la
corrupción:
UN
PROBLEMA AL QUE HAY QUE METERLE EL DIENTE
(QUE NO ES LO MISMO QUE
PARTICIPAR
DE LA MORDIDA)
Nuevos casos de corrupción han estallado en el país. No estamos frente a
un asunto nuevo; tampoco ante un producto exclusivo de nuestra tierra. En todas
partes se cuecen habas; sin embargo, en el Perú estamos desarmados para
enfrentar la corrupción. El desplome del Estado de Derecho, la discrecionalidad
absoluta con la que se maneja el poder político, la ausencia de fiscalización
del Congreso y la subordinación del Poder Judicial impiden enfrentar este viejo
y enraizado mal. La cultura de la corrupción se extiende, imparable.
Sólo el acceso real a la información pública, la irrestricta libertad de
expresión, la independencia de los operadores de justicia, la efectiva
rendición de cuentas, la fiscalización de los ciudadanos –desde los gobiernos
locales hasta la cúpula misma del Poder Ejecutivo– permitirán que la conducta
de las autoridades se ventile frente a la atenta mirada del público. Sólo una
sanción ejemplar a los que trafican con los bienes públicos impedirá que se
siga entronizando la impunidad.
El congresista Ernesto
Gamarra y el abogado Jose Ugaz Sánchez Moreno nos entregan reflexiones que
trascienden los casos concretos y la coyuntura para plantearnos los verdaderos
desafíos en este tema que preocupa tanto al país.
Corrupción: problema nacional
Ernesto Gamarra Olivares
Para
analizar el tema de la corrupción*, lo
primero que se puede afirmar es que ésta es tan antigua como la humanidad, y
que frente a ella se presentan distintas conductas: la que guarda silencio, la
que denuncia en privado y la que denuncia públicamente para lograr un castigo.
En el Perú también existe esta división, tal vez por el contexto social en el
que ha aparecido una nueva clase política, o como consecuencia de un cálculo
individual de costos y beneficios.
La
corrupción política es un aspecto visible del modo en que opera la sociedad,
necesariamente, producto de la coexistencia de dos actores, uno público y otro
privado, para la obtención de extraordinarias ganancias y el logro de intereses
comunes. Ejemplos hay varios: la financiación de campañas electorales con
dinero producto del narcotráfico; la existencia de monopolio de poder dirigido
a favorecer a particulares; o la preeminencia de un sistema confidencial para
el manejo de fondos públicos, en especial en el caso de privatizaciones,
concesiones o intervenciones en el mercado.
Es,
definitivamente, un elemento distorsionador del orden público y resiente el
funcionamiento de un correcto sistema democrático. Sus aspectos, algunos
visibles y otros no, se presentan, principalmente, en la transformación de los
procedimientos para iniciar o continuar una carrera política: ya no importa el
mérito individual o el conocimiento técnico sino la burocracia partidaria; y en
la administración pública impera aquello que conocemos como clientelismo:
concesión de favores.
Los efectos
son: en primer lugar, el olvido de la real función de los partidos políticos
(algunos de éstos ya no representan los intereses de la sociedad), y la
práctica de la selección de intereses particulares por encima de los generales;
en segundo lugar, la existencia de un profundo desapego legal, incluyendo el
propio texto de la Constitución; en tercer lugar, la innegable existencia de
fragilidad de funcionarios públicos y sujetos privados para recibir y ofrecer,
respectivamente, prebendas o aceptar lobbys
incluso negando derechos adquiridos; y, en cuarto lugar, un popularizado
sentimiento de impunidad.
Hay quienes
dicen que no debemos sorprendernos por la existencia de esta figura, porque
ella siempre ha existido. Pero creemos que ello no quiere decir que debemos
permitir que la corrupción deba ser legitimada por la costumbre, menos aún en
tiempos en los cuales las reformas estructurales del Estado han sido planteadas
y vivimos tiempos de crisis económica.
