Marcial Rubio:

"PAra reformar el poder judicial habría que tomar medidas bastante distintas a las de hoy"

Marcial Rubio Correa, destacado jurista, experimentado profesor en Derecho Constitucional y en Derecho Civil y actual vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha publicado recientemente un extenso estudio sobre la Constitución de 1993. A propósito de ello, conversó con ideele en torno a sus propuestas sobre cómo mejorar el Poder Judicial, la reelección presidencial y otros temas de interés, siempre con la claridad que lo caracteriza. (D.L.P.)

 

La Universidad Católica ha manifestado públicamente su preocupación por el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interame­ricana.

Bueno, la Universidad tiene como misión contribuir a la educación y a la cultura. Parte de la cultura es la cultura política. Entonces, la Universidad ha considerado importante aquí, como en varios otros asuntos, dejar sentada su discrepancia o preocupación con las medidas tomadas. El Consejo Universitario considera que en momentos importantes de la vida cultural del país la Universidad tiene que dar su opinión, y eso es lo que ha hecho en este caso. En todo Estado hay algunos que gobiernan y una mayoría que respeta eso o debe respetarlo, pero ello no niega que la institucionalidad exprese respetuosamente su opinión.

Pero en el comunicado la Universidad va más allá y vincula este tema con la "fragilidad institucional de la justicia peruana".

Es que la protección de los derechos humanos es un fenómeno integral, que comienza con el primer derecho a recurrir a los tribunales en la interposición de una denuncia o de una demanda y que concluye con el último paso que es permitido dar jurídicamente según la Constitución: quien no encuentra debida protección interna puede recurrir a las instancias internacionales de las cuales el Perú es parte en virtud de tratados suscritos.

Entonces, el fenómeno es uno solo; eso es obvio, eso no lo dice nadie; no lo dice tampoco la Universidad: lo establece la propia Constitución que comienza en la primera denuncia o demanda ante el juez peruano y acaba ante el último órgano jurisdiccional que puede resolver, que la Constitución permite que sea un órgano internacional del cual el Perú es parte.

A propósito, si bien es difícil dar una opinión general sobre la actual reforma judicial, si tuviera que escoger un aspecto que evaluar, que corregir de dicho proceso, ¿cuál escogería?

Creo que una institución significativa sólo se reorganiza desde dentro, no desde fuera, y el Poder Judicial es una institución sumamente significativa cualitativa y cuantitativamente; son miles de jueces y otros miles de servidores, de tal manera que estamos hablando de un mounstro desde el punto de vista cuantitativo. Y eso sólo se puede reorganizar desde dentro. Para ello habría que tomar una serie de decisiones, y a mi juicio son bastante distintas de aquellas que se han tomado hasta ahora.

¿Cuáles serían algunas de esas medidas?

Yo sería partidario, por ejemplo, de una Corte Suprema cuyas funciones, atribuciones y responsabilidades fueran completamente distintas de las que hoy tiene. La Suprema debería ser responsable de que se administre bien justicia y no de resolver juicios, como hace ahora. Hoy el trabajo de un vocal supremo consiste en estudiar expedientes, proponer sentencias y firmarlas, y creo que ése no debería ser el trabajo de un supremo. Pienso que tendría que haber un vocal supremo por cada distrito judicial y que deberían preocuparse por cómo se administra justicia en el país, entre otras cosas, trayendo a la Corte Suprema todos los problemas que hay en cada distrito judicial para ver cómo se solucionan; además, la Suprema debería resolver muy pocos casos en los cuales sea interesante sentar jurisprudencia.

¿Su propuesta no va contra esta división entre lo administrativo y lo jurisdiccional, considerada precisamente como uno de los logros de la reforma judicial?

Aquí se está escondiendo un problema complejo. Por ejemplo, el Poder Judicial compra cintas de impresora: ésa es una tarea administrativa. Hay que juzgar mejor, que todos los jueces tengan el diario El Peruano: ésa es una labor jurisdiccional. Pero si debe haber cinco fiscales en Ayacucho o en Chorococonday, ¿eso qué es?; ¿administrativo o jurisdiccional? Si en algún lugar hay delitos de cierto tipo y yo no quiero que se investigue, saco a los fiscales y los mando investigar robos de 200 soles en el jirón Gamarra; entonces, estoy tomando una decisión que es jurisdiccional en cierto sentido y administrativa en otro.

