Debatiendo  con Trazegnies  sobre derechos  humanos

En diciembre del año pasado, la Universidad del Pacífico y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos impulsaron un intercampus sobre derechos humanos, como parte de los eventos  realizados en el país por el 50 aniversario de la Declaración Universal.

En dicha reunión,  Fernando de Trazegnies, actual ministro de Relaciones Exteriores y jurista de mucho prestigio, tuvo una intervención sumamente polémica
desde la perspectiva de los derechos humanos.

Somos parte de los críticos de la posición de Trazegnies, porque creemos que, finalmente, pone en cuestión y hasta niega la concepción  misma de derechos humanos, y por eso quisimos iniciar en esta edición lo que podría ser el debate y las respuestas desde el lado de los derechos humanos.

Para ello, en algunos artículos planteamos explícitamente nuestra posición y en otros recurrimos a invitados de diferentes especialidades y ubicaciones.

En esta oportunidad hemos escogido dos de los temas planteados por Trazegnies: la tensión entre universalidad y relatividad de los derechos humanos, y el de los peligros que la presión internacional en la materia estaría provocando en la soberanía nacional de los países.

A Fidel Tubino  (filósofo  vinculado al trabajo con grupos indígenas de la selva), y Felipe González (defensor de derechos humanos en Chile y en ámbitos internacionales) se les pidió reflexionar fundamentalmente sobre el primer tema, y a Enrique Bernales  (analista político vinculado al trabajo internacional de derechos humanos) y Hans Landolt (de Amnistía Internacional), sobre el segundo; a todos tomando en cuenta lo dicho por Trazegnies.

Presentamos también los comentarios que sobre los dos temas publicó hace poco The Economist, justamente a raíz del 50 aniversario de la Declaración Universal.

Mención aparte merecen las ilustraciones sobre derechos humanos que acompañan los artículos, que son de Lawrence Gerner y han sido tomadas de Reflections on the Universal Declaration of Human Rights. A fiftieth Anniversary Anthology, publicado con el
auspicio de The Netherlands Ministry of Foreign Affairs.

 

La  posición  de  FERNANDO
DE  TRAZEGNIES

Este artículo reproduce extractos de la intervención de Fernando de Trazegnies  en el Intercampus realizado en diciembre de 1998 en la Universidad del Pacífico, y tomada del diario Expreso.

 

Bien analizados, los derechos humanos no son simplemente derechos. Es decir, estructuras jurídicas abstractas. Son, ante todo, posiciones frente al mundo. Son formas de expresar una cosmovisión que nos une. Y es importante que exista en todos nosotros una conciencia nacional e internacional; porque cuando menos desde la perspectiva de nuestra época, hay ciertas cosas que no pueden ser admitidas y que, por tanto, deben ser censuradas.

No soy un entusiasta del Derecho Natural, lo que me hace reacio a verdades universales y atemporales. Mi rechazo a absolutismos, dogmas e imposiciones universales me lleva a que, salvo en materia de religión, no pueda aceptar sino verdades relativas, sujetas a un juicio histórico.

No creo en una verdad absoluta y para siempre, llámese derechos humanos o lo que fuera. Creo, más bien, en diferentes perspectivas desde las cuales es posible ver las cosas. Sin perjuicio de que, como he señalado, ciertas perspectivas me parezcan mejores que otras.

En verdad, para los abogados, los derechos humanos representan un desafío especialmente difícil, porque exigen un esfuerzo muy grande de integración si se quiere que estas nuevas figuras sean asimiladas de manera positiva y eficiente dentro del razonamiento jurídico.

En realidad, la Declaración de los Derechos Humanos, aun cuando tiene el carácter de norma internacional, es antes la explicitación de una filosofía que la formulación de una norma jurídica: su función es más pedagógica que legal.

Por ello es muy importante organizar los nuevos principios y valores contenidos en la Declaración, a través de normas precisas que permitan hacerlos exigibles sin perturbación del orden jurídico y de manera que las infracciones puedan ser sancionadas dentro de los procedimientos regulares del derecho.

Ese esfuerzo de conceptualización y formulación jurídica puede tener lugar a nivel del derecho nacional o del derecho internacional o de ambos; debiendo en este último caso repetirse racionalmente la tarea regulatoria.

Dentro de este orden de ideas, los valores –para convertirse en reglas jurídicas– tienen que objetivarse. Es decir, tienen que ser expresados en términos absolutamente racionales. Nada es más grave que tomar sentimientos y pasiones y darles un valor vinculante.

En el caso de los derechos humanos, los valores que ellos encarnan responden a la manera de ver la sociedad y el mundo que tiene una cultura determinada en una época histórica determinada.

Universalidad o relativismo

Guste o no, los derechos humanos son producto de la sociedad liberal que se desarrolló en Occidente, sobre todo a partir del siglo XVI. Sin embargo, dado que el mundo contemporáneo está conformado por diversas culturas, algunas de las cuales no proceden de la raíz occidental, hay quienes han puesto en discusión su valor universal.

Esta es la gran discusión –en el fondo antonómica– que plantea el liberalismo respecto de la posibilidad de un plu­ralismo cultural, jurídico y político.

En principio, el liberalismo postula que cada hombre y cada sociedad pueda organizarse conforme a sus propios criterios. Sin embargo, el liberalismo afirma también que la sociedad que libremente se organiza de manera distinta a la occidental no es verdaderamente libre si no acepta los valores occidentales.

Hay un tema difícil en todo esto que merece que se le preste atención.

Personalmente, no estoy dispuesto a renunciar a los valores inherentes a la dignidad de la persona humana que son efectivamente una conquista cultural de Occidente, pero que forman parte de mi propia cultura y de mis convicciones más profundas. Por eso creo que no es posible caer en un relativismo absoluto, en virtud del cual las más graves violaciones de lo que consideramos fundamental en nuestra concepción del hombre –y de la sociedad– quedarían legitimadas en la medida en que sean la libre expresión de algún pueblo.

Sin perjuicio de que determinadas culturas acepten prácticas para nosotros inhumanas, me siento con derecho de criticarlas en nombre de los valores occidentales en los que creo, aunque ello forme parte del acervo cultural de algún pueblo. Y este derecho de crítica genera incluso la obligación de reprobar tales conductas sociales cuando se apartan frontalmente de lo que considero esencial en el respeto del ser humano.

Nadie podrá impedirme, por ejemplo, criticar prácticas tales como la ablación del clítoris, aunque ello sea aceptado y defendido por muy amplias comunidades de África y Asia.