Hoy el
pueblo ya no acepta, por ejemplo, que funcionarios públicos antes encargados de
áreas críticas del Gobierno estén vinculados a grupos privados, porque se ha
creado un sentimiento de incredulidad en el sistema. Ha habido cambios
sociales, quizá aún imperceptibles, que exigen ajustes. No necesariamente
necesitamos una revisión de la legislación vigente, o la permanencia de
sistemas de reforma judicial, sino el uso adecuado de los instrumentos legales
con los que contamos: un debido control político por parte del Parlamento y un
adecuado cumplimiento de nuestra legislación. El problema es moral y, lamentablemente,
son pocos los que combaten públicamente.
* Un
documento del Fondo Monetario Internacional define la corrupción como "el
incumplimiento intencional del principio de mantener las distancias de una
relación, principio conforme al cual las relaciones personales o familiares no
deben influir en las decisiones de los agentes económicos del sector privado o
de los funcionarios públicos".
Justicia, corrupción y transparencia
Jose Ugaz S.M.
En los
últimos años la sociedad ha ido tomando conciencia de las graves consecuencias
de la corrupción para la consolidación y funcionamiento de una democracia.
El debate
sobre la corrupción ha salido de los recintos eclesiales, donde
tradicionalmente fue materia de discusión por sus connotaciones morales, para
convertirse en un elemento indispensable de análisis económico y viabilidad
democrática, a tal punto que hoy es un baremo de medición de organismos
internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo;
ha salido del ámbito de los comentarios soterrados de ciudadanos individuales
acerca de las irregularidades en que incurren los gobernantes y/o sus
administraciones, para ocupar un lugar preponderante en la agenda política
nacional e internacional.
Prueba de ello
es que, al inicio de su Gobierno, el Presidente Fujimori se refirió a la
corrupción como un tema a abordar prioritariamente, al punto que llegó a
proponer la creación de un Alto Comisionado contra la Corrupción, a semejanza
del de Hong Kong. Posteriormente aludió a la corrupción como uno de los
justificantes del autogolpe del 5 de abril de 1992.
En el plano
internacional, se convocó a una reunión cumbre de presidentes americanos para
discutir esta problemática, se generó la Convención Interamericana contra la
Corrupción (ratificada por el Perú el 4 de abril de 1997) y se instauraron las
Conferencias Internacionales Anticorrupción, la última de las cuales (VIII) se
desarrolló en Lima en setiembre de 1997.
Como ha
señalado el especialista norteamericano y profesor Robert Klitgaard, en
sugestiva analogía, la corrupción es como el sida:
"...
es un problema en todos los países, pero sólo causa un daño especial en unos
pocos. Tiene aspectos de epidemia. Está basada en el comportamiento privado de
individuos que el código moral dominante considera inmoral. Acarrea
consecuencias en distintos niveles, incluido el económico. Finalmente, es una
enfermedad difícil de combatir y puede adaptarse para resistir a los esfuerzos
para combatirla".
Aun cuando
las prácticas corruptas también se desarrollan en el ámbito de la actividad
privada, el centro de la preocupación en la materia, dada la magnitud y los
nocivos efectos sociales que conlleva, es su presencia en la administración
pública.
Según una
encuesta publicada hace unos años por la revista Caretas sobre las profesiones más identificadas con la
corrupción en el Perú, de las cuatro profesiones más desprestigiadas por ese
motivo (políticos, policía, jueces y abogados), tres están íntimamente
vinculadas con el quehacer de la justicia.
¿Qué ha
ocurrido con la administración de justicia para que, en lugar de ser una de las
instituciones que se encuentran en un primer plano en el combate contra la
corrupción, cosa para la que ha sido creada, se haya convertido en un campo fértil
para su desarrollo?
Todo indica
que la administración de justicia ha sucumbido a la fórmula de Klitgaard:
C = M+D-R
(Corrupción
equivale a la suma de Monopolio más Discrecionalidad menos Responsabilidad.)
