"En camino al siglo XXI: desafíos y estrategias
de la comunidad latinoamericana
de derechos humanos"

Uno de los rasgos novedosos de la realidad social y política de América Latina de las últimas décadas del siglo XX es el papel cumplido por cientos de organizaciones que, surgidas desde la sociedad civil, se reivindican como defensoras y promotoras de los derechos humanos.

Su papel ha sido reconocido como muy importante para ayudar a poner fin a las peores épocas de represión y dictadura en la mayoría de los países. En los 90, con otras estrategias y propuestas, han intentado hacer frente a nuevos e importantes desafíos para la vigencia de los derechos humanos.

Pese a la proximidad geográfica y la comunidad de temas, han sido pocas las ocasiones que han tenido los representantes de esas organizaciones para reunirse y discutir estrategias comunes de actuación. De ahí lo importante y novedoso del seminario “En camino al siglo XXI: Desafíos y estrategias de la comunidad latinoamericana de derechos humanos”, que tuvo lugar en Lima el 23 y 24 de julio pasados, organizado conjuntamente por la Washington Office on Latin America (WOLA) y el Instituto de Defensa Legal gracias al apoyo de las fundaciones Ford y McCarthur.

En las páginas que siguen, ideele ofrece a sus lectores una primera aproximación a ese evento a partir de una síntesis de las intervenciones en los paneles de las sesiones plenarias. A una versión más completa de lo discutido se podrá acceder próximamente con la publicación de la memoria.

Ernesto de la Jara:

equilibristas en COMPUTADORA

Quisiera explicitar lo que interpreto son el tipo de preocupaciones o tensiones que están a la base de los temas escogidos para este seminario y el porqué de haber puesto el énfasis en las estrategias.

Una primera preocupación es esta ubicación entre el pasado y el futuro. Somos parte de un movimiento que tiene una historia, una trayectoria y un acumulado que hay que aprovechar y continuar. A la vez, creo que todos somos absolutamente conscientes del cambio de escenarios nacionales e internacionales y cómo ello implica nuevos temas, estrategias y códigos.

Una segunda preocupación, casi diría una obsesión, es cómo definir la perspectiva de derechos humanos; es decir, qué es derechos humanos y qué no es derechos humanos. Nuestra tendencia es a tratar de encontrar y construir estándares obligatorios, pero, a la vez, hay todo un ámbito que no es derechos humanos, es decir, que es parte de lo discutible, del derecho a la diferencia, a lo opinable. Ésa es una tensión muy importante, por ejemplo, en todo el tema de los derechos económicos, sociales y culturales.

Una tercera preocupación tiene que ver con cómo compatibilizar ética, moral y valores con eficiencia; cómo demostrar que desde una perspectiva de derechos humanos también se puede enfrentar y solucionar los problemas actuales y modernos. Salir al frente de nuestros detractores cuando dicen que hay que "adaptar" los derechos humanos porque no contemplaron problemas que no había en el pasado: narcotráfico, terrorismo, delincuencia común.

Por último, determinar cuál es la función del trabajo y de los organismos de derechos humanos, pues a veces nos limitamos a poner todos los problemas "antiderechos humanos" que hay y ubicamos a los organismos de derechos humanos al frente. Lo difícil es determinar qué es lo que realmente estamos en capacidad de hacer.

He tratado de encontrar una figura que revele este tipo de preocupaciones o tensiones, e inmediatamente se me ha ocurrido la del equilibrista. Pero la figura me pareció insuficiente, e influido sin duda por mis hijos, metí al equilibrista en la lógica de los juegos de la computadora; es decir, un equilibrista que tiene que ir pasando por diferentes escenarios y niveles, que tiene que lograr el equilibrio mientras está luchando con otros, que son sumamente fuertes y que están permanentemente esperando la oportunidad para que la concepción de los derechos humanos caiga; un equilibrista que, en la medida que va avanzando y teniendo una trayectoria, va descubriendo trucos, y hasta puede tomar pócimas que le dan nuevas vidas, pero que, al mismo tiempo, debe estar muy atento, porque si comete muchos errores puede caer y perder todo lo avanzado.

