UNA CORRIENTE DEMOCRÁTICA EN EL PODER JUDICIAL

JUECES
POR LA JUSTICIA
Y LA DEMOCRACIA

Si algo le falta al Poder Judicial es oxígeno, autonomía y dignidad. Intervenido por el Poder Ejecutivo, cargando con la provisionalidad de casi la tercera parte de sus miembros, soportando el desprecio de la opinión pública por su lejanía y lentitud, nunca ha tenido peor récord que ahora. El nacimiento de "Jueces por la Democracia y la Justicia" es una buena noticia en ese estado de cosas, una bocanada de aire fresco que seguramente provocará más de un acceso de tos entre quienes lo quieren tener sometido. Existe una corriente internacional de jueces democráticos que se inició en España con "Jueces por la Democracia y la Justicia" en plena época franquista. En los últimos años se han creado asociaciones similares en distintos lugares del mundo, también en América Latina y en cada país, que asumen sus propios desafíos.

Lo que sigue es una conversación con los dirigentes de esta flamante organización de magistrados, todos ellos jueces conocidos por su trayectoria intachable, su profesionalismo y compromiso por la renovación del Poder Judicial.

¿Cómo nace esta asociación?

Sergio Salas, el presidente de "Jueces por la Democracia y la Justicia", narra el proceso: "Esta experiencia viene de hace años; germinó en las reuniones sostenidas por sus miembros fundadores con otros magistrados para intercambiar nuestros puntos de vista sobre la problemática que atraviesa el Poder Judicial. Nos preocupaba la injerencia de tipo político que sufre y cómo esta situación perjudicaba seriamente nuestra tarea de administrar justicia.

Es más: advertíamos con preocupación que los magistrados que aplicábamos la justicia de manera independiente, de acuerdo con los principios constitucionales, éramos víctimas de presión e interferencia directa. Esto no es un secreto.

Por consiguiente, la imagen de los magistrados, del Poder Judicial, estaba seriamente dañada, y nosotros mismos no podíamos permitir que nos siguieran dañando. Teníamos que hacer algo, ya que los comunicados y las protestas no eran suficientes. Había que realizar un diagnóstico certero de nuestra problemática y, si nuestra labor era administrar justicia y nosotros éramos magistrados titulares, teníamos que hacer algo definitivo para enfrentar esta situación. Así nace "Jueces por la Democracia y la Justicia".

Alfonso Lagos, vocal titular superior de la Corte Superior de Lima, añade sus razones para la existencia de esta agrupación de magistrados:

"Nos han cortado el juego democrático en nuestra institución. No podemos reunirnos en salas plenas, conversar, plantear nuestros puntos de vista, discutir acerca de lo que nosotros creemos que debe ser el Poder Judicial. Nos han suprimido el sistema electoral y, frente a esta circunstancia, ni siquiera podemos pronunciarnos. Hace poco han querido sancionar al ex presidente de la Corte Superior, Marcos Ibazeta, por sus declaraciones; pero no sólo a él: en distintas oportunidades ha habido amenazas frente a nuestra intención de pronunciarnos críticamente".

¿Qué los une?

"Nos identifica nuestra vocación democrática e independiente; no tenemos filiación política. Nuestra opción es la que debiera tener todo magistrado: respetar la Constitución; eso es lo que invocamos en nuestras resoluciones", sostiene Sergio Salas.

Para Alfonso Lagos, "la opción es eminentemente democrática y eminentemente interna. Deseamos vivir democráticamente y ser escuchados en una atmósfera democrática".

Debe ser muy difícil ser magistrado en este Poder Judicial...

"Nosotras –dice Antonia Saquicuray–, Vicky Sánchez, Janet Tello y yo, hemos empezado en el Poder Judicial desde practicantes, desde estudiantes, y queremos a esta institución. Conocemos a fondo el Poder Judicial y, a pesar de que hemos vivido momentos muy difíciles dentro, seguimos apostando por él. Tenemos una línea democrática y una vocación de magistradas, y por ello estamos comprometidas con un Poder Judicial que sea realmente un Poder del Estado en el que las partes encuentren lo que buscan: justicia.

