Jorge Santistevan:
"defensor que no critica,
que renuncie"A continuación, un diálogo fraterno y a la vez intenso con quien es hoy una de las voces más respetadas del país. (S.V.)
La Defensoría del Pueblo tiene tres años de funcionamiento. ¿Cuáles son los logros más importantes en este tiempo?
En primer lugar, el que la institución exista, en Lima y también en algunas provincias. La institución está legitimada –y lo digo sin falsa modestia– y es utilizada por los ciudadanos en número cada vez mayor, para resolver problemas de abuso e injusticias. Es una expresión del Estado cercana al ciudadano, a las ONG, a la sociedad civil en general y a los medios de comunicación.
La cultura del secreto
¿Tiene la misma aceptación en las instituciones del Estado que entre los ciudadanos?
Nuestra tarea más dura ahora es legitimar y prestigiar la institución frente a las autoridades del Estado. Es ahí donde comienzan los problemas. En primer lugar, existen autoridades que se sorprenden de que haya funcionarios pagados por el Estado que investiguen a instituciones estatales a partir de denuncias de abuso que provienen de los ciudadanos. Hay una primera reacción muy negativa, ya que vivimos inmersos en una cultura del secreto administrativo, del secreto de lo público. El funcionario público está acostumbrado a que le planteen un amparo e ir al Poder Judicial, pero no está preparado para brindar información y rendir cuentas de su gestión. Hay molestias, nos quitan el saludo. Hay fuertes resistencias...
De algunas instituciones más que de otras, me imagino...
Yo diría que hay mucho recelo; por ejemplo, en el Poder Judicial piensan que vamos a interferir en la labor jurisdiccional, cuando lo nuestro es hacer que esa institución funcione y que los jueces cumplan con su deber. Lo sentimos especialmente en casos de violación de los derechos humanos.
Existen militares que colaboran y otros que, simplemente, nos cierran las puertas. Avanzamos más con la Policía Nacional; se está creando con ellos una relación de mayor confianza, en parte porque también amparamos sus derechos. Nos han abierto las puertas para dar cursos y han admitido la supervisión de la Defensoría a través de una ficha que será aplicada en las comisarías.
¿Cuáles son las instituciones contra las que más se quejan?
La Oficina de Normalización Previsional. Luego el Poder Judicial, fundamentalmente por la dilación en la administración de justicia, y muy particularmente la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema que recién está viendo expedientes del año 1997. En tercer lugar está la Policía Nacional, que es acusada de maltratos, detenciones arbitrarias y algunos casos de corrupción. También se quejan de ella los propios policías cuyos derechos no se respetan. Siguen las municipalidades de Lima, las Fuerzas Armadas por reclutamiento arbitrario y maltratos, y el Ministerio de Educación por los derechos de los maestros, la relación con las USE y por falta de control de cobros indebidos de las asociaciones de padres de familia.
¿Llegan ustedes a resolver los casos de reclutamiento forzoso de jóvenes para el Servicio Militar?
Las FFAA tienen 4,13% de quejas, básicamente por levas o maltratos. Debemos reconocer que muchos se resuelven luego que damos a conocer el caso al Ministerio de Defensa. Con este sistema, si mal no recuerdo, hemos logrado que ciento veinte muchachos salgan del cuartel. Nos interesa, en primer lugar, lograr su libertad.
¿Qué intervenciones de la Defensoría concitan consensos más amplios?
El tema que ha repercutido más favorablemente en la opinión pública es el de los indultos a los inocentes. Es el que más nos ha estrujado el corazón; tener la posibilidad de convencer al Presidente de que conceda la libertad a personas que la merecen ha marcado la vida de la institución y la mía.
Incluso jueces militares me han dicho que la Comisión Ad Hoc cumple un buen papel.
También todo lo que tiene que ver con levas, tortura y maltratos concita la atención periodística y son populares en la opinión pública. Lo mismo sucede con temas de servicios públicos, como el servicio telefónico o la seguridad de las instalaciones eléctricas, porque afectan a muchísima gente.
