitucional
del Poder Judicial sea restablecida, por lo que espera que la reorganización
del sector judicial no sea extendida más allá del vencimiento del plazo
previsto en la ley para el mes de diciembre del presente año, y que se
restablezcan las facultades del Fiscal de la Nación. El Consejo Nacional de la
Magistratura debe ser restituido en sus facultades constitucionales de
nombramiento y de destitución de jueces y fiscales."
LA IMPUNIDAD DE
CRÍMENES CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS (CONTRA LA LEY DE AMNISTÍA)
La Comisión urge que se dejen sin efecto las leyes de amnistía, y se
promueva una investigación independiente con el fin de establecer la verdad de
los hechos ocurridos durante el período de violencia. Asimismo, el Estado tiene
la potestad y la obligación de sancionar los actos de violaciones protegiendo a
la población y la tranquilidad social.
EL DEBIDO PROCESO
(CONTRA LOS DECRETOS DE SEGURIDAD NACIONAL)
"La
CIDH reitera que la seguridad ciudadana es un valor importante y fundamental para
la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, el contenido
esencial del Estado de Derecho se ve afectado por la extensión indebida de
tipos penales, surgidos con ocasión de la lucha antisubversiva, a delitos
comunes. En estos casos los derechos y garantías esenciales de los individuos
son afectados al disminuirse la presunción de inocencia y las garantías del
debido proceso. La confusión subyacente en esta nueva legislación entre
"seguridad nacional" y "seguridad ciudadana" confunde los
ámbitos que les son propios. El mezclar ambas nociones en un concepto único
militariza por un lado el orden penal, y por el otro asigna a las instituciones
castrenses y de inteligencia tareas que no les son propias, invadiéndose la
esfera de los derechos fundamentales de la persona.
Uno de los problemas más serios que afecta a sociedades que salen de
períodos de violencia y terrorismo es evitar que las instituciones, prácticas y
hábitos culturales que se han desarrollado para combatir la subversión se institucionalicen,
sujetando a la sociedad a esquemas del pasado. La CIDH, en su informe al Perú,
estudiará en profundidad estos temas de trascendental importancia para el
futuro democrático del Perú y formulará las recomendaciones respectivas."
LA EXPANSIÓN DE LA
JUSTICIA MILITAR
Sobre el particular, la Comisión reitera su doctrina, en el sentido de
que la justicia militar debe ser aplicada sólo a militares activos únicamente
por delitos de función. En este sentido, los crímenes contra los derechos humanos
deben ser investigados y sancionados conforme a ley, por los tribunales penales
ordinarios. No debe permitirse la inversión de competencias en esta materia,
pues ello desnaturaliza las garantías judiciales, bajo un falso espejismo de
eficacia de la justicia militar, con graves consecuencias institucionales, que
de hecho cuestionan a los tribunales civiles y la vigencia del Estado de
Derecho.
LA DESARTICULACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
"Esta
importante garantía constitucional –se refiere al Tribunal Constitucional– ha
quedado desarticulada, a raíz de la destitución de tres de sus magistrados, en
virtud del quórum requerido por la ley para ejercer esa función de control.
La Comisión espera que la normalidad del Tribunal Constitucional sea
restablecida prontamente, conjuntamente con una revisión de ciertos elementos
institucionales en la Ley que rige sus funciones, la cual, entre otros
elementos, exige una mayoría irrazonable por exagerada de 6 votos de 7
magistrados, a fin de declarar la inconstitucionalidad de las leyes."
DERECHOS POLÍTICOS
(BLOQUEO DEL REFERÉNDUM Y SISTEMA ELECTORAL)
"La Comisión recibió durante su visita, diversas peticiones y
comunicaciones, en relación a lo que sus representantes denominaron el bloqueo del
referéndum solicitado por iniciativa popular, con el fin de efectuar una
consulta a la ciudadanía sobre la reelección presidencial. De acuerdo con la
denuncia, la decisión previa del Jurado Nacional de Electoral y la posterior
negativa del Congreso a aprobar la convocatoria del referéndum, configuran una
grave violación de los derechos políticos de los peruanos, consagrados en la
Convención Americana. La Comisión tramitará dichas peticiones conforme a su
reglamento, y en su oportunidad se pronunciará respecto de ellas."
Con igual contundencia y espíritu crítico la CIDH aborda puntos sobre
"situación penitenciaria", "trabajadores jubilados y
despedidos", "pueblos indígenas", "derechos del niño",
"planificación familiar" y "esterilización forzada", a partir
de las denuncias recibidas, las mismas que se comprometen a seguir
investigando.
LIBERTAD DE PRENSA
La CIDH
termina su declaración expresando su preocupación por lo que viene ocurriendo
en el Perú con un tema fundamental: la libertad de prensa. Ya de por sí era
revelador de esa preocupación que la
CIDH haya traído como parte de su delegación a
Santiago Cantón, relator para la liberad de expresión, recientemente
nombrado como tal:
"Sin
libertad de expresión que incluya no sólo la posibilidad de expresar ideas
libremente, sino también la existencia de garantías judiciales que protejan
adecuadamente el libre ejercicio de este derecho, es inconcebible una sociedad
democrática. Una primera evaluación de la información recibida hasta el momento
parece indicar que en el Perú, si bien es posible efectuar críticas a las
autoridades, en algunos casos estas críticas traen como consecuencia
persecuciones y amenazas que limitan significativamente el libre ejercicio del
derecho a la libertad de expresión."
"Un caso que ha alcanzado relevancia internacional es el del Sr.
Baruch Ivcher. El Relator recibió información sobre este caso, sobre las
acciones que se han iniciado en contra de personas que trabajaban para el Sr.
Ivcher, y sobre empresas de su propiedad."
Una vez más, por culpa del Gobierno y del tipo de
régimen político realmente existente, una organización internacional de la
importancia de la CIDH "jala" –y con un 05– al país en materia de
derechos humanos y de democracia.