Segundo Seminario Nacional sobre Justicia de Paz

Del 19 al 20 de agosto se realizó, en Arequipa, el Segundo Seminario Nacional sobre Justicia de Paz, organizado por el IDL con el apoyo de la Unión Europea y la participación de la Corte Superior de Arequipa, cuyo auditorio estuvo colmado de jueces de paz, abogados y estudiantes. Entre otros temas polémicos, se volvió a debatir la necesidad de compensar económicamente a los jueces de paz por los gastos que implica el cargo. El siguiente artículo expresa la defensa de la remuneración de los jueces.

 

¿QUIÉN DEBE PAGAR AL JUEZ DE PAZ?

Wilfredo Ardito Vega

 

–Si no cobramos, nuestros hijos se mueren de hambre –sostuvo un juez de paz de Chachapoyas.

Aunque la frase podría sonar algo exagerada, la amplia discusión que siguió entre los demás jueces presentes reflejaba las diarias disyuntivas que ellos enfrentan.

–La gente no nos eligió para que les cobremos –respondió indignado un colega suyo, al que habíamos visto llegar a su desolado despacho en Huancas con el arado a cuestas.

Ejercer el cargo implica mucho sacrificio de tiempo y energías, pero muchos lo realizan como parte de su servicio a la comunidad: en las zonas rurales casi todos los jueces han sido autoridades comunales anteriormente, y con seguridad asumirán otro cargo después. Sin embargo, con frecuencia sienten que el Estado no les proporciona el apoyo fundamental para llevar a cabo su tarea.

En el aspecto económico, el cargo de juez de paz está todavía regulado como en el tiempo en que era ejercido por los hacendados o sus familias. Para ser nombrado juez de paz se requería solvencia económica y, por lo mismo, se pensaba que era innecesario fijar una remuneración o un cobro por sus funciones, pues éstas eran un servicio que realizaban en contraprestación por sus múltiples privilegios. Aunque hemos visto a algún afortunado juez atravesar el desierto del sur en su camioneta último modelo, los casos de jueces de paz solventes son totalmente excepcionales.

La mayoría de jueces de paz pasan por imaginables apremios económicos, sean obreros, profesores o jubilados. En las zonas rurales, desde la reforma agraria la justicia de paz ha pasado a ser ejercida por los campesinos. Actualmente, casi 2.500 de los 4.000 jueces de paz son agricultores cuyos ingresos dependen de variables fuera de su control: el clima y los precios de los productos e insumos. Son estos jueces los que, además, tienen mayor carga familiar: en la sierra y la selva más de la mitad tienen cuatro o más hijos, que, aunque no se mueren de hambre, como se reclamaba, sí demandan muchos gastos.

Todas estas personas se enfrentan a una situación que resulta incomprensible en las zonas donde subsiste una mentalidad andina basada en la reciprocidad: realizan un servicio, pero no pueden recibir una retribución. Y, a decir verdad, esto tampoco es comprensible si se adopta fríamente una mentalidad capitalista. La mayoría de jueces de paz emplea el tiempo en que podría estar trabajando para atender a la población. Todos incurren en gastos de útiles de escritorio y algunos inclusive gastan en alquiler de local o transporte, cuando viajan a entregar los exhortos que otros juzgados les remiten. No faltan quienes requieren de un asistente o secretario para llenar las actas y los libros. A pesar de todo ello, los jueces escuchan a los funcionarios de las cortes superiores, que amenazan con procesarlos y destituirlos si cobran a la población. Incluso, más de uno les ha advertido que ni siquiera pueden cobrar por sus funciones notariales.

Ante este discurso condenatorio, los jueces de paz tienden a negar la realidad, ocultando que el cobro es casi inherente al trabajo, que suele existir un tácito acuerdo en la comunidad al respecto y que, después de todo, quienes acaban de ser elegidos siempre vieron a sus predecesores cobrar sin que ninguno fuera procesado o destituido por ello.