Por eso, no basta con decir gobierno y administración por un lado y jurisdicción por el otro. Hay dos grandes funciones: una función de conducción institucional y otra de administración de justicia; esos vocales supremos se ocuparían de lo segundo. Claro está que de comprar impresoras, computadoras o escobas podría ocuparse perfectamente una dirección administrativa. En cambio, esta Corte Suprema podría tener un presidente del Poder Judicial que tome las grandes decisiones de política jurisdiccional.

Entonces, ¿unos vocales supremos y un presidente del Poder Judicial elegidos por voto popular? ¿Eso no atentaría contra la imparcialidad de la judicatura?

Pero yo no estoy hablando de la elección de los vocales supremos; estoy planteando una presidencia de poder del Estado, porque los jueces hacen política; lo que pasa es que no hacen política partidaria. Cuando un juez se calla la boca y no resuelve sobre un tema candente, priva a la sociedad de una regla de conducta; entonces tiene que pronunciarse cuando debe y no tiene que pronunciarse cuando no debe.

Si la Corte Suprema ha presentado un par de proyectos en los últimos cinco años, es mucho. Tiene que haber una distinción entre la labor de conducción del Poder Judicial y la labor de resolución de conflictos. Es equivocado pensar que un juez, porque sabe resolver bien expedientes judiciales, puede gobernar bien el Poder Judicial.

¿Quién elegiría a ese presidente del Poder Judicial?

Pienso que tendría que conformarse un gran colegio electoral integrado por 400 o 500 personas; hay que discutir mucho más la idea, pero podría pensarse en ex presidentes de la república, ex rectores de universidades, ex alcaldes provinciales, ex dirigentes máximos de gremios empresariales y laborales, amautas, ex presidentes del Congreso, ex presidentes de la Corte Suprema, ex decanos de colegios profesionales... En pocas palabras, una suerte de Senado romano donde iba la gente más sabia o políticamente más relevante que ilustraban o tomaban grandes decisiones de Estado.

Habría que buscar la mejor fórmula para que no haya manera de que ese colegio electoral fuese manipulado políticamente; primero, por la calidad de la gente que iría. Considero que eso le daría al Poder Judicial una legitimidad popular de la que ahora carece. Ahora, en realidad, los jueces son funcionarios nombrados por alguien; son el único poder que no tiene representación política. Cuando los municipios han tenido representación política, por más pequeños que sean, mira tú que ya el poder no puede con ellos, o por lo menos no puede tanto. Otra cosa es la calidad del elegido, los pantalones que lleva
puestos.

Si bien es claro que la Constitución de 1993 no permite una segunda reelección presidencial, el oficialismo interpreta que sí lo permite, con el argumento de que la del año 2000 sería la primera reelección de Fujimori bajo la vigencia de la Carta de 1993. ¿Cuál es su opinión?

Para mí esto es claro, y el trayecto es así: en julio de 1990 el Presidente Fujimori es Presidente Constitucional. A partir del 5 de abril de 1992 Fujimori es Presidente del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Él mismo se quita el carácter de constitucional, porque es obvio que no era constitucional. Camina con el nombre de Presidente del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional hasta principios de enero de 1993. Entre las leyes constitucionales que da el Congreso Constituyente Democrático (CCD) hay una que lo declara Presidente Constitucional de la República; como ganó la elección a la Asamblea Constituyente, su mayoría le devuelve la condición de Presidente Constitucional. Entonces, cuando, en abril de 1995, el Presidente Fujimori compite en el proceso electoral, lo hace como Presidente Constitucional; y como gana, está siendo reelegido.

Pero sus defensores sostienen que la del año 1995 no fue una reelección, sino una primera elección bajo la vigencia de la Carta de 1993.

Ese argumento supondría dos cosas: la primera, que la Constitución de 1993 da al elegido en 1995 el derecho a tentar ser presidente 10 años después del año 1995. Eso no aparece en ninguna parte del texto constitucional. Segundo: cuando entra en vigencia la Constitución de 1993, el 30 o 31 de diciembre de ese año ya hay un presidente constitucional declarado como tal por el propio CCD meses atrás, y las normas se aplican desde su entrada en vigencia, no dos años después, a menos que la Constitución misma lo diga. Si la Constitución entra en vigencia en diciembre de 1993, se aplica a todo aquel que está en el poder en esa fecha.

