Medio ambiente y medias verdades

Corinne Schmidt

Integrante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Corinne Schmidt saluda "la voluntad" del ministro Hokama por abordar algunos temas, pero, al mismo tiempo, se pregunta si el ministro nos estará "tomando el pelo" al hacer determinados anuncios.

Este Gobierno suele despertar sentimientos encontrados en los ambientalistas. Felicidad por los avances en la gestión ambiental, y amargura por el atraso del Perú frente a los otros países de la región. El discurso del ministro de Energía y Minas, ingeniero Daniel Hokama, al reciente Congreso de Minería y Medio Ambiente en Lima, continuó esta línea contradictoria. Por un lado, presentó un panorama alentador de la gestión ambiental de su sector. Pero, por otro, nos informó que su optimismo se debe no al papel que el Estado ha asumido para garantizar la conservación del medio ambiente, sino a la conversión de la sociedad en un gran mercado de bienes ambientales donde "el supremo juez es el consumidor".

Lo alentador del discurso se centró en la promesa de que el sector va a cumplir con las metas trazadas por el Ministerio de Energía y Minas en 1993:

• La reducción en 90% de las emisiones atmosféricas de SO₂ y partículas al año 2005.

• La reducción en 95% de las emisiones líquidas de metales pesados y suspendidos al año 2000.

• La restauración, dentro de 15 años, "del pasivo ambiental originado durante varios siglos de intensa actividad minera".

Desde el sector ambientalista saludamos la voluntad del ministro, aunque nos tenemos que preguntar si nos está tomando el pelo. El último punto es particularmente dudoso, si se considera que luego de 25 años de inversiones ambientales en el país más rico del mundo, el pasivo minero ambiental en lugares como Butte, Montana, EUA (que por su tajo abierto en plena ciudad podría ser la gemela de Cerro de Pasco) sigue siendo un hueso no sólo duro sino casi imposible de roer.

Nuestro escepticismo no puede sino crecer cuando consideramos el papel del Estado que contempla el ministro para la gestión ambiental. No discrepamos cuando indica que ya no se entiende la gestión ambiental del Estado "sólo en base a regulación, control y sanción". Estas herramientas siguen siendo indispensables, pero también se le otorga al Estado una función de promoción de tecnologías limpias y de prevención de la contaminación. Pero preocupa cuando el ministro agrega que en la nueva visión de la gestión ambiental, "el supremo juez es el consumidor, evaluando la responsabilidad ambiental de las empresas y de sus productos".

Es el tipo de lugar común que ahora último suele pasar desapercibido. Pero es justamente la suerte de media verdad que explica por qué la gestión ambiental en el Perú anda a la deriva.

Tomemos esta media verdad por partes. ¿Qué diría la ley al respecto?

Según el Código de Medio Ambiente (promulgado por este régimen en 1990), "Es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación". Es decir, el supremo juez con la obligación de proteger al medio ambiente no es ningún "consumidor" anómico, sino el propio Estado.

Pero, ¿no es cierto que el movimiento ambientalista ha convertido al consumidor verde en una fuerza de defensa del medio ambiente? En algunos casos, sí. Pero en ningún país del mundo han sido los consumidores la fuerza principal en la conservación. En todo país, los movimientos ambientalistas han tenido que ejercer su influencia sobre el Estado para que éste asuma su papel de protector del bien común que es el medio ambiente.

Es así por varias razones. Por un lado, existe lo que la ciencia política llama el problema de la acción colectiva. Es decir, es muy difícil que todos los miembros de la humanidad se pongan de acuerdo en sólo comprar productos ambientalmente responsables. Siempre habrá los free riders: los vivos, los flojos o los tacaños que deciden dejar a otros el esfuerzo de comprar productos verdes.

Por otro lado, existe el problema de la información. Supongamos que soy una consumidora recontra verde. Reciclo mis desechos domésticos, manejo un carro que consume un mínimo de combustible y, eso sí, de gasolina sin plomo. Supongamos que voy a tender una línea telefónica a mi casa, usando alambre de cobre. ¿Cómo voy a saber que las empresas que extrajeron, refinaron, fundieron y procesaron ese cobre lo hicieron de manera ambientalmente sana? Es imposible que lo sepa, a menos que tenga la seguridad de que los gobiernos de los países donde se realizaron dichas actividades tienen una adecuada gestión ambiental.

Lo dicho por el ministro Hokama no pasaría de ser anecdótico si no reflejara un problema de fondo en la gestión ambiental del país. Entre los más altos funcionarios del régimen actual, parece subsistir la idea de que garantizar la conservación del medio ambiente no es, realmente, tarea del Estado. Que se le puede delegar al mercado. Por los vaivenes de la política ambiental en los sectores, por la reciente decisión del Ejecutivo de observar dos veces una importantísima Ley de Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, y por el futuro incierto de lo que se suponía era la autoridad ambiental del país –el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)–, queda claro que a este Gobierno le falta voluntad política frente a sus responsabilidades ambientales.

El neoliberalismo nos asegura que el mercado soluciona todo. Ojalá pudiéramos confiar en el supremo juez consumidor. Pero como el prócer del pensamiento liberal, Adam Smith, nos enseñó hace más de 200 años, uno de los grandes deberes del Estado es "proteger, en la medida de lo posible, a todo miembro de la sociedad de la injusticia o la opresión de todo otro miembro de ella". Hoy en día, la injusticia ambiental está a la vista cuando una empresa perjudica la salud y el medio ambiente de sus vecinos. Esto, como el mismo Adam Smith lo reconoció, no lo resuelve ni el mercado ni los consumidores ficticios. Lo resuelve –lo tiene que resolver– el Estado.