Sin embargo, la gran mayoría, establecida cierta confianza, y estando lejos el personal de la Corte, admite que reciben pagos. Muchas veces ni siquiera es necesario pedirlo. Sabiendo que el juez de paz no recibe ninguna remuneración del Estado, la propia población se siente obligada a realizar alguna compensación. El criterio más común para fijar de cuánto se trata es la condición económica de la persona, dejando a "su voluntad" el monto exacto. Siendo esto lo general, es verdad que algunos jueces son detestados por cobrar hasta 50 soles por recibir una demanda, pero también hay otros que no aceptan nada.

Esta imprecisión, naturalmente, choca a quienes venimos de una sociedad obsesionada con reglas claras y generales. De ahí que, el año pasado, algunas cortes superiores pretendieron enfrentar el problema de los pagos aplicando un criterio realista, eliminando la gratuidad de la justicia de paz y estableciendo un sistema de tasas aplicables para todo el distrito judicial. La situación generó nuevos problemas: un habitante de la ciudad del Cusco está en condiciones de pagar más que alguien de Sicuani y éste, a su vez, puede pagar más que uno de Tinta o Yanaoca. A la larga, las tasas fijadas según la capital del departamento quedaron en letra muerta y los jueces siguieron aplicando el criterio de "su voluntad".

Plantear un sistema de tasas implica finalmente pretender que los pobres cobren a los pobres. Por lo tanto, pensamos, como los jueces de Ucayali, que es injusto cobrar a la población de menores recursos.

Es necesario defender la gratuidad de la justicia de paz (de hecho, en muchos países toda la administración de justicia es gratuita) y atender más bien el asunto de la remuneración. Si el cargo es ad honorem, es porque no se pensaba que algún día serían los propios campesinos quienes lo ejercerían. El reclamo es ahora más insistente, puesto que desde hace unos años también los gobernadores perciben un sueldo y la mayoría de pobladores sostienen que trabajan mucho menos que los jueces.

La mayoría de jueces de paz, considerando la alicaída economía nacional, ni siquiera están pidiendo un sueldo mensual. Sólo piden que el Estado compense sus gastos. Algunos plantean, por lo tanto, que sería suficiente con una compensación económica, aunque fuera tres veces al año (marzo, julio y diciembre son los meses propuestos).

Precisemos que el reto para regular la justicia de paz es atender realidades heterogéneas. Algunos jueces de paz reciben ocasionalmente una denuncia, mientras que los despachos de otros están llenos de litigantes. En estos lugares, en que debería haberse nombrado un juez de paz letrado, el juez de paz enfrenta una abrumadora carga procesal. Parecería injusto que todos cobraran lo mismo. Precisamente en el seminario de Arequipa, Luis Puentes, de Diakonia de Piura, explicó que en España, de donde proviene nuestra justicia de paz, el juez percibe un monto anual fijado según el número de habitantes de su jurisdicción, que, en el caso más elevado, equivale a uno o dos sueldos mensuales.

Otro criterio importante a tomar en cuenta podría ser un monto mayor para los jueces de paz que enfrentan serios riesgos, especialmente en las zonas todavía asoladas por los grupos subversivos, como la provincia de Huallaga, en San Martín. En Puno y Huancavelica hay muchos juzgados que todavía están abandonados desde los peores años del conflicto.

Naturalmente, conocemos el principal argumento en contra: que, al ser un cargo remunerado, muchas personas ambiciosas querrían postular a él, lo que tergiversaría su concepción de servicio. Pero también es cierto que si se fijase una compensación económica, aunque fuera parcial, muchas personas valiosas preocupadas por su comunidad, pero también por su familia, aceptarían ejercerlo. Un joven profesor de Ucayali, que había destacado mucho en las tres actividades educativas por su comprensión de la cultura shipiba, nos confió en la clausura del último curso:

–El próximo año ya no seré juez de paz. Se trabaja mucho y no se gana nada. Mis vecinos me quieren proponer para gobernador.

Con tres hijos, nadie le podría exigir otra cosa. Hasta que no se disponga la