¿Se pueden "ligar"
los derechos?

La política poblacional del Estado ha sido puesta otra vez sobre el tapete a partir de un reciente informe del Centro Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y de la demanda de la Defensoría del Pueblo para introducir urgentes modificaciones al "Manual de anticoncepción quirúrgica" elaborado por el Ministerio de Salud.

 

Luego de que la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) recalcase la importancia de los derechos reproductivos, el Presidente Fujimori declaró que su Gobierno adoptaría medidas destinadas a "democratizar" los servicios de planificación familiar. Poco después, el Congreso modificó la política de población de acuerdo con el Convenio de El Cairo, enfatizando que la adopción de métodos anticonceptivos debería hacerse sobre la base de la "libre elección", sin que medie "ofrecimiento de favores personales o recompensas".

Dos años después, el entonces ministro de Salud, Eduardo Yong Motta, aprobó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, que tenía como una de sus metas "llegar al año 2000 habiendo alcanzado la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos y seguros necesarios para lograr una tasa general de fertilidad de 2,5 hijos por mujer". El ministro no mencionó cuál sería la estrategia para lograr dicho objetivo, pero ésta quedaría al descubierto pronto a partir de ciertos hechos.

En efecto, ese mismo año (1996) las organizaciones locales de mujeres empezaron a reportar presiones sobre personal de salud para que cumpliese cuotas de captación de usuarios de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV). Además, se descubrió la existencia de documentos que indicaban primeras metas numéricas. En diciembre de 1997, varios medios de prensa dieron a conocer casos concretos de infecciones graves y decesos como consecuencia de "esterilizaciones forzadas".

A comienzos del año siguiente, Joseph Rees, director ejecutivo y consejero jefe del Subcomité de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos, visitó el Perú interesado en los casos de esterilizaciones forzadas. Rees corroboró lo denunciado y, por si fuera poco, constató que parte de los fondos de USAID (organización estadounidense) destinados a alimentos eran utilizados para la captación de usuarias.

Ante estas denuncias, la primera reacción del Gobierno consistió en señalar que grupos conservadores querían hacer una campaña periodística de desprestigio del Gobierno, y en negar la existencia de cuotas y la aplicación forzada de la AQV.

En esta situación, la Defensoría del Pueblo intervino y planteó modificaciones a la política sobre planificación familiar; el Gobierno, por su parte, asumió el compromiso de "mejorar" la legislación.

La situación, sin embargo, no mejoró. El "Manual de normas y procedimientos" para AQV, dado mediante Resolución Ministerial Nº 071-96-SA/DM, dispuso la obligación, con escasas excepciones, de un plazo mínimo de 72 horas para que los pacientes tomaran una decisión meditada. También señaló la obligación de que el paciente suscribiese un formato de autorización escrita para la anticoncepción quirúrgica. Para garantizar que la decisión del paciente fuera libre y autónoma se determinó, además, que podía retractarse aun minutos antes de que ésta se llevara a cabo.

No obstante estas rigurosas estipulaciones, el Estado impuso también, contradictoriamente, metas numéricas de AQV: cuotas de captación de usuarias por establecimiento y por agente de salud. A cambio de esto, ofrecía dinero o especies al personal, estímulos y hasta amenazas de removerlo en caso de incumplimiento. Dice el re­porte de CLADEM al respecto:

"En noviembre de 1996, obtuvimos la primera evidencia sobre metas numéricas en anticoncepción quirúrgica. El documento observado en la vitrina del entonces Director del Centro de Salud de Huancabamba, señalaba 395 AQV programadas para 1996, habiendo alcanzado hasta setiembre de 1996 el 42% de la ejecución, porcentaje equivalente a 169 intervenciones de las cuales 143 eran ligaduras de trompas y 26 vasectomías".

El reporte señala, además, que para cumplir con las metas los operadores realizaron "acciones planificadas, masivas y sistemáticas dirigidas exclusivamente a la captación de usuarias de métodos definitivos tales como campañas, ferias y festivales de AQV". Por ello no era extraño encontrar que en la feria local, además de juegos y espectáculos, se hallaran carpas del IPSS en las que su personal repartía alimentos o vestidos al tiempo que captaba mujeres para ser intervenidas.

CLADEM apunta asimismo que en los 243 casos en los que se violaron derechos fundamentales, los abusos se produjeron bajo distintas modalidades: manipulación de la condición de pobreza; mujeres cuyas trompas fueron ligadas sin su consentimiento luego de otra intervención quirúrgica (post- parto, post-aborto), o que fueron inducidas por agentes de salud. A otras se les practicó la ligadura pese a que habían desistido antes del inicio de la operación; en otros casos fueron intimidadas (amenazas, trato humillante, encierro en salas de operación); o, finalmente, se les dijo que la operación era reversible, cosa que no es cierta.

Es más: en muchos casos se obvió el requisito fundamental de que la paciente firmase personalmente un formato de autorización, o éste fue firmado sin el plazo reglamentario de meditación (72 horas entre la charla y la aceptación). Además, se constató también que en algunas ocasiones este formato fue firmado por el cónyuge o conviviente de la paciente, e inclusive que la firma se produjo camino a la sala de operaciones.

Atentado contra derechos fundamentales

Todas las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo en un sector poblacional específico: personas sumidas en la pobreza o pobreza extrema, campesinos e indígenas.

Según el informe de CLADEM, el hecho de que estas personas se encontrasen en situación de suma vulnerabilidad aconsejaba que fuesen tratadas con especial cuidado, lo que implicaba que se les informase detalladamente y en su idioma nativo sobre cada uno de los métodos de planificación familiar. Si finalmente elegían la AQV, era necesario que quienes iban a realizar la operación verificasen su estado general de salud, para que sus vidas no corrieran peligro.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario: desinformación; uso de insumos pasados de fecha; intervenciones quirúrgicas que no se llevaron a cabo con la infraestructura adecuada, sino en los centros poblados; ausencia de exámenes previos; personal poco calificado; instrumental quirúrgico inadecuado; abandono de pacientes en la fase post-operatoria y antes del alta. En algunos casos incluso no se retiró el dispositivo intrauterino a pacientes ligadas, lo que les produjo, luego, serias infec­ciones.

Las investigaciones de CLADEM detectaron, además, la discriminación por género. Ello se puede constatar cuando afirma que las "metas-objetivo de cobertura (eran aplicadas) exclusivamente sobre personas de sexo femenino". Los criterios de origen y condición racial también estuvieron presentes en la selección; y en casos aislados se cometieron abusos contra grupos específicos como los discapacitados, población con tuberculosis y homosexuales.

¿Legalizando atropellos?

El 6 de mayo pasado el diario oficial El Peruano publicó las Normas del Programa de Planificación Familiar, que supuestamente mejoraban las anteriores. El informe de la Defensoría de enero de 1998 había alertado sobre la presencia de esterilizaciones forzadas, y señaló la necesidad de mejorar la legislación sobre planificación familiar para erradicar estas vulneraciones.

Lamentablemente, según la carta que la Defensoría dirigió al Ministerio de Salud en estos días, las normas recientemente publicadas adolecen de una redacción oscura, plagada de imprecisiones y con un incremento de las excepciones al plazo obligatorio de 72 horas para la meditación.

La política de población del Gobierno ha sido severamente cuestionada, pues se considera que permite graves violaciones contra derechos fundamentales, especialmente de los que menos recursos tienen para defenderse. ¿Habrá voluntad para rectificar los errores cometidos? (Janeyri Boyer)