En Colombia está en juego el orden político
Álvaro Camacho*
La situación en Colombia tiende a agravarse dramáticamente, al punto que ya ha empezado a hablarse de una posible intervención internacional. ¿Qué posibilidades hay de entrar en un proceso de paz? ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional? Éstas son las preguntas centrales que responde el sociólogo colombiano Álvaro Camacho en las líneas que siguen.
En Colombia la guerra-guerrillera lleva cerca de 40 años, y la guerrilla –una típica institución de corta existencia– se ha perpetuado y convertido en una forma de vida, al punto que hoy, mal que nos pese, es un elemento constitutivo de la sociedad colombiana. Los colombianos han estado empeñados hace bastante tiempo en encontrar salidas de diverso tipo al conflicto. Hoy dicha posibilidad atraviesa una fase compleja, definida por varios cambios centrales. Mencionemos algunos.
Lo que está en juego hoy
Primero, la naturaleza de lo que está en juego. Desde hace 17 años están teniendo lugar procesos de paz entre gobierno y guerrilla con suertes diversas y resultados erráticos. Los primeros giraron en torno al tema de cuáles eran las condiciones para la inserción o reinserción de los grupos insurgentes; en otras palabras, qué debería ofrecerles el régimen político para que dejaran de combatir. Los ofrecimientos variaron desde beneficios de orden político y judicial hasta aquellos de orden económico, pero el tema era reinsertarlos en una vida institucional sin que ella sufriera transformaciones sustanciales. El último de estos procesos se tradujo en la reforma constitucional de 1991, con la que se logró la reinserción de algunos grupos armados sin que el régimen político como tal hiciera mayores concesiones.
Hoy día eso ya no tiene ninguna posibilidad ni viabilidad. La experiencia de esos procesos ha servido a los actuales grupos en armas para no repetir lo que se hizo anteriormente. El tema central no es más un proceso de reinserción sino uno de negociación sobre el régimen político mismo. Estamos, entonces, ante un cambio sustancial en la materia de la negociación.
Mayor demanda social por la paz
Segundo: si bien la sociedad colombiana lleva 17 años manifestando de muchas maneras sus anhelos de paz, hoy día son cada vez más amplios los sectores que se están involucrando con estas expresiones. No pasa una semana sin que haya actos por la paz de diverso tipo. Ello no sólo es masivo, sino además policlasista. Por primera vez ha empezado a expresarse una enorme y creciente participación de sectores que tradicionalmente se han mantenido ajenos, como los empresarios y dirigentes gremiales, y que cada día son más conscientes de que a la hora de la negociación van a tener que asumir parte del alto costo de la paz, que puede estar entre los 5 o 6 mil millones de dólares.
Sin embargo, mientras más se incrementan las expresiones colectivas de la sociedad civil reclamando paz, más aumenta la actividad militar. Esto puede ser interpretado de dos maneras: o es un ascenso de la guerra para llegar a su clímax antes de entrar en un verdadero proceso de paz, o es simplemente que las maquinarias de guerra son inmunes a las presiones de la sociedad civil.
A consecuencia de esto, en la opinión pública pueden aparecer coyunturalmente opiniones favorables a una solución bélica del conflicto, pero la tendencia más permanente es aquella que desde hace 15 años considera que la solución tiene que ser negociada, porque no hay victoria militar posible.
A pesar de todo, ya hay agenda
Tercero: pese a todo, hay avances importantes, aunque paradójicos. Durante su campaña, el tema de la paz no estuvo entre los más importantes en la agenda del Presidente de la República; de hecho, consideraba que era un asunto que estaba en función del empleo. En el proceso electoral, y por razones coyunturales, se encontró con que la guerrilla más importante de Colombia le daba su apoyo y lo comprometía. Ganó la elección con ese apoyo y se encontró con un tema que le era totalmente ajeno.
Que el Presidente haya procedido sin un programa de paz le ha impuesto una serie de exigencias a las que ha tenido que responder mecánicamente. Primero, el despeje de una zona de 42 mil kilómetros cuadrados, con 120 mil habitantes, en la cual el ejercicio absoluto del poder estatal está en manos de la guerrilla. Segundo, la realización de una campaña internacional para reconstruir la deteriorada imagen colombiana y conseguir financiación internacional que hasta ahora no le ha dado un dólar pero sí muchas ofertas, pero no para resolver el problema de la paz sino el del narcotráfico. Tercero, la internacionalización del tema colombiano de la paz hasta el punto de haber sido considerado por el Presidente Clinton como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Esto muestra hasta qué punto el Gobierno ha venido comprometiéndose cada vez más en un proceso que tiene alguna correspondencia de parte de la guerrilla, pero que enfrenta varios problemas. Primero, que el proceso no necesariamente tiene credibilidad en la opinión pública ni en los propios contendores. En este momento tanto el gobierno como la guerrilla tienen sus respectivos planes "B". El plan "A" es negociar y el "B" prepararse para la guerra. El hecho es que el plan "B" cada día adquiere más fuerza.