Sin embargo, una cosa es plantear una crítica moralmente legítima y otra es pretender sancionar a todos los que no piensen como nosotros, pasando por encima de las convicciones y de las decisiones de los pueblos.

El derecho a la crítica e incluso la obligación de condenar sus prácticas resulta del ejercicio de nuestra capacidad de postulación y necesidad de coherencia moral.

En cambio, la voluntad de sanción ejercida desde fuera de ese medio de convicciones diferentes, puede ser una manifestación de arrogancia moral y cultural.

Y si esa intervención o sanción arrogante pasa por encima de las convicciones nacionales y se arma además con el brazo coactivo del derecho, los resultados pueden producir más bien desconcierto y caos antes que salud social dentro de la comunidad internacional moderna.

Globalización y riesgos de una forma de imperialismo

El derecho no funciona en el vacío sino que es parte del proceso político de la sociedad. Ahora bien, los procesos políticos pertenecen a los pueblos que los llevan a cabo; son, en verdad, una expresión de ese valor sagrado en una democracia que es la libre determinación de los pueblos.

Por consiguiente, los procesos políticos de cada grupo social tienen que ser respetados por los terceros y nadie –ni siquiera en nombre de los derechos humanos– puede desconocer la voluntad de los pueblos e imponer la suya propia. Así, si un país decide libremente resolver sus problemas de una cierta manera y resuelve avanzar hacia la democracia realizando ciertas concesiones que responden a su idiosincrasia y a su realidad, no puede una persona singular, ajena a dicho proceso político, erigirse en autoridad supernacional y sobrehumana, despreciar la voluntad popular y, considerándose por encima de lo que piensan los interesados directos, promover un caos político ahí donde los propios involucrados habían tenido la sabiduría de encontrar una salida con el menor costo social.

No cabe duda de que, dentro de este marco, surgen preguntas terribles: ¿hay que aceptar en un determinado país la reconciliación a la que se ha llegado entre los distintos grupos políticos que integran esa sociedad? ¿O quizá hay que considerar que esa reconciliación es una claudicación de los principios y, asumiendo la representación de una humanidad pura y perfecta, debemos perseguir implacablemente la sanción aun contra la voluntad de esa sociedad particular que fue afectada por la violación? ¿Hasta dónde puede ir la exigencia de un castigo y hasta dónde hay que respetar los procesos políticos internos de cada país que emanan de la libre determinación?

Dentro del nuevo orden jurídico internacional, la soberanía va a tener sin duda cada vez menos fuerza para fundamentar regiones-estanco: el mundo tiende a globalizarse. Pero ello no significa que las autonomías, a cualquier nivel que se presenten, carezcan de fundamentación en la sociedad moderna. La universalización y la globalización son una realidad; pero si no aseguramos las bases de nuestra identidad política y cultural particular, esa pretendida universalidad indiscriminada puede no ser otra cosa que una forma de imperialismo.

La libertad se expresa bajo la forma de esferas de autonomía: primero está la libertad del individuo que no puede ser sobrepasada más allá de un cierto nivel; y luego están esos círculos concéntricos de ejercicio de la libertad conformados por nuestros niveles de independencia. Después de la autonomía del individuo está la autonomía de la familia; luego está la autonomía de la empresa; y más allá está la autonomía o independencia del grupo social organizado políticamente bajo la forma de Estado, que se expresa en la noción de soberanía. Pero cada una de estas esferas es punto de apoyo esencial para la libertad efec­tiva.

Por consiguiente, si desmontamos estas esferas de autonomía en aras de la globalización, si sacrificamos la soberanía nacional en aras de los derechos humanos universales, si negamos que una sociedad pueda resolver sus asuntos a su manera y que una familia pueda decidir por sí misma su estructura básica y que un individuo pueda determinar libremente las condiciones de su vida, entonces simplemente estamos eliminando la libertad, estamos suprimiendo el libre albedrío.

 

Cuestionar  los derechos  humanos  en nombre  de  los derechos  humanos

Ernesto de la Jara

Justo cuando Lanssiers hacía la última intervención del Intercampus realizado en la Universidad del Pacífico por el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ingresó Fernando de Trazegnies, invitado a clausurar el evento como ministro de Relaciones Exteriores.

Pese a lo bullicioso de su ingreso, su presencia fue interpretada como un buen gesto personal, porque los ministros de Fujimori no suelen acudir a este tipo de reuniones, y menos si se trata de derechos humanos. El público, listo para salir luego de varias horas de atención, tuvo que volver a acomodarse, pues desde el comienzo estuvo claro que el Canciller no se limitaría a una clausura formal sino que había preparado una sesuda y provocadora intervención sobre derechos humanos.

Primero pidió que a partir de ese momento no vieran en él al ministro sino al académico, e invocó un verdadero esfuerzo intelectual para poder discutir el concepto de derechos humanos con toda libertad. Luego vino un discurso de unos 40 minutos que, objetivamente, fue –como suelen ser las intervenciones de Trazegnies– inteligente, impecablemente bien articulado y, por tanto, convincente y persua­sivo.

Reacciones en el público: todos los vinculados al trabajo de derechos humanos (la mayoría del auditorio), indignados; los pocos antiderechos humanos que había, felices y con cara de por fin alguien que nos represente bien; por último, los que podrían ser calificados como sensibles al tema (pro derechos humanos pero sin estar muy al tanto de cuestiones doctrinarias), entre desconcertados, porque percibían que algo había sucedido, y medio fascinados con la brillantez del Canciller.

¿Qué había sucedido? ¿Cómo explicar tan distintas reacciones? ¿Por qué ese mal sabor en la gente de derechos humanos? Simplemente porque la intervención de Trazegnies, aun cuando había sido hecha en nombre de los derechos humanos y en tono académico, era en realidad un discurso que ponía en cuestión la noción misma de derechos humanos; además, que esa fuera la última palabra de un evento por el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resultó, francamente, un final inesperado y raro-rarísimo, por decir lo menos.

Pero más allá de que si el Canciller había decidido cuestionar los derechos humanos un poco en "la boca del lobo", en un evento de derechos humanos, hubiese sido mejor llegar más temprano para hacerlo en el marco de las otras intervenciones, lo que dijo nos parece sumamen­te importante de tomar en cuenta.

No sólo por el respeto que nos merecen las opiniones de alguien con tantos méritos académicos, sino por una razón adicional: lo expresado por él es la actual posición contra la perspectiva de derechos humanos.

