Siguiendo con la reflexión de peruanos destacados, a propóstio del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Javier Iguiñiz se acerca a ellos desde la de la economía, y Alfredo Barnechea desde la política.

DERECHOS SOCIALES: DE LA UNIVERSALIDAD CÍNICA A LA DISCRIMINACIÓN SINCERA

Javier Iguiñiz Echeverría

 

Desde el Perú, la lectura de la Declaración Universal es siempre esperanzadora, pero en los últimos lustros se ha constituido en un ejercicio doloroso, aunque por distintas razones que en el pasado.

Si desde la esfera oficial del país en este pasado se pretendía (aun cuando de boca para afuera) una universalidad en el campo de los derechos sociales, mientras las grandes divisiones reales se reducían a ritmo de tortuga, en el presente se ha sincerado la aproximación al problema y se camina hacia la institucionalización de una diferenciación abierta de estatus social entre los peruanos.

Para ello ha sido necesaria una masiva desmoralización de la población y de las elites contestatarias. A esta desmoralización han contribuido muchos factores. Entre ellos nos vienen a la mente la prolongada y profunda crisis económica y el arrinconamiento de las familias en la sobrevivencia; la impune violencia terrorista y genocida; la violación permanente de la ley desde las más altas esferas de todos los poderes del Estado, lo que convierte a la delincuencia en lo más universalmente repartido; la desconexión entre representantes y representados con la consiguiente pérdida de autoridad moral de los antiguos partidos; y la institucionalización del desamparo de la población.

En esta breve nota vamos a concentrarnos en una hipótesis de relación entre economía y desmoralización. Consiste en que lo prolongado, profundo y accidentado de la crisis económica peruana ha contribuido a poner entre paréntesis la conciencia que tienen muchos peruanos de la propia dignidad y, además, a doblegar la voluntad remanente de ejercer esa conciencia de ser titulares de importantes derechos individuales y sociales.

Apuntamos a la voluntad para distinguir entre la conciencia existente y su eficacia en el momento de defender derechos individuales y sociales. La conciencia sobreviviente al aletargamiento y a la pérdida de voluntad no ha podido oponerse de manera eficaz a los efectos destructivos de la fibra moral que los sucesivos y cada vez más profundos embates sobre las condiciones de vida han tenido sobre la población peruana.

El doblegamiento moral tiene varios capítulos de índole económica. El primer capítulo es el de 1976-78, cuando el producto per cápita cayó 5,3%. El salario real privado ya venía cayendo desde la crisis del petróleo, al punto que en 1979 se llegó a una cifra 48,7% menor que en 1973. La reacción social es conocida. Las huelgas e irrupciones vecinales contra el alza del costo de vida más importantes de la historia del país ocurrieron en esos años. Después de un breve alivio de tres años, ocurre otro deterioro, y más rápido que el anterior, pues el PBI per cápita cae 16,5% en el período 1982-1983. El salario real privado, que subió 11,7% después de 1979, cae 32,8% entre 1982 y 1985. Vuelve así a caer inclusive en años en los que crece la producción per cápita.

Esta vez la respuesta social organizada es menor a pesar de haberse reinstaurado un régimen político con más libertades desde 1980. Un nuevo respiro en la producción per cápita durante 1986 y 1987, con una elevación del salario real privado de 39,6%, desemboca en otra crisis aún más profunda y prolongada. Después de 1987 –y hasta 1992–, la producción per cápita cae 28,6% en lo que es la peor crisis económica registrada. Los salarios reales, como siempre, cayeron más que el producto. En 1992 ese salario era el 35,4% del obtenido en 1987 y el 22,7% del de veinte años atrás, en 1973. El poder de compra perdido fue la increíble cifra de 77,3%. El PBI per cápita era "sólo" 23% menor que el de 1973 y similar al de 1960.

Si estas cifras parecen increíbles y hacen difícil imaginar el proceso de ajuste de las condiciones de vida y los estilos de convivencia familiar, las que corresponden al sector público son todavía más impresionantes. Tomando en cuenta sólo la caída entre 1981 y 1992, esto es, durante el régimen democrático, la cifra es 90%. Resulta imposible saber qué es vivir con el 10% de lo que se disponía unos años atrás. Obviamente, esta ruptura de la barrera de todos los sonidos no puede estar expresando lo que realmente ha sucedido en la vida del trabajador público, pero por muy silenciosas que hayan sido las respuestas a este proceso tan grave de deterioro económico, no pueden haber sido incruentas.

En la esfera de la atención social del Estado, la fuga de los más capaces y la pérdida de la motivación de los que quedaron colaboraron con su propio círculo vicioso de deterioro de la calidad, desprestigio y desmoralización.

Tras prácticamente veinte años de ajustes cada vez mayores, la economía del Perú, esta vez junto a la de América Latina, retoma un período de recuperación relativamente prolongada. Aun así, en 1997 el PBI per cápita está en el nivel del de 1973, cuando comenzó el tobogán. La recuperación productiva ha sido importante, pues en 1997 el PBI per cápita estaba a un nivel 30,4% mayor que en 1992.

En esa relación no se presenta la experiencia de cada uno de los shocks de estabilización. Si bien los promedios anuales dan una idea de lo fluctuante de la evolución de los ingresos, la pérdida de piso significa que de un día para otro no se puede abastecer a la familia de lo esencial, que hay que renunciar a estudios, que se entra en situaciones de endeudamiento y de desprestigio familiar o personal, etcétera. La venta de objetos de valor personal y de afirmación de autoestima es otra de las expresiones de esa experiencia.