La idea es entonces que la Constitución de 1993 se aplica, desde su vigencia, al Presidente en ejercicio...

Es obvio que sí. ¿Habría alguna razón para decir que no se le aplica? La única razón que puede haber en esto es que exista algún derecho adquirido a algo. Por lo general las normas no se aplican cuando uno adquirió un derecho; entonces, ese derecho corre hasta un plazo después de la vigencia. ¿Qué querría decir esto en el presente caso? Que el Presidente Fujimori adquirió un derecho en el año 1990 que corre hasta el 95, y que no es tocado por la Constitución de 1993. En otras palabras, que entre el 90 y el 95 el Presidente Fujimori se rigió por la Constitución de 1979, porque sólo eso explica que el 95 comience una nueva cuenta.

Sin embargo, ese razonamiento no es correcto. Primero, porque el golpe del 5 de abril borró la Constitución del 79. Y, segundo, porque cuando entra en vigencia la Constitución en diciembre de 1993, nadie dice que hay un lapso de dos años como tránsito, y si no se estableció de manera expresa se le aplica al presidente en ejercicio como se aplicó en todo lo demás.

 

Reelección y Poder Judicial

"Otro tipo de sometimiento del Poder Judicial ha sido mostrado por las decisiones proclives al poder político. El caso más saltante de los últimos tiempos es el del amparo interpuesto por la congresista Martha Chávez de Cossio reclamando su derecho de votar por el candidato Alberto Fujimori en las elecciones del año 2000, sin más requisito que su postulación, a raíz de la decisión de tres de los magistrados del Tribunal Constitucional de declarar que no aplicarían la ley que, interpretando "auténticamente" la Constitución, establecía que el actual Presidente puede postular a la reelección en el próximo proceso electoral. La Corte Superior había declarado improcedente la acción presentada y la fiscal que dictaminó ante la Corte Suprema opinó en igual sentido, gracias a lo cual fue súbitamente cambiada de puesto. Por otra parte, unos meses antes de que la Sala competente de la Corte Suprema se pronunciara, fue totalmente cambiada: la Comisión Ejecutiva, de los cinco miembros, puso tres provisionales y sin especialización. Uno de los vocales titulares que votaron en esta decisión fue luego elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones por la propia Corte Suprema (y dicho organismo tendrá que resolver en última instancia la eventual impugnación que se presente a la, a su vez, eventual candidatura del ingeniero Fujimori para el proceso electoral del 2000). Por su parte, de los tres vocales provisionales, uno sería más tarde sancionado por cambiar arbitrariamente el sentido de una resolución de su Sala en un asunto diferente del que aquí tratamos.

La Sala de la Corte Suprema declaró fundada la acción de la congresista Martha Chávez por cuatro votos contra uno (el voto en contrario lo emitió el vocal supremo titular Nelson Reyes Ríos). Lo totalmente arbitrario del voto mayoritario de esta sentencia es que cuando Martha Chávez presenta su acción de amparo (y cuando la Sala de la Corte Suprema resuelve sobre ella), Fujimori no es candidato ni el proceso electoral ha sido convocado. Por otra parte, la Constitución dice claramente que los asuntos electorales son resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones como instancia inimpugnable (ver los artículos 142 y 18 l). En otras palabras, no hay ningún hecho que vulnere o amenace el derecho de la accionante sino sólo dos hipótesis, que consisten en que eventualmente habrá un candidato en el futuro y que la accionante querrá votar por él. Pero el amparo no es para resolver problemas hipotéticos sino situaciones concretas. Además, la Sala de la Corte Suprema se ha pronunciado sobre un tema netamente electoral que según la Constitución es competencia del Jurado Nacional de Elecciones y no de la Corte. Por consiguiente, la Sala ha resuelto un tema que no debía resolver y ha usurpado funciones que constitucionalmente corresponden al Jurado. Todas estas irregularidades, evidentemente, para facilitar al poder político un argumento jurisdiccional a favor de la reelección presidencial."

(Marcial Rubio Correa: "Quítate la venda para mirarme mejor. La reforma judicial en el Perú", Lima: Desco, abril de 1999, pp. 95 y 96.)