Racismo en el Perú y estándares internacionales

Wilfredo Ardito*

La actitud del Estado peruano frente al racismo ha sido examinada en las Naciones Unidas con resultados críticos tanto en términos de la tolerancia que hay al respecto como por determinados tipos de acciones.

 

Todos recordamos el debate suscitado en octubre de 1998 por la sentencia en que la Sala de Derecho Público declaró que los propietarios de establecimientos abiertos al público tenían el derecho de seleccionar a sus clientes de acuerdo con su raza.

El tabú que rodeaba (y protegía) al racismo quedó roto y, por primera vez en la historia peruana, se realizaron manifestaciones públicas en contra. Quienes defendían los locales "exclusivos para blancos" no se atrevían a soltar públicamente argumentos de supremacía racial, sino que se escudaban en la libertad de empresa. Algunos manifestaban que los prejuicios racistas eran opiniones personales que debían ser respetadas en aras de la libertad de expresión.

Pocos recordaron que el racismo no es un problema interno, sino que ha sido condenado universalmente a través de la Convención contra la Eliminación de la Discriminación Racial aprobada en 1965. Hoy ya han caído los regímenes abiertamente racistas (Sudáfrica, Rhodesia y Namibia), pero la discriminación racial es una práctica que se mantiene en muchos países. Por lo tanto, cada dos años se reúne en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra un Comité de Expertos para evaluar los avances en la lucha contra el racismo. Cada Estado Parte presenta un informe sobre sus acciones para enfrentar este problema, y se reciben también los aportes de la sociedad civil.

La Mesa de Trabajo sobre Discriminación

En las últimas sesiones del Comité, la problemática latinoamericana ha sido estudiada con especial interés. La creciente identidad indígena en varios países ha llevado a que exista una mayor conciencia sobre la discriminación que sufren en el acceso al empleo, a la toma de decisiones, etcétera.

En el Perú, en cambio, estos problemas han surgido mientras se diluye aceleradamente la identidad tradicional, y más bien por esto mismo. La característica particular de la población de origen indígena es que no se reclama como tal, y la mayor parte vive en ciudades y adopta una identidad urbana, orientada más hacia mejorar sus condiciones de vida que a conservar los patrones culturales ancestrales.

Hoy somos más conscientes del racismo, porque ya no puede señalarse que la capacidad adquisitiva y la preparación académica se restringen a los sectores blancos. Espacios como la vida política y empresarial y los medios de comunicación se abren a diversos sectores. Por eso mismo, se hacen más evidentes las prácticas de selección racial en el mercado laboral y el ingreso a lugares públicos que todavía subsisten.

Ante la creciente conciencia sobre esta situación, la Coordinadora de Derechos Humanos conformó en 1997 una Mesa de Trabajo sobre Discriminación en la que están representadas diversas instituciones de la sociedad civil, incluyendo no solamente a las que se ocupan del aspecto racial sino también a las que defienden los derechos de los discapacitados, los homosexuales, entre otros. A fines del año pasado esta Mesa de Trabajo fue invitada por el Comité de Expertos para preparar un informe sobre el cumplimiento de la Convención contra la Discriminación Racial en el Perú.

El racismo desde el Estado

La Convención obliga a los Estados a poner fin a las prácticas discriminatorias que se lleven a cabo de manera individual o colectiva, incluyendo la legislación (artículo 2.d.), la educación y los medios de comunicación (artículo 7). Igualmente, se pide que el Estado tipifique como delitos la difusión de ideas racistas, la incitación a la violencia racial y el financiamiento de actividades racistas (artículo 4).

El Informe de la Mesa de Trabajo señala que, hasta el momento, la intervención del Estado peruano ha sido muy débil. No se ha llevado a cabo ninguna campaña contra el racismo en los medios de comunicación o el currículo escolar. Antes bien, se tiende a "reproducir estereotipos y/o a no representar la composición multirracial de nuestro país".

No existe sanción penal para ninguna forma de discriminación racial, y el carácter racial tampoco es agravante para delitos comunes. Se precisa que a fines de 1998 se presentaron dos proyectos de ley ante el Congreso de la República dirigidos a penalizar la discriminación racial, principalmente en lo concerniente al acceso a lugares públicos. Ambos fueron rechazados por la mayoría parlamentaria. Entre los argumentos que se sostenían se encontraban el derecho a la opinión y la creencia de que "se podría ahuyentar la inversión extranjera".

Tampoco existe en la legislación o la jurisprudencia el derecho a una compensación para la persona que ha sufrido discriminación racial (artículo 6). La Ley 27049 sobre discriminación de consumidores ha omitido este punto. En realidad, debe recalcarse que "persisten estereotipos racistas en agentes policiales y judiciales, que influyen en detenciones arbitrarias y en fallos discriminatorios. En los procesos persisten interrogatorios y afirmaciones racistas", y no existe un servicio profesional y confiable de intérpretes. Que tres magistrados (uno de ellos el actual presidente de la Corte Superior de Lima) respalden prácticas racistas, demuestra la extensión del problema.

Todavía no existe en el Estado peruano la conciencia de que ciertas opiniones y prejuicios no sólo son incorrectos, sino que su difusión pública es sumamente perjudicial para una sociedad. "Los medios de comunicación, sea en la publicidad y en muchos programas nacionales, transmiten una visión negativa sobre la población no blanca." Resulta grotesco que dos de los avisos considerados más racistas sean propalados por el Go­bierno.

Sin embargo, el Informe sostiene, además, que el Estado ha violado directamente los derechos humanos de la población de origen indígena: detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y masacres han tenido sus víctimas más frecuentes en estos sectores.