En efecto, como sabemos bien, esas cifras no revelan buena parte de la experiencia. Junto al deterioro registrado en el ingreso nacional y familiar, se ha desvalijado al Estado, instituido el desamparo social y entronizado la darwiniana ley del más fuerte en la competencia económica. En segundo lugar, la ruta de los derechos sociales propios del mundo del asalariado occidental se ha estrechado y se ha fortalecido el camino de la informalidad.

Es más: en el camino se pusieron las esperanzas en sucesivos gobiernos y discursos ideológicos y se repitieron las frustraciones, y con ellas se profundizó la desmoralización política. La violencia terrorista, la violación de la ley en todas las esferas del Estado y la abierta impunidad han hecho también mella en el estándar y la vigencia de los derechos individuales y han colaborado con las crisis económicas en contrarrestar las posibilidades que, en principio, abría la restaurada democracia. La urgencia por sobrevivir en un ambiente económica y militarmente tan hostil llevó, como ya hemos indicado, a poner entre paréntesis la reivindicación de muchos derechos.

En ese contexto, la insistente prédica en el sentido de que la vigencia de muchos de dichos derechos atentan contra la sobrevivencia de las empresas y contra la permanencia de los empleos, revela la ceguera moral e intelectual de muchos y sirvió y sirve de justificación para el desmantelamiento legal de muchos de ellos y para una extendida racionalización del nuevo conformismo. La aspiración de lucha había que derivarla hacia la estricta tarea de la sobrevivencia familiar por medio de una agudizada competencia económica en todos los mercados.

En esa competencia muchas de las reglas civilizadas se dejan de lado con tal de aferrarse desesperadamente al puesto, al cliente, al proveedor que permitía mantenerse a flote en otro naufragio más sin los botes necesarios para todos. Había y hay que impedir que el competidor entre en el bote. Esa competencia exacerbada también ha llevado, en muchos centros de trabajo, a la aceptación resignada de maltratos que denigran la dignidad humana, pero que, dadas las circunstancias, se terminan racionalizando como maneras inevitables de sobrevivir y hasta llegan a ser celebradas en una nueva especie de humor corrosivo y destructor de criterios de decencia. Estamos ante una destrucción total de muchas de las reglas de convivencia civilizada en el mundo de la economía y de la política.

Así es en la seguridad social, en la salud, en la educación, en el trabajo. Las relaciones humanas en la economía están más cerca que antes de la servidumbre y son rehuidas a costa de muchos sacrificios para encontrar que la dureza del mundo de la informalidad cierra las salidas hacia una vida y una dignidad menos asediadas cotidianamente. La conciencia del derecho al descanso pasó a ser un estorbo para la sobrevivencia y se aceptaron las larguísimas jornadas de trabajo que hoy constituyen la norma. La conciencia del derecho a la salud se transformó en la "aceptación forzada" del pago como condición de acceso a servicios públicos de baja calidad y maltrato generalizado.

Hoy hace falta exhibir en la televisión las desgracias más impresentables para merecer alguna consideración del sector público. La vigencia del derecho al trabajo es asunto de cada uno; no es responsabilidad social, y menos aún pública. Hemos pasado en muchos casos de un pretendido derecho propio de las personas al abierto derecho que es intermediado por el dinero y que termina proviniendo de él. Cada vez más derechos pasan por el poder adquisitivo, y se considera que así debe ser. La participación más plena de la ciudadanía incluye la adquisición de acciones de grandes empresas. El dinero es la principal fuente del derecho a la calidad en la educación y en la curación de la enfermedad. La igualdad de oportunidades es uno de los peligrosos asuntos del pasado que hay que dejar atrás.

La pregunta que queda por hacerse es qué aspectos de esa desmoralización personal y social son permanentes y cuáles no. Habría que hacer una distinción entre conciencia de los derechos y la posibilidad de traducir esa conciencia en acción, en exigencia de respeto, en oportunidades para salir adelante.

Nuestra respuesta tentativa es que a pesar de los efectos permanentes que una crisis de esa profundidad y duración tiene sobre la conciencia de los derechos individuales y sociales, el nuevo orden legal que busca y que en parte ha logrado legalizar y legitimar lo que se llama vida en medio de los escombros sociales de la crisis corresponde cada vez menos con la vigorización de la conciencia ciudadana actualmente en curso.

Tenemos la impresión de que este proceso de desmoralización empieza a revertirse. El ensalzamiento de la informalidad tiene ya rendimientos decrecientes; el derecho a la supervivencia y a la autodefensa empiezan a resurgir; la exigencia de democracia sale a las calles; el empleo empieza a ser un asunto público; la gente comienza a solicitar evaluaciones de lo realizado.

Obviamente, esta nueva irrupción no encontrará el camino asfaltado. En general, la economía se impone en más esferas de la vida como intermediaria entre las personas, y entre ellas y las cosas necesarias para vivir y florecer plenamente como personas justo cuando más rápidamente se concentra el ingreso mundial y en muchos países. La nueva normatividad social actualiza la leyes para adaptarlas a las relaciones de poder social en medio de los escombros que dejó la larga crisis y a los compromisos financieros internacionales.