Para leer la crisis
Colombia, América latina
y los estados unidos

El proceso de paz colombiano atraviesa su peor momento. Muchos, por desconocimiento o mala fe, quisieran que las balas y la fuerza se conviertan en el único lenguaje para resolver o perpetuar la crisis. Estamos ante una encrucijada histórica que no sólo atañe a los colombianos. Por distintas razones, el asunto concierne directamente también a los demás países de América Latina y a los Estados Unidos. De ahí que en este amplio especial de ideele se aborde la complejidad de lo que ocurre en Colombia desde distintos ángulos y perspectivas nacionales. Contamos para ello con la valiosa colaboración de destacados expertos sobre el tema de la propia Colombia, así como de los Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y  Brasil. Dada la riqueza de lo que ocurre y de los posibles desenlaces, los análisis no son siempre coincidentes, por lo que el lector dispondrá de abundante material e ideas para la reflexión y el debate posteriores (C.B.I.)

 

PROCESO DE PAZ, ESCALAMIENTO MILITAR E INTERVENCIÓN AMERICANA

Diego Pérez*

Se sostiene que el proceso de paz se encuentra congelado; se avizora el escalamiento militar de la confrontación y mayores escenarios de intervención norteamericana.

 

Es cierto que desde hace unos 8 o 10 años no teníamos, en Colombia, una coyuntura que se percibiera como bastante favorable a un proceso de paz, pero también es verdad que no ha existido en muchos años una coyuntura tan compleja en lo que respecta a legitimidad del Estado, crisis de derechos humanos, crisis social y económica y degradación del conflicto armado interno.

Este sentimiento a favor de la paz, más o menos generalizado, se acrecentó durante la pasada campaña electoral, en la cual las promesas de paz fueron el discurso predominante de los candidatos y diez millones de colombianos depositaron un voto simbólico denominado el "mandato ciudadano por la paz". La expectativa fue mucho más grande cuando Andrés Pastrana apareció, el 9 de julio, en una foto (que recorrió el mundo) con el jefe de las FARC acordando los pasos iniciales del proceso de negociación.

Al clima anterior le podemos sumar algunas ventajas comparativas de la administración de Pastrana para avanzar en la búsqueda de la paz: asumir directamente el proceso como Presidente de la República y realizar personalmente los primeros contactos, confianza de los Estados Unidos, apoyo decidido y credibilidad inicial de la clase dirigente y económica del país.

Pero muy rápidamente aparecieron en la balanza las debilidades que, como veremos, se han ido profundizando hasta hoy. En el campo económico, la crisis fiscal por la que atraviesa el país obligó al presidente a declarar una "emergencia económica" orientada a que los grupos financieros sean favorecidos por la crisis. Unos meses más tarde, el Gobierno expedía su plan de desarrollo "Cambio para construir la paz", en el que se coloca lo social en el primer plano, pero el modelo de desarrollo subyacente en el plan no es compatible con el ambicioso propósito social de éste. La incoherencia tiene su raíz en la pretensión de que la solución del conflicto interno y la lucha contra la inequidad pueden llevarse a cabo sin poner en tela de juicio un desarrollo económico fundado en la absolutización del mercado.

En el campo político el Gobierno ha demostrado hasta hoy incapacidad para definir de manera clara la estrategia de negociación y de paz que quiere implementar. La decisión de iniciar "diálogos en medio del conflicto", aunque inicialmente aparecía como un mecanismo novedoso, hoy muestra sus efectos perversos. De igual forma, la idea de que la estrategia se construye en el mismo proceso de diálogo no sólo resultaba irresponsable de parte del Ejecutivo con el país, al no orientar y decirle con claridad el tipo y alcance de la paz que quiere negociar, sino que muy pronto desgastó la confianza y credibilidad de los ciudadanos.

A esto se suma el carácter excluyente de la negociación (con las FARC, pero no con el ELN); la falta de claridad en los objetivos de corto, mediano y largo plazo; adoptar a la ligera posiciones que luego deben ser rectificadas y que por lo tanto debilitan su condición de negociador, etcétera.

