Una vez más se vuelve a demostrar que en derechos humanos no existe el hecho consumado. La verdad y la justicia siempre terminan por filtrarse. Cuando se cree que todo está taponeado o bloqueado, salen, aparecen, y por las grietas más impensadas. ¿Quién podría creer que el juicio del juez Garzón contra Pinochet, en España, no sólo prosperaría sino que provocaría la detención del dictador, uno de los peores violadores de derechos humanos de los últimos tiempos? Nadie, ni el más optimista; pero ¡ocurrió! Sea cual fuere el desenlace, el hecho es, sin duda, el mejor homenaje que ha podido hacerse al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre lo ocurrido hemos invitado a escribir a Mariana Allendes, abogada que formó parte de la Vicaría de Solidaridad de Chile. Completa el bloque una entrevista con Roberto Garretón.

El ocaso del dictador

Mariana Allendes

La detención en Londres, por orden de un juez español, del senador vitalicio y ex Presidente de Chile por diecisiete años, general (r) Augusto Pinochet Ugarte, ha causado gran revuelo nacional e internacional, el que proviene tanto de voces en contra cuanto a favor de tal medida.

Por lo pronto, el Gobierno chileno ha sido el primero en rechazarla, actitud que sustenta en que el general viajaba con pasaporte diplomático y como tal gozaba de inmunidad, por lo que la detención no podía ser efectuada. Lo cierto es que el general Pinochet no se encontraba en misión oficial, ya que, como era público y notorio, su viaje obedecía a razones de salud, por lo que tampoco se encontraba acreditado como tal ante el Gobierno británico.

Sin embargo, lo que más parece afectar al actual Gobierno de Chile es el hecho de que tribunales extranjeros pretendan juzgar a un chileno que puede haber cometido delitos dentro de su país. Esta parte ha argüido que Chile es un país soberano y que tiene un poder judicial capaz de impartir justicia. Pero entonces la pregunta obvia es por qué después de veinticinco años, el ahora anciano ex gobernante no ha sido siquiera llamado a declarar en los cientos y tal vez miles de procesos en los que se han denunciado violaciones de los derechos humanos durante su dictadura.

El interrogante va más allá: por qué, si se ha condenado al jefe de su policía secreta de los primeros años (la DINA), general (r) Manuel Contreras, persona que contaba con su absoluta confianza y que, como éste recientemente expresara, lo tenía al tanto de todo lo que aquel servicio de inteligencia hacía, nunca se intentó hacer justicia en las cortes chilenas. Tanto más si se toma en cuenta aquella tristemente célebre frase tan cara al propio general Pinochet según la cual "en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa".

Si vamos más allá, podemos pensar que es imposible que la DINA y su director, el general Contreras, actuaran por cuenta propia al ordenar los asesinatos en Washington y Buenos Aires de los ex amigos del gobernante, Orlando Letelier y el general(r) Carlos Pratts respectivamente, así como el atentado contra el ex ministro del Interior, Bernardo Leighton, en Roma. Actos, por cierto, de terrorismo internacional.

Pues bien: tal vez resulte exagerado que el juez Garzón compare el régimen de Pinochet con el de Pol Pot en Camboya; sin embargo, no se puede desconocer que Pinochet y su Gobierno causaron mucho daño y dolor no sólo a las víctimas de los abusos cometidos durante su mandato, sino también a toda la sociedad chilena, cuyo resultado puede verse hoy mismo en las calles de Santiago y del mundo. Sus atrocidades han dejado heridas abiertas en el alma nacional, como los cientos de casos de detenidos-desaparecidos aún no resueltos.

Cuando se pide humanidad para con el anciano ex dictador, los que hemos trabajado en derechos humanos no podemos dejar de recordar a todas esas casi ancianas que deambulaban por los pasillos de la Vicaría de la Solidaridad, quince años después del golpe de Estado, enseñando a quien quisiera prestarles atención la foto de su hijo, su marido o cualquier otro "detenido" por el régimen militar, negándose a reconocer que estaban muertos, que habían sido asesinados, en muchos casos brutalmente, por sus creencias políticas o por lo que fuera, sin habérseles dado el derecho a defenderse en un juicio justo e imparcial como el que se le ofrece a Pinochet en España.