Para un
mejor entendimiento del postulado, veamos cómo se presentan esos elementos en
lo que concierne a la administración de justicia.
Monopolio
Si bien el
acto de impartir justicia es por definición monopolio de la Judicatura, se ha
procurado equilibrar el poder que genera la exclusividad en la función a través
de la imposición de un conjunto de garantías esenciales (jueces independientes,
reglas del debido proceso, instancia plural, publicidad, contradictorio,
etcétera).
Lamentablemente,
el progresivo deterioro del sistema judicial peruano, que ha llegado a su
máxima expresión con la denominada "Reforma" (hoy a todas luces una
clara intervención del Poder Ejecutivo), ha devenido en un peligrosísimo
sistema de poder hiper-concentrado,
con escasísimos márgenes para la independencia judicial, creación de
subsistemas con clara sujeción al poder político (como los de Delitos
Tributarios y Narcotráfico), debilitamiento del Ministerio Público, severas
restricciones de las garantías del Debido Proceso, entre otros.
Discrecionalidad
Aun cuando,
en esencia, los jueces deben decidir con criterio de conciencia, la ausencia de
referencias objetivas que permitan reducir los amplísimos márgenes de
discrecionalidad hasta límites razonables, y especialmente la falta de
transparencia en el proceso de toma de decisiones, han convertido en muchos
casos esa prerrogativa judicial en un pretexto para la arbitrariedad.
La
administración judicial siempre ha sido reticente a la fiscalización pública de
los casos a su cargo. La vigilancia de la opinión pública y de la prensa incomodan;
es preferible resolver los conflictos judiciales a puerta cerrada, a salvo de
la crítica y de la obligación de rendir cuentas.
En materia
penal, con el argumento de que la investigación es reservada para evitar
distorsiones probatorias, se ha impuesto la llamada "reserva del
proceso", a cuya sombra se cometen verdaderos atropellos, con el agravante
de haber originado un lucrativo negocio que favorece a empleados y funcionarios
que se benefician con el producto de la venta de información.
Responsabilidad
Quien
ejerce una función pública debe, en contrapartida a la cuota de poder que se le
asigna, asumir las responsabilidades que se derivan de un indebido ejercicio de
la función. Ello implica evitar a toda costa la impunidad judicial que ha sido
la constante en nuestro deteriorado sistema, hasta hace poco muy orgulloso de
sus pírricas victorias en pequeños casos de corrupción de bagatela.
Recientemente,
algunos sonados casos de fiscales, jueces y vocales sorprendidos en flagrante
corrupción demuestran que cuando hay voluntad de combatirla (como ocurre con el
actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura) y se logra la
colaboración de los litigantes y la ciudadanía, se pueden romper las lagunas de
impunidad que han imperado en esta materia.
Por la vía
de la sanción a quien incurre en inconducta funcional se puede evitar la
vigencia de la Ley de Greshom de la interacción social, según la cual la mala
conducta expulsa a la buena, y todas las personas son inducidas, por la
presencia de unos pocos, a adoptar comportamientos indebidos.
Ante lo
dicho, para combatir la corrupción judicial resulta necesario aumentar la
transparencia en el proceso de toma de decisiones.
Ello
implica romper los nudos de poder concentrados en el sistema, garantizar la independencia
de los magistrados a través de un proceso de selección adecuado y de
estabilidad en la función, brindarles condiciones dignas de trabajo,
restablecer las garantías del debido proceso y proscribir las lagunas de
impunidad judicial.
Nada de ello será posible, sin
embargo, si no va acompañado de una apertura que permita a los medios de
comunicación y a la opinión pública conocer y ventilar públicamente el
contenido y la justicia de las decisiones. Así, el acceso a la información
judicial resulta, en nuestra opinión, la mayor garantía para un sistema
dispuesto a hacer frente a tan pernicioso fenómeno.