Pero, de otro lado, la participación de la Defensoría en la evaluación de las instituciones suele ser cuestionada y se busca minar la legitimidad que tiene nuestra institución. Hay temas que difícilmente tienen acogida: el asunto de las pensiones, por ejemplo. Por más que hemos señalado que tiene que haber una relación entre pensiones e ingreso mínimo vital, no encontramos eco. Otro es el tema del cumplimiento de las obligaciones económicas que tiene el Estado con los ciudadanos; el Estado le debe plata a mucha gente y no consigo que ese sea un tema asumido ni por la opinión pública ni por los más altos niveles del Estado.
El asunto del voto de los militares o la postura de que los tribunales militares no juzguen a los civiles han causado polémica.
Yo tengo las ideas claras. El Defensor tiene que criticar y también proponer. Si mi obligación es contribuir a elevar el nivel de la democracia en el Perú, tengo que sostener que los militares voten. Ese es un tema democrático ya que ellos son ciudadanos vestidos de uniforme, como otros lo están de sotana. Probablemente no es un tema de hoy, pero sí del futuro...
¿Y los tribunales militares?
Es también un asunto de orden democrático. Los tribunales civiles tienen que juzgar todos los delitos cometidos por los civiles. Todavía tenemos un rezago, un acumulado de la cultura de la guerra por los años de violencia, que debe ser superado. Esto no es hablar mal de los tribunales militares, sino establecer cuál es realmente su propia función: aplicar el derecho penal militar y los reglamentos militares. Gradualmente debemos ir a un orden de cosas en que siempre la última instancia de la justicia sea la Corte Suprema.
"No estamos acá para comprar causas y defenderlas ante la opinión pública"
Además de las quejas de los ciudadanos individuales, existen grupos de presión que aspiran a que el Defensor patrocine sus causas. ¿Cómo reacciona ante estas presiones de grupo, muchas veces delicadas?
Acá vienen sindicatos, asociaciones de vecinos y también los grupos políticos que piden la intervención del Defensor del Pueblo. Tratamos de manejar esto con mucho cuidado e intervenimos cuando los grupos se encuentran en situación de indefensión. Nosotros no estamos acá para comprar causas y defenderlas ante la opinión pública, sino al contrario. En ese sentido nos hacemos cargo de temas que no necesariamente tienen apoyo público; por ejemplo, a nadie le interesaba el problema de los ronderos o el asunto de la doble pena que sufrían los miembros de la Policía Nacional.
Organizaciones de derechos humanos: primer y segundo piso
Entre estos grupos de la sociedad civil están las organizaciones de derechos humanos. ¿El Defensor nos siente como grupo de presión?
Desde que asumimos la Defensoría dijimos que ésta es una institución puente entre la sociedad civil y el Estado y que tiene carácter mediador; por ello tiene que estar cerca de las instituciones de la sociedad civil. En el caso de las de derechos humanos tenemos una relación de trabajo complementaria. Yo describo esto como una relación de primer piso y de segundo piso...
¿Cómo es eso?
Sería imposible que la Defensoría esté presente en todos los lugares del país para atender todos los casos de abuso de autoridad, de injusticias que provienen de la administración pública, de la policía o de los militares. Es así que en el primer piso, así como en los bancos –la "banca de primer piso"–, están las organizaciones no gubernamentales, a la vanguardia de la atención del ciudadano, y nosotros estamos en el segundo, tal vez brindando servicios a las ONG, asumiendo temas en los cuales podemos contribuir, y de ninguna manera excluyéndolas o sustituyendo su trabajo. Obviamente, hay casos en los que encuentro que hay presión a veces desmesurada.
¿Por ejemplo?