No ha habido en todos los años posteriores al término del gobierno militar una sola voz de reconciliación de los que ahora piden piedad y "trato humanitario", ni siquiera un "tal vez" cometimos excesos; nada. Los mismos que ahora reclaman falta de colaboración de los gobiernos de Inglaterra y España, atacan sus sedes diplomáticas y los acusan de insensibilidad, entienden que los gobiernos de esos países, como lo han repetido sus primeros ministros, no lo pueden hacer porque se trata de un asunto que no les compete a ellos sino a sus respectivos poderes judiciales.

Tal vez no pueden entenderlo por la misma razón por la que Pinochet no ha sido procesado hasta ahora en Chile y, por lo tanto, no se ha castigado casi ninguna de las violaciones de derechos humanos cometidas durante su mandato. Los tribunales en Chile, durante el largo período de dictadura, salvo muy contadas y honrosas excepciones de jueces que pagaron con su remoción, no pudieron o no quisieron hacerlo, puesto que no había una real separación de poderes, y su quehacer en estos temas estaba subordinado al gobierno de facto.

Durante los años posteriores, según se ha dicho, ha sido el precio por pagar por una transición pacífica a la democracia, por cierto no pactado, sólo tácito, bajo la atenta y amenazante mirada de las Fuerzas Armadas, que no permitían que se juzgase a su recientemente retirado Comandante en Jefe.

Tanto es así que personeros de derecha, que ahora sabemos se identifican plenamente con Pinochet, han llegado, en un acto de soberbia increíble, a amenazar con un quiebre de la institucionalidad democrática si no se le libera, hecho que por lo de más no depende del Gobierno chileno.

Asimismo, quienes no logran entender que la justicia es un quehacer independiente de la política coyuntural, acusan a quienes reclaman justicia o al mismo juez Garzón de ser socialistas o comunistas, puesto que no pueden concebir que el impartir justicia es un acto objetivo que se sustenta en hechos y derechos y no depende del color político de acusadores o acusados.

Ahora bien: el Gobierno chileno ha argumentado que defiende "principios y no personas". Si lo miramos estrictamente desde el punto de vista del derecho interno de cada país, la jurisdicción sobre el caso del juez español puede ser discutible, aun cuando las víctimas fuesen de esta nacionalidad; pero no debemos olvidar que hay "principios" superiores y universales contenidos en pactos y convenios internacionales que consagran los delitos de lesa humanidad o genocidio como los que ahora se le imputan al general Pinochet.

El fallo de la Corte de Londres reconociendo la inmunidad de Pinochet y, por lo tanto, ordenando su libertad, no deja, por decir lo menos, de sorprender, ya que se basa en que los hechos imputados fueron cometidos cuando éste estaba en el poder, razón por la cual gozaría de la inmunidad que corresponde a todo jefe de Estado. Si se tuviera en cuenta este razonamiento, el general Noriega no podría estar preso en Estados Unidos; o en el caso de que Hitler hubiese sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, no hubiese podido ser juzgado por los mismos hechos por los que se condenaba a sus colaboradores.

La suerte del general aún está por definirse, ya que se encuentra pendiente la apelación del fallo ante la Cámara de los Lores. Sin embargo, esperamos que esto no sólo haya servido para que el ex general pase un mal rato, sino para que él y todos los culpables de violaciones de derechos humanos sepan que el mundo no olvida y que no pueden pasearse libremente como si nada hubiera pasado.

Ojalá, además, que lo sucedido los haga pensar y tomar una nueva actitud frente al tema, para buscar la manera de remediar o atenuar los excesos cometidos.

No se juzga al dictador, sino al genocida

Roberto Garretón

Roberto Garretón fue abogado del Comité de Cooperación para la Paz y la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago durante la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, y ha desempeñado importantes representaciones en varios organismos de derechos humanos tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano. En las líneas que siguen, analiza críticamente los argumentos que se han levantado para defender a Pinochet.

¿Qué opinión le merece la detención de Pinochet y la posibilidad de que sea juzgado por una corte española?

Es el cuarto momento de alegría que tenemos los chilenos desde 1973. El primero fue cuando no dejaron entrar a Pinochet en Filipinas; el segundo, cuando ganamos el plebiscito con el NO; el tercero, cuando entregó el mando al presidente Patricio Aylwin.

