Pinochet y los límites
de la soberanía en
el mundo moderno
Michael Shifter*
A propósito de lo ocurrido con Pinochet, y en el marco de la celebración por el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Mike Shifter y Patricia Valdez nos proponen reflexiones más generales sobre la relación entre democracia, derechos humanos y soberanía, en el primer caso, y los temas pendientes en la lucha contra la impunidad, en el segundo.
La reciente detención del general chileno Augusto Pinochet en Londres plantea fascinantes y complejas preguntas sobre los rápidamente cambiantes límites del concepto soberanía en el mundo moderno. Sea cual fuere el desenlace en este caso, el solo hecho de que se haya detenido a la figura política con más carga simbólica de la generación anterior es ya un gran paso adelante en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.
Este inesperado episodio es rico en ironías. Pinochet, después de todo, había sido siempre un admirador de la decencia y buenas maneras de los ingleses. De otro lado, a muchos chilenos, inclusive a aquellos que se oponen fervientemente a Pinochet, les gustaba señalar que su transición democrática era un modelo de orden marcado por el respeto a las formas legales y a los procedimientos constitucionales. Normas y procedimientos nacionales, en todo caso. El escenario internacional está demostrando ser un tema aparte.
El asunto de la detención de Pinochet encierra también otra paradoja. Para muchos observadores, los más significativos avances en pro del cambio de las nociones tradicionales de soberanía tuvieron lugar justamente en Santiago de Chile en junio de 1991, cuando se reunió allí la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En esa ocasión los Estados Miembros aprobaron la Resolución 1080, la que, si bien no establecía una nueva norma, le daba vida y significado a una antigua.
La 1080 marcaba un claro contraste con las prácticas políticas hemisféricas: definía que una interrupción en el "proceso institucional democrático", en cualquiera de los países miembros, tendría una respuesta inmediata de la comunidad hemisférica. En otras palabras, las violaciones constitucionales, donde ocurrieren en América, serían ahora un problema de preocupación regional. Esta histórica asamblea legitimó a Chile, un país que sólo muy poco tiempo antes había retornado a la democracia luego de la dictadura de Pinochet.
Aun cuando es muy difícil medir con objetividad las subidas y las bajadas en las actitudes sobre soberanía (después de todo, no hay una medida confiable, no hay un Sovereignity Watch que pudiera ser un equivalente a Human Rights Watch), se puede por lo menos argumentar que el punto más alto se dio a comienzos de los años noventa, luego del fin de la Guerra Fría.
Un sentido de optimismo generalizado prevalecía en esos años. Tom Farer, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostiene, en Beyond Sovereignity: Collectively Defending Democracy in the Americas (1996), que en esos años los gobiernos hemisféricos demostraron bastante voluntad y tolerancia hacia el papel de los actores externos en los asuntos internos de otros países.
Sólo dos meses después de la aprobación en Santiago de la Resolución 1080, ésta tuvo que empezar a aplicarse a raíz del golpe en Haití. Luego vendrían el autogolpe en el Perú (abril de 1992) y el de Guatemala (mayo de 1993) y, finalmente, los sucesos de Paraguay (junio de 1996). Hasta qué punto la comunidad hemisférica, a través de la OEA, fue lo suficientemente firme en la defensa de la democracia en cada uno de los casos, es un asunto que puede y ha sido debatido. Es, sin embargo, consenso que las respuestas fueron rápidas y que, por lo menos, cumplieron con los requisitos formales de la resolución.
Varios años atrás, el analista político conservador Mark Falcoff se preguntaba hasta qué punto la Resolución 1080 había sido puesta ante una prueba realmente difícil; se preguntaba, por ejemplo, qué hubiera pasado si triunfaban los oficiales que casi derrocan al presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1992. "Venezuela no es solamente uno de los países más importantes de la cuenca del Caribe, sino que es además uno de los mayores proveedores de petróleo de los Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile. ¿Sería posible, en ese caso, lograr siquiera tejer una resolución consensual aislando a la junta venezolana; o, más difícil todavía, se podría, en caso de conseguirse ésta, mantener el aislamiento pese a presiones económicas y de otro tipo?".
Seis años después, Venezuela podría estar planteando un nuevo test para la voluntad hemisférica. El mismo coronel Chávez que fracasó en su intento de golpe en 1992 podría muy bien ser el próximo presidente de Venezuela, pero ahora democráticamente elegido. Y si él cumple con todas las promesas que ha hecho (populares, fuera de toda duda) de cerrar el Congreso de su país y llamar a una Asamblea Constituyente (¿les suena familiar?), ¿cómo reaccionaría la comunidad hemisférica?