Un punto de vista militante de los derechos humanos lleva a la denuncia. El militante de los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos están abocados mucho más a lograr su éxito denunciando, aquí y en el extranjero, mientras que nuestra perspectiva como Defensoría no es la de la denuncia, es la de la solución. Nunca vamos a competir con las denuncias de las instituciones de derechos humanos (se ríe). A veces quisieran que adoptemos una posición de denuncia que es incompatible con la posibilidad de intervenir para encontrar soluciones. Quisieran que denunciemos que ha habido leva y eso es incompatible con la posibilidad de ir al mismo cuartel y decir: aquí hay muchachos que tienen menos de 18 años y encontrar una solución adecuada...
¿Pero es o no una relación dialéctica útil para ustedes?
Es una relación de complementariedad, pero a veces me presionan. Creo, por ejemplo, que ha habido presión innecesaria en el tema de los indultos...
Inocentes: a ver quién gana, la paciencia oriental o la arequipeña...
Vamos a eso... ¿A qué se debe el entrampamiento actual? ¿Por qué el Presidente no indulta a quienes ustedes han considerado que merecen la gracia presidencial?
Como venimos del tema de las presiones, creo que hay que reconocer que probablemente la presión de las ONG y de algunas y algunos distinguidos miembros de la oposición para exigir una indemnización puede haber socavado un poco la paciencia presidencial. Mejor hubiera sido caminar gradualmente, paso a paso. Hemos ganado ya la libertad, la cancelación de los antecedentes penales, de las penas complementarias. Prácticamente estos indultados son amnistiados ya, no queda nada, es un borrón de lo que ha pasado. Yo hubiera dejado el tema de la indemnización para más adelante.
¿Esa es la razón más importante?
Por otro lado, creo que hemos llegado a los casos más difíciles. Hemos hecho la investigación y entre los tres miembros de la Comisión Ad Hoc hemos llegado a la conclusión de que son personas acusadas sin prueba y que no tienen vinculación con el terrorismo, pero alguien puede opinar lo contrario y llegamos al campo de las convicciones. Y, en tercer lugar, creo que la legitimación y la presencia que tiene la Defensoría pueden haber molestado. Hemos sido urticantes en temas como el de los pasaportes que afecta al presupuesto, el de las operaciones quirúrgicas de esterilización que de alguna manera empañan un programa activo del Gobierno. Esta combinación del defensor urticante que además recomienda indultos creo que puede haber minado la confianza del Presidente. Ahora, yo no doy por perdida la cosa
Pero ¿qué van a hacer si no hay más indultos? ¿Cómo ayudarán a estas personas?
A ver quién gana: la paciencia oriental o la paciencia arequipeña. Tenemos plazo hasta el 31 de diciembre. Vamos a estudiar todos los expedientes, y cuando estemos convencidos de que la recuperación de la libertad es merecida vamos a recomendar el indulto y lo vamos a hacer con toda la paciencia del mundo. Considero que hasta el último día del siglo hay la posibilidad de persuadir al Presidente del mérito de cada una de estas libertades. Los 52 casos que tiene pendientes, estamos dispuestos a volver a verlos y no para cambiar nuestra posición sino para mejorar la presentación y los argumentos del caso. Finalmente el Presidente revisa un expediente frío; queremos que él o los asesores que revisan esos expedientes discutan; y si hay necesidad de hacerlos más persuasivos, eso haremos. Para eso está la Comisión.
Claro, al final se publicará un informe y en él se destacarán los casos en que se haya concedido el indulto y también los casos de aquellas personas que nosotros creemos que se lo merecen y en los que el Presidente no ha coincidido con nosotros, a condición de que esas personas estén de acuerdo. Quedará para el futuro...
Una constancia de que ustedes los consideran inocentes...
Efectivamente. Así como colocar algunos temas colaterales como el de los requisitoriados o el de los reos ausentes, que son 177 casos del total de 3.009 solicitudes que hemos recibido y que son personas que alegan inocencia también. Para ellos ofrezco el apoyo de la Defensoría, porque aunque ella no puede patrocinar ante los tribunales, sí puede ejercer su labor de persuasión para preparar el que estas personas se pongan a derecho con el menor costo de la libertad posible. Ya ha habido dos o tres casos de estos en los que hemos contado con la colaboración del Dr. Marcos Ibazeta cuando era presidente de la Corte Superior de Lima.