George R. Vickers:

Los nuevos desafíos son el resultado de nuestros éxitos

Debido a los obstáculos formidables que todavía enfrentamos como miembros de la comunidad de derechos humanos, tendemos a enfocar nuestros esfuerzos en las labores restantes y no en los logros obtenidos hasta el momento. Este enfoque es natural y apropiado, dadas las responsabilidades que hemos asumido en tanto promotores y defensores de derechos humanos. Sin embargo, también corre el riesgo de encauzar nuestra atención hacia nuestras debilidades y fracasos, ignorando el grado extraordinario en el que los principios básicos de nuestro movimiento son, hoy en día, venerados en la ley internacional y aplicados (aunque inconsistentemente) en la práctica.

Hace veinte años los países del cono sur estaban gobernados por dictaduras militares, y la violación sistemática de derechos humanos era la norma. Hoy día todos los países del hemisferio, con la excepción de uno, sostienen gobiernos electorales, aunque la mayoría posee instituciones democráticas frágiles e ineficaces. Si bien es cierto que todavía se presentan violaciones de los derechos humanos, y que éstas han aumentado en algunos países como Colombia y México, en la mayoría de los países se presentan como hechos esporádicos y no como consecuencia de una política estatal.

Con respecto a las normas de derechos humanos internacionales pertinentes a derechos civiles y políticos, todos los países de Centro y Sudamérica han firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desafortunadamente, Canadá, los Estados Unidos y varios países del Caribe todavía no han firmado esta última. Aunque la mayoría de estos gobiernos violan frecuentemente estos instrumentos, el haberlos firmado manifiesta su consentimiento de las normas bajo las cuales su conducta puede ser juzgada. El anuncio del gobierno peruano de retirarse de la Corte Interamericana representa un paso atrás. Pero, contraria a esta actitud, México y Brasil se han acogido recientemente al sistema interamericano de derechos humanos.

Aunque sería una exageración afirmar que la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han forzado a los gobiernos del hemisferio a dar fin a la violación sistemática de los derechos humanos, estas instituciones multilaterales y regionales han jugado un papel importante para encaminar la atención y crítica internacional en la denuncia de tales violaciones.

Cuando WOLA fue establecida en 1974, los Estados Unidos carecían de una política oficial para promover los derechos humanos en América Latina. Hoy día existen una serie de leyes que obligan al gobierno estadounidense a definir su relación con los gobiernos del hemisferio de acuerdo con el respeto que éstos le conceden a los derechos de sus ciudadanos. Asimismo, existe también un reconocible apoyo a que los derechos humanos se integren como componente oficial de la política estadounidense hacia Latinoamérica. Si bien es cierto que en ocasiones ha sido ignorada y embaucada, esta nueva política le exige al gobierno estadounidense explicar su indiferencia ante la violación de derechos humanos, de manera que no puede argumentar que no tiene responsabilidad alguna en observar la conducta de otros gobiernos.

Ninguno de estos avances hubiera sido posible sin los esfuerzos constantes de los defensores locales de derechos humanos para identificar, investigar y denunciar las frecuentes violaciones, aun bajo inminente riesgo personal.

En el nuevo período en que nos encontramos –caracterizado por democracias parciales limitadas principalmente al campo electoral–, la lucha por proteger y defender los derechos humanos requiere de un esfuerzo aún más profundo y constante para consolidar las instituciones democráticas indispensables para la protección de dichos derechos. Asimismo, debemos reconocer que la democracia y los derechos humanos no son filosóficamente idénticos. Mientras que la democracia está basada en el principio mayoritario, el pleno respeto de los derechos humanos implica ciertos límites a esa mayoría. Debemos asegurar que las instituciones democráticas garanticen que los derechos de cada ciudadano predominen sobre los derechos democráticos de la mayoría. Y ésa no será siempre una tarea popular.

Los retos de este nuevo período requieren que reexaminemos tanto nuestro enfoque como la cultura de nuestra lucha. Ya no basta con exigir un puesto en la mesa del poder. Necesitamos llegar con propuestas específicas a la mesa. Este cambio cultural requerirá trabajar con instituciones estatales y desarrollar niveles de experiencias técnicas, irrelevantes en épocas anteriores. Es importante comprender que sin la participación de la sociedad civil en promover y controlar la reforma de estas instituciones, los esfuerzos de ésta estarán destinados a fracasar; y si ello ocurre, la oportunidad de consolidar la democracia y restaurar el respeto de los derechos humanos se debilitará.