Segundo, que es un proceso de negociación con las FARC, la guerrilla más fuerte de Colombia (aproximadamente 15 mil hombres en armas), a la que se le ha hecho una serie de concesiones. Ese trato difiere del dado al ELN, la otra gran fuerza guerrillera (alrededor de 7 mil hombres en armas), al que se ha considerado como socio menor. Esto ha desencadenado que el ELN haya recurrido a los secuestros masivos, un mecanismo inédito en Colombia que, más que fuerza militar, muestra fuerza terrorista que pone en jaque al gobierno, sobre todo frente a la opinión pública internacional.
A pesar de todo ello, con las FARC se ha producido un avance importante, pues se ha llegado a una agenda común. A partir de aquí se ha entrado en un terreno mucho más pantanoso que el anterior. Hay 12 puntos principales, algunos de los cuales, como la independencia y soberanía nacional, la lucha contra el narcotráfico, la extensión de la democracia, son temas de consenso; otros, en cambio, como la reforma agraria o los cambios en el modelo económico, son altamente confrontacionales y pueden llevar a la ruptura. Pero eso está todavía por verse.
Paramilitares, el factor no considerado
Otro cambio en la situación actual está en el tema de los paramilitares, los aproximadamente 7 mil hombres financiados por terratenientes locales y narcotraficantes que cuentan con el apoyo soterrado del Ejército colombiano. Mientras crecían no tenían capacidad para confrontar militarmente a la guerrilla, y su estrategia consistía en buscar a aquellos campesinos o residentes locales de quienes se sospechara que tenían alguna vinculación con ella para masacrarlos. Hoy día sostienen combates con la guerrilla y han llegado a zonas de tradicional dominio guerrillero.
Esto ha incorporado cambios en la balanza de poder en dos terrenos. En el militar, ha logrado desplazar a la guerrilla de zonas geográficas de importancia estratégica fundamental para ellas. En el político, ha introducido un nuevo actor en el proceso de negociación. Todos en Colombia han insistido por años en que ellos son grupos criminales, creación nefasta de terratenientes y narcotraficantes, todo lo cual es cierto, pero ahora son cada vez más actores políticos. Por tanto, la negociación ya no puede ser entre un gobierno y una organización guerrillera, sino que hay un tercero que, además, no necesariamente defiende todos los puntos de vista del gobierno, que ha ganado su autonomía y que tiene sus propias reivindicaciones, entre ellas su reconocimiento como actor político.
Las organizaciones guerrilleras siguen insistiendo en que esto es imposible. Pero hay un proceso creciente en la opinión pública de reconocimiento de que son un actor político y en consecuencia se debe contar con ellos. Cuando se llegue a la discusión sobre el reconocimiento o no de los paramilitares, puede aparecer otro momento de quiebre en el proceso.
La internacionalización del proceso
Por último, el proceso colombiano se está internacionalizando cada vez más, no sólo porque el Presidente Clinton ha dicho que Colombia es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, ni por el tema del narcotráfico, sino porque Colombia tiende a convertirse en un país problema con riesgo de ser aislado. Perú, Ecuador y Venezuela están reforzando sus fronteras. Brasil ya no considera su hipótesis de guerra por el lado del cono sur sino por el lado del Amazonas. Además, por la cantidad de problemas que tiene en derechos humanos, medio ambiente, narcotráfico y crimen organizado, Colombia puede estar acercándose fácilmente a una crisis humanitaria. Los cálculos más comunes dicen que en 12 años la cifra de refugiados internos ha llegado al millón 700 mil.
Todos saben que la jurisprudencia y las prácticas internacionales están legitimando cada día más la intervención de diversos países en casos de crisis humanitarias. Entonces, estamos en un punto de quiebre muy complicado. La gran paradoja es que mientras la internacionalización nos constituye cada vez más como un problema, cada día hay mayor conciencia en Colombia de que sin la presencia de la comunidad internacional no es posible lograr la paz.
La propuesta
¿Cuál es la naturaleza de esa intervención? Está por verse, porque hay formas de internacionalización muy perversas, pero hay otras que pueden ser positivas. Lo que sí es claro es que sin la presencia internacional estamos lejos de llegar a que esta agenda que se ha alcanzado se pueda concretar.
En ese sentido, la presencia internacional puede materializarse a través del acompañamiento al proceso. Hay consenso en Colombia, por lo menos en la sociedad civil, sobre tres puntos cruciales: uno, la solución negociada del conflicto; dos, la integridad territorial; y, tres, el régimen democrático. Son temas que no se negociarían. El acompañamiento internacional tendría que reforzar está dinámica.
De otro lado está el tema de los derechos humanos. Esta es una exigencia internacional, pero el caso colombiano es uno de los más delicados del continente. En esto también se seguiría necesitando el acompañamiento internacional.
* Versión editada por ideele de la exposición del autor en el seminario-taller "En camino al siglo XXI: Desafíos y estrategias de la comunidad latinoamericana de derechos humanos".