Y este es su primer punto a destacar. No se trata de un discurso original, en el sentido de creación personal o individual, sino del discurso que hoy, 1999-2000, levantan quienes no creen en los derechos humanos, quienes cuestionan la existencia de derechos universales en el sentido de obligatorios y exigibles en todas partes, más allá de condiciones personales o sociales. El discurso de Trazegnies es una muy buena edición nacional en esta dirección opuesta a la consolidación del concepto de derechos humanos.

Lo que pasa es que –como ya hemos dado cuenta en esta revista en repetidas ocasiones (ver ideele N° 94)– los cuestionamientos a los derechos humanos hace ya un buen tiempo que se han modernizado y sofisticado, y, por eso, suenan mucho mejor.

¿Quién se atrevería hoy, por ejemplo, a atacar los derechos humanos sosteniendo que no todos somos iguales y que, por tanto, no todos tenemos los mismos derechos, apelando para ello a razones de raza, religión, género, etcétera? O, ¿quién podría salir a defender el derecho a matar, a torturar, a discriminar? Si no imposible, muy difícil. La defensa y promoción de la posición antiderechos humanos tiene hoy un tono muy distinto, y, por lo mismo –es importante no negarlo–, una apariencia hasta seductora.

Hay por lo menos dos rasgos esenciales del discurso moderno que desconoce la perspectiva de derechos humanos y que de alguna manera pueden explicar por qué en un primer momento suena bien. Uno, que los cuestionamientos se hacen apelando no al pasado sino de cara al futuro, desde la modernidad; y, dos, que contra los derechos humanos se invoca no la inexistencia de derechos o el "no-derecho", sino "otros derechos" que también requieren ser protegidos.

Con lo primero nos referimos a que nadie plantea el inviable y mal visto "volver al pasado", el regreso a una etapa pre-derechos humanos; de lo que se trataría, más bien, es de actualizar y desarrollar el concepto de derechos humanos. Desde esta lógica, habría que replantear, necesaria e inevitablemente, el concepto de derechos humanos, porque el mundo ya no es ni será el mismo de hace 50 años, cuando fue aprobada la Declaración Universal.

Nadie podría negar tremenda verdad, pero a partir de ahí se hace una falsa polarización entre quienes creen en los derechos humanos y, por lo mismo, estarían defendiendo categorías estáticas, inflexibles, ahistóricas, y los que los ponen en cuestión sobre la base de un pensamiento dinámico, moderno y acorde con la realidad actual.

Falsa polarización, puesto que la perspectiva de derechos humanos es esencialmente dinámica e histórica, sólo que en una dirección muy clara: avanza, evoluciona y se desarrolla para reconocer y delimitar un mayor número de derechos en beneficio de todas las personas sin excepción alguna, y no para suprimir o restringir derechos.

Señal de esto es, por ejemplo, la evolución y distinción de diversas generaciones de derechos, o los esfuerzos actuales para delimitar estándares internacionales en relación con los derechos económicos, sociales y culturales.

La línea divisoria no es, pues, entre quienes se aferran al pasado y quienes están con la historia, sino entre quienes quieren desarrollar y consolidar una perspectiva asumida por la mayoría de los países hace ya un buen tiempo (la concepción de derechos humanos), y quienes están por detener esa evolución, revertirla y cambiar de dirección (una concepción y un mundo sin derechos humanos).

En cuanto al segundo rasgo de la posición actual que pone en tela de juicio los derechos humanos que nos interesa destacar, es algo así como enfrentar derechos humanos contra derechos humanos para que el resultado pueda ser ninguno de los dos. Y acá las posibilidades pueden ser muchas y muy efec­tistas:

      Con qué derecho "Occidente" puede imponer sus valores a los países árabes o asiáticos; y, a continuación, anécdotas sobre prácticas "salvajes" para los ojos de Occidente pero "culturales" para aquéllos.

      Cómo plantear la vigencia de derechos civiles y políticos cuando lo más importante son los derechos económicos y sociales; y entonces vienen conmovedoras cifras de pobreza.

      Cómo exigir que el Estado respete el derecho a la vida y la integridad física en circunstancias excepcionales, cuando, por ejemplo, los terroristas amenazan al conjunto de la sociedad; viene una lista de atentados.

      Cómo se va a permitir la presión internacional si puede terminar afectando la soberanía nacional; y siguen ejemplos de los países débiles-víctimas.

En todos estos niveles no sólo hay premisas muy discutibles (como esa división entre un compacto Occidente civilizado y un no-Occidente íntegramente incompatible con los derechos humanos) sino que, además, se le pone a la concepción de derechos humanos elementos y una rigidez que no tiene.

Para la perspectiva de derechos humanos es esencial la diversidad cultural, pero nunca por debajo de un mínimo que se considera válido universalmente (nadie puede matar o afectar la integridad física argumentando razones culturales). Los derechos económicos y sociales son fundamentales, pero en nombre de ellos no se pueden justificar dictaduras. El terrorismo debe ser perseguido y sancionado nacional e internacionalmente, pero no en desmedro de las obligaciones del Estado. La soberanía nacional debe ser respetada, pero nunca para matar o perseguir. De lo que se trata, finalmente, es de analizar las circunstancias específicas caso por caso –nada de apriorismos–, pero siempre a la luz de determinados estándares reconocidos como universales.

Lo que desea en realidad la posición en disputa con la de derechos humanos es introducir el elemento de la relatividad y hacerlo como sea, porque una vez que lo logre, sin importar cómo (razones culturales, económicas o políticas), ya no hay posibilidades de retroceso; si ese fuera el caso, la concepción de los derechos humanos habrá caído, pues la universalidad es esencial a ella y la condición que nunca puede perder. Sólo si se trata de derechos universales son obligatorios y exigibles nacional e internacionalmente, pues si no lo son pueden dejar de serlo nacionalmente y, de hecho, dejan de serlo internacionalmente.

Terminamos con algo que siempre hemos dicho: la concepción de derechos humanos no sólo triunfó históricamente, sino que ha llegado al cambio de milenio y es parte de la globalización y la modernidad; pero la concepción que los cuestiona está también ahí, y el debate entre ambas concepciones tiene una rica veta académica, aun cuando sus consecuencias van mucho más allá.

 

Relativismo cultural y derechos humanos en América Latina

Felipe González Morales*

En América Latina, a diferencia de lo que ha ocurrido en Naciones Unidas, se constata la ausencia de una discusión explícita sobre el relativismo cultural. Por relativismo cultural entiendo aquí la tesis según la cual las especificidades de la propia cultura sirven como causa justificante para evitar el cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos, cuestionándose el carácter de universales de tales normas.