Otra preocupación es que algunas de las características más peligrosas de la Guerra Fría están siendo reconstruidas bajo un nuevo marco ideológico: el de la guerra contra las drogas. El papel que desempeñan las fuerzas armadas estadounidenses en la política exterior para combatir el narcotráfico ha contribuido a incrementar la función de las fuerzas militares latinoamericanas dentro del ámbito nacional. Esto no sólo está fomentando y acelerando la corrupción de éstas, sino que también ha restablecido una relación represiva entre los organismos militares y la población civil.

Agreguemos que uno de los legados más perjudiciales del período autoritario y que continúa como uno de los obstáculos más poderosos contra la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos es la impunidad.

Gustavo Gallón:

Paradojas de la época

Quiero dar cuenta de dos paradojas, a mi juicio centrales. La primera: la contradicción histórica entre los planteamientos de derechos humanos y la oposición o resistencia de sectores importantes de la población a ese mensaje. Es indudable que existen múltiples ámbitos a través de los cuales esa sintonía puede construirse. En cada sociedad, sin embargo, se atraviesa por dificultades particulares que permitan su concreción.

La segunda: la contradicción existente entre el respaldo y la acogida internacional de las propuestas de derechos humanos y, al mismo tiempo, los peligros inmensos que de ello se derivan. Antes de la II Guerra Mundial, las propuestas de derechos humanos eran en algunos estados escasamente un tema de tratamiento constitucional interno, y en otros ni siquiera eso. Terminada la Guerra, el reconocimiento de los derechos humanos como un tema de derecho internacional, como una obligación de los estados, potenció considerablemente su vigencia.

Pero esa adopción del derecho fue hecha desde la perspectiva de los vencedores del conflicto, mientras que la propuesta de derechos humanos tenía su origen en la perspectiva de las poblaciones dominadas de las sociedades donde estas propuestas comenzaron a germinar dos siglos atrás.

Son dos lógicas distintas que han implicado contradicciones también diferentes y han dado lugar por lo menos a tres fenómenos que van a contravía de las ventajas de ese reconocimiento internacional.

El primero es la resistencia de grandes potencias como China y los Estados Unidos a someterse a los dominios del derecho internacional de los derechos humanos

El segundo fenómeno son las resistencias de los pequeños estados. Lo ejemplifica la última reacción del gobierno peruano respecto de la competencia de la Corte Interamericana.

El tercer fenómeno son los intentos de imponer los derechos humanos por fuera de la legitimidad internacional universal o regional. Es lo que hemos visto en la reciente guerra de Kósovo; a través de una decisión por fuera de la carta de Naciones Unidas, se produce una acción que tiene muchos elementos de justificación pero que se sitúa fuera de lo establecido y que puede dar lugar a la gestación de un "derecho imperial de los derechos humanos", diferente de un derecho internacional de los derechos humanos.

Martín Abregú:

En la búsqueda del nuevo valor agregado

Cuando uno piensa en los desafíos del movimiento de derechos humanos, puede pensar en muchas cosas. Yo quiero centrarme en una sola: ¿cómo relegitimar el movimiento de derechos humanos ante esta nueva coyuntura?, ¿cómo darle una nueva razón de ser?

Reconozco que mi preocupación puede estar muy marcada por la situación del movimiento en Argentina y por la necesidad de continuar con el trabajo que otros iniciaron.

Pienso que los logros del movimiento de derechos humanos están directamente vinculados con la enorme legitimidad que tiene en América Latina; una legitimidad que veo intrínsecamente vinculada a la autoridad moral de los planteos y a su origen; a cuando se luchaba por la vigencia de los derechos humanos en el marco de dictaduras.

En ese contexto, la razón de ser del movimiento era obvia: detener las atrocidades que se estaban cometiendo. Es cierto que la situación de los derechos humanos en nuestros países no es hoy muy distinta de la anterior a las dictaduras. Tenemos los mismos abusos policiales, el mismo pobre acceso a los derechos sociales, la misma discriminación de la mujer, los mismos pésimos tribunales a los que es imposible llegar, etcétera. Pero la constatación de que siguen habiendo problemas graves de derechos humanos en América Latina no alcanza por sí sola para mantener la legitimidad del movimiento de derechos humanos.

