una región impregnada de temor y de miedo
¿Cómo está evolucionando el escenario de la posguerra en Ayacucho? ¿Cómo están las relaciones entre civiles y militares? ¿Cuáles son los viejos problemas y cuáles los nuevos? Estos y otros temas son tratados en las líneas que siguen por Vladimiro Huaroc, representante del Defensor del Pueblo para las zonas afectadas por la violencia política.
En su informe de 1998 sobre Ayacucho se dice que la imagen y credibilidad de algunas instituciones públicas continúan aún deterioradas ante los ojos de la ciudadanía local.
Es cierto. Hay un asunto de fondo que tiene que ver con el largo período de estados de emergencia que ha vivido la región y que ha generado distorsiones en la función de la administración civil. Las instituciones civiles han sido débiles y no han ejercido su misión con la fuerza que demandaban los ciudadanos. Han tenido una visión muy alejada de los problemas, una posición muy por encima del hombre de la calle.
El patrón de quejas en Ayacucho es distinto del que registra la Defensoría en todo el país. Por ejemplo, el número de casos sobre derechos humanos es mayor que el de los casos habidos contra la administración pública. ¿A qué se debe esto?
Hemos visto que era necesario dar prioridad en este período al tema de los derechos humanos, porque consideramos que después de los años de violencia vivida en esta región hay todavía aspectos pendientes que resolver en ese ámbito. Por ahí es que hemos captado una mayor demanda de atención en ese rubro.
Las instituciones de las que más se quejan son en primer lugar la Policía Nacional, luego el Ejército Peruano, y, en tercer lugar, el Poder Judicial. ¿Cómo se explica eso?
Tengo la impresión de que en este período de paz y reconstrucción en Ayacucho la Policía es una de las instituciones que menos ha evolucionado en reencontrarse con los ciudadanos en un marco de respeto y dignidad.
¿El Ejército ha cambiado su patrón de conducta en los últimos tiempos?
Ha cambiado, y muchísimo. Particularmente en 1997 percibimos que hubo una voluntad muy grande para hacer que los oficiales destacados en las bases cumplan con las normas de respeto de los derechos humanos y con la capacitación de los ronderos, y que mejore la relación entre la sociedad civil y los militares. Percibimos la misma actitud en lo que va de enero hasta ahora. Lamentablemente, en 1998 no tuvimos esa misma respuesta, pues entonces observamos que hubo un estancamiento en la evolución institucional.
De los programas que tienen en las zonas afectadas por la violencia política, ¿cuál ha sido la línea de acción más exigente?
El proyecto de los requisitoriados nos ha planteado retos difíciles. No habíamos contado con un elemento que hemos constatado de manera permanente y que subrayamos en el informe: Ayacucho es todavía una región impregnada de temor y de miedo. Miedo y temor que impiden a los ciudadanos vivir con la seguridad de que pueden expresar sus puntos de vista y sus preocupaciones; y en un problema tan delicado como es el de los requisitoriados, ello se siente con particular intensidad.
En el informe hay un énfasis en relación con el problema de la libertad de prensa en esta zona, y lo dicen con todas sus letras: “son restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa vinculadas a miembros de las Fuerzas Armadas”.
Hemos comprobado problemas delicados en este nivel. Durante 1998 la prensa local se inhibía de dar a conocer a los ciudadanos los casos de violación de derechos humanos en los cuales estaban comprometidos miembros de la Policía o el Ejército. Al hacer la investigación del caso constatamos que alrededor de la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército existió en 1998 una especie de filtro de información que involucraba a la Policía o al Ejército en esta región. Eso nos pareció, tal como lo decimos en el informe, una suerte de censura que genera una prensa cautiva.
¿Qué relación se ha establecido entre el Ejército y los Comités de Autodefensa Civil? Ustedes hablan, por ejemplo, de un crecimiento muy grande, de 169.000 ronderos entre Ayacucho y Huancavelica...
Tenemos mucho respeto por los Comités de Autodefensa Civil, debido al papel que jugaron en todos los años de violencia y por esa cultura de seguridad interna que han generado en las comunidades, pero creemos que tienen que ir viendo formas nuevas de involucrarse en el desarrollo de las comunidades rurales.
¿Por qué han crecido, si la violencia ha disminuido?
A eso iba. Si la idea es vincularlas cada vez más a temas de desarrollo, aun cuando se los mantenga todavía en tareas de seguridad, no entendemos por qué su número crece. No hay una explicación clara del porqué si la subversión está controlada se siguen organizando más Comités de Autodefensa. Eso puede ser un mal indicador, puede generar en la opinión pública la imagen de que existe la intención de seguir militarizando la sociedad civil, y creo que eso es negativo para nuestro país. Y es negativo también para las propias Fuerzas Armadas.
Otro tema que tiene que ver con las relaciones entre civiles y militares es el del Servicio Militar Obligatorio.
En los dos últimos años ha habido una evolución favorable hacia un mayor respeto de los derechos humanos de los jóvenes. En 1997 tuvimos 27 quejas en las que se involucraba a 79 jóvenes reclutados arbitrariamente. Tuvimos una respuesta muy positiva del Ejército y se logró liberar a casi todos los jóvenes a través de negociaciones y acuerdos con las autoridades militares. Eso sentó una pauta para encontrar soluciones a futuro en el tema.
En 1998 hubo una reducción: 13 quejas que involucraban a 14 reclutados. Y entre enero y abril del presente año hemos tenido seis quejas que involucran a 32 reclutados. De ellos han salido 20 jóvenes, y otros 12 están en trámite de obtener su libertad.
Ha cambiado significativamente el estilo de reclutarlos. No hemos observado los maltratos que se pudo haber notado en años anteriores. Últimamente hemos sido informados por las autoridades militares de que están estableciendo un sistema que nos parece que se enmarca dentro de la ley para reclutamiento, a través de listas de requisitoriados al servicio militar. Las autoridades policiales podrán detener a estos requisitoriados y ponerlos a ley a través de la oficina de reclutamiento militar.
Una última cuestión acerca de las relaciones entre civiles y militares. ¿Es necesario mantener los estados de emergencia indefinidamente como hasta ahora?
Si pensamos en términos de fortalecimiento institucional y de democracia para estas zonas, es innecesario y hasta peligroso mantenerlos por un período tan largo. Se generan distorsiones peligrosas. Por ejemplo, en Ayacucho son sólo cuatro las provincias que están bajo estado de emergencia; sin embargo, el sentimiento de estado de emergencia se vive en todo el departamento. Las autoridades civiles han perdido protagonismo y eso es negativo, porque pone la balanza de las instituciones muy dispareja y los ciudadanos empiezan a tener distorsiones en sus referentes democráticos. (Susana Villarán)