La tesis del relativismo cultural ha cobrado fuerza en las Naciones Unidas, donde algunos estados islámicos y otros países subdesarrollados, especialmente de África y Asia, han puesto en tela de juicio el carácter vinculante para ellos del derecho internacional de los derechos humanos, al que describen como un producto del pensamiento occidental. Esta discusión alcanzó particular vigor en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Viena en 1993, y continúa vigente.

En América Latina se ha ido fortaleciendo la reivindicación de sus especificidades por los pueblos indígenas, pero ello no se ha llevado a cabo oponiéndose a las pautas del derecho internacional de los derechos humanos, sino que, al contrario, con frecuencia dicha reivindicación se ha basado justamente en las posibilidades que brinda ese derecho.

Así, con creciente frecuencia los grupos indígenas presentan denuncias ante la Comisión Interamericana por las violaciones de sus derechos humanos por los estados, y para ello invocan la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ausencia de una invocación explícita de un relativismo cultural en nuestra región no significa, sin embargo, que argumentos de esa naturaleza no se formulen de manera implícita y hasta soterrada a veces en el debate sobre derechos humanos. Esto se ha dado en los más diversos planos. Por ejemplo, en los regímenes dictatoriales y en gobiernos civiles con fuertes rasgos autoritarios es frecuente escuchar invocaciones acerca de la autonomía propia frente a la comunidad internacional, apuntándose a que ésta no comprendería las peculiaridades de las diferentes culturas y de los procesos internos.

En este sentido han sido frecuentes, por ejemplo, las descalificaciones hacia los órganos internacionales de derechos humanos cuando éstos cuestionan el uso de estados de excepción en violación de derechos civiles básicos, como el derecho a la vida o a la inte­gridad personal.

En otro plano significativo, el de los derechos humanos de la mujer, estas argumentaciones en que implícitamente se invoca una suerte de relativismo cultural también se hallan presentes. Cuando se habla del relativismo cultural en relación con los derechos humanos de la mujer, lo primero que se trae a colación es lo que ocurre en los países fundamentalistas islámicos, sin reparar en que, con las diferencias del caso, en América Latina se vive en un am­biente en el cual la cultura dista mucho de hallarse permeada por la valoración de los derechos humanos de la mujer.

Así, se esgrimen con no poca frecuencia argumentos escépticos, que apuntan a resaltar las diferencias entre la cultura latinoamericana y estas ideas "importadas". Lo que se insinúa o se deja entrever es que habría que atemperar o morigerar estas reivindicaciones en atención al medio local. Ocurre que, al prestarse atención a materias antes descuidadas, como los derechos de la mujer, se produce un conflicto con los patrones culturales predominantes. Estas tendencias constituyen un obstáculo para la implementación efectiva de una importante proporción de las normas contenidas en los tratados sobre derechos de la mujer que son de aplicación progresiva, esto es, no son inmediatamente exigibles al Estado.

En consecuencia, la situación de la cultura influirá de manera significativa para que los Estados dilaten la adopción de medidas específicas para hacer efectivos estos tratados y los derechos en ellos garantizados.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no está concebido como un sistema normativo que pretenda hacer "tabla rasa" y asimilar a todos los sistemas jurídicos internos. Sí aspira a convertirse en un "mínimo común denominador" para asegurar la protección de la dignidad humana. Se nutre de distintas fuentes. Pretende que se lo tome como "Derecho" propiamente tal y no sólo como un conjunto de principios morales. De otro modo no tendría sentido la suscripción de tratados ni el reconocimiento de competencia a órganos internacionales.

La relación que se da entre la concepción de los derechos humanos y la cultura es compleja. Por una parte, históricamente ellos se han erigido como bastiones frente a la cultura predominante: así ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos y en los países subdesarrollados. Esto se ha manifestado en las más diversas áreas a que se refieren los derechos humanos, partiendo por cuestiones tan elementales como la lucha contra la esclavitud y la tortura, las que, en su momento, eran consideradas como normales por la cultura predominante.

Por otra parte, con los fenómenos de globalización y las reivindicaciones en materia de derechos humanos –y los derechos de la mujer son nuevamente un buen ejemplo al respecto–, resulta cada vez más difícil calificar tales reivindicaciones como "foráneas" o "ajenas." Se trata de elementos que han pasado a formar parte del propio acervo cultural de cada país: ellos han devenido cultura, si bien en muchos de nuestros países aún no son plenamente aceptados socialmente y son rescatados más bien por sectores minoritarios.

* Felipe González Morales es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. Se desempeña también como Representante para América Latina del Grupo Jurídico Internacional de Derechos Humanos y como director de un Programa Interuniversitario Sudamericano sobre acciones de interés público.

 

Usos y abusos del relativismo cultural

Fidel Tubino

Una dosis adecuada de relativismo es sana, pues nos impide caer en los abusos del dogmatismo. Pero exagerar la dosis es asunto delicado, porque conduce a la legitimación explícita o soterrada de prácticas culturales o políticas que violan los derechos humanos.

Coincido con Fernando de Trazegnies en el rechazo del relativismo absoluto por ser teóricamente inconsistente y prácticamente insostenible. Creo más bien, al igual que él, "en diferentes perspectivas desde las cuales es posible ver las cosas sin perjuicio de que algunas nos parezcan mejores que otras". Pero quisiera recordarle que, en el plano práctico, los derechos humanos
–cuyo origen está estrechamente ligado a la tradición liberal de Occidente– no son una verdad relativa más entre otras. Constituyen "el mínimum moral" con base en el cual las diversas culturas y sociedades políticas pueden convivir manejando razonablemente sus inevitables conflictos.

Así, frente al ritual prematrimonial de la ablación del clítoris en amplias comunidades del África y Asia –como caso extremo de una práctica cultural que viola los derechos humanos fundamentales de la mujer–, Trazegnies se siente en la obligación de condenarla moralmente de acuerdo con sus valores occidentales. Pero mal haríamos –nos dice– en pretender sancionarla legalmente, pues estaríamos cayendo en una forma degenerada de imperialismo cultural.