En una reunión realizada en Buenos Aires hace unos meses, Álex Wilde nos preguntaba si no podíamos entender el movimiento de derechos humanos como un legado positivo de las dictaduras; es decir que si bien en mucho tenemos la misma situación que antes de la dictadura, al menos ahora contamos con un movimiento de derechos humanos. Pero hay que tener presente que la lucha por los derechos humanos, tal como hoy la entendemos –es decir, por una policía menos violenta, contra la discriminación de la mujer, etcétera–, es una lucha que antes de la dictadura estaba siendo llevada a cabo por los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias o algunos intelectuales, y esos actores hoy siguen existiendo.

¿Cómo se inserta el trabajo en derechos humanos en estas situaciones ya conocidas y frente a esos actores? Una primera respuesta puede ser que ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los intelectuales son lo que eran. Y esto es cierto. Sin embargo, creo que sería un terrible error creer que el movimiento de derechos humanos puede venir a suplantar estas falencias. Al contrario: creo que nuestro trabajo es empujar para que ellos vuelvan a ser lo que eran y que incluso enarbolen nuestras banderas.

El aporte del movimiento de derechos humanos es una mirada distinta, una suerte de valor agregado que pasa a ser un referente moral –no moralista, obviamente–, una especie de semáforo que se pone en rojo cuando se viola la dignidad de la persona, un termómetro que indica que la temperatura está bajo cero.

Esto no significa entender restrictivamente nuestro mandato. Pero ahora que vamos dejando poco a poco de ser empujados por las víctimas, o por esos héroes morales –para usar la expresión de Michael Shifter en relación con Emilio Mignone–, y se avanza hacia un trabajo más especializado, más profesional, ¿cómo hacemos para mantener ese valor agregado que hemos heredado?

Tenemos que pensar en construir un movimiento de derechos humanos que trascienda a sus fundadores y que mantenga esa legitimidad de origen. Quiero enunciar solamente tres dificultades para que ello se concrete:

1. Identificar el lugar propio del trabajo en derechos humanos. Si vamos a trabajar conjuntamente con sindicatos, partidos políticos, iglesias y con organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con el tema de la participación o de la justicia, ¿cómo logramos no ser más de lo mismo?

2. ¿Cómo mantener la radicalidad de nuestra misión, pero, al mismo tiempo, ser interlocutores válidos? El Estado responsable de violar la dignidad humana ya no es una dictadura con la que sólo podemos enfrentarnos. Hoy es un Estado democrático. Carlos Basombrío se preguntaba hace unos años si es posible cumplir el papel de conciencia inquisidora manteniendo buenas relaciones. Creo que es indispensable. No tenemos alternativa si es que queremos mantener el lugar que otros supieron ganar.

3. ¿Cómo articular mecanismos que aseguren la representatividad? En sus orígenes, el movimiento de derechos humanos representaba a las víctimas del terrorismo de Estado. ¿A quién representamos hoy? Estrictamente hablando, creo que no sería necesario representar a nadie para señalar que se ha violado la dignidad humana. Sin embargo, gran parte de nuestra legitimidad va a estar vinculada a que podamos demostrar que estamos hablando en nombre de otros. En este sentido, destaco la experiencia que menciona Ernesto de la Jara en su ponencia sobre la campaña "En nombre de los inocentes"; allí está muy claramente identificado a quién, y me parece que ése ha sido un gran acierto estratégico de la campaña.

Hay que construir lazos que nos permitan representar a las nuevas víctimas; tarea más difícil cuando la víctima se hace más difusa y anónima; cuando pasamos del hábeas corpus al amparo colectivo. Aparece allí la necesidad de articular mecanismos que aseguren que el trabajo en derechos humanos no sea el de unos pocos técnicos que identifican por sí solos las necesidades de "sus representados".

Susana Villarán:

Siete tensiones para paisajes menos épicos

De manera impresionista, porque no hay otra forma de hacerlo en tan breves minutos, intentaré dibujar el paisaje en el que nos movemos. Lo haré a partir de siete puntos planteados como tensiones, contradicciones o polaridades.

1. Lo viejo y lo nuevo. En sociedades como las nuestras existe una compleja articulación de problemáticas nuevas y viejas en materia de derechos humanos. El rápido proceso de urbanización, por ejemplo, trae al primer plano de las preocupaciones, entre otros aspectos, el tema de la seguridad ciudadana frente al incremento de la delincuencia y el crimen. Pero esto convive con demandas de derechos que vienen de viejas estructuras de discriminación económica, social, cultural, de género, étnica; amén de lo que se deriva de la violencia política. Para Colombia (y por lo tanto para todos nosotros), los viejos y actualísimos problemas de la violencia en su etapa más cruda. La nuestra es una realidad en la que no necesariamente se cancelan etapas. Debemos identificar con precisión cómo se expresan estos elementos, cómo se fusionan.

