La justicia salió del Despacho y se acercó a "Oreja de Perro"

En un hecho sin precedentes, 158 campesinos de comunidades ayacuchanas de la zona de "Oreja de Perro", que se encontraban requisitoriados por delito de terrorismo, fueron absueltos en un proceso judicial que tuvo lugar fuera de los espacios habituales de la administración de justicia. En las páginas que siguen damos cuenta de los pormenores de este hecho que puede significar el inicio de una forma diferente de tratar el tema de los requisitoriados.

 

En los últimos tiempos, el IDL ha estado ejecutando una estrategia orientada a impedir que miles de inocentes acusados por error de terrorismo, en su mayoría campesinos, tengan que ir a la cárcel con el fin de sanear legalmente su situación. Con ese propósito, ha elaborado un diagnóstico sobre los requisitoriados que pone en evidencia la arbitrariedad con que se ha ordenado la captura de muchas personas inocentes de toda vinculación voluntaria con las organizaciones subversivas. Se ha elaborado también una propuesta legislativa de solución integral al problema de los requisitoriados que comprende el recurso a mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

Pero mientras, nosotros seguimos asumiendo la defensa legal de personas en concreto, con nombre y apellido, y, en no pocas oportunidades, incluso de comunidades campesinas enteras. El caso de Tastabamba, Putucunay y Totora (ubicados en la zona denominada "Oreja de Perro" en La Mar, Ayacucho), en el que se encontraban involucrados 158 personas, es un nuevo ejemplo de ello.

Los requisitoriados de "Oreja de Perro"

A partir de 1983, miembros de Sendero Luminoso incursionaron en los poblados, anexos y comunidades de "Oreja de Perro", incluidos Tastabamba, Totora y Putucunay, y se impusieron a través del amedrentamiento y el asesinato. Para ello, los terroristas aprovecharon la difícil geografía, la inaccesibilidad del lugar y la falta de protección del Estado. Los puestos policiales o bases militares brillaban por su ausencia.

Para evitar la huida de los comuneros hacia Andahuaylas (al sur) o La Convención (al noreste), los senderistas impusieron el terror y destruyeron los rudimentarios puentes construidos sobre los ríos Pampas y Apurímac. Por estas razones, los campesinos de Tastabamba, Totora y Putucunay no lograron salir de la zona; pudiendo lograrlo, el algunos casos, sólo refugiarse en las zonas y lugares más altos del distrito de Chungui, con la esperanza de que allí no llegasen los subversivos.

No obstante la claridad de la indefensión de los comuneros, su condición de víctimas y su no vinculación voluntaria con los actos de terror desatados por Sendero Luminoso, muchos pobladores de Tastabamba, Totora y Putucunay fueron denunciados sin prueba alguna como terroristas, considerados requisitoriados, sometidos a proceso penal y, en la etapa de los "jueces sin rostro", hasta se llegó a condenar a algunos en ausencia.

La justicia de escritorio

De acuerdo con los cánones tradicionales y formales, el saneamiento de la situación jurídica de los 158 requisitoriados suponía necesariamente el desplazamiento de los comuneros a la ciudad del Cusco, su permanencia en el penal de Qenqoro durante el desarrollo de la audiencia y la reserva del proceso respecto de aquellos que se encontraban en la condición de ausentes.

Ahora bien: dada la dificultad de reunir a todos en una misma audiencia, la realidad procesal demandaba la repetición de decenas de juicios y el paso de varios años para la regularización jurídica de la mayoría de los comuneros requisitoriados.

De cómo la justicia decidió acercarse a "Oreja de Perro"

A comienzos de este año, tras un viaje a lomo de bestia y una insufrible caminata, el IDL, PROANDE y la Defensoría del Pueblo llegaron a la comunidad de Tastabamba. Se reunió a la población para comunicarles que muchos de ellos estaban requisitoriados por terrorismo y que podían ser detenidos en cualquier momento –algo que más de uno desconocía–. Luego de un largo intercambio se obtuvo el compromiso de los campesinos de enfrentar el proceso penal.

El juicio se llevó a cabo en el mes de abril, en el penal de Qenqoro. Claro que, debido a la dificultad que representa para comuneros pobres, iletrados y requisitoriados el traslado desde la provincia de La Mar hasta la ciudad del Cusco, sólo cinco de ellos pudieron hacerse presentes. Después de intensos interrogatorios, los campesinos fueron absueltos de los cargos contenidos en la acusación. En cuanto a los ausentes, la sentencia resolvió reservarles el proceso, aun cuando no había razón alguna para no absolverlos.

