A TRES AÑOS DE LA COMISIÓN AD HOC: EN NOMBRE DE LOS INOCENTES EN PRISIÓN

469 personas han recuperado su libertad a través del indulto presidencial, previa recomendación de los casos por la Comisión Ad Hoc y su Secretaría Técnica, instancia que acaba de cumplir tres años de vida. Más allá de los merecidos reconocimientos y festejos, la pregunta fundamental ¿quedan o no inocentes en prisión? Creemos que sí, que los hay, tanto "ya identificados" como "por identificar"; y podemos estar viviendo "la última oportunidad", el tiempo de los indultos se está acabando.

 

En el tercer aniversario de la Comisión Ad Hoc, lo primero que hay que hacer es, obviamente, festejar; y por todo lo alto. Si la liberación de un solo inocente justificaría banda de música y fuegos artificiales, cómo no la de ¡469¡ 469 personas que hoy podrían estar presas y condenadas a cadena perpetua o a 20 o 30 años.

Qué más prueba de que lo podrían estar, que hasta hace poco lo estaban, desde hacía varios años y sin que casi nadie se desvelara por ellos. Y que fácilmente podrían seguir estándolo, también:

si Fujimori se hubiese cerrado en no reconocer errores o en no corregirlos; si la mayoría del país hubiese seguido creyendo que era el costo de toda guerra y que por razones de seguridad nada se podía hacer; si no hubiesen existido ONG que empujaron el carro contra viento y marea; si Sendero hubiese continuado poniendo coches bombas; si Lanssiers no se hubiese convertido en abanderado de la causa; si el Defensor del Pueblo no se hubiese comprado el pleito; si no se hubiera creado la Comisión Ad Hoc; si, una vez creada dicha Comisión, se hubiese paralizado por la complejidad de su misión o hubiese sido ineficiente; si los sucesivos ministros de Justicia se hubiesen opuesto por principio a los casos; si, recomendados los casos, Fujimori los hubiese rechazado como ahora; y así la lista podría seguir.

Pero lo cierto es que todos estos si fueron resolviéndose favorablemente, y hoy, luego de tres años de Comisión Ad Hoc, los 469 indultados nos permiten volver a decir "la libertad está de fiesta", expresión que hemos utilizado en cada liberación. Valió la pena correr riesgos, aceptar imperfecciones y hasta aguantar absurdos. La vía del indulto funcionó. Balance muy positivo.

Sin embargo –y sin ningún ánimo aguafiestas–, no se nos van de la cabeza preocupaciones que son parte del cuadro y que es bueno recordar, sobre todo a-hora, a tiempo, cuando todo parece indicar que la Comisión Ad Hoc ha entrado en su recta final, y no sólo por las pocas ganas del gobierno para una nueva prórroga, sino también porque sus propios integrantes o representantes han festejado los tres años en tono de despedida, por lo menos en lo que toca a inocentes. Parece que en diciembre no va más el rubro de inocentes en prisión y que la prórroga de la Comisión la están pensando para conmutación de penas de arrepentidos y ojalá que para requisitoriados y para evidentes casos de sobrepenalización de los "desvinculados".

¿Cuántos inocentes quedan en prisión?

Nuestra principal preocupación es que la contundente cifra de 469 inocentes liberados nos pueda llevar a un "démonos por bien servidos", en el sentido de que podrían haber sido muchos menos y hasta ninguno, y nos impida ver que hay inocentes que se están quedando en la cárcel. Ya, sabemos que inmediatamente viene la pregunta favorita: ¿cuántos?

Un primer grupo de inocentes que se están quedando en prisión son los 60 que ya han sido recomendados por la Comisión Ad Hoc pero que Fujimori se resiste a indultar. En esta misma categoría de "en manos del Presidente" habría que sumar las "últimas recomendaciones" que la Comisión ha dicho hará en los meses que quedan. Estamos hablando, entonces, de unos 80 o 90 casos más (calculando en unos 20 o 30 las nuevas recomendaciones hasta diciembre, en función del ritmo de los últimos meses); 80 o 90 casos que han pasado a ser "casos de la Comisión Ad Hoc", es decir, de personas que, no obstante haber sido declaradas inocentes por el padre Lanssiers, el Defensor del Pueblo y sucesivos ministros de Justicia, seguirían en prisión. Digamos que sólo esta cifra no es poca cosa.