2. Expansión de conciencia de derechos y precariedad o ausencia de institucionalidad democrática. La democratización de la cultura política (autonomía, individualidad, emancipación de la mujer, igualdad), en la que por cierto mucho hemos aportado los defensores de derechos humanos, ha disparado una demanda social de instituciones, normas y autoridades legítimas que amparen eficazmente los derechos humanos. Es simultáneamente un camino de demanda de amparo e igualdad ante la ley y, a la vez, de frustración. La obsolescencia institucional, la discrecionalidad en la administración de la política, la centralización de las decisiones y la impunidad son diques contra los que se estrellan las demandas de derechos y reconocimiento de la ciudadanía.

3. Los derechos humanos y la democracia como fenómeno cultural y normativo global, y el relativismo en materia de derechos humanos. A las puertas del año 2000 se difunden y aplican discursos que provienen de una elite so called liberal, una reelaboración sofisticada acerca de los límites de la universalidad de los derechos y críticas a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. Las dualidades globalización/comunitarismo, universalidad/soberanía; la esquizofrénica visión de globalización económica pero no en materia de derechos humanos, atraviesan debates de primerísima actualidad en nuestros países. No es un tema patrimonio de los países islámicos ni de la Europa del Este; tampoco de un debate cancelado en Viena 93. Más allá de la meritoria tarea de contribuir al establecimiento de estándares universales (en lo que hemos hecho y hacemos mucho), existe una tarea de debate ideológico.

4. Entre la impunidad y la estabilidad. El enfrentamiento entre las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y las realidades y posibilidades políticas e institucionales para acogerlas. Hay un tema ético que nos atraviesa. Un gran defensor de derechos humanos, Joaquín Ruiz Giménez, primer Defensor del Pueblo de España, recordaba esta tensión citando la terrible frase de Goethe "prefiero la injusticia al desorden". Las turbulencias y oxigenaciones simultáneas creadas por el caso Pinochet; los juicios a los militares en Argentina; las experiencias de comisiones de la verdad en Sudáfrica, El Salvador, Guatemala; los procesos en la Argentina y Chile, nos muestran los claroscuros de esta tarea que ocupa un lugar central de nuestra agenda.

5. Lo público y lo privado. Se trata de considerar el espacio privado como escenario de violación y demanda de derechos: la pareja, la paternidad, la familia como un paisaje íntimo y, a la vez, materia de escrutinio de situaciones de violencia, discriminación y de violaciones flagrantes de los derechos humanos, como también lo son la escuela y los centros laborales. Los límites y deberes de la intervención estatal y la inacción de los estados en estas materias son parte de nuestro trabajo por construir estándares en el ámbito de los derechos humanos, algo en lo que ha trabajado activamente el movimiento feminista. Pero también queda por delante la tarea de identificar lo público no estatal como escenario de violación de derechos; por ejemplo, derechos del consumidor y del usuario de servicios públicos no estatales como energía, agua, salud, educación.

6. Entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Nuestros países son altamente desiguales, con una porción muy alta de la población que vive en la pobreza, y ello se da en contextos institucionalmente precarios y con una creciente pero aún débil cultura democrática.

Reconozcamos en esta polaridad la presencia de discursos y mentalidades que ponen en tensión y conflicto la indivisibilidad de los derechos humanos. Por un lado, aquellos que sostienen, como los gobernantes peruanos, que la democracia es un obstáculo para la estabilidad económica y la lucha contra la pobreza. Por otro, aquellos, a veces muy cercanos, que se plantean: "Si la democracia, las elecciones, la división de poderes, el check and balance, las reglas de juego, no van a solucionar los problemas cotidianos de hambre y desempleo, ¿qué sentido tiene pelear por ella?". Otros creemos que existe, como sostiene Amartya Sen, premio Nobel de Economía, una relación directa entre expansión de derechos y capacidades y desarrollo, y que la la fragilidad institucional, la ausencia de previsibilidad jurídica, tienen que ver con la posibilidad de disfrute de los DESC. La indivisibilidad de los derechos, en estas circunstancias, con estos sentidos comunes y en este esquema globalizado, debe ser tratada de forma creativa.