Sin embargo sensibilizado por el caso de "Oreja de Perro" y, en una decisión sin precedentes, la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo, integrada por los magistrados Ibazeta Marino, Manrique Suárez y Concha Mora, decidió hacer el juicio en la misma zona. Reconocieron que "para evitar el desplazamiento masivo de miembros de las comunidades... el colegiado puede desplazarse hacia sus zonas de residencia, dentro del nuevo marco filosófico de la reforma judicial, que propugna que no sea el justiciable quien busque al órgano jurisdiccional, sino al revés, para que el servicio de justicia se dé en sus entornos geográficos y sociales".

De cómo la justicia llegó a "Pacucha"

Con base en el propio planteamiento de la Sala Penal, realizadas nuevas y saludables coordinaciones con la idea de resolver de forma justa y definitiva el problema de los requisitoriados de "Oreja de Perro", y contando con el apoyo de PROANDE y la Defensoría del Pueblo, entre los días 22 y 26 de julio, en la localidad de Pacucha, provincia de Andahuaylas (Apurímac), se realizó una nueva audiencia en el proceso seguido contra los comuneros. Fue a orillas del lago del mismo nombre, y no en un recinto jurisdiccional sino en las instalaciones del colegio estatal José Olaya.

Tras los interrogatorios, la Sala Penal absolvió a 23 comuneros presentes y a 66 ausentes. Además, al resolver el archivo definitivo de la causa saneó la situación legal de otros 64 comuneros que no habían sido plenamente individualizados e identificados.

La sentencia dio por probada la amenaza de muerte que pendía sobre los comuneros, por lo que la magistratura entendió que en ese contexto su actuación encontraba justificación en el Derecho; y, adicionalmente, estableció que no existía marco probatorio alguno que destruyera la condición de inocencia de los comuneros.

Otro elemento por destacar es que ha sido una experiencia de trabajo conjunto entre instituciones como el IDL, PROANDE y el grupo de abogados del padre Lanssiers, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.

Pacucha... y después de Pacucha

El caso de las comunidades de "Oreja de Perro" es, por lo demás, una experiencia exitosa en todo sentido. Primero, el concurso de varias instituciones decididas a ayudar a los comuneros. Gracias a PROANDE, la defensa conoció el hecho y pudo llegar a la propia comunidad de Tastabamba para hablar directamente con los campesinos. Segundo, la actitud de los propios comuneros que, rompiendo su natural temor, decidieron presentarse ante las instancias legales. Tercero, así como muchas veces hemos criticado al Poder Judicial, en este caso debemos reconocer la actitud de la Sala Penal que decidió dejar de lado los formalismos jurídicos que la sujetaban a despachos judiciales y no le permitían apreciar de mejor manera la tragedia de los campesinos requisitoriados.

Gracias a ello se pudo llevar a proceso a un número significativo de personas sin que ellas tengan que realizar grandes desplazamientos y sin que sufran prisión injusta; y, sobre todo, se consiguió el objetivo propuesto: la absolución de los 158 comuneros. (Pedro Gamarra/Ronald Gamarra)

 

"Entre los requisitoriados
existe un gran porcentaje de víctimas"

"... para entender los hechos y comprender a la gente tenemos que empezar a salir de los despachos judiciales, tenemos que venir a las zonas más cercanas a donde ellos viven, para definitivamente, en el caso de terrorismo, más o menos poder vivir o sentir lo que ellos han vivido y han sentido. Nosotros nos hemos llevado una gran sorpresa, porque no es lo mismo. Nosotros hemos juzgado a cinco de ellos en el Cusco, pero la perspectiva era distinta. No percibíamos lo que hemos comprendido aquí, lo que nos ha llevado a analizar cada coma del expediente en función de la geografía, de las condiciones personales de cada uno, y descubrir que hay un gran porcentaje de víctimas, como dicen muchas organizaciones de derechos humanos: hay muchas comunidades campesinas que están en esta situación, y tenemos la gran tragedia de los requisitoriados. Espero que éste sea un mecanismo que pueda servir más adelante para todas las comunidades.

... Si las comunidades, los organismos no gubernamentales, el Estado mismo o los otros poderes estatales disponen lo conveniente, podríamos nosotros asistir a todas las comunidades y juzgar masivamente para empezar a solucionar este problema".

(Marcos Ibazeta, Pacucha, 26 de julio de 1999)