Hay algo fundamental sobre este tipo de casos que es importante aclarar. Se ha vuelto parte del "sentido común" decir que nada se puede hacer a favor de ellos, porque el indulto es una atribución presidencial y de nadie más, y que Fujimori está en su derecho de indultar o no, cuando en realidad no es así. El indulto es una atribución presidencial, cierto, pero sólo cuando se trata de culpables a los que magnánimamente se les perdona la pena; ahora, en el caso de inocentes, ¿atribución? ¿Cómo así devolver la libertad a quien injustamente se la ha arrebatado por años puede llegar a ser una atribución (sin importar de quién)? Jurídicamente y de acuerdo con el sentido común es, más bien, un derecho erga omnes (latinazgo que quiere decir "frente a todos", incluido el Presidente, así sea Fujimori) y, como contrapartida, una obligación impostergable. Como que la heterodoxia de toda esta experiencia por momentos nos hace olvidar los orígenes.

Prueba de que en el caso de inocentes el indulto no es la típica atribución presidencial es que el mismo Fujimori, en lugar de indultar o no a quien le diera la gana, como correspondería si fuera simplemente su atribución, creó la Comisión Ad Hoc, a modo de instancia que hiciera las veces de filtro previo y aval de casos, y fuera, entonces, corresponsable de las liberaciones. Tres años después, no se puede volver a que él es el dueño de la pelota y puede hacer lo que quiera con ella.

Otro grupo de personas que nada tuvieron que ver con Sendero Luminoso o el MRTA, y que hasta ahora también se están quedando en la cárcel, son los clasificados bajo el rubro "delitos comunes".  Para las estadísticas es una cifra pequeña –entre 15 y 20–pero humanamente es infinita, pues se trata de per­-sonas. La lógica es la si-guiente: están condenados a 20 años por terrorismo y ya hemos constatado que no lo son, pero no podemos indultarlos porque falsificaron una libreta electoral o cometieron un delito por el estilo, y no importa que ese delito no implique prisión efectiva o que, en el peor de lo casos, merecería una pena que ya superaron en algunos años. Tampoco pueden pasarse a la fila de los otros indultos, para presos comunes, porque formalmente están condenados por terrorismo. Mala suerte: la ley se olvidó de contemplarlos.

También están los casos que, a juzgar por quienes los defienden, podrían tratarse de inocentes (algo así como "dime quién te defiende y te diré quién eres"), y que, por una u otra razón, hasta ahora no llegaron a ser recomendados por la Comisión Ad Hoc. Nos referimos a los casos patrocinados por organismos de derechos humanos como el IDL, o casos defendidos por los abogados del padre Lanssiers, miembro de la Comisión Ad Hoc, o por abogados privados como Miguel González del Río, o presos de conciencia de Amnistía Internacional. Podemos estar hablando de alrededor de 100 casos. ¿Qué explicación podría darse si al final hay una cifra alta de este tipo de casos? Sería como cuando Fujimori acusa a la Comisión Ad Hoc de estar presentándole casos de culpables. ¿Por qué el IDL o instituciones en general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, o los abogados del padre Lanssiers o Miguel González del Río o Amnistía Internacional, estarían tratando de pasar gato por liebre? Somos inocentes, lo juramos.

Una última oportunidad para los inocentes. ¿Por qué no?

Igualmente, nos preocupa que entre los 1.500 casos que hasta ahora la Comisión Ad Hoc ha decidido no recomendar para indulto, puede haber un grupo de personas que, siendo inocentes, no hayan logrado "demostrar su inocencia", o revertir la inevitable "presunción de culpabilidad", o el "en caso de duda, no hay indulto". Adelantándonos a lo que algunos replicarán, aclaramos que para nada estamos diciendo que todos, la mayoría o un número significativo sean inocentes, pero sí que cada caso merece ser mirado con lupa y, si es necesario, una y otra vez.

Con lupa y hasta con rayos láser, por una razón que debería caer por su propio peso: el hecho de que la Comisión Ad Hoc haya podido encontrar 469 errores en tres años, y 531 el Poder Judicial en el mismo período (cifra esta última a la que nos referiremos más adelante), más que a "cantar victoria" nos debería llevar a hurgar muchísimo más, ya que todos los casos fueron juzgados con la misma legislación sin garantías, con la intervención inicial de la DINCOTE (hoy convertida en la santa DINCOTE sin ningún tipo de autocrítica) y con los mismos criterios que los mismos jueces y fiscales aplicaron al mismo tipo de gente en circunstancias similares.

Más aún cuando también está ya demostrado que no sólo ha habido "errores" sino –algo que hasta ahora "no se escucha padre", por razones estratégicas"– "prefabricación de pruebas", lo que quiere decir que en muchos casos se inventaron incautaciones, confesiones, sindicaciones y pericias, lo cual hace aún más difícil desenredar las cosas y crea más posibilidades de que inocentes queden atrapados en la confusión.

