La justicia salió del Despacho y se acercó a
"Oreja de Perro"
En un hecho sin precedentes, 158 campesinos de
comunidades ayacuchanas de la zona de "Oreja de Perro", que se
encontraban requisitoriados por delito de terrorismo, fueron absueltos en un
proceso judicial que tuvo lugar fuera de los espacios habituales de la
administración de justicia. En las páginas que siguen damos cuenta de los
pormenores de este hecho que puede significar el inicio de una forma diferente
de tratar el tema de los requisitoriados.
En los
últimos tiempos, el IDL ha estado ejecutando una estrategia orientada a impedir
que miles de inocentes acusados por error de terrorismo, en su mayoría
campesinos, tengan que ir a la cárcel con el fin de sanear legalmente su
situación. Con ese propósito, ha elaborado un diagnóstico sobre los
requisitoriados que pone en evidencia la arbitrariedad con que se ha ordenado
la captura de muchas personas inocentes de toda vinculación voluntaria con las
organizaciones subversivas. Se ha elaborado también una propuesta legislativa
de solución integral al problema de los requisitoriados que comprende el
recurso a mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.
Pero
mientras, nosotros seguimos asumiendo la defensa legal de personas en concreto,
con nombre y apellido, y, en no pocas oportunidades, incluso de comunidades
campesinas enteras. El caso de Tastabamba, Putucunay y Totora (ubicados en la
zona denominada "Oreja de Perro" en La Mar, Ayacucho), en el que se
encontraban involucrados 158 personas, es un nuevo ejemplo de ello.
Los
requisitoriados de "Oreja de Perro"
A partir de
1983, miembros de Sendero Luminoso incursionaron en los poblados, anexos y
comunidades de "Oreja de Perro", incluidos Tastabamba, Totora y
Putucunay, y se impusieron a través del amedrentamiento y el asesinato. Para
ello, los terroristas aprovecharon la difícil geografía, la inaccesibilidad del
lugar y la falta de protección del Estado. Los puestos policiales o bases
militares brillaban por su ausencia.
Para evitar
la huida de los comuneros hacia Andahuaylas (al sur) o La Convención (al
noreste), los senderistas impusieron el terror y destruyeron los rudimentarios
puentes construidos sobre los ríos Pampas y Apurímac. Por estas razones, los
campesinos de Tastabamba, Totora y Putucunay no lograron salir de la zona;
pudiendo lograrlo, el algunos casos, sólo refugiarse en las zonas y lugares más
altos del distrito de Chungui, con la esperanza de que allí no llegasen los
subversivos.
No obstante
la claridad de la indefensión de los comuneros, su condición de víctimas y su
no vinculación voluntaria con los actos de terror desatados por Sendero
Luminoso, muchos pobladores de Tastabamba, Totora y Putucunay fueron
denunciados sin prueba alguna como terroristas, considerados requisitoriados,
sometidos a proceso penal y, en la etapa de los "jueces sin rostro",
hasta se llegó a condenar a algunos en ausencia.
La
justicia de escritorio
De acuerdo
con los cánones tradicionales y formales, el saneamiento de la situación
jurídica de los 158 requisitoriados suponía necesariamente el desplazamiento de
los comuneros a la ciudad del Cusco, su permanencia en el penal de Qenqoro
durante el desarrollo de la audiencia y la reserva del proceso respecto de
aquellos que se encontraban en la condición de ausentes.
Ahora bien:
dada la dificultad de reunir a todos en una misma audiencia, la realidad
procesal demandaba la repetición de decenas de juicios y el paso de varios años
para la regularización jurídica de la mayoría de los comuneros requisitoriados.
De
cómo la justicia decidió acercarse a "Oreja de Perro"
A comienzos
de este año, tras un viaje a lomo de bestia y una insufrible caminata, el IDL,
PROANDE y la Defensoría del Pueblo llegaron a la comunidad de Tastabamba. Se
reunió a la población para comunicarles que muchos de ellos estaban
requisitoriados por terrorismo y que podían ser detenidos en cualquier momento
–algo que más de uno desconocía–. Luego de un largo intercambio se obtuvo el
compromiso de los campesinos de enfrentar el proceso penal.
El juicio
se llevó a cabo en el mes de abril, en el penal de Qenqoro. Claro que, debido a
la dificultad que representa para comuneros pobres, iletrados y requisitoriados
el traslado desde la provincia de La Mar hasta la ciudad del Cusco, sólo cinco
de ellos pudieron hacerse presentes. Después de intensos interrogatorios, los
campesinos fueron absueltos de los cargos contenidos en la acusación. En cuanto
a los ausentes, la sentencia resolvió reservarles el proceso, aun cuando no
había razón alguna para no absolverlos.
