Testimonio al paso

Las ONG y la Defensoría

del Pueblo

Jorge Santistevan de Noriega

La elección de Jorge Santistevan como primer Defensor del Pueblo en 1996 ha sido muy positiva para la causa de los derechos humanos en el Perú. En lo que va de su gestión ha dado reiteradas pruebas de su compromiso con la agenda pendiente de derechos humanos. Ha sido, por ejemplo, el artífice del consenso que se necesitaba para echar a andar un mecanismo de solución sobre el problema de los inocentes en prisión. Es la primera vez que los organismos de derechos humanos tenemos a alguien en el Estado con el que se puede "hacer pared", con objetivos comunes. Pero, ¿qué es lo común y qué lo diferente del trabajo de derechos humanos desde la Defensoría del Pueblo y desde las ONG?

Hace dos años y medio, cuando comencé este delicado trabajo de Defensor del Pueblo, mi relación con las ONG en el Perú había sido distante, más por mi ausencia del país o de los temas que preocupan al sector no gubernamental organizado que por otra cosa. Mi experiencia fundamental venía del trabajo humanitario con las ONG en el exterior, especialmente en los últimos años en México, donde había ido de la confrontación inicial a la complementación eficiente sobre la base del diálogo, transparencia y respeto por la autonomía de cada quien.

Hoy, transcurrida la mitad de mi período como Defensor del Pueblo, tengo que reconocer que la relación que he desarrollado con las ONG se ha sustentado sobre estas mismas bases, y ha logrado establecer objetivos comunes que juntos podemos ir alcanzando. Hay, me parece, mutuo respeto por el ámbito de acción que tiene la Defensoría del Pueblo como institución autónoma del Estado (que no es lo mismo que decir del Gobierno); así como lo hay por los compromisos que como expresiones de la sociedad civil han asumido las ONG.

En este espacio, creo que vamos encontrando puntos de convergencia que nos permiten avanzar, juntos pero no revueltos, en favor de la vigencia de la ley y el respeto de los derechos fundamentales.

Tres ejemplos, extraídos de la experiencia de los treinta meses transcurridos desde el inicio de la Defensoría del Pueblo, ilustran lo anterior: el trabajo con las personas injustificadamente privadas de su libertad por acusación de terrorismo (que el Presidente Fujimori y las ONG prefieren llamar directamente "los inocentes"); los derechos de las mujeres en el Perú; y la terca lucha por la erradicación del reclutamiento forzoso para el servicio militar conocido entre nosotros como "la leva".

En los tres casos la Defensoría no hubiese podido avanzar sola, y creo que las ONG no hubiesen obtenido logros en favor de ciudadanos y ciudadanas concretos sin la contribución de la intervención defensorial. Veamos uno por uno.

En el caso de los indultos esta fórmula peculiar que se aplica en el Perú por impulso de la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación de las personas injustificadamente detenidas–, las campañas de las ONG no solamente lograron penetrar en la opinión pública sino que llegaron a convencer a las propias autoridades del Gobierno de que allí existía un problema que era necesario resolver. En la solución, a través del indulto presidencial, intervinimos nosotros con el inicial descreimiento, según recuerdo, de las ONG, aunque rápidamente se logró una acción conjunta que ha permitido prestigiar la solución del indulto y legitimarla ante la sociedad y las autoridades.

El hecho es que, a dos años de trabajo, hay 457 personas que se han beneficiado y han recuperado su libertad injustificadamente perdida, y están por obtener beneficios legales complementarios que acercan el perdón presidencial a una virtual amnistía. Se trata, entonces, de resultados concretos, obtenidos con el aporte conjunto de la sociedad civil organizada para la defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo como ente autónomo del Estado, el Congreso que dio la ley respectiva y las autoridades del Gobierno (Presidencia de la República, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario) que hacen posible la liberación de los presos.

Así también ocurre en el campo de los derechos de la mujer. Se ha avanzado en el Perú, y se sigue avanzando, en superar la discriminación contra la mujer y combatir la violencia que la afecta, poniendo en práctica medidas de acción afirmativa como la cuota mínima de mujeres que deben llevar las listas electorales en todo el país. Nuevamente aquí, aunque hay interés manifiesto de las autoridades del Gobierno y los congresistas de todas las bancadas, encuentro que el desarrollo del movimiento femenino y las ONG especializadas en cuestiones de género permite avanzar y facilitar el papel catalizador que está jugando la Defensoría del Pueblo en esta materia.