La propia dinámica con la que ha tenido que trabajar la Comisión Ad Hoc, más allá de su buena disposición y eficiencia, al ser un mecanismo totalmente heterodoxo y que se ha ido haciendo "sobre el caballo", puede haber hecho que "no todos los casos hayan tenido la misma oportu­nidad":

– El caso que fue evaluado en la primera época, cuando todo el mundo estaba ávido de indultos, incluido el presidente Fujimori, indudablemente ha tenido una mejor oportunidad que los casos que, por ejemplo, se están decidiendo ahora, cuando Fujimori prácticamente ha dicho no más indultos y hasta ataca a la Comisión.

– No es lo mismo un caso patrocinado por una ONG de derechos humanos o por abogados conocidos, que uno que corre solo o más o menos solo. En las ONG siempre decimos: si a nosotros nos cuesta sangre, sudor y lágrimas por cada caso, cómo será para los demás.

– No es lo mismo casos del fuero común que del fuero militar: es mucho más difícil que prosperen los segundos. ¿O no?

– Desde el comienzo estuvo claro que era imposible que los miles de casos pudieran ser estudiados directamente por los tres miembros de la Comisión Ad Hoc, o por los altos niveles de la Secretaría Técnica, por lo que, de alguna manera, la "suerte" o "mala suerte" de un caso depende en parte del abogado a cargo del caso, que lo procesa y que lo presenta. Y a estas alturas se sabe que ha habido abogados más duros o menos duros (entre estos últimos, no necesariamente los que pasaron de las ONG, por si acaso), con mayor o menor experiencia o cono­cimiento en la materia,  etcé­tera.

Un fundamento adicional para nuestra preocupación por los inocentes que se puedan estar quedando atrapados en la confusión es lo estricto del mandato legal para que proceda el indulto, algo muy positivo en términos de seguridad pero que, al mismo tiempo, es peligroso desde la perspectiva de hacer justicia. De acuerdo con la ley de creación de la Comisión Ad Hoc, para que se pueda recomendar un caso para indulto la Comisión tiene que llegar al convencimiento no sólo de que la persona fue detenida, procesada y condenada sin pruebas, sino que, además, puede y debe valerse de todo para convencerse de que no ha habido ningún vínculo, sin tener que respetar ninguna regla o principio en cuanto a actuación, valoración o pruebas.

Así, entonces, puede llegarse a la conclusión de que la condena fue irregular, sin pruebas, y que la persona debió ser absuelta, pero contra ella puede primar un rumor sobre si agitó en el penal, o un vídeo u opinión de la DINCOTE que sólo se conoce internamente, o el testimonio de un arrepentido que no puede ser confrontado, o una lista que circula por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que se mete la duda, es más fácil que Fujimori desista de la (re)reelección, que la percepción del caso pueda ser revertida.

Prueba de que la Comisión Ad Hoc ha tenido un extremo cuidado (explicable y meritorio, por cierto, pero no por eso menos real), es que en los tres años que lleva de vida, 531 personas que habían presentado solicitud y estaban esperando que sus casos fueran recomendados, obtuvieron la liberación a través del Poder Judicial, e, incluso, en algunos casos, del fuero militar.

Desafíos

¿A qué vamos con todo esto? A alertar que quedan prácticamente sólo tres meses más para identificar, recomendar y liberar a los inocentes que están todavía presos, y que queda un número importante de personas que pueden ser beneficiadas. La Comisión Ad Hoc es la única instancia que ha podido tener acceso a todo el universo de casos, y sólo internamente se conocen los criterios que se han ido manejando y cuáles son los casos frente a los que hay certeza y cuáles aquéllos en los que hay dudas. Todavía se está a tiempo para una última oportunidad, a la luz del total de casos, de una discusión y homogeneización de criterios y de la experiencia adquirida.

Se trata de una responsabilidad enorme que trasciende por completo el hecho de si Fujimori retoma o no los indultos: persona recomendada tarde o temprano saldrá libre, con la contrapatida de persona no recomendada puede no tener ninguna posibilidad futura. Responsabilidad enorme y difícil, pero plena de sentido y de valor.

Vientos a favor que facilitan el desafío: ya casi no hay terrorismo; frente a tantos errores en el pasado, la Comisión Ad Hoc ha demostrado no estar cometiéndolos, durante tres años y 469 veces; la mayoría de las personas en evaluación están ya varios años en prisión, por lo que es bastante más fácil saber quién es quién y quién puede ser un peligro y quién inofensivo; y, por último –lo más importante–, la enorme legitimidad que la Comisión Ad Hoc ha logrado merecidamente frente a todos los sectores del país y la de los inocentes en prisión como causa.

Una última preocupación: ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Cuál va a ser la lección? Hasta ahora, dos posibilidades: 1) Cometamos errores, qué importa: después se pueden corregir; 2) Basta ya. Esto no puede seguir sucediendo; ¿qué hacer para que "nunca más"? Es tiempo también para comenzar a levantar una buena moraleja. (Ernesto de la Jara)