ELECCIONES 2000:

¿Un candidato de fuerza o un presidente a la fuerza?

En octubre, a la vuelta de la esquina, los candidatos deberán estar formalmente inscritos y empezar así la campaña electoral para el 2000. A nuestro juicio, sin embargo, hay un debate previo y fundamental que refiere a las condiciones mínimas para que este proceso se dé de manera libre y que por tanto produzca resultados legítimos. Cabe preguntarse hoy en el Perú, tal como andan las cosas, si están dadas las condiciones para que las elecciones del 2000 sean realmente tales. ¿Es conveniente que los candidatos a la Presidencia o al Congreso, confiados en un golpe de suerte, miren de reojo esta discusión?

 

La promulgación de la ley que impide a Alan García postular en el 2000 contribuye a enturbiar más el panorama electoral. Y no sólo, ni principalmente, porque sea una ley con nombre propio y que viola principios básicos. Nos preocupa, más bien, cómo se distorsiona así aún más el escenario político, creando la imagen de que está centrado de nuevo –y para exclusivo beneficio político de ambos– en un enfrentamiento entre Alan García y Alberto Fujimori (¡Dios nos coja confesados!). El punto que más nos interesa es cómo con ello quedan aún más oscuros los verdaderos problemas que hoy hacen que en el país no se puedan producir elecciones realmente libres.

Ni la normal, ni la de siempre

Los que seguimos las encuestas electorales nos hemos acostumbrado a la pregunta "si las elecciones fueran mañana..." y a medir, a través de las respuestas, la temperatura de la situación política peruana; que si Fujimori baja o sube; que si Castañeda pasa a Andrade o el otro repunta en provincias; que si a uno le va mejor en los sectores A o B y al otro en el C o D, etc., etc.

No es culpa de las compañías dedicadas a esta labor, pero centrar el debate solamente en esos datos es un profundo error político; peor todavía: esconde la naturaleza real del problema que tenemos al frente.

En el Perú no estamos en una situación "normal", en la que diferentes candidatos compiten apasionadamente, en igualdad de condiciones, por el favor popular. No estamos siquiera ante una situación que se podría describir como "la de siempre"; es decir, aquella en que se usa al Estado para favorecer al candidato preferido y a la vez se le dan codazos y cabes a los opositores; procesos electorales éstos, en los que la pista de carreras está en bajada para los favoritos y en subida, con vallas y baches para los incómodos. Situaciones de ese tipo ha habido hasta el cansancio en América Latina, y el Perú no ha sido la excepción.

Sobre lo que queremos llamar la atención en este artículo es que la situación peruana de 1999 no es ni la normal, ni la de siempre; va mucho, muchísimo más allá. Estamos ante una realidad política tan turbia, que la pregunta por la legitimidad y legalidad del proceso electoral debería ser la más importante y la que organice las decisiones políticas de todos los actores.

Por supuesto que nuestra preocupación en nada se emparenta con las de Alan García; no lo olvidemos, uno de los grandes responsables de la tragedia política en la que el Perú anda sumido hasta ahora. Una persona que cuestiona la legitimidad del proceso en la medida en que lo afecta a él, y punto; pero que no tendría dudas en adaptarse a las "reglas de juego" si con ello pudiera volver al Congreso y desde allí construir su nuevo trampolín.

Nuestra aproximación al problema va bastante más allá, y tiene que ver con asuntos mucho más de fondo e importantes. ¿Existen en el Perú las condiciones elementales para que se desarrolle un proceso electoral mínimamente limpio? ¿Tendrán los ciudadanos en los próximos meses realmente la posibilidad de elegir? En otras palabras, ¿habrá elecciones de verdad en el 2000?

El pecado es original

Hay todavía algunos pocos que siguen creyendo que Alberto Fujimori estaría dudando si presentarse o no a las elecciones; que es una decisión que sólo tomará en la víspera misma, en función de su nivel de apoyo. Cada quien es dueño de su ingenuidad. El resto sabemos que la decisión fue tomada hace muchísimo tiempo; probablemente el 28 de julio de 1995, o quizá, incluso, el 5 de abril de 1992.

Los preparativos se remontan a la Constitución de 1993. Cambios más, cambios menos, las constituciones de 1979 y de 1993 son parecidas. Lo que realmente se buscaba está en el artículo 112 que dice que el Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. (Entre paréntesis, ya Chávez en Venezuela ha hecho pública su verdadera urgencia de una nueva Constitución: cambiar de 5 a 6 años el mandato, su mandato, y por supuesto con reelección incluida. ¡La vocación de sacrificio por la patria de nuestros líderes latinoamericanos no conoce límites!)