El ambiente político chileno está convulsionado porque el fascismo está desesperado. Por primera vez tiene que explicar las cosas ante un tribunal imparcial, sin poder recurrir para defenderse a amenazas, mentiras o presiones, como hizo siempre en Chile. Han tenido que entrar al terreno jurídico en el que ellos son débiles.

Sus defensores han dicho más bien que no hay fundamentos jurídicos para juzgarlo. ¿Cuáles son los instrumentos que lo permiten?

El derecho internacional ha avanzado en los últimos cincuenta años más que en los veinte siglos anteriores. Aun así, las normas sobre la materia están todavía en elaboración y en progreso. Sin embargo, en el estado actual de la evolución del derecho internacional, una aplicación correcta y progresista de las normas establecidas por las convenciones contra la tortura, el genocidio y la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, permiten el juzgamiento de quienes cometen ese tipo de crímenes no sólo por tribunales internacionales, sino también por tribunales extranjeros.

No deja de ser impresionante la unanimidad con la que la corte española ha decidido que la justicia española es competente para conocer ese tipo de crímenes.

Se ha argumentado también que el desarrollo de mecanismos de justicia internacional podría afectar principios como el de la soberanía nacional.

Los que tienen miedo a los tribunales extranjeros o internacionales son los mismos que tienen miedo a los tribunales nacionales independientes. La justicia que quieren es la administrada por sus tribunales militares, y cuando ello no ocurre dicen que se afecta la soberanía nacional.

Aquí no están en juego –y esto dicho en términos categóricos y absolutos y sin excepción ni matices– ni la soberanía nacional, ni la dignidad nacional ni la seguridad nacional. Este es un juicio como cualquier otro donde hay una parte acusadora, un acusado y un tribunal. Aquí no rige eso de hacer lobby y de hablar en los pasillos nocturnos, que es la forma como han hecho "justicia" durante veinticinco años.

¿El que se aluda al tema de la soberanía sería entonces más un argumento político que jurídico?

Así es. Siempre amañaron los tribunales militares y civiles, y aquellos jueces que quisieron hacer justicia, o eran eludidos o se los presionaba brutalmente para que desistan de su intención. Nunca han tenido el coraje de enfrentar a un tribunal independiente e imparcial, y por eso el estado de desesperación en que se encuentran.

El otro argumento en el que se apoyan los defensores de Pinochet es que él tenía inmunidad. ¿No les da la razón la Alta Corte de Justicia Británica al declarar ilegal la detención de Pinochet?

Se trata de una decisión en primera instancia, que debe ser analizada en su contexto. Es cierto que hay normas sobre inmunidad, pero ella le corresponde, como establece la Convención de Viena, a los agentes diplomáticos y consulares y a los jefes de estado, no a los ex jefes de estado. En la decisión del tribunal británico se está haciendo prevalecer una ley interna –una ley inglesa– por sobre la Convención de Viena.

En esta materia, como en todo, hay interpretaciones para un lado y para el otro. Lo que me parece censurable es que sea el Estado democrático chileno el que haya asumido la defensa del dictador, bajo el feble argumento de la agresión a la seguridad, la soberanía y la dignidad nacionales.

Finalmente se ha dicho que los delitos de Pinochet habrían sido cometidos cuando él era Jefe de Estado, y, por lo tanto, cuando gozaba también de inmunidad.

Eso es una monstruosidad. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establece claramente que son los jefes de Estado los que tienen que responder por ellos. Lo que ha ocurrido es que, salvo en Argentina, en todos los casos relacionados con los derechos humanos los condenados han sido oficiales de rangos inferiores, es decir, gente de menor nivel de responsabilidad.

Lo que aquí ha habido ha sido un plan sistemático para destruir un grupo nacional en el principio el grupo nacional de personas consideradas marxistas, y luego el grupo nacional de personas consideradas democráticas–, y eso, en nuestro concepto, es genocidio; y un genocidio no es precisamente ordenado por un sargento.

Se ha dicho también –y ha sido el propio Pinochet el encargado de hacerlo– que su detención amenaza la democracia chilena.

Ese es un chantaje inaceptable, además de que tal afirmación es completamente falsa. Aquí, por primera vez desde 1973 se produce un debate de veras democrático. Por primera vez la gente se está expresando y manifestando el odio brutal que siente contra un antiguo dictador. Ello no excluye que haya quienes piensan, por razones humanitarias, que Pinochet debería volver a Chile. No estoy convencido de que sea una buena solución, pero eso es lo que se está debatiendo en algunos sectores.