7. Entre el derecho a la seguridad frente al crimen y las libertades, derechos y garantías de los ciudadanos. América Latina es el continente de más alto índice de criminalidad del planeta. La ciudadanía reclama mano firme y tolera o apoya medidas que restringen las libertades y garantías: diversas medidas de criminalización y punitivas han gozado de amplio apoyo popular. ¿Cómo garantizar la seguridad en el marco del respeto irrestricto de los derechos humanos y la salvaguarda de las garantías? ¿De qué forma logramos llegar con estrategias adecuadas al ciudadano común y corriente que se siente inseguro y desamparado para alcanzarle una propuesta de seguridad con derechos y garantías? ¿Cómo influimos en cambiar la cultura penal inquisitiva que criminaliza la pobreza?

De todas las anteriores tensiones, polaridades, conflictos, paradojas y encrucijadas emergen desafíos muy concretos. Hemos hecho mucho por crear conciencia de derechos y dar forma a nuestras aún precarias democracias. Nuestros temas están colocados en la agenda pública de debate, pero hace falta todavía seguir transitando en medio de estas complejas tensiones.

Nuestros interlocutores se han diversificado; nuestras alianzas también. Necesitamos combinar estrategias que nos permitan incidir en los procesos culturales (medios, formación de mentalidades y creación de sentidos), dar forma a nuestras instituciones, fortalecer la sociedad civil de la que formamos parte y acercar el Estado a la mayoría latinoamericana que, hoy por hoy, vive en el desamparo, a la intemperie.

Nos espera un trabajo exigente; nos sobra audacia, creatividad, coraje y mística. Sin embargo, a veces nos toca y tocará transitar por paisajes menos épicos, probablemente opacos, para el único propósito que nos puede interesar: defender y expandir los derechos humanos en nuestro continente.

Gilda Pacheco:

Un diálogo enriquecedor

El valor político de la distinción entre género y sexo al interior del movimiento de derechos humanos es enorme para gerenciar la igualdad y el respeto a la dignidad humana, pues define que las responsabilidades asignadas a cada uno son obra de la sociedad y, en la medida que generen discriminación y subordinación, pueden y deben ser cambiadas; o sea, aluden a un problema de justicia.

Correctamente entendida, dicha diferenciación imprime sentido y necesidad a la meta de lograr la paridad entre seres diferentes. Asimismo, nos permite comprender que el ejercicio pleno de los derechos humanos no se alcanza solamente con cambios cuantitativos que muchas veces no trascienden lo formal y que son sólo pasos propicios para alcanzar la igualdad cualitativa entre hombres y mujeres, es decir, una igualdad en términos de posición en la sociedad y oportunidades de crecimiento integral, no sólo como un aspecto específico de las mujeres, sino como un tema para los derechos humanos en su conjunto.

La universalidad de los derechos humanos constituye nuestra mejor arma; la justificación ética, filosófica y jurídica del movimiento de derechos humanos descansa sobre la premisa de que compartimos un conjunto de valores plasmados en derechos que consideramos de validez y vigencia universal. Si no asumimos que estos derechos constituyen obligaciones solemnes que todos los Estados están obligados a respetar, no tendría sentido la denuncia de las violaciones, ni la solidaridad con sus víctimas, ni la promoción de nuevas normas, ni la educación en derechos humanos.

Pero conviene destacar que la universalidad en ningún caso puede constituirse en un concepto vacío que no refleje la realidad de hombres y mujeres concretos. Por eso se plantea que es necesaria y compete específicamente a los derechos humanos como patrimonio innato de todos los hombres y mujeres, porque expresa una noción de inclusión absoluta: por principio, nadie queda excluido. Sin embargo, esta noción demanda un nivel de pertenencia y de apropiación de los derechos, conocimiento y convencimiento que mujeres y muchos hombres oprimidos no poseen, porque la realidad social se los niega, lo que torna imperativo plantear reivindicaciones específicas como las de los derechos de la mujer.

Ana María Sanjuán:

El reto de la universalidad

La sociedad latinoamericana actúa en defensa de sus derechos de manera irregular, discontinua, desesperante y desesperanzada en ocasiones, pero capaz de éxitos resonantes y de la transformación democrática de las mentalidades. Buena parte de estos activos se deben a la continuidad y asiduidad en la lucha por los derechos humanos.