"No podemos poner al Perú en situación de contumacia"
Hay una gran polémica por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena nuevo juicio para cuatro ciudadanos chilenos; la opinión pública está dividida sobre el asunto...
En primer lugar, creo en la protección internacional de los derechos humanos; es un avance mundial, una expresión de la globalización, tan respetable como la apertura de los mercados, la comunicación por internet, etc. Obviamente, se trata de sistemas de protección internacional que entran en acción cuando se han agotado los recursos internos. No afectan en absoluto la soberanía nacional desde que el país, soberanamente, a través de sus instituciones, ratificó estos instrumentos y ratificó inclusive la competencia de la Corte Interamericana.
No me gusta que haya tantos casos en los cuales se acusa al Estado peruano de incumplimiento de los tratados internacionales. Me parece doloroso que tengamos que esperar que haya una sentencia de esta naturaleza para resolver problemas que si los miráramos con calma y abandonando un poco esta cultura de la guerra que todavía nos invade, tal vez podrían solucionarse.
Sobre el caso en concreto...
Me preocupé cuando vi la primera sentencia del tribunal que resolvió las nueve excepciones que había presentado el Estado peruano. En ese momento la Corte adelantó criterio y dijo no solamente que iba a sentenciar arguyendo que estos procesos no eran válidos, sino que además correspondía ordenar la libertad. He visto el fallo y me he sentido aliviado de que la Corte no haya llegado tan lejos. Más aún, encuentro que es un fallo ponderado, no admite ninguna concesión con respecto al terrorismo y dice expresamente que no se pronuncia sobre lo penal. Se pronuncian sobre el debido proceso. Nosotros lo hemos planteado ya en varios documentos defensoriales: los procesos por traición a la patria o terrorismo tienen serias limitaciones al debido proceso, especialmente los primeros porque se trata de tribunales militares donde el criterio del juez imparcial del cual deben emanar las sentencias es muy difícil de admitir... Por supuesto que hay que cumplir con el fallo en un plazo razonable.
¿Qué consecuencias tendría el incumplir la sentencia?
El rechazo sería totalmente inapropiado. Si el Perú ha sido parte en el proceso, si ha nombrado sus abogados, ha hecho todos los alegatos correspondientes e inclusive ha cumplido con nombrar al juez ad-hoc para que integre la sala, no puede rechazar el fallo. Sería un despropósito mayúsculo. No creo que se llegue a ello. No podemos poner al Perú en una situación de contumacia internacional.
La sentencia de la Corte no es la única. ¿Por qué esta avalancha de informes, casos, grupos de trabajo, visitas de organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano? ¿Ha cambiado el patrón de violaciones de los derechos humanos o es que había una suerte de 'embalse' de casos del pasado?
Creo que había un embalse, y también lo otro. Hoy ya no vivimos las mismas circunstancias del conflicto interno, y ha habido un cambio de estrategia muy importante para combatir a lo poco que queda de grupos terroristas. Ya no hay desapariciones forzadas ni ejecuciones extrajudiciales, no hay periodistas asesinados, no hay las violaciones más groseras que caracterizaron una vez al Perú. Además, hay una mayor cultura de recurrencia a estas instancias internacionales.
La práctica inexistencia del Estado de Derecho en el Perú, ¿no es acaso una de las razones de esta vigilancia internacional? ¿No habló el Defensor alguna vez de la 'demolición institucional'?
No recuerdo haber usado esa expresión. En el informe del año pasado usamos la expresión desdibujamiento institucional. Pero una institución que no tiene que ver directamente con el tema, como es el Banco Mundial, ha hablado de un ‘Estado informal’ refiriéndose al Perú.