Creo que tenemos derecho a pedir el sitial que nos corresponde. ¿Por qué tanto maltrato y nadie dice nada? ¿Por qué no se levanta al buen magistrado, no se reconoce su trabajo abnegado de más de doce horas y sus resoluciones ajustadas a derecho?

Claro que hay un lado negativo, un lado negro, pero no todos vivimos en él. Son muchos los que realizan un excelente trabajo. Sin embargo, el aislamiento en el que estamos nos impide que este contingente de buenos magistrados se haga visible. Ojalá que esta corriente al interior del Poder Judicial tenga adeptos. Eso es lo que queremos, y que las instituciones democráticas rescaten la existencia de esta corriente."

Ustedes son muy conscientes de que la ciudadanía experimenta una profunda insatisfacción con el funcionamiento del Poder Judicial; es extendida la opinión de que la justicia es sólo para los ricos y que es inaccesible para la mayoría. ¿Cómo pueden soportar vivir con esa imagen a cuestas?

Janet Tello coincide con esta apreciación, pero también señala lo positivo: "definitivamente, la imagen que tiene la sociedad peruana del Poder Judicial no es la mejor. Las encuestas señalan que el 85% no cree en el Poder Judicial. En otros países democráticos es el 50%, que es lo normal, ya que siempre hay una parte que se siente afectada por sus decisiones. En esto influye mucho el papel de los medios de comunicación que sólo difunden aquellos casos de trascendencia política e impacto negativo.

Hay cuestiones en las que se ha avanzado y hay que decirlo; por ejemplo, el caso de reos en cárcel. Se los está juzgando a través de un debido proceso, resolviendo su situación jurídica en el lapso de seis meses como promedio y no en siete años como ocurría antes. El avance en esta materia es evidente. Se habla de una alta población sin sentencia, pero nadie dice que se trata de una población fluctuante".

"Esta distancia que siente la población del Poder Judicial se debe también a que nuestro país es muy diverso –dice Sergio Salas– y, si bien la justicia es una sola, hay que adaptarla a realidades culturales y sociales muy diferentes. Se está queriendo imponer un sistema único que no responde a la realidad compleja de nuestro país."

¿Se sienten los parientes pobres del Estado?

"Desde hace muchos años el Estado tiene postergado al Poder Judicial desde el punto de vista presupuestal –sostiene Clotilde Cavero–. Se asignan menos fondos de los que realmente se necesitan. Año a año nos dicen que no se pueden aumentar remuneraciones.

Como asociación debemos tender también a que se uniforme la carga procesal de los distintos órganos jurisdiccionales. Hay acumulación excesiva en determinados órganos, por ejemplo en las salas y juzgados tributarios, mientras que en otros hay una carga bastante menor. Se nos exige mucho y tenemos que mendigar recursos para cumplir nuestra labor."

¿Pueden resolver con independencia actualmente?

Alfonso Lagos responde: "La democracia se ha creado básicamente alrededor de la idea de la independencia de poderes. Nosotros sentimos que nuestro Poder Judicial ha perdido independencia, por lo menos a nivel del magistrado. Muchos de los magistrados que están acá presentes fueron en algún momento retirados de sus cargos por decisiones de orden estrictamente jurisdiccional. Ha habido casos escandalosos como el del Dr. Mansilla. La Dra. Mc Rae, como el Dr. Salas y la Dra. Saquicuray, casi todos los que estamos acá, salvo yo, fueron gravemente lesionados; hasta se interpusieron contra ellos denuncias penales, sólo porque habían asumido posiciones de total independencia.

En este momento todos saben que la mayor parte de las salas de la Corte Superior de Lima son directamente dependientes de la Corte Suprema. De tal manera que un grupo numerosísimo de nosotros no depende de nuestra propia organización y un magistrado es retirado en cualquier momento y no podemos decir absolutamente nada. Vemos con tristeza que vocales extraordinarios son descendidos. Esto es una falta de independencia y de respeto al magistrado".

En el acta de constitución de "Jueces por la Democracia y la Justicia" hay una Declaración de Principios en la que plantean la necesidad de contar con una "tribuna abierta para el análisis y debate en defensa de nuestros derechos".

¿Qué derechos sienten que están afectados?