En el campo social, ni el Gobierno ni las FARC han mostrado interés por contar con una movilización amplia a favor de la negociación y abrir espacios reales para la participación de la sociedad civil en el proceso. Por otro lado, la grave crisis social ha suscitado una oleada de protestas y movilizaciones de los más variados sectores sociales, cívicos y sindicales (el 31 de agosto se realizó el paro número 12 en lo que va de este año).

Los motivos de las protestas se han centrado, fundamentalmente, en el rechazo a las políticas económicas y al plan de desarrollo diseñado por el Gobierno. Lo paradójico de la actitud gubernamental ha sido el tratamiento represivo a las movilizaciones y la "sordera" ante las demandas de los trabajadores y pobladores en general. Esta actitud ha sentado un grave precedente: el Gobierno está presto a negociar con quienes tienen fuerza (o, mejor, con quienes la ejercen a través de la violencia y las armas), pero no así con quienes de forma organizada y civilizadamente defienden sus derechos y plantean públicamente sus legítimas demandas sociales. Es pues evidente la incoherencia entre la "búsqueda de la paz" y la atención de los conflictos sociales y necesidades de las mayorías.

En este camino –ciertamente tortuoso– de construcción de la paz, debemos identificar algunos espinos más:

– La forma como se realizó el "área de despeje" (o zona de distensión) con las FARC. La ausencia de reglas claras para el manejo de la zona en relación con autoridades civiles y judiciales, con la presencia del Ejército, con el tratamiento a la población civil, con la economía de la región –y, en ella, los cultivos ilícitos–, etcétera, se ha convertido en un punto permanente de tensiones, y, en la actualidad, en uno de los factores de estancamiento de las conversaciones. En el mismo sentido, vale la pena anotar la forma discriminatoria y excluyente como se ha tratado el tema respecto de la solicitud del ELN de que se le conceda una zona de despeje para la preparación y realización de la Convención Nacional.

– La exigencia de las FARC, en el mes de abril, de que el Gobierno les entregue un informe sobre las políticas para combatir a los grupos paramilitares y las sanciones a militares involucrados en el apoyo a estos grupos. La crisis militar (o "ruido de sables") a raíz de la renuncia del ministro de la Defensa por diferencias frente al proceso global y el manejo de la "zona de distensión"; el hundimiento de la reforma política en el Congreso; la exigencia de los paramilitares de su reconocimiento como actor político; el tira y afloja de las relaciones entre el Gobierno y el ELN, que no ha permitido avances significativos en los acercamientos, fueron factores que llevaron a la paralización, por varios días, de las conversaciones.

A pesar de lo anterior, se avanzó en el diseño de una agenda común (de 12 puntos), en la integración formal de la Comisión Negociadora y en la creación de una Comisión Temática. Pero al momento de iniciar las negociaciones propiamente dichas sobre los puntos de agenda, el proceso sufrió su congelamiento y lo que podría ser su primera gran crisis (julio de 1999) a raíz de las diferencias en torno a la concepción y conformación de la Comisión de Verificación y la discusión sobre el canje de soldados retenidos por guerrilleros presos. Mientras que las FARC hablan de una Comisión de Acompañamiento al proceso conformada fundamentalmente por nacionales (incluso por los alcaldes de los municipios del área de despeje), el Gobierno habla de una Comisión de Verificación Internacional.

Es importante señalar por qué el tema de la verificación se convirtió en el mayor impasse del proceso. Con cargo al gobierno: ambigüedad en cuanto a las reglas de juego, de todo el proceso, que fue funcional en un primer momento pero que ahora llega a su límite; el "ruido de sables" y la impaciencia de los militares sobre las concesiones hechas a la guerrilla en la zona del despeje; la presión de sectores de la sociedad por los desmanes de las FARC en la zona despejada, y la preocupación de Estados Unidos frente a los rumores de que las FARC utilizan la zona despejada para acrecentar el negocio de cultivos ilícitos y fortalecerse militarmente (reclutamiento y consecución de armas sofisticadas), llevan al presidente Pastrana a "protegerse" en el tema de la verificación y endurecer su posición.

