El ciudadano inerme

Alfredo Barnechea

Lo que más impresiona –mejor aun: cautiva– de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es su aliento de utopía. Porque, más que consagrar un ideal, señala un horizonte.

¿Son cincuenta años para celebrar? Sin duda, sí. Al mismo tiempo, varios de esos derechos no se cumplen, siguen siendo utopías.

La historia de este siglo, sobre todo de su primera mitad pero aun de su segunda, es una desconsoladora mezcla de avances y retrocesos. El año pasado el historiador Gabriel Jackson publicó un libro llamado Civilización y barbarie: La Europa del siglo XX, en el que muestra precisamente cómo la Europa civilizada, hogar de extraordinarias conquistas de civilización, fue, simultáneamente, anfiteatro del horror.

Eso podría llevar fácilmente, a quienes tienen disposición para ese tipo de especulación, a pensar si, de verdad, existe un progreso "moral" en la historia de los hombres.

Pero desde un punto de vista político y social, que es el mío, la pregunta sería más bien: ¿mejoró la condición de los hombres este último medio siglo? ¿Mejoró, por tanto, la calidad de sus derechos?

Como promedio, la respuesta es nuevamente sí. Gran parte de esa mejora se debió al desarrollo y la extensión del Estado de Bienestar.

La idea de que los seres humanos tenían derechos universales, es decir derechos que no se limitaban a las libertades de conciencia, palabra o religión, fue el producto de una dilatada evolución en el pensamiento de Occidente.

Fue T.H. Marshall, en una célebre conferencia de 1949, quien trazó esa evolución. Primero aparecieron los derechos políticos, en el siglo XVIII, aquellos contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que acompañó el alba de las revoluciones con las que se inicia el ciclo de la Edad Moderna.

En el siglo XIX la ciudadanía se amplió, con nuevos instrumentos que garantizaban, por ejemplo, el derecho a la huelga o al sufragio femenino.

Se incorporó la dimensión social de la ciudadanía.

En el siglo XX, principalmente a partir de la segunda posguerra, apareció la dimensión económica de la ciudadanía.

A partir de estos conceptos de Marshall se desarrollaron innumerables trabajos, pero fue él quien diseñó esa evolución.

Al celebrarse los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos encontramos con una situación paradójica. Por un lado, fruto de esa evolución descrita, los derechos se han extendido. Asimismo, la conciencia de ellos se ha fortalecido enormemente. Es esa conquista cultural acaso el elemento más estimulante que tenemos. Pero en los últimos veinte años, desde fines de la década del setenta, el mundo presenció –por razones que escapan a los marcos de esta nota– una arremetida contra esa concepción amplia de los derechos.

Una propuesta liberal, o neoliberal, como ha terminado por llamarse, que perdió en el camino la frondosa y rica pluralidad de la tradición liberal, los ha ido circunscribiendo a una esfera política o legal, con el desmantelamiento de los Estados de Bienestar y las redes de protección de los ciudadanos.

En cierto sentido, éstos han quedado inermes. Ciertamente, esos Estados de Bienestar, mientras solucionaron ciertos problemas, crearon otros. Y sus instrumentos de política económica se volvieron, en medio de la globalización, inservibles. Pero la necesidad de restaurar, mantener o renovar esas redes de protección social, continúa allí, como el gran desafío político y social de nuestro tiempo.

La concesión del Premio Nobel a Amartya Sen tal vez sea una indicación de que, en la conciencia mundial, ese desafío puede ganar la partida.