Gracias a una Constitución hecha a su medida, golpe de estado mediante, quien asumió la presidencia en 1990, con reglas clarísimas de que era por sólo cinco años, adquirió el derecho a un segundo período. En este punto creemos importante ratificar una posición de principios. Nos pareció entonces, y nos lo sigue pareciendo ahora, que era éticamente cuestionable y jurídicamente discutible el haber sido elegido con unas reglas de juego en 1990, cambiarlas a la fuerza en el camino y que encima se las aplique para sí mismo y no para el futuro. Pero en fin, estamos en el Perú, y llegado el 95, Alberto Fujimori fue reelegido presidente por amplio margen hasta el año 2000.

¿Hasta el 2000? Los propósitos eran otros, y se empiezan a poner en práctica desde muy temprano. Viene así, en 1996, la famosa ley por intermedio de la cual los parlamentarios "interpretaron auténticamente la Constitución", sosteniendo que 1 + 1 no era 2, sino 3. Hemos tenido dudas sobre la solvencia intelectual de varios padres de la patria, pero en este caso sabían lo que hacían.

Juristas y no juristas saben fehacientemente que la ley de interpretación auténtica no aguanta el primer análisis y que es simplemente la imposición de un poder abusivo que se disfraza de norma legal; por cierto, ése ha sido el método que se ha usado para resolver la mayoría de los temas "calientes" posteriores. (Por supuesto, siempre habrá por allí algún abogado que se preste a adornar y justificar con frases complicadas todo lo que se haga, buscando crear la ficción de que estamos ante el escenario de lo deba­tible.)

Y nada los hará retroceder. Cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional
–maniatados para declarar la ley inconstitucional por carecer de la imposible mayoría de 6 de 7– optaron por sentenciar que ésta no se aplicaría al candidato Fujimori en el 2000. Sin más, el Congreso los destituyó en un vergonzoso proceso en el que Martha Hildebrandt y Enrique Chirinos Soto confirmaron la opinión que ya entonces se tenía de ellos.

La indignación de la mayoría de la población se transforma luego en pedido de firmas para un referéndum contra la ley. Previsoramente, la cifra para pedir el referéndum se había elevado antes a un grotesco y aparentemente inalcanzable 10% de todos los electores; además, curándose en salud, cuando el referéndum comenzó a agarrar viada se estableció el requisito adicional de 48 parlamentarios que suscribieran el pedido. El JNE, en su último acto de independencia, declara lo obvio: que esto último no se aplica a este referéndum porque ya está en marcha y las leyes no son retroactivas (les costaría caro la osadía).

Bueno, pero no van a poder recoger las firmas, se dijeron. Confesamos aquí que nosotros tampoco lo creíamos posible, pero se consiguieron. Debe haber sido la campaña política ciudadana más difícil y exitosa de toda nuestra historia. No hay problema: ya se había controlado al Jurado Electoral y con nueva mayoría cambiaron, en nueva instancia, su decisión de última instancia. No importan las firmas, faltan los parlamentarios, recapacitaron. Obviamente, no los había; recuerden que por lo menos en matemáticas los parlamentarios son unos tigres. A la basura las firmas de un millón trescientas mil personas. ¡Qué se han creído: desafiarnos a nosotros!

Pero la historia no termina allí. La demanda de restituir a los magistrados del Tribunal llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está en camino a la Corte. Si el sistema interamericano pone en riesgo la reelección (la restitución de los magistrados habría derrumbado todo el esquema), pues se acabó el sistema interamericano para el Perú. Los pretextos usados en la campaña psicosocial con la que se ablandó a la opinión pública son conocidos por todos.

A muy pocos meses del cierre de la inscripción de candidaturas estamos, así, ante una situación política muy complicada. Pese a que la candidatura de Fujimori en el 2000 está expresa y terminantemente prohibida en la Constitución. Por más que 1.300.000 personas pidieron con su firma que se convoque a un referéndum para discutir esa ley; a pesar de que todas las encuestas, sin excepción, decían que el Gobierno perdía esa consulta por amplísimo margen; por más que  en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos la demanda de los magistrados avanza. Pese a todo, una candidatura ilegal como la de Fujimori se va a presentar y, fuera de toda duda, un Jurado de Elecciones totalmente controlado lo va a permitir.

Las elecciones del 2000 empezarían así con un pecado original, con una situación de nulidad insalvable, como dirían los abogados. Frente a ello, ¿bastarían unas cuantas protestas airadas en el Congreso y dos o tres editoriales enérgicos para después pasar la página y embarcarse en las campañas presidenciales y parlamentarias?

No sólo un candidato, también un presidente

El origen y el centro del problema para la legitimidad de las elecciones del 2000 está, pues, en la imposición ilegal de la candidatura de Fujimori. Pero allí no se agota. Lo que se quiere imponer no es sólo que Fujimori sea candidato, sino que sea reelegido en el 2000. ¿O alguien puede a estas alturas ser tan ingenuo como para pensar que –como dice Martha Chávez– se ha hecho todo lo que se ha hecho sólo para asegurar la participación de un candidato más; para que el pueblo pueda luego elegir libremente, pero "sin exclusiones", al mejor?