Hasta aquí estoy de acuerdo con la argumentación, aunque me permito señalar un problema en la posición de Fernando de Trazegnies que ni menciona ni analiza; a saber, la disociación entre la Ética y el Derecho. Trazegnies concibe el Derecho como una normatividad positiva que se justifica no por referencia a leyes morales y objetivas, y, por otro lado, la moral aparece como un conjunto de valores y convicciones subjetivas sin encarnación en las realidades sociales concretas. Regalar la moral al ámbito de la vida privada encasilla al "mínimum moral" de la convivencia social, es decir a los derechos humanos, en la extraña condición de limitarse a ser un conjunto de preceptos moralistas culturalmente relativos sin aplicación práctica.

Hay que repensar, desde las adquisiciones del pensamiento crítico tolerante, la articulación entre Derecho y Ética más allá de los estrechos límites del liberalismo político, para reencontrar los vínculos que los deben reunir en la vida social.

Coincido con Trazegnies en que los procesos políticos de los pueblos son procesos autónomos, pero discrepo de él porque no considero que haya que respetarlos incon­di­cional­mente.

Si un pueblo decide claudicar en la práctica al respeto del "mínimum moral" de la vida social para resolver sus problemas, declarando la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, ¿debemos –por respeto incondicional de su autonomía– renunciar a sancionarlos? "Si –opina Trazegnies– sacrificamos la soberanía nacional en aras de los derechos humanos universales..., entonces simplemente estamos eliminando la libertad, estamos suprimiendo el "libre albedrío". Aquí, me parece, se está abusando del término "libre albedrío".

En nombre del derecho a la autodeterminación, no se pueden justificar –ni ética ni jurídicamente– ni el asesinato sistemático, ni la tortura, ni el genocidio. Porque la libertad política tiene un límite moral objetivo: el respeto incondicional a la persona individual como fin en sí mismo, como valor absoluto, como digna por sí misma. El respeto de la dignidad humana debe ser el valor supremo de cualquier sociedad, y la autodeterminación de los pueblos sólo se justifica por referencia a ella.

En este sentido, creo que el fallo de los Lores en el caso Pinochet debería llamar a reflexión a los juristas, para que, lejos de limitarse –como lo hace Trazegnies– a señalar los peligros de la globalización del Derecho, piensen en la necesaria renovación de los criterios éticos y jurídicos actualmente en uso y que el mundo de hoy exige.

No podemos y no debemos quedarnos en la afirmación de la ruptura entre el ámbito de la política y el ámbito de la  ética para asegurar el respeto a la autonomía nacional de los procesos políticos de los pueblos, sin señalar los grandes problemas que esto también genera.

La justificación de la desmoralización de la política –postulado central del pensamiento maquiavélico– se ha convertido en el argumento que legitima los usos y abusos en el ejercicio del poder. La praxis política reclama ser orientada por principios éticos y no solamente por el juego de intereses. En este sentido, una praxis política que vulnera sistemáticamente el "mínimum moral" de la vida social debe ser no sólo censurada moralmente, sino sancionada jurídicamente. No utilicemos los argumentos del relati­­vismo cultural para justificar la impunidad de los crímenes políticos so pretexto del respeto a la autonomía de los pro­­­cesos políticos de los
pueblos.

El relativismo cultural tiene su lugar. Sirve para evitar actitudes etnocéntricamente autoritarias de imposición cultural. Hay que respetar las tradiciones culturales; pero ¿debemos respetarlas incondicionalmente? No olvidemos que por encima del respeto a las tradiciones, el ser humano aspira sobre todo a la felicidad, al bienestar durable. En este sentido, tiene una vocación ética.

Así, si una práctica cultural genera malestar anímico o corporal, no debe ser incondicionalmente respetada. Debemos intentar modificarla, pero no utilizando la sanción jurídica, pues se trata de una costumbre contextualmente legitimada.

En el caso de la tortura, de las desapariciones forzosas o del genocidio, en cambio, tenemos todo el derecho y el deber de utilizar la sanción jurídica, pues no se trata de prácticas culturales socialmente legitimadas sino de crímenes de lesa humanidad.

Creo, al igual que Trazegnies, en la tolerancia como valor rector de las relaciones humanas en las sociedades plurales. Creo igualmente que le haríamos un mal servicio a los derechos humanos si los defendemos desde posiciones fundamentalistas. Pero creo, asimismo, que  también les hacemos un mal servicio cuando los relativizamos a tal punto que los reducimos a declaraciones discursivas sin injerencia en la vida de las culturas y en los procesos políticos de los pueblos."

 

Si todo se globaliza, ¿por qué no los derechos humanos?

Enrique Bernales Ballesteros

En la filosofía, lo mismo que en la política, no es el absolutismo ni el fundamentalismo lo que conceptualmente se opone al relativismo; éste pretende más bien destruir la existencia de lo universal como expresión del espíritu y de las ideas. No es cierto que las ideas sean abstractos irrealizables en la historia mientras que toda postura relativista encuentra su verdad en el juicio de la historia.

Lo que sí se podría sostener, aunque a lo mejor quienes se jactan tan superficialmente de ser "relativistas" lo olviden por calculado y circunstancial oportunismo, es que el relativismo lleva a la negación de Dios, al cuestionamiento de los principios y valores que hacen de la vida un bien sagrado y universal, y a sostener la primacía del materialismo. Los relativistas están más cerca del marxismo que del liberalismo. Si eso, en algunos relativistas virtuales, configura una contradicción vitanda entre lo que dicen y lo que hacen, pues... allá ellos.

No extraña que desde posiciones relativistas se ataque y cuestione la validez de una de las características centrales de los derechos humanos, cual es su universalidad. La historia de los pueblos está llena de pequeños geniecillos al servicio de vanidosos déspotas y autócratas que se esmeraron en construir el aparato conceptual que pudiera justificar las más bárbaras atrocidades contra la vida, la libertad, la igualdad, la integridad física y la seguridad de los pueblos y de las personas.

La razón del Estado invocada como interés histórico concreto, la de la nación como conjunto identificable preciso y diferenciado en forma concreta y material, la existencia de una cultura propia en nombre de la cual justificar cualquier tipo de costumbre, rito, conducta o modelo de vida que se aparta de estándares genéricos y universales, o el cuestionamiento acrítico de la validez de las ideologías en su pretensión de contener una verdad que interpreta al ser humano como especie, ser inteligente y sujeto histórico, ha sido siempre el punto de partida para la imposición de modelos opresivos en los que la vida, la libertad y sistemas como la democracia, quedaron supeditados a contingencias y necesidades de las tiranías en el poder.