Lo que no acepto es que vengan a decir: o Pinochet libre con su democracia, que tampoco es "la democracia", o no hay democracia ni siquiera para los pinochetistas. Los fascistas están ahora gritando en la calle: "luchar, luchar, por un gobierno militar".

¿Cómo se entiende entonces la actitud del Gobierno chileno, que ha salido en defensa de Pinochet?

Definitivamente, no se entiende.

¿Qué saldo deja para la lucha por los derechos humanos en América Latina y el mundo lo ocurrido hasta ahora?

Que un tribunal español se haya declarado competente para juzgar crímenes de lesa humanidad es ciertamente un avance muy grande. El pinochetismo y las derechas latinoamericanas y mundiales andan diciendo que de aquí en adelante uno podrá ser juzgado por cualquier cosa en cualquier tribunal extranjero.

Eso no es así; el genocidio, la tortura, los crímenes de lesa humanidad, no son cualquier cosa. Estos crímenes son muy específicos y concretos. No se juzga el hecho de que sean dictaduras; se juzga el genocidio. Las dictaduras pueden exiliar, torturar o matar a un opositor, pero lo que ha habido en Chile no ha sido sólo eso sino un plan sistemático y elaborado para eliminar un grupo de gente, y eso es genocidio.

Estaríamos entonces frente a una nueva situación en la lucha por los derechos humanos

Ciertamente, lo que hasta ahora se ha conseguido es ya un gran paso adelante, pese inclusive a que el resultado final sea adverso. Se ha instalado un sentimiento de esperanza para las poblaciones oprimidas por regímenes que incurrieron en actos sistemáticos de desapariciones, torturas y asesinatos, la esperanza de que por fin puedan, en algún momento, llegar a tener justicia. (I.R.P.)

Salvando las distancias...

Los tiempos son malos para los gobiernos violadores de los derechos humanos. El mundo se ha hecho muy chico como para que puedan esconderse de la fiscalización pública mundial. Si no que lo cuente Pinochet.

Salvando todas las distancias del caso, también lo puede decir el Presidente Fujimori, que cada vez que viaja al extranjero –siempre que no sea, por supuesto, a alguno de los antiguos "tigres asiáticos"–, ha sido reiteradamente incomodado por la situación de los derechos humanos en el Perú.

La última ocasión para ello tuvo lugar en su reciente visita al Canadá. Fujimori llegó a ese país con la agenda llena de ideas para atraer las inversiones canadienses en nuestro país. No contó, sin embargo, con el hecho de que parte de su tiempo lo tendría que dedicar a responder sobre la política de derechos humanos de su Gobierno ante el requerimiento de la sociedad y el Gobierno canadienses.

En efecto, por consejo de su embajador y la Oficina de Asuntos Externos canadienses, Fujimori tuvo que aceptar reunirse con representantes de la Iglesia, sindicatos y organizaciones de derechos humanos que urgieron al primer ministro, Jean Chretien, tratar asuntos de derechos humanos con el presidente peruano.

"Es esencial que usted exprese nuestra grave preocupación sobre las 877 desapariciones forzadas que han tenido lugar desde el año en que el Presidente Fujimori asumió el poder, así como el sistemático ataque contra las instituciones democráticas, el Poder Judicial, los derechos laborales, la libertad de prensa y otras voces disidentes", dijeron los organizadores en una carta dirigida al primer ministro.

Ante el primer ministro y los grupos de derechos humanos, Fujimori repitió sus viejos argumentos según los cuales las peores violaciones de los derechos humanos ocurrieron antes de su asunción al poder en 1990, pero admitió que se produjeron "excesos" durante los primeros años de su mandato. "Las violaciones de los derechos humanos eran sustanciales al principio y ahora han desaparecido." Defendió la ley de amnistía otorgada por él en 1995 para garantizar inmunidad a los militares, y señaló que se trataba de algo completamente legal. Asimismo, sostuvo que algunas áreas permanecen en estado de emergencia para evitar el resurgimiento del terrorismo.

Como se ve, el Presidente, como en otras ocasiones, tuvo que ponerse a la defensiva. Es que violar derechos humanos y atropellar la democracia tiene hoy en día un costo muy alto. Y que no vengan a decir que todo es porque hay gente interesada en desprestigiar al Gobierno. (I.R.P.)