Suena fuerte decirlo, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso no es verdad. En el Perú hay un plan en marcha y muy bien concebido no sólo para asegurar un candidato, sino sobre todo para imponernos un tercer período de Alberto Fujimori a partir del 2000. Si la gente lo quiere así, en buena hora; pero si no, hay maneras; vaya que hay maneras...

No hay espacio para entrar aquí en detalles, pero recordemos que el Gobierno maneja a su antojo, para empezar, a todas las organizaciones vinculadas al proceso electoral: RENIEC, ONPE y JNE; que los mandos actuales de las Fuerzas Armadas (básicamente todos de la "promoción Vladimiro") son parte consustancial de un proyecto político que se "gerencia" desde un Servicio de Inteligencia Nacional que trabaja a tiempo completo y con recursos enormes; que en caso de que las cosas se desvíen hacia lo judicial, allí también está todo bajo control; que se ha usado todo tipo de malas artes para lograr que la televisión de señal abierta esté totalmente alineada (Rubén Trujillo, en Canal 9, es la excepción que confirma la regla). En una televisión chichamente uniforme, hasta al humor político se le ha domesticado. Carlos Álvarez y Tulio Loza son ahora estrellas del Canal 7, y ya sabemos lo comprensivos que se han vuelto con sus nuevos empleadores.

A todo lo anterior hay que sumarle el uso escandaloso de los recursos del Estado a favor de Fujimori y su candidatura, de lo que hay mil quinientas evidencias cada semana. Una de las más grotescas ha tenido lugar a propósito del cumpleaños del señor presidente. Nacido un 28 de julio, se entiende que le guste que éste tenga sabor nacional. El único problemita es que paguemos con nuestros impuestos la torta y los mariachis; peor aún: que la masiva concurrencia de gente pobre a la fiesta sea el requisito para que el Ministerio de la Presidencia siga abasteciendo a los comedores y comités del vaso de leche en las siguientes semanas. (45% de los hogares peruanos, 70% en la sierra, dependen de alimentos donados.) Sumándose al fervor patriótico, hasta cinco canales de TV transmitieron en horario estelar tan trascendente ceremonia para la patria. (¡Qué modernas son estas gentes que han reemplazado a nuestros clientelistas políticos tradicionales!)

Mención aparte merece el papel del Congreso. Huelga explicar el control absoluto que el Gobierno tiene sobre él y cómo ha sido el escenario ideal para legalizar e intentar legitimar los peores atropellos. Es harto probable, además, que desde allí vengan nuevas sorpresas para asegurar la reelección. Sin embargo, en el Congreso, a diferencia de todos los otros espacios, está la oposición; y ésta habla, discute, propone, opina, protesta, exige y hasta pide estar en una comisión y no en otra. Admitirán los congresistas de oposición que teniendo a la vista la película de conjunto nos queden al menos algunas dudas acerca de cuál es, al margen de sus deseos, el verdadero papel que cumplen con su persistencia.

¿Qué hacer?

La situación es sumamente complicada, y nadie puede reivindicar que la suya es la alternativa. Pero un punto de partida común debería ser leer adecuadamente lo que ocurre. Y al hacerlo no se puede ignorar que estamos ante una trama política en la que los que tienen la sartén por el mango sólo conciben una posibilidad, la de Alberto Fujimori reelegido en el 2000. A diferencia de otras épocas de autoritarismos menos sofisticados, a la oposición se le necesita y se le tiene asignado un papel importante, pero dentro de la sartén.

Retomamos así nuestra pregunta a los candidatos a la Presidencia: ¿harán la vista gorda apostando a un golpe de suerte, a una falla estructural de la trama que haga fracasar en su favor los planes del Gobierno? Si nos guiamos por lo ocurrido en los primeros siete meses de 1999, no parece que por allí venga la cosa. Y eso que estamos todavía en los preliminares y aún en la etapa del ablandamiento; las armas de guerra, que sin duda se usarán, están todavía por conocerse.

La pregunta es relevante también para los aspirantes al Parlamento: ¿puede el anhelo de tener varias curules más para la oposición en el próximo Congreso –y por supuesto ocupar una de ellas– ser razón suficiente para saltearse el problema de fondo de la legitimidad del proceso?

Repetimos: nadie puede sostener que es una encrucijada fácil. Pero no hay que olvidar que el peor escenario de inestabilidad para el país es más bien el que hoy hábilmente se disfraza de lo contrario. Haga estómago, lector, e imagínese, sólo por un instante, el lunes 10 de abril del 2000 leyendo el exultante titular de Expreso: "GANAMOS. Tenemos chino hasta el 2005". ¿Hasta el 2005? (Carlos Basombrío I.)