Obviamente, es un tema muy serio. Tenemos el Tribunal Constitucional que no funciona, una Comisión Ejecutiva en el Poder Judicial, situaciones en las que cuando los jueces resuelven asuntos constitucionales se cambia la Sala de Derecho Público y luego vienen sentencias que no ofrecen la garantía y la confianza suficientes. Ahora bien, muchas cosas están hechas bajo leyes de un Congreso que tiene mayoría y de cuya legitimidad institucional no podemos dudar. Por eso hablamos de un desdibujamiento; no hay un resquebrajamiento...
Libertad de expresión
Hay muchos problemas en el campo de la libertad de expresión e información...
Ocuparnos de eso es parte de nuestro mandato. Además, le damos particular importancia porque es esencial para la vida democrática. La democracia no es sólo división de poderes, es fundamentalmente contrapeso, y en mucho éste viene de la prensa. Aquí en el Perú, con las características que hemos descrito de un presidencialismo muy fuerte, y una mayoría del partido del Presidente en el Congreso, el contrapeso está en los medios de comunicación, porque ellos son un poder.
Un poder intimidado...
No es un problema de normas; tampoco de que no haya opinión plural y crítica al Gobierno. Las hay, y en abundancia. Esto daría una primera impresión de que los problemas de la libertad de expresión no existen, o, como alguien ha dicho, son anecdóticos. Pero cuando analizamos que en medio de esta libertad para expresar la voz y el pensamiento, si se tocan determinados temas se producen reacciones contra los periodistas de investigación y se niega el acceso a fuentes de información, es entonces que vemos que el problema es un poco más serio.
Hay que decir que en el derecho a la libertad de expresión está incluido el de buscar la información, contenido en el Pacto de San José y, lamentablemente, con menor claridad en nuestro inciso cuarto del artículo segundo de la Constitución. Hay un problema del que no se habla mucho que es el problema del ejercicio del periodismo en provincias. Vamos a sacar un informe en el mes de julio en el que se van a registrar estas cosas; va a ser, sobre todo, ilustrativo de lo que le pasa al periodista anónimo provinciano, y va a contribuir a reclamar el llamado deber de garantía. El deber de garantizar el acceso a la información.
"Amnistía no tiene que ser sinónimo de impunidad"
El 15 de junio se cumplen cuatro años de promulgadas las leyes de amnistía. ¿Qué rfelexión puede hacer al respecto?
El tema lo venimos reflexionando hace tiempo acá en la Defensoría. Hemos seguido de cerca experiencias de paz y reconciliación como las comisiones de la verdad que ha habido en Centroamérica, o en Sudáfrica. Debo advertir que no conozco ninguna situación de guerra –y hemos tenido una en el Perú– en la cual no se haya pasado por una forma de reconciliación, incluido el mecanismo del perdón. Lo que pasa es que normalmente esto se da en un contexto de transparencia y con un firme deseo de hacer un corte entre el pasado y una nueva mirada al futuro...
Pero eso no existe en el Perú; el contexto es otro, radicalmente...
A mí me parece que esa actitud no ha llegado al Perú. La Ley de Amnistía, además de estar vigente, ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional cuando estaba completo. Eso nos plantea un problema de carácter penal; y yo convengo en que hoy día en el Perú no es posible llevar investigaciones penales en esta materia. Pero este no es el único aspecto: hay responsabilidades de carácter ético, administrativo, y hay derechos de los familiares a los cuales tenemos que responder. Vendrá un momento en el que entraremos efectivamente en una situación transparente de catarsis pública, de análisis de lo que ha ocurrido en un espíritu de reconciliación y perdón que no se ha dado en nuestro país. Cómo hubiese querido yo que esto se dé en un espíritu de Jubileo que es una tradición judeocristiana muy importante: perdonar las deudas, liberar a los presos con ocasión del cambio de siglo...
No existen condiciones ahora para un proceso de esta naturaleza...