"A los magistrados se nos recuerda constantemente cuáles son nuestras obligaciones
–sostiene Elizabeth Mac Rae–, pero se olvidan de los derechos que la Constitución y la Ley Orgánica nos reconocen. Por ejemplo, el derecho a una remuneración digna acorde con el cargo que se cumple. Esa es una de las primeras reivindicaciones, ya que la Ley Orgánica nos concede 16 remuneraciones al año y recibimos sólo 12. Hay una brecha entre lo que percibe un vocal supremo y un superior y entre éste y un juez de primera instancia."

"Ahora se ha creado un sistema de pago que es el ‘bono de producción’ –acota el Dr. Lagos–; se trata de una amenaza permanente a nuestras decisiones."

"Es importante también, al tocar el tema de nuestros derechos –dice la Dra. Mc Rae–, hablar de los medios de comunicación que cuestionan la actividad del magistrado. La prensa critica la función del magistrado pero no la conoce a fondo, y hace denuncias fáciles. En muchas ocasiones se hace un daño muy severo a la honra del magistrado, ya que no se repara la dignidad del juez o jueza aunque se sepa que éstos no han transgredido norma alguna, luego de revisado el caso."

Se proponen también emitir una "opinión libre frente a la problemática originada por la situación del Estado de Derecho en nuestro país, que se evidencia en la crisis de las instituciones democráticas...".

"Queremos levantar una opción no sólo interna, sino una opción para el sistema mismo –dice Sergio Salas–. Tenemos que dar propuestas para que el sistema judicial cambie y sea óptimo. Hay algunos avances en materia procesal, pero creemos que los magistrados, como operadores del derecho, protagonistas directos de la administración de justicia, estamos en capacidad de dar propuestas para la mejora del sistema. Sabemos que la imagen del Poder Judicial en el sistema es negativa, definitivamente; queremos que esto se revierta."

Pero el Estado de Derecho y la crisis de la institucionalidad democrática no sólo tienen que ver con el Poder Judicial...

"Vemos que hay un problema macro en toda la sociedad peruana: el Estado de Derecho se ha resquebrajado –enfatiza Sergio Salas–. Si bien el Poder Judicial es fundamental dentro de un Estado de Derecho porque es el punto de equilibrio de los demás poderes, el problema va más allá. Sin hacer política, que no es nuestra tarea, debemos sentar las bases para un real equilibrio democrático."

Ustedes también se declaran defensores de los derechos humanos, y plantean que hay que respetar las resoluciones de organismos internacionales...

"Hace un tiempo se creó una Sala de Derecho Público en la Corte de Lima, precisamente para dar cumplimiento a la Ley Orgánica y administrar justicia exclusivamente en el campo constitucional. Si bien esto le está facultado a todos los órganos judiciales, se prefirió especializar el área con la idea de que haya una unificación de criterios, resoluciones coherentes de acuerdo con la Constitución.

Se empezó a trabajar con toda intensidad y se emitieron resoluciones que, de alguna manera, no eran del agrado de ciertos sectores del Poder Ejecutivo o de ciertos sectores políticos. Muchas resoluciones fueron ignoradas o desacatadas y llevadas a tribunales internacionales. El hecho de que el Estado peruano no acate o simplemente entre en conflicto con estos organismos internacionales daña más su imagen y la del Estado de Derecho. La labor que tiene nuestra asociación es precisamente acatar estas resoluciones."

¿Qué opinión tienen de la reforma? ¿Hay reforma o no? ¿Se necesitaba, tenía que venir de fuera, como opinan muchos, ya que el Poder Judicial ha sido históricamente incapaz de reformarse a sí mismo?

Jimena Cayo sostiene que sí había necesidad de hacer cambios; el problema es la forma cómo éstos se han venido ejecutando: "la necesidad de hacer cambios surgió de este movimiento de magistrados que es nombrado por el Jurado de Honor, muchos de los cuales habían sido magistrados provisionales o secretarios, técnicos, relatores. Entró todo este grupo con muchas ganas de cambiar las cosas y al año se dio cuenta de que no era el sueldo que habían prometido, ni las condiciones de trabajo, y que se daban una serie de coyunturas alrededor nuestro que ninguno imaginaba al momento de juramentar.