Sin embargo
sensibilizado por el caso de "Oreja de Perro" y, en una decisión sin
precedentes, la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para Casos de
Terrorismo, integrada por los magistrados Ibazeta Marino, Manrique Suárez y
Concha Mora, decidió hacer el juicio en la misma zona. Reconocieron que
"para evitar el desplazamiento masivo de miembros de las comunidades... el
colegiado puede desplazarse hacia sus zonas de residencia, dentro del nuevo
marco filosófico de la reforma judicial, que propugna que no sea el justiciable
quien busque al órgano jurisdiccional, sino al revés, para que el servicio de
justicia se dé en sus entornos geográficos y sociales".
De cómo la justicia
llegó a "Pacucha"
Con base en
el propio planteamiento de la Sala Penal, realizadas nuevas y saludables
coordinaciones con la idea de resolver de forma justa y definitiva el problema
de los requisitoriados de "Oreja de Perro", y contando con el apoyo
de PROANDE y la Defensoría del Pueblo, entre los días 22 y 26 de julio, en la
localidad de Pacucha, provincia de Andahuaylas (Apurímac), se realizó una nueva
audiencia en el proceso seguido contra los comuneros. Fue a orillas del lago
del mismo nombre, y no en un recinto jurisdiccional sino en las instalaciones
del colegio estatal José Olaya.
Tras los
interrogatorios, la Sala Penal absolvió a 23 comuneros presentes y a 66
ausentes. Además, al resolver el archivo definitivo de la causa saneó la
situación legal de otros 64 comuneros que no habían sido plenamente
individualizados e identificados.
La
sentencia dio por probada la amenaza de muerte que pendía sobre los comuneros,
por lo que la magistratura entendió que en ese contexto su actuación encontraba
justificación en el Derecho; y, adicionalmente, estableció que no existía marco
probatorio alguno que destruyera la condición de inocencia de los comuneros.
Otro
elemento por destacar es que ha sido una experiencia de trabajo conjunto entre
instituciones como el IDL, PROANDE y el grupo de abogados del padre Lanssiers,
la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.
Pacucha...
y después de Pacucha
El caso de
las comunidades de "Oreja de Perro" es, por lo demás, una experiencia
exitosa en todo sentido. Primero, el concurso de varias instituciones decididas
a ayudar a los comuneros. Gracias a PROANDE, la defensa conoció el hecho y pudo
llegar a la propia comunidad de Tastabamba para hablar directamente con los
campesinos. Segundo, la actitud de los propios comuneros que, rompiendo su
natural temor, decidieron presentarse ante las instancias legales. Tercero, así
como muchas veces hemos criticado al Poder Judicial, en este caso debemos
reconocer la actitud de la Sala Penal que decidió dejar de lado los formalismos
jurídicos que la sujetaban a despachos judiciales y no le permitían apreciar de
mejor manera la tragedia de los campesinos requisitoriados.
Gracias a ello se pudo llevar a proceso a un número
significativo de personas sin que ellas tengan que realizar grandes
desplazamientos y sin que sufran prisión injusta; y, sobre todo, se consiguió
el objetivo propuesto: la absolución de los 158 comuneros. (Pedro Gamarra/Ronald Gamarra)
"Entre los
requisitoriados
existe un gran porcentaje de víctimas"
"...
para entender los hechos y comprender a la gente tenemos que empezar a salir de
los despachos judiciales, tenemos que venir a las zonas más cercanas a donde
ellos viven, para definitivamente, en el caso de terrorismo, más o menos poder
vivir o sentir lo que ellos han vivido y han sentido. Nosotros nos hemos llevado
una gran sorpresa, porque no es lo mismo. Nosotros hemos juzgado a cinco de
ellos en el Cusco, pero la perspectiva era distinta. No percibíamos lo que
hemos comprendido aquí, lo que nos ha llevado a analizar cada coma del
expediente en función de la geografía, de las condiciones personales de cada
uno, y descubrir que hay un gran porcentaje de víctimas, como dicen muchas
organizaciones de derechos humanos: hay muchas comunidades campesinas que están
en esta situación, y tenemos la gran tragedia de los requisitoriados. Espero
que éste sea un mecanismo que pueda servir más adelante para todas las
comunidades.
... Si las
comunidades, los organismos no gubernamentales, el Estado mismo o los otros
poderes estatales disponen lo conveniente, podríamos nosotros asistir a todas
las comunidades y juzgar masivamente para empezar a solucionar este
problema".
(Marcos Ibazeta, Pacucha, 26 de
julio de 1999)