Lo obtenido en términos comparativos y absolutos es enorme; se consiguió lo inconcebible, es decir, millones de personas al tanto de nociones jurídicas y políticas que se veían tan distantes, y se ha modificado radicalmente la idea que la sociedad tiene de sí misma. Estos activos y estos éxitos, paradójicamente, han generado una serie de desafíos, especialmente a partir de la globalización, ahora que el tema de los derechos humanos ha sido puesto en el primer término de la agenda internacional.

En un contexto de democracias de baja intensidad, con estados profundamente deslegitimados en su capacidad de arbitrar las injusticias y de redistribuir los recursos, discutir con la opinión pública, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, implica también el cómo influir en la formulación de políticas democráticas. Ello porque hay un enorme déficit ciudadano en la comprensión de la naturaleza universal de los derechos humanos, así como un importante rezago del Estado en materia de educación directa en la materia.

Coletta Youngers:

Nuevas estrategias para una nueva agenda

Este seminario ha sido muy importante para reafirmar el trabajo de derechos humanos en América Latina. Hemos logrado hablar de los temas no sólo desde una perspectiva analítica, sino entrar en una discusión profunda de estrategias de incidencia y cómo mejorarlas.

He identificado cuatro áreas de consenso sobre los retos para el futuro. En primer lugar, que la naturaleza de los problemas que enfrentamos ahora ya no está articulada sólo desde la perspectiva de derechos humanos. En todos los talleres se discutió cómo relacionarse con otros sectores de la sociedad civil que trabajan en estas áreas y cómo crear allí nuestro propio espacio, nuestra propia identidad como movimiento.

En segundo lugar, hay un nivel de consenso en la gama de nuevas estrategias de incidencia que tenemos que desarrollar o adaptar, dependiendo, por supuesto, de las circunstancias y la situación particular. Sólo quiero mencionar algunas que, creo, cruzan todas las áreas.

Una es el trabajo de opinión pública y la relación con los medios de comunicación, tomando en cuenta las dificultades del control de poderes económicos y en algunos casos de gobiernos. Otra, la importancia de programas de educación, tanto orientados al sector oficial como a la población en general. Una tercera, la búsqueda de aliados dentro del sector público y en el Estado, aun cuando éstos mantengan muchas veces actitudes muy autoritarias y les falte voluntad política de reforma. Cuarto, el uso de las decisiones judiciales y de legislación para promover cambios muy concretos, pero, a la vez, teniendo mucho cuidado de no crear en la población expectativas que no van a ser cumplidas. Y, finalmente, establecer nuevas alianzas con otros sectores de la sociedad civil y grupos de base, aun en contextos en los que estos grupos están muy desarticulados respecto de lo que estaban hace unos años.

En tercer lugar, ha habido consenso acerca de la importancia de buscar relacionarse de una manera distinta con la población, de ir mucho más allá de trabajar sólo en representación de las víctimas para hacerlo en colaboración con grupos de base. Como dijo Miguel Yuco en la sesión de apertura, el reto es cómo estos derechos pueden ser defendidos por los seres humanos y no sólo por las ONG.

El cuarto y último reto es la formación y capacitación de nuevos líderes y la democratización del movimiento para conseguir una mayor participación de la población.

Algo que creo que no ha sido muy discutido, pero que es importante, son las nuevas amenazas contra los grupos de derechos humanos. En algunos casos sigue la persecución directa, como en Colombia o México; pero hay una nueva modalidad de los poderes políticos contra los grupos de derechos humanos que creo es muy importante tomar en cuenta, y que consiste sobre todo en el hostigamiento y campañas de difamación para intentar destruir nuestra credibilidad como movimiento.

Creo que hemos pasado a una etapa muy importante, la de aceptar que hay nuevas modalidades de trabajo y una nueva agenda mucho más amplia y que ofrece mucho más posibilidades para el futuro.

Carlos Basombrío:

Sobre identidad y eficacia

Voy a tratar de reflexionar, a la luz de lo que hemos conversado en estos días, no tanto sobre los contextos externos que condicionan nuestra práctica, sino acerca de cómo nosotros reaccionamos frente a ellos. Soy consciente de que ninguno de los temas que voy a plantear es nuevo; de hecho, creo que ninguno de los planteados en esta reunión lo es: pertenecen a debates en marcha que van cobrando forma en distintos momentos, y este evento es simplemente un nudo más en ese proceso.

