Comités de Autodefensa

SANTILLANA:

EN BÚSQUEDA DEL ORDEN Y LA JUSTICIA

Nuestra llegada a Santillana para realizar un curso con Comités de Autodefensa coincidió con el abandono de la zona por la base militar. Los dirigentes empezaron por reclamar el orden que imponen las Fuerzas Armadas en la zona, pero además un orden justo que permita encontrar el camino de la vida democrática.

Los comuneros y autoridades de Santillana esperaban el 7 de junio, Día de la Bandera, para participar en el izamiento del pabellón nacional que se realizaría en la plaza principal de este distrito ubicado en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Habían sido convocados por la base militar de la zona todos los Comités de Autodefensa del distrito que, como en otros años, se preparaban para participar en el desfile cívico de este acto solemne. Dos días antes, la madrugada del 5 de junio para ser más exactos, la base militar de Santillana decidió retirarse, lo que generó una situación de desconcierto entre la población local.

En semanas anteriores se rumoreaba sobre la presencia de Sendero Luminoso en algunas comunidades cercanas como Aranhuay y Santa Bárbara. Elementos extraños a estas comunidades campesinas, además, habrían sido detectados por miembros de los Comités de Autodefensa en Iramayo y Purus. En Sanabamba, comunidad perteneciente al limítrofe distrito de Ayahuanco, se registró también una incursión subversiva, e inclusive se llegó a hablar de un posible ataque que se preparaba contra la capital de San José de Secce; por esta razón, el retiro de la base militar no tendría una explicación aparente. ¿Cómo interpretar, entonces, esta decisión del Ejército que deja desprotegida a la población de Santillana?

Para algunos podría tratarse de un reacomodo estratégico de las Fuerzas Armadas que han instalado bases militares en Pichari, Cayramayo, Pucayacu y Sanabamba. Así el distrito de Santillana quedaría cercado por estas bases; aunque las distancias que la separan de las zonas mencionadas harían difícil una intervención inmediata frente a un ataque subversivo. Por otro lado, el retiro de la base militar se interpreta como una reacción del Ejército frente al reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, en el que aparece como la institución más criticada en el área de la justicia y los derechos humanos.

A ello podría sumarse el hecho de que, recientemente, las principales autoridades políticas y dirigentes de los Comités de Autodefensa del distrito han rechazado públicamente la absurda reglamentación establecida por el Comando Conjunto respecto a la indemnización a víctimas y familiares de miembros de estos comités caídos en enfrentamientos subversivos (ver ideele Nº 118).

Más allá de estas hipótesis, es preciso recordar que el tema del retiro progresivo de bases militares en zonas afectadas por la violencia política no es reciente. Ya en 1996 se planteaba esta posibilidad ante los avances logrados en cuanto a la pacificación del escenario ayacuchano (ver ideele Nº 91 y 92). Esta opción, empero, siempre contó con la opinión en contra de los Comités de Autodefensa, que se veían desprotegidos ante la eventualidad de nuevos rebrotes subversivos. Lo que suponía dos apuestas básicas entre el campesinado: el no retiro de los militares o, en caso de que esto se produjera, la retención del armamento entregado a los Comités de Autodefensa. Pues son éstas las mismas demandas que se han planteado en días pasados en Santillana. Ninguna de ellas ha sido aparentemente escuchada. Como lo hemos dicho, la base se retiró el 5 de junio y, en varios casos, llevándose no sólo el armamento entregado sino también el que algunas comunidades consiguieron con su propio peculio.

Esto ha sido rechazado por las autoridades y líderes de los Comités de Autodefensa, quienes se han movilizado a Ayacucho y de allí a Lima, para pedir una explicación y rectificación de la decisión de los militares. El resguardo y protección de la capital del distrito ha quedado a cargo de los ronderos en un clima de aparente tranquilidad, y algunos pobladores esperan que, por lo menos, se reinstale el puesto policial que existía antes.

¿Cómo entender, entonces, este reclamo campesino de que los militares regresen a sus comunidades? Son dos las interpretaciones básicas que se han hecho al respecto: el temor al rebrote de acciones subversivas y la necesidad de mantener la presencia del Estado a través de una institución que represente el "orden" que ellos mismos no podrían garantizar. Ello a costa del patrón autoritario que se ha mantenido en la relación entre militares y población campesina en estas zonas.

Y es que resulta paradójico que sean los propios campesinos quienes reclamen el no retiro de las Fuerzas Armadas, pues son ellos mismos los que denuncian situaciones de abusos como las levas, que aún se siguen produciendo en algunas comunidades, y distintas formas de "apoyo" al mantenimiento de la tropa en la zona. Lo que podría ser entendido como un costo inevitable para garantizar la seguridad y el orden en las comunidades, dado que los Comités de Autodefensa han visto mermada la capacidad de convocatoria y organización que mostraban en los años más agudos de la violencia política. Los presidentes de los Comités de Autodefensa del distrito consideran que, en general, se ha producido un relajamiento de la participación campesina y ciudadana en el contexto de la pacificación.

Situaciones como las que analizamos en este artículo podrían, sin embargo, poner en el debate, una vez más, la necesidad de una institucionalidad civil y democrática que garantice los procesos de retorno y reconstrucción de estas zonas afectadas por la violencia. El papel de las Fuerzas Armadas debería estar subordinado a estos procesos desde las funciones de seguridad que le corresponden como parte del fortalecimiento de la autoridad política local. Es quizá esta perspectiva la que se está jugando en el caso del distrito de Santillana, donde sus autoridades vienen reclamando orden y justicia, a la vez. (Jaime Márquez Calvo)