Con cargo a las FARC: la comisión de una serie de desmanes contra autoridades locales y población civil que han sido investigadas por entidades del Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo y que no han podido desmentir; la no aceptación de una comisión que se inmiscuya en el funcionamiento de sus tropas y en los reglamentos impuestos por ellos para las comunidades que habitan la "zona del despeje".

El futuro inmediato

No cabe la menor duda de que el conflicto se encuentra en una fase de escalamiento militar. Los grupos paramilitares se fortalecieron con el ingreso directo a sus filas de varios de los militares en retiro, algunos de los cuales se encuentran comandando frentes paramilitares; han desplegado frentes importantes a la región nororiental, suroccidental y sur­­orien­­tal del país; han desarrollado acciones indiscriminadas como masacres, secuestros, detenciones y amenazas sobre sectores organizados de la población que viven en zonas de conflicto. Declararon la guerra a quienes, dentro de la sociedad civil, trabajan por la defensa de los derechos humanos y por la construcción de la paz.

El ELN, en un acto de desesperación y para exigir la interlocución con el Gobierno, realizó varios secuestros masivos en Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Las FARC desplegaron, en el mes de julio, una ofensiva armada en el sur, centro y oriente del país, ocasionando grandes bajas al Ejército y la Policía. Por su parte, el Ejército decidió cambiar su estrategia y retomó la iniciativa del combate, duplicando esfuerzos en inteligencia técnica y táctica y en movilidad, y dando más importancia a los ataques por aire y agua que a la reacción por tierra, lo que les permitió causarle a las FARC 775 bajas entre el 1 de noviembre de 1998 y el 1 de septiembre de 1999.

La tendencia al escalamiento del conflicto armado a niveles mucho mayores está marcada por la decisión de los paramilitares de concentrar tropas en lugares estratégicos de la confrontación (Urabá chocoano y antioqueño, Catatumbo, Valle, Cauca y Nariño, Putumayo y Caquetá) y atacar a población civil considerada base social de la guerrilla. Por el cambio de estrategia del Ejército, combinando operaciones militares por aire, tierra y agua, y haciendo mayor uso de los bombardeos y ametrallamientos desde el aire, atacando a la guerrilla en el repliegue o retirada. El uso, por parte de las FARC, de armas indiscriminadas como tanques de gas, "tanquetas caseras" y la adquisición de armamento mucho más sofisticado como morteros de 81 y 61 mm, cohetes, lanzagranadas, fusiles AKM y misiles tierra-aire SAM7, SAM16 y RPG7, lo que le permitiría enfrentar, entre otros, helicópteros de ametrallamiento y aviones bombarderos.

intervención norteamericana

La mayoría de analistas coinciden en señalar que nunca antes ha estado tan cerca la posibilidad de una intervención norteamericana en Colombia. Veamos algunos elementos que hacen creíble esta opción.

Como la sola existencia de una insurrección comunista ya no es suficiente para justificar una intervención, los funcionarios de la administración de Clinton, encargados del caso colombiano, han logrado avanzar en el convencimiento de que esta guerrilla es narcotraficante. Así Washington encuentra razonable una guerra relacionada con sus dos temas estratégicos: el comunismo y el narcotráfico.

Nos llama la atención el hecho de que no se haya dado importancia alguna a las propuestas y alternativas que ha presentado la ONU para el problema de control de drogas y sustitución de cultivos, y, más aún, que la guerra se centre en un actor (en este caso las FARC) y no se diga nada sobre los grupos paramilitares que, igualmente, viven y se sostienen del narcotráfico.

Es cierto que la administración de Clinton ha dado un espaldarazo al proceso de paz emprendido por Pastrana, pero también es verdad que hay tiempos y límites dentro de los cuales considera que debe darse paso a un "plan B", sobre todo cuando el conflicto escala niveles mucho más altos con visos de una "guerra regular", que incluso afecta a ciudadanos norteamericanos, y cuando la producción de coca, en esas mismas zonas de conflicto, no disminuye.

Resulta paradójico, pero muy significativo, que los principales asesores de la administración de Clinton para el caso de Colombia apunten en su hoja de vida el haber sido asesores en la guerra de El Salvador y consideren que el esquema (de intervención) de solución del conflicto puede ser aplicado a Colombia. Por otro lado, y según las informaciones públicas, de allí, de El Salvador, vendría el último armamento, entre ellos misiles que han entrado para las FARC.