Hace falta mucho cinismo o sufrir de un incurable narcisismo intelectual para cuestionar el valor universal de los derechos humanos y hacerlo en nombre de un relativismo que inevitablemente apela a algunos de los argumentos resumidos en el párrafo
anterior.

¿Es que tan alegremente pueden borrarse de la memoria los crímenes del nazismo, del fascismo o del estalinismo contra la humanidad? ¿Es que Hitler sí podía matar millones de judíos, gitanos u otras razas calificadas de "inferiores" en nombre de la "cultura germana" y Stalin encerrar a disidentes porque la "dictadura del proletariado" así lo requería? ¿Tan pronto perdió valor la condena a los campos de concentración, a las persecuciones y matanzas por limpieza étnica? ¿Es que el apartheid practicado por el régimen racista sudafricano era válido en nombre de la soberanía de ese Estado y que quien se equivocó fue las Naciones Unidas al aplicarle sanciones como el bloqueo económico internacional mientras persistiese el apartheid?

¿Y qué decir de los genocidios o del maltrato y negación de derechos a las mujeres en los Estados musulmanes ganados por concepciones integristas? ¿Justificaremos en nombre del relativismo las legislaciones que establecen torturas como sanciones penales, o las persecuciones, la supresión de la libertad, las desapariciones y los crímenes que habitualmente caracterizan a las dictaduras, abiertas o encubiertas, que tanto daño han hecho aquí en América Latina?

Para refutar la irresponsable frivolidad de un discurso interpelado con las preguntas expuestas, bastaría mencionar cuestiones tan sustantivas como las siguientes.

En primer lugar, que el concepto "humanidad" es por su propia naturaleza una totalidad unívoca y universal. El hombre es uno y es el mismo en cuanto a los bienes que lo caracterizan: vida, integralidad, libertad, igualdad, inteligencia, individualidad y sociabilidad. Las diferencias de sexo, raza, religión, lengua, cultura o identidad nacional que se puedan invocar, corresponden a procesos históricos que han acentuado determinados rasgos y tomas de posición, pero sin que sea válido ni legítimo invocar ninguno de estos factores o elementos para romper la unidad intrínseca de lo humano.

Introducir estos criterios quebraría la armonía del concepto y heriría su realización histórica al procesar aberraciones tales como la discriminación, la libertad de unos contra la esclavitud de muchos, el respeto selectivo de la vida o la existencia de un pretendido derecho a mutilar, a segregar y a imponer la violencia.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el Estado, y más precisamente el Estado-Nación, que es nuestra forma concreta de organización social y política en el mundo contemporáneo, no es otra cosa que un producto histórico que evoluciona tan constantemente que nada garantiza su permanencia en el próximo siglo o su sustitución por una forma superior de autoridad social encargada de administrar y de prestar segu­ridad.

Pero es obvio que quien crea el Estado y lo acomoda a sus necesidades es el hombre. Éste es anterior y superior al Estado. Ciertamente, se han dado casos en los que el Estado, convirtiéndose en Leviatan, ha arrasado con la supremacía de lo humano y abusado en tal sentido de su soberanía. Pero ésta no es otra cosa que un atributo delegado por el propio ser humano al Estado, para que pueda ejercer su autoridad con autonomía y ser reconocido como tal.

Por esto mismo, la rica evolución del derecho que se manifiesta luego del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días ha reparado en el carácter funcional y no absoluto de la soberanía. Ésta no se puede invocar para oprimir al hombre, convertir al Estado en un ente sacro y con capacidad para suprimir la vida o la libertad. Antes bien, la soberanía es una garantía de la libertad y no sirve para violar los derechos de la persona humana y para cubrir de impunidad a gobernantes que delinquen.

Es por tanto un excelente progreso de la humanidad que en esa evolución a la que hemos hecho referencia, se esté imponiendo la supremacía de la ley internacional y la capacidad de ésta de ser invocada por sobre la soberanía, cuando se trata de proteger bienes superiores al Estado como son la vida, la integridad física de las personas o la libertad.

Claro: estamos hablando de un enorme progreso histórico, de algo que trasladará el protagonismo y generará posibilidades de real ejercicio de la libertad al hombre y a las sociedades, y podrá efectivamente plasmarse si opera una auténtica revolución que universalice la cultura de los derechos humanos.

Si todo se globaliza, ¿por qué no los derechos humanos? ¿De dónde sale ese discurso que pretende oponer la libertad y la tolerancia a los derechos humanos? ¿Cómo así la soberanía de la libertad y el liberalismo son sólo válidos para los pueblos de Occidente, razón por la cual los derechos humanos son una especie de imposición que violenta a pueblos de culturas dife­­rentes?

En verdad, la argumentación que opone la libertad del individuo a los derechos humanos, o a la tolerancia, o aquella que pretende disgregar el liberalismo de su sustancia racionalista que es lo que hizo que su expansión fuera aceptada por pueblos de todas las regiones, convirtiéndolo en una filosofía y en un sistema político implantado universalmente, se parece más bien a un conjunto mal articulado de sofismas.

Los derechos humanos se basan en la libertad que es inherente al ser humano; la tolerancia es parte de su práctica, y si reclaman la democracia como un sistema básico para ser respetados, es precisamente porque no hay contradicción entre las instituciones y garantías que preconiza el liberalismo y la plasmación jurídica de los derechos hu­manos.

Sospecho que estas reflexiones no gustarían, si fuesen leídas, a los gobernantes y quienes ofician de ser sus mentores intelectuales en China, Irak, Irán. ¿Y aquí en el Perú? Bueno, hay algunos indicios que apuntan a algún aprendiz de brujo al que los brebajes del poder pueden haber mareado.

Pero no es tarde para rectificar apresuramientos conceptuales. Reconocer la importancia del sistema internacional de los derechos humanos y el valor universal de éstos, es parte de ese discurso sobre la tolerancia al que estamos todos invitados.

 

INTERNACIONALMENTE VINCULANTES

Hans Landolt

Conmemorando el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), con escasas horas de diferencia, ocurrieron dos hechos diametralmente opuestos.

En uno de ellos, el ministro de Relaciones Exteriores, en una velada oposición a que Pinochet fuera procesado de acuerdo con el derecho internacional, afirmaba en un auditorio repleto de defensores de derechos humanos que, si desmontamos la "esfera de autonomía" de la soberanía nacional "en aras de los derechos humanos universales, entonces simplemente estamos eliminando la libertad".

En el otro, los representantes de nuestra Cancillería ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con los representantes de países de todas las regiones, culturas, credos y sistemas económicos y políticos del mundo, aprobaban unánimemente la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", que, en su artículo 1, dice:

"Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos".