El Informe agrega que "las levas, reclutamientos forzados y detenciones arbitrarias han mantenido los patrones tradicionales de estar dirigidos a jóvenes de población indígena, negra y mestizos". Se señalan las recientes denuncias de torturas y maltratos contra los jóvenes reclutas pertenecientes a estos sectores, y se constata que en ningún caso ha habido una autoridad militar sancionada por ello.

Mientras esto sucede en la tropa, "es ampliamente conocido que en las Escuelas de Oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea los aspirantes negros o de rasgos andinos son sistemáticamente rechazados".

Derechos políticos

El Informe indica que "los intereses y puntos de vista de los pueblos indígenas y las comunidades negras no son tomados en cuenta en las decisiones legislativas", habiéndose también incumplido lo que prescribe el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. La explotación de Camisea, Yanacocha y Pierina se realizan sin ninguna consulta a las comunidades afectadas que, muchas veces, como sucede en Pataz (La Libertad), se ven simplemente despojadas de sus tierras.

Además, "el mayor número de indocumentados pertenece a los sectores discriminados. Se alude también a la recolección de firmas para la realización del referéndum, donde "las autoridades electorales no incluyeron un mecanismo para garantizar la participación de personas analfabetas, las cuales son mayoritariamente mujeres de origen indígena". Existen similares limitaciones para participar en la inscripción de partidos políticos.

Acceso al empleo

Se denuncia que "el acceso, permanencia y promoción en el empleo se encuentran fuertemente influenciados por criterios racistas. Un sector mayoritario de empleadores piensa que tener empleados blancos otorga una imagen de eficiencia y seriedad", y probablemente consideran que los clientes tratarán con mayor respeto a un empleado blanco. "En espacios como bancos, televisión y publicidad, la mayoría de trabajadores son blancos."

Sin embargo, es probable que este problema se haya hecho más evidente cuando algunas "cadenas de comida rápida" nacionales (Bembo’s) y extranjeras (Hard Rock Café, Burger King y Kentucky Fried Chicken) han incorporado criterios abiertamente racistas incluso para empleos como mozos y personal de limpieza. 

"Si bien la Ley 26772 promulgada en abril de 1997 prohíbe la discriminación en cuanto a la oferta de empleo, ésta se continúa practicando". La "buena presencia" es un requisito explícito o implícito, mediante la exigencia de fotografías para empleos como profesor o ingeniero. "Existen además algunas empresas que contratan personal negro para determinadas funciones (porteros, cocineros, nanas) de baja apreciación social." Este es el caso del restaurante Manos Morenas y de algunos hoteles de lujo.

Aunque la Ley autoriza al Ministerio de Trabajo a intervenir de oficio en estos casos, hasta la fecha ningún establecimiento ha sido sancionado.

En cuanto a las condiciones laborales, resulta evidente que la protección legal disminuye en estos casos. "En el caso de las niñas indígenas y negras persisten prácticas de servidumbre bajo la figura de servicio doméstico", sin mencionar la explotación infantil en lavaderos de oro en Madre de Dios.

Derecho a la salud

El Informe señala que las condiciones de salud de la población de origen indígena son mucho más graves que las del resto de la población, como se puede apreciar por una diferencia de más de 20 años en cuanto a la esperanza de vida. El sistema tarifario implementado en los últimos años lleva a que alcance costos prohibitivos para los sectores más pobres. Paradójicamente, frente al elevado costo de la atención al parto, las esterilizaciones son gratuitas. No es de extrañar, por lo tanto, que "se haya reducido el porcentaje de mujeres que recibe control médico de su embarazo", y que "en el área rural sólo 15,4% de nacimientos son atendidos en un servicio de salud". "Los maltratos, la humillación, ofensas verbales y la exposición a sufrimientos innecesarios contra mujeres indígenas y negras son además prácticas normales en los servicios públicos de salud."

Derecho a la educación

Es ampliamente conocido el analfabetismo que afecta a un amplio porcentaje de la población andina y amazónica. En departamentos donde casi la totalidad de población tiene origen indígena (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac) puede alcanzar hasta 50%, y llega a ser incluso más alto entre las mu­jeres.

Los esfuerzos para una educación bilingüe intercultural han sido muy restringidos hasta el momento. Esta puede ser una de las causas de la deserción escolar, que afecta especialmente a las niñas.

Resalta, sin embargo, una medida de acción afirmativa, por la que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha anunciado que reservará un porcentaje de vacantes para jóvenes nativos amazónicos (26).

Acceso a lugares públicos

La Convención establece el "derecho a acceder a cualquier lugar o servicio destinado al uso público, tales como transporte, hoteles, restaurantes, cafés, teatros y parques" (artículo 5.f). El Informe señala las denuncias que durante 1998 se produjeron contra diversas discotecas, hoteles o cafés y restaurantes de cadenas internacionales, que incurrían en tales prácticas por su interés de mostrarse como "establecimientos exclusivos".

Estas denuncias generaron una notable controversia, al punto que algunos locales anunciaron públicamente que no tenían una actitud racista, mientras que otros consiguieron que el Poder Judicial amparase la selección racial de clientes. La "fuerte reacción de los organismos de derechos humanos, los medios académicos y los medios de comunicación" generó finalmente la aprobación de la Ley 27049 que prohíbe la selección racial de los clientes, algo positivo pero evidentemente insuficiente.

Recomendaciones finales

La Mesa de Trabajo concluye su informe planteando una serie de recomendaciones para enfrentar la problemática del racismo entre nosotros, pidiendo que se detengan todas las prácticas que vulneran la Convención, especialmente aquellas que son responsabilidad del Estado. Se señalan dos áreas específicas de prioridad: las fuerzas de seguridad y los medios de comu­ni­cación.