En todo caso, las dos más recientes situaciones en las que se puso a prueba la consistencia de las convicciones en "defensa de la democracia en el hemisferio", no son antecedentes muy alentadores. Ambas tuvieron lugar en 1997, una en el Perú y la otra en Ecuador. En el Perú la crisis del Tribunal Constitucional puede fácilmente ser descrita como una interrupción del "proceso institucional democrático". Pero los Estados Miembros de la OEA que se reunieron en Lima por la época en que esto sucedía no tuvieron una palabra que decir sobre ello (aun cuando, y esto la honra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí lo hizo). La segunda había ocurrido unos meses antes, cuando un dudosamente constitucional golpe del Congreso logró derrocar al presidente Bucaram, teniendo a los militares como árbitros de la situación.
Que ello haya sido para bien o para mal, o que la Resolución 1080 no haya sido formalmente invocada, no interesa para estos efectos. El punto es que ambos episodios merecían por lo menos alguna atención, algún debate público serio por una comunidad hemisférica supuestamente comprometida con la defensa de la democracia.
Otro claro signo de erosión en las cada vez más anchas fronteras de la soberanía puede percibirse en los propios Estados Unidos. El Congreso que inició sus funciones en enero de 1995 (el primer Congreso republicano en cuarenta años) ha sido menos entusiasta para embarcarse en compromisos y acciones multilaterales que los anteriores. Por supuesto que, en general, la credibilidad de los Estados Unidos en cuanto a su compromiso con una visión amplia del concepto de soberanía ya venía siendo frecuentemente –y con buenas razones– cuestionada. Que los Estados Unidos no hayan todavía ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos (y que no haya ningún prospecto de que ocurra en el plazo inmediato, debido al asunto de la pena de muerte), y que, por tanto, no acepte la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es precisamente algo que fortalezca su posición cuando invoca a acciones colectivas más firmes en el campo de los derechos humanos.
La resistencia de los Estados Unidos a comprometerse con una suerte de política o justicia globalizada puede ser percibida también en tres otras áreas. La primera es en el tema de las elecciones, quizá el más dramático cambio en los asuntos de soberanía en las Américas. Antes de 1990, después de todo, no había esfuerzos oficiales de observación electoral, mientras hoy día esas misiones son tan comunes que ya casi no vale la pena mencionarlas. Es cierto que las elecciones no son ya un "tema" en muchos lugares en los Estados Unidos, pero sí lo son en algunos. (El congresista de Nueva York, Charlie Rangel, hace frecuentemente bromas acerca de que cuando muera quisiera ser enterrado en Chicago para poder así continuar activo en política.) Una misión electoral en los Estados Unidos conformada por latinoamericanos con el encargo de "vigilar" y no de "aprender" o recibir "asistencia técnica", podría ser una buena idea.
La segunda área tiene que ver con el tema del monitoreo de la lucha contra las drogas. El consumo de drogas en los Estados Unidos es un problema profundamente serio. Pero, ¿cuáles serían las posibilidades de que los Estados Unidos honraran cualquier mecanismo regional o multilateral (quizá la única alternativa real frente al problema) que pudiera monitorear seriamente las tendencias del consumo en este país? ¡Sería una intromisión en nuestra soberanía!
Finalmente está el asunto de los derechos humanos. La reacción frente al reciente informe de Amnistía Internacional (que marca el inicio de una de las conocidas campañas mundiales de la organización) es bastante reveladora. Si bien el informe ha sido muy bien recibido y saludado entre quienes era previsible que lo hicieran, también ha sido ferozmente criticado por líderes de opinión que usualmente apoyan el trabajo de Amnistía en todos los países del mundo, menos en uno. Como sostuvo un congresista: "¿Un informe de Amnistía sobre los Estados Unidos? Creo que han ido demasiado lejos esta vez". Que aceptar un informe como este sirva para incrementar la credibilidad de los Estados Unidos en señalar los abusos en otros lugares y presionar por cambios, parece no ser un argumento con gran pegada entre la clase política norteamericana.
Los Estados Unidos han permanecido básicamente callados frente al tema de la detención de Pinochet, excepto para decir que los procesos judiciales deben seguir su curso. Pero en julio se opusieron a unirse a otros 120 países y a apoyar la creación de una corte penal internacional permanente (justamente para ver casos del tipo de los de Pinochet). El problema es que resulta razonable pensar que algún día podría ocurrir que soldados norteamericanos fueran enjuiciados en esa corte. ¡Eso sí que no! ¡No hay que exagerar! ¡La jurisdicción internacional debe tener algún límite!
* Ex responsable de la fundación Ford para derechos humanos en América Latina actualmente miembro del diálogo interamericano.