No. Es muy penoso ver cómo hay víctimas de la guerra como son los familiares de las personas desaparecidas que todavía deambulan por la administración buscando una respuesta. Aquí no deambulan, acá conversamos con ellos, y finalmente me piden, bueno, si están muertos quisiéramos darles cristiana sepultura. Para mí ese es un derecho que podríamos construir a partir del artículo 3 de la Constitución que dice que son derechos constitucionales aquellos que se condicen con la dignidad de la persona humana. ¿Qué cosa es más digna que dar sepultura a un familiar? Eso tiene que darse, eso tiene que venir...
La Ley de Amnistía se impuso en el Perú. Aquí no hubo diálogo social sobre el tema, comisión de la verdad que determinase qué había sucedido, ni referéndum como en el caso español. ¿Sólo les vamos a decir a los familiares de los desaparecidos que entierren a sus muertos, o tienen derecho a saber a quién tendrían que perdonar?
Seamos realistas: no va a haber responsabilidades penales... Creo que hay un derecho a enterrar a los muertos; hay otro que significa resolver un problema legal, ya que esas personas legalmente están vivas y creo que hay un derecho a la verdad que no sólo les corresponde a ellos sino que nos corresponde a todos como sociedad. Necesitamos un corte entre el pasado y el futuro que no tenemos; requerimos de un cierto tiempo de procesamiento, de aireamiento histórico para que esto se produzca. Ya no hagamos más historia-ficción: es imposible no aplicar la Ley de Amnistía.
Pero no sólo es un tema penal, repito; es histórico, social y ético, y hay una deuda con los familiares de los desaparecidos que no creo que se vaya a cumplir muy pronto pero que estamos tratando que se pague.
No tiene por qué ser el perdón o la amnistía sinónimo de impunidad. Al contrario, yo vengo de una tradición cristiana, soy un católico público y creo que el perdón es una de las maneras de combatir la impunidad, de hacer responsables de las culpas y, a partir de ello, obtener el perdón que exige, sin duda, un propósito de enmienda.
ideele divulgó una investigación en la que dábamos cuenta que el autor de la masacre de Accomarca estaba en plena actividad...
Felicitaciones por esa investigación, porque fue absolutamente persuasiva y con gran éxito. Creo que es uno de los goles más importantes que puede haber metido ideele.
Unas preguntas finales, de carácter personal. ¿Cuál fue el mejor momento en estos tres años?
El día en que corrimos con el padre Lanssiers a acompañar a los primeros indultados; me acuerdo de Castiglioni, de Álvarez Pachas. Me emociono todavía al recordarlo, porque no creo que haya tenido un momento más feliz ni más significativo en mi vida. Y lo digo sabiendo del reclamo de mi familia, mi hijo que me preguntará '¿qué pasó cuando yo nací?' Pero nunca he sentido que mi existencia podía ser más útil que en ese momento.
¿Y el peor?
El peor fue hace veinte años y tiene relación con el anterior. Estaba en Costa Rica trabajando como funcionario internacional en la protección de los refugiados cuando fui víctima de un balazo en un incidente que no se ha esclarecido aún. Me llevaron de emergencia a un hospital público, ya que tenía una hemorragia interna. Me operaron sin anestesia, porque literalmente me moría. En ese momento toda tu vida pasa ante tus ojos y dije: qué forma más inútil de morir, cuánto me falta hacer, cuánto me falta vivir.
El día en que acompañé a los primeros indultados recordé el episodio del balazo y dije: bueno, si ahora me meten un tiro ya tendría algunos motivos para admitir la muerte, aunque siempre me da muchísimo miedo.
¿Se siente la soledad en este cargo?
Estoy muy acompañado por mis colegas en la Defensoría, por mi familia. Sin embargo, con algunas decisiones se siente una enorme soledad. Literalmente uno siente miedo; le tiemblan las piernas y no quisiera que se repitan con frecuencia.