Se dan las famosas huelgas que convocamos en las que dejamos de trabajar en la parte jurisdiccional y nos empezamos a reunir en juntas de jueces de primera instancia y vocales, en salas plenas, para analizar la situación, que la administración de justicia no era eficaz, la carga de trabajo era inimaginable: sentarse en un despacho y tener que sentenciar más de ochocientos expedientes.

Esto lo cuento para expresar que no es que de afuera se les ocurrió; nosotros queríamos un cambio y teníamos líderes que lo impulsaban, personas que están ahora en esta asociación. Lamentablemente, todos sabemos cómo acabó esta experiencia: nos conminaron a que regresásemos a trabajar; si no, al tercer día nos botaban. El acuerdo fue regresar a la labor jurisdiccional y trabajar en comisiones.

Hablamos con mucha gente de fuera de nuestra situación: congresistas, juristas. Nadie puede negar que tocamos muchas puertas para decirles ‘esto está pasando en el Poder Judicial’. La solución de ellos fue la intervención del Legislativo y del Ejecutivo y colocarnos una Secretaría Ejecutiva".

¿Ha habido cambios positivos?

Jimena Cayo refuerza lo dicho por la Dra. Tello: "Creo que en el área penal, el juzgar a los reos en la cárcel, rescatando la dignidad del interno, de ese interno que era trasladado en un ómnibus sin ventanas, subiendo a sus salas encadenado de pies y manos, la familia que tenía que pagar al policía, al INPE para que les alcanzara una nota.... eso ha cambiado y es positivo, y nosotros ayudamos a que así fuese.

La creación del juzgado de turno permanente también es positiva; ya no se da la situación en la que el abogado sabía que su amigo el fiscal o el juez estaban de turno y hasta podía manejar la detención de personas. Eso sucedía; todos los que hemos litigado lo sabemos. Este es un ejemplo de que las cosas se pueden cambiar desde dentro".

¿Y los aspectos negativos?

"Una reforma –dice Sergio Salas– tiene que ser netamente institucional. Si la reforma tiene un tinte de injerencia política, deja de ser una reforma. Llámese como se llame, reestructuración o reforma, el término reforma implica un cambio de estructuras.

El asunto es qué tipo de cambio de estructuras se puede aplicar, traumático o alternativo. Esto último supone diseñar un nuevo esquema sin quebrar el otro. Se optó por el traumático, y en ese ínterin se diseñaron proyectos que en el primer año fueron positivos. Módulos, por ejemplo, en el área civil que se fueron afinando y resultaron oportunos; el sistema de audiencias, de archivo de expedientes, que se han ido afinando y adaptando son, evidentemente, un paso adelante.

Cuando adquiere apariencia política, se transforma. El segundo año se convierte en una tecnocracia, se crea un monstruo inmanejable: Gerencia Central de la reforma, Gerencia General y una Secretaría Ejecutiva; o sea, tres instancias ejecutivas."

Alfonso Lagos añade: "En este juego democrático que existe en la asociación, no todos tenemos el mismo concepto acerca de la reforma. Es cierto, como dice la Dra. Tello, que en el Poder Judicial se deben ir dando cambios, definitivamente. Pero es importante señalar que todas las reformas en el Perú han fracasado. Todo lo que es traumático tiende a fracasar.

Se ha debido aplicar un programa paulatino de cambios estructurales. Creo, por ejemplo, que la meta más importante ha debido ser la descentralización total del Poder Judicial. Yo no puedo estar de acuerdo con el hecho que, durante la primera etapa, se sumarizaran los procesos penales, de tal manera que los magistrados resolvían en la mesa la suerte de los procesados. Es una posición personal que demuestra que nosotros tenemos diferentes criterios y buscamos un fin común; eso es saludable".

Finalmente, ¿cuál es el perfil, el paradigma de magistrado que ustedes se proponen encarnar y difundir?

"El perfil del magistrado es único. Lo que la sociedad pide es honestidad, probidad, capacidad profesional; es decir, buena interpretación jurídica y normativa, que todos luchemos decididamente contra la corrupción y, sobre todo, independencia. La sociedad no quiere a un juez débil y temeroso" –sostiene Sergio Salas. (Susana Villarán)