Estos dos hechos son, sin embargo, parte del mismo juego de voluntades que se pierde en la memoria, se refleja en las noticias de cada día y se proyecta –incansable– al futuro.

Está en su tercera edad el estribillo aquel según el cual, si eliminamos la libertad de ejercer arbitrariamente el poder, atentamos contra la soberanía de un país. Hay quienes pretenden que sólo los gobernantes expresan el pensamiento, el credo y el sentir, necesariamente únicos y monocordes, de toda una nación. Son los que quisieran revivir la Pancasila de Suharto y penar por ley a quien critique o se desvíe de la ideología del Estado. Son los que defienden la soberanía del horror y la miseria, la libertad de la autoridad para desconocer los derechos de la persona y avasallar a las minorías, a los débiles y los desprotegidos.

Hace medio siglo, sin embargo, la voluntad de impedir que se repita la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial internacionalizó los derechos humanos. Desde entonces, los derechos de las personas ya no fueron atributo exclusivo y excluyente de la jurisdicción interna de un país y se abrió paso a la protección de los derechos humanos por el ordenamiento internacional.

El artículo 56 del Preámbulo de la Carta que da nacimiento a la ONU, establece que "todos los miembros se comprometen a tomar medidas, conjunta o separadamente en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55"; propósitos entre los que se encuentra "el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos".

Desde entonces, en términos generales podemos decir que la voluntad de reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos ha seguido un curso progresivo e inclusivo; y ha logrado invalorables triunfos para la dignidad de las personas, sucesivos compromisos oficiales y múltiples instrumentos internacionalmente vinculantes.

Pero es indudable que ese camino no se ha hecho sin tropiezos y que aún hoy flaquea la voluntad política para frenar la impunidad y sancionar a los responsables de atrocidades descomunales como los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra o el genocidio. Al punto que, para aprobar una "Declaración" como la mencionada, han debido pasar 13 años, porque un reducido número de países no quería aceptar que una persona defienda los derechos de otra.

Obviamente, lo que todavía ocurre con frecuencia es que lo que se escribe con una mano se borra con la otra. No son pocos los gobiernos que podrían diplomarse en la construcción de muros de hipocresía para dividir lo que dicen de lo que hacen; que confían en no tener que respetar los compromisos que asumen y que tienen la ilusión de no rendir cuentas sobre éstos a los ciudadanos de su país.

Para ello, ya es un lugar común que se busquen argumentos en el relativismo cultural y nunca falten frases como "esferas de autonomía", "regiones-estanco" o "círculos concéntricos de ejercicio de la libertad", que siempre suponen culturas y sociedades estáticas e incomunicadas, absolutamente uniformes e impermeables. Algunos políticos reclaman tal singularidad afanándose en desconocer que las tensiones de este juego de voluntades se producen en todas las sociedades, en todas las culturas e inclusive en las religiones. Imaginan que éstas son inmutables y que en ellas no conviven fuerzas internas que se distinguen, promueven cambios y eventualmente prevalecen sobre las otras.

La pretensión de que los gobernados sean meros objetos sometidos al poder está perdiendo históricamente la batalla. Y la está perdiendo más rápido, porque cada vez son más quienes asumen que la suerte de cualquier ser humano en cualquier otro rincón del planeta, tampoco les es ajena; y que la protección internacional no sólo es legítima, sino necesaria.

 

Liberales y derechos humanos:

HAY OTROS PUNTOS DE VISTA

No todos los que defienden una economía de mercado reniegan de la universalidad de los derechos humanos ni los ven como un obstáculo para el despliegue pleno de sus fuerzas. Revisemos, si no, lo que piensa al respecto de los temas en debate en esta sección la conocida revista inglesa The Economist.

 

The Economist es una prestigiosa revista inglesa que, como ellos gustan decir, es leída por "la mayoría de la minoría" que importa en materia de finanzas internacionales en el mundo. Sus posiciones en temas económicos son bastante ortodoxas y muy en la línea de lo que en el Perú se hace y se piensa en ese campo.

Por ello, cuando se lee la revista con regularidad es muy interesante observar cómo hacen que sus puntos de vista económicos sean compatibles con posiciones firmes y muy avanzadas en términos de democracia, pluralismo, derechos de las minorías, respeto de las diferencias, etcétera, etcétera. Combinación que, por cierto, en este país se nos ha vendido como imposible.

Ya para el debate específico que en estas páginas proponemos, es sumamente interesante remitirnos al especial de The Economist sobre derechos humanos de diciembre pasado, a propósito del 50 aniversario de la Declaración Universal y que, reveladoramente, titularon "El mundo está mirando" (The world is watching).

Uno de los temas tratados en esa edición es el que preocupa a nuestro Canciller, el de una supuesta imposición cultural occidental detrás de la filosofía de los derechos humanos.

Un primer argumento en contra de esta visión relativista es –según The Economist– el acuerdo universal que parece haber sobre cuáles son los derechos básicos de las personas. Para probarlo se remiten a la plétora de tratados internacionales de derechos humanos existentes y a cómo éstos han sido ratificados por casi todos los países del mundo. "Es cierto que ha sido más fácil –admite la revista– ponerse de acuerdo en los derechos básicos que, luego, ponerlos en práctica".

Y ya en la práctica, uno de los ataques más fuertes contra la internacionalización de los derechos humanos viene justamente de la idea de que el concepto mismo proviene del individualismo occidental, y que al tratar de imponerlo a otras culturas estamos ante una nueva suerte de imperialismo. The Economist se manifiesta abiertamente en contra de esta tesis. Entre otras razones, señala:

"La tesis relativista presume que hay un solo set de valores occidentales, islámicos o asiáticos. Esto es manifiestamente falso... Hay muchas tradiciones y creencias al interior de cada una de estas culturas, algunas de ellas incluso hostiles entre sí. El Islam está bastante lejos de ser monolítico. Como la cultura judeo-cristiana, viene en muchos sabores diferentes, desde el fundamentalista hasta el secularista, incluso con una rama que ha encabezado el racionalismo y la investigación científica.

"El relativismo cultural supone también que el núcleo fundamental de los derechos humanos civiles y políticos identificados en los tratados internacionales son exclusivamente valores occidentales. No es así; éstos están basados en valores ampliamente compartidos en muchas culturas: lo sagrado del respeto a la vida y la dignidad humana, la tolerancia de las diferencias y el deseo de libertad, orden, justicia y estabilidad".