Un paso importante en la vía de la intervención se dio con la creación de un nuevo "batallón antinarcóticos" en el sur del país, que contará con asesores norteamericanos y que funciona desde el 15 de septiembre. Está conformado por 1000 hombres del Ejército (no policías), entrenados por los "boinas verdes", y contará con una flotilla de 18 helicópetros UH-1N donados por Estados Unidos.

En consecuencia con lo anterior, el gran salto que se ha dado ya es otorgar al Ejército colombiano funciones de operaciones antidrogas, gracias a lo cual recibirán mucho más ayuda que la recibida hasta ahora por la Policía, que tenía la exclusividad en la lucha contra las drogas. Este hecho es concluyente para señalar que la más estrecha cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia ha comenzado y que trasciende el ámbito de la lucha contra las drogas para extenderlo también a la lucha contrainsurgente.

Así, el escenario de la guerra (intervención) está definido: Terreno: sur del país con posibilidades de ampliación al nororiente y noroccidente. Enemigo: en principio, las FARC. Modelo: combinación de acciones por tierra, mar y aire. Ablandamientos a través de bombardeos aéreos de aviones con base estable en portaaviones ubicados frente a la costa pacífica, incursiones directas de tropas terrestres aerotransportadas que penetrarán por el sur del país, patrullas de reconocimiento y movilizaciones navales (por los ríos), aviones de seguimiento electrónico como P-3, Orión, Citation y RC-7 (para hacer vídeos y aerofotografías). Participación de dos países andinos (¿Perú y Ecuador?). Las operaciones se harán con 120 mil hombres, dos divisiones aerotransportadas, dos fuerzas especiales del ejército de tierra, tres divisiones de marines y 200 aviones C-5 y C-141. Tiempo: por ahora es impredecible, pero si, como se prevé, las conversaciones se mantienen estancadas y el conflicto arrecia, podría ser mañana. Lo que sí se tiene calculado es que la "operación" durará entre 45 y 60 días (Cambio 16, Nº 320. Bogotá, 2-9 de agosto de 1999).

Las lecciones de la reciente guerra de los Balcanes deberían preocupar mucho a los países vecinos de Colombia, pues la tecnología de punta de la superpotencia demostró que un "Tomahawk" disparado contra San Vicente del Caguán bien podría hacer blanco en Quito (Ecuador) o en la capital amazónica de Iquitos (Perú).

Algunas luces en el túnel

Evidentemente, no son muchas las luces que pueden observarse en el corto plazo. Sin embargo, enumeremos algunas:

Es posible superar el impasse de la Comisión de Verificación si se comienza por la discusión del segundo y noveno punto de la agenda. Es decir, llegar a un acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Una vez hechos estos acuerdos puede pensarse en una comisión verificadora.

– Hace pocos días, el Gobierno autorizó a las autoridades locales y regionales para que realicen diálogos (no negociaciones) con la sociedad civil y acercamientos con los actores armados de cara al diseño de acuerdos humanitarios. Esto podría permitir que se gane nuevamente confianza y credibilidad en el proceso y avanzar en propuestas de acuerdos o compromisos de respeto a la población civil por parte de los actores armados.

– Presionar por el inicio de actividades de la Comisión Temática podría ayudar a ponerle "pueblo al proceso" y sustancia a los puntos de la agenda de negociación.

– La sociedad civil es cada vez más consciente de que tiene que constituirse en un interlocutor político para la mesa de negociación y para los actores armados en general. En la medida en que ésta avance en consensos y en el desarrollo temático de los puntos de agenda, logrará meterse en el proceso de negociación y de paz.

– El no apoyo de los países vecinos a las propuestas intervencionistas de Estados Unidos y la discusión, como pueblos, de propuestas autónomas y soberanas a las crisis y conflictos de la región, entre ellos el tratamiento del problema de las drogas.

*            Investigador del CINEP de Colombia.

 

ENCRUCIJADA O TELENOVELA NACIONAL

Andrés Dávila*

Se sostiene que pese a las apariencias