En Nombre de los Inocentes

Cada vez se diluyen más las esperanzas de un cambio de actitud del Presidente respecto de los inocentes que quedan en prisión. Entre tanto, nuevos y dramáticos casos, como el que presentamos, siguen dando cuenta de un problema que no ha terminado de resolverse.

La historia de Benita Cárdenas Navarro

 

Benita Cárdenas Navarro es una joven que encierra la tragedia de los inocentes. Desde agosto de 1998 se encuentra sufriendo injusta privación de su libertad, ya que ha sido condenada por la justicia militar a 15 años por el supuesto delito de traición a la patria.

Benita vivía con su abuela Victoria Navarro y su menor hija Judith Vanessa en el caserío de Alto Sancachari, en la provincia de La Merced, distrito de Chanchamayo, y se dedicaba a las labores de su hogar y al cuidado de sus animales. A mediados de 1997 llegaron a su casa un grupo de terroristas del MRTA, todos ellos armados, quienes les exigieron que les diera de comer.

Luego obligaron a Benita a que les enseñara una trocha para seguir su camino. Ubicada la trocha, ella les pidió que la dejaran regresar a su casa con su hija, pero los terroristas le gritaron que ella tenía la obligación de ayudarlos, "así como ayudaba al Ejército". Benita se desesperó y ante su insistencia los terroristas la amenazaron de muerte. Finalmente, contra su voluntad y a empujones se internaron con ella en la selva. Benita Cárdenas sólo tenía 16 años.

A lo largo del tiempo que permaneció secuestrada por el MRTA su "encargo" era cocinar, limpiar y cargar los bultos cuando se trasladaban de un lugar a otro. Durante todo su cautiverio los terroristas siempre le recordaban que si intentaba escapar ellos la matarían o que moriría pisando las minas que habían dejado. Pero además, Benita ha sido víctima de abusos sexuales cometidos por los terroristas. Como consecuencia de ello, aproximadamente en el mes de junio de 1998 quedó embarazada. Su pequeño hijo Iván nació en febrero de este año, pero sólo podrá permanecer con ella en el penal hasta los seis meses.

El 18 de agosto de 1998, en un caserío cercano a Pichanaki, el grupo de terroristas fue capturado por la Policía, y con ellos Benita Cárdenas.

Benita pensó que la pesadilla terminaba. Pero las cosas fueron muy diferentes. Creyó que la Policía la salvaría, pero la Policía la torturó. Supuso que la Policía la ayudaría, pero la Policía dijo que ella se autoinculpó. La tragedia que había vivido por más de un año continuaba.

Benita Cárdenas permaneció detenida en la Dincote por más de un mes y luego fue denunciada ante la justicia militar por el supuesto delito de traición a la patria. En el proceso no hay pruebas que demuestren tal delito, pero además ella ha declarado que jamás ha pertenecido al MRTA, que fue secuestrada por los terroristas, y que, además, el tiempo que permaneció con ellos siempre la amenazaban de muerte para que no escapase.

A pesar de ello, en una muestra desconcertante de arbitrariedad, y fallando contra normas penales que expresamente exculpan de responsabilidad a quien actúa bajo coacción y amenaza, el 27 de noviembre de 1998 el Primer Juzgado Militar de Lima condenó a Benita Cárdenas Navarro a 15 años de pena privativa de libertad por el delito de traición a la patria. Desde que fue detenida por la Policía hasta que fue condenada, Benita no tuvo abogado defensor.

El 5 de marzo de 1999 el Consejo de Guerra declara que Benita Cárdenas "... ha admitido su vinculación con la organización subversiva en referencia, aceptando haber participado en calidad de combatiente...", lo que no es más que una supuesta autoinculpación que la justicia militar utiliza como razón suficiente para ratificar la condena a 15 años de pena y para señalar que queda obligada "... al pago de dos millones de nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano".

Ahora Benita tiene 18 años de edad y hasta hoy no sabe de qué la acusan y por qué la han condenado. Su expediente judicial está en manos del Consejo Supremo de Justicia Militar, instancia que tiene el deber de corregir esta injusticia declarando su absolución y ordenando su inmediata libertad. (Carlos Rivera Paz)