La revista sostiene, además, que es falso que la intolerancia frente a estos valores sea patrimonio de las culturas no occidentales. Ponen el ejemplo de los Estados Unidos, que empezó a desmantelar su esquema de segregación racial apenas en 1954; de Francia, que dio el voto a las mujeres en 1944; o de Suiza, que lo hizo sólo en 1971. "En el Occidente, tanto como en cualquier otro lugar, se debe luchar para que los derechos contenidos en la Declaración Universal y otros tratados sean conseguidos."

"Lo que ocurre más bien –señalan– es que los valores islámicos o asiáticos son usados por gente desde los gobiernos para justificar la represión política y la restricción de derechos." Y agregan un elemento clave: que los luchadores por los derechos humanos árabes o iraníes son tan parte de la cultura islámica como sus gobernantes o como los fundamentalistas en sus países. Se preguntan, así: "¿quién es más representativo de los valores asiáticos: Mahathir Mohamad, el Primer Ministro malasio que ha encarcelado recientemente a su más cercano colaborador por disentir de él, o Aung San Suu Kyaque, Premio Nobel de la Paz que lidera la asediada oposición en Myanmar?".

"Finalmente –agregan–, los relativistas ignoran el hecho de que la mayoría de la población mundial vive en Estados en los que convive más de una tradición cultural. Y que usar el poder del gobierno para imponer una sola e intolerante tradición cultural a sus habitantes es una receta para el conflicto constante, tanto al interior de las fronteras como hacia el exterior."

The Economist aborda también el otro tema puesto en debate en estas páginas: el de los límites de la soberanía nacional en relación con los derechos humanos. Y en este campo también desarrolla ideas interesantes.

Parten de reconocer que es cierto que los reclamos internacionales por derechos humanos tienen que coexistir con los intereses económicos y comerciales de los diferentes países, pero piensan que, aun siendo ese el caso, se están produciendo cambios muy significativos.

Así, por ejemplo, proponen una lectura diferente de lo ocurrido con respecto a China desde Tiananmen:

"De hecho, un nuevo acercamiento de los países occidentales a China era inevitable dado el inmenso tamaño e importancia geopolítica de ese país. Pero lo impactante fue la actitud inicial ante la brutal respuesta del Gobierno chino a los manifestantes. Los Estados Unidos y Europa impusieron rápidamente un embargo de armas, suspendieron visitas de alto nivel y congelaron su ayuda. La ayuda bilateral extranjera cayó en 80% durante el año siguiente. En los siguientes dos años la mayoría de los países occidentales retomó la normalidad de sus relaciones con China, pero los Estados Unidos demoraron hasta 1994 para devolverle a China su estatus comercial de nación más favorecida (entiéndase relaciones comerciales normales). Y la crítica a China por derechos humanos continúa incluso hoy, aun cuando en un tono más bajo. Además, el Gobierno chino ha debido aceptar que el asunto no puede ser ya más un tema tabú. ¿Es esto suficiente? Los activistas de derechos humanos piensan, con toda razón, que no. Pero para las circunstancias fue bastante. Después de todo, la más grande y poderosa nación del Asia había reprimido protestas sólo internas y no había planteado ninguna amenaza militar externa a sus vecinos."

Destaca también la revista que "hay un creciente reconocimiento de que los maltratos de los gobiernos a sus propios pueblos pueden convertir a estos gobiernos en poco confiables o incluso peligrosos para otros países". Citan el informe final del Carnegie Commission to Prevent Deadly Conflict en el que se señala que los derechos humanos se están convirtiendo, además, en una herramienta clave para promover la seguridad colectiva.

¿Significa esto el fin de la soberanía de los Estados en estas materias? Según The Economist, estamos muy lejos de que ello ocurra, pero afirman que cada vez con más frecuencia el reclamo de soberanía va a ser aceptado sólo en la medida en que se trate de Estados que respeten los derechos básicos de sus ciudadanos.

"Ese es el camino por el que el derecho internacional avanza lentamente. Hay otras fuerzas presionando en la misma dirección: la integración económica global, el crecimiento de las transmisiones internacionales, de las telecomunicaciones y de los viajes; todos elementos que van a hacer más difícil para los regímenes represivos dedicarse a sus asuntos sin preocuparse de la influencia del exterior."

Y concluyen reconociendo que estamos todavía en una etapa muy inicial de este proceso:

"La afirmación internacional de los derechos humanos está aún en sus etapas iniciales, y va a haber retrocesos. El mundo no va a devenir rápidamente en un lugar mejor. Para algunos países, establecer el imperio de la ley va a tomar, más que años, generaciones. Sin embargo, los tratados, las convenciones y otros instrumentos internacionales tan dificultosamente negociados desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 50 años, comienzan a verse menos como un conjunto de piadosos buenos deseos y más como la expresión de lo que se espera de todos los gobiernos en un mundo crecientemente interdependiente." (C.B.I.)

 

Un último argumento
en favor de los
derechos humanos:
fernando de trazegnies

Quién más indicado para rebatir al Canciller Fernando de Trazegnies que el investigador Fernando de Trazegnies. El texto que sigue ha sido tomado del libro Comunidades campesinas y nativas en el nuevo contexto nacional. (Lima: CAAAP/SER,
noviembre de 1992.)

 

"Hay también algunas personas que han preguntado con respecto a los derechos humanos; y creo que eso es también muy interesante.

Creo que los derechos humanos son una conquista de esa modernidad; son la mejor cara de esa modernidad. Constituyen así una parte de la modernidad que puede –y debe– ser heredada por la posmodernidad. Los derechos humanos son esa parte interesante de la modernidad respecto de la que no debemos dar marcha atrás: son conquistas de la libertad y de la dignidad del hombre.

Por eso es que yo me encuentro con problemas serios de conciencia cuando pienso en el pluralismo a secas, en un pluralismo en el cual se pudiera permitir todo tipo de torturas y otras prácticas inhumanas (a la luz de mi cultura). Para mí, el pluralismo jurídico tiene que salvar la noción de derechos humanos, a pesar de todo lo ambigua y occidentalizada que puede ser. Estamos ante una herencia de la humanidad, de la que no podemos renegar y que debemos llevar adelante.

La posmodernidad tiene que construirse sobre la base de un zócalo común; y, encima de ese zócalo, una diversidad cultural. Creo que ese zócalo común está constituido por los derechos humanos, a pesar de todo lo vago e indefinido que esta noción implica."