¿Las levas? Pues bien: también en esto hay un empeño conjunto –aunque no necesariamente pactado– entre las ONG y la Defensoría del Pueblo para elevar la conciencia pública sobre esta práctica de privación de la libertad que conduce a que a los jóvenes más pobres del Perú se les fuerce a ir a los cuarteles para incorporarse al servicio militar, en contra de expresos dispositivos legales y constitucionales que garantizan la libertad individual y castigan la detención arbitraria.

No solamente eso. Ha habido declaraciones explícitas de los más altos voceros militares que han establecido la ilegalidad de la práctica de la leva y, por añadidura, se acaba de aprobar una ley que la prohíbe una vez más en la vida republicana del Perú.

¿Nos quedaremos ahora satisfechos con la publicación de este nuevo dispositivo en El Peruano? En absoluto; el simple texto de la ley no cambia la realidad. Será necesario establecer un sistema de alerta y vigilancia que permita conocer cada caso de leva que los ciudadanos y las ciudadanas de este país quieran denunciar, para resolver la privación de la libertad del joven involucrado y para activar la maquinaria legal que permita, aunque sea con limitaciones, castigar a los responsables o por lo menos amenazarlos seriamente con el peso de la ley.

Solamente si logramos crear una red de defensa que se active ante cada caso de leva denunciado, podrá erradicarse en los hechos lo que la nueva ley vuelve a prohibir en abstracto. Y esto lo debemos hacer a través de la relación de trabajo que tendrá que establecerse al efecto entre el sector no gubernamental, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y las demás autoridades militares con competencia en esta materia.

Debe ser un mecanismo capaz de operar desde las provincias y de incluir fórmulas modernas de comunicación, como un sistema de línea telefónica abierta, que permita conocer los casos de leva para activarse inmediatamente en defensa del derecho a la libertad individual.

(Paréntesis: En materia electoral funciona, a través de Transparencia fundamentalmente, un sistema de vigilancia ciudadana que tiene presente y futuro auspiciosos. Una red similar tendrá que irse tejiendo por cierto para hacer realidad la erradicación de la tortura y hacer cumplir la nueva legislación que la incorpora como delito en nuestro Código Penal. Igual tendrá que ocurrir con el fortalecimiento de las asociaciones de defensa del consumidor, particularmente en el caso de los servicios públicos, y de protección del medio ambiente o de los derechos de los vecinos.)

Pues bien: ¿cuál es la lección aprendida en estos treinta meses? Que si el objetivo de la tarea defensorial es que se cumpla con la ley para que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas que se benefician de la acción de la institución, la ley se cumple mejor si su eficacia se somete a un sistema de vigilancia civil que permita que el sector no gubernamental organizado se comprometa en ello. Así, y contando con el aporte ineludible de los medios de comunicación que forman opinión pública, se contribuye –a juicio de quien esto escribe– al control y fiscalización social del quehacer público que caracteriza la vida moderna en un mundo de mercado libre e información al instante.

Y esta lección me parece sumamente valiosa, pues me convence de que esta vigilancia civil para el cumplimiento de las leyes constituye un campo creciente de participación ciudadana que está destinado a fortalecer lo que podemos llamar la democracia de la vida diaria. Asunto tan importante como el Estado de Derecho, la división de poderes y el funcionamiento de los contrapesos que hoy no podemos reconocer en el mapa de este Perú de siempre. Aspecto tan valioso de nuestro "hay hermanos muchísimo que hacer" en el que me atrevería a poner la vigilancia ciudadana en el mismo nivel que la impostergable tarea de construir un Poder Judicial autónomo, una administración pública honesta y eficiente, un Ejecutivo responsable y respetuoso de los derechos de todos, así como un Legislativo que legisle bien y fiscalice mejor.

Sin entrar por favor en ninguna capilla política, ni someterse a ningún caudillaje, hay espacio –lo creo firmemente– para hacer labor cívica constructiva con las ONG desde este puente entre el ciudadano o ciudadana y el Estado que es como yo concibo la Defensoría del Pueblo en el Perú.