Quiero empezar por el tema de la identidad del movimiento por los derechos humanos. Creo que hemos ratificado algunos consensos básicos entre nosotros. Uno primero, definirnos como un movimiento, como un conjunto de organizaciones con una causa común y con una historia llena de logros y dificultades. Nadie ha puesto tampoco en discusión entre nosotros que vivimos en estos años un período de cambios vertiginosos que cuestionan nuestras certezas; coincidimos todos, además, en lo central que es para el trabajo de derechos humanos el redefinir nuestra identidad a la luz de esos cambios.

Pero en el tema de identidad aparecen siempre muchísimos otros asuntos que ya no son tan consensuales; no es que nos estemos matando por ellos, pero hay diferencias en aproximaciones y valoraciones. Menciono rápidamente algunas.

Un primer bloque pasa por nuestra relación con otros. Tenemos diferencias de apreciación en cómo debe ser nuestra relación con las víctimas (e incluso en definirlas), con los partidos políticos –y en algunos casos con los movimientos insurgentes (tema poco discutido en esta oportunidad)–, con los movimientos sociales (mucho más presentes en las discusiones) y, por último, con el Estado (tensión entre denuncia y colaboración).

Un segundo asunto pasa por la definición de lo que queremos o podemos hacer. Queda claro que hay una tendencia irreversible a la ampliación de los ámbitos de nuestro interés, lo que a la vez entra en una tensión enorme con nuestra capacidad de intervención real: ¿cuándo y por qué nosotros?, ¿qué nos diferencia del papel que pueden cumplir otros?

Creo que la respuesta será rica por el lado de los matices y el equilibrio, pero hay dos riesgos que menciono sólo como caricatura: uno primero, la indiferencia absoluta frente a cualquier cambio y la terquedad en hacer siempre lo mismo, sin inmutarnos por cuanto pueda cambiar la realidad; uno segundo, el de concebirnos como "todólogos": como los derechos humanos son universales e indivisibles, nosotros tenemos la capacidad de intervenir en todos los campos y en todos los momentos.

El segundo punto que quiero plantear tiene que ver con la legitimidad y la eficacia. A mí me parece que vivimos, en relación con ello, una etapa histórica curiosa. Por un lado, estamos en un nuevo orden mundial, si se le puede llamar así, con muchas características que todos conocemos demasiado bien; una de ellas es que los derechos humanos como filosofía, como forma de ver el mundo, han dejado de ser marginales y estigmatizados y han pasado a ser "políticamente correctos". Me ha sorprendido hace poco incluso oír a gente de otras regiones del mundo que alude a los riesgos que va a traer el que los derechos humanos se vuelvan la "ideología oficial" (por lo menos en el Perú, añoraríamos tener ese tipo de dificultades).

Pero, en todo caso, esta importancia de los derechos humanos viene de la mano de una situación en la que luchar por ellos quizá no sea más difícil que antes, pero sí más complejo; las amenazas y las dificultades son más brumosas, menos definidas, y es menos fácil lidiar con ellas. Más difícil, por tanto, construir legitimidad a partir de tus acciones.

Otra de las urgencias del tema de la legitimidad está en su vínculo con la eficacia. Nosotros tenemos que ser eficaces, pero desde una óptica de derechos humanos; y creo que en eso finalmente se centra la discusión de estrategias. Por ello, quisiera dar cuenta de algunos aspectos que me parece deben estar presentes en una definición de eficacia desde una perspectiva de derechos humanos.

Primero, la capacidad de una crítica radical de lo realmente existente, combinada con la capacidad de contribuir a acciones que ofrezcan a la gente común y concreta soluciones a sus problemas inmediatos. Si no logramos vincular ambas cosas, la crítica radical del orden realmente existente pierde para la gente mucho de su sentido. Segundo, ir a veces incluso en contra de los sentidos comunes y de los miedos, pero sin perder a la gente en el camino. Y, por último, en la capacidad de combinar modalidades de intervención que pasen por lo privado, lo local, lo nacional y lo internacional.

Quiero terminar señalando que la idea de un movimiento de derechos humanos, que reivindico y del que me siento parte, no puede esconder a la vez el hecho de que venimos de múltiples organizaciones con muchísimas diferencias entre sí y que, por tanto, todos estos temas nos aluden de manera diferenciada y de acuerdo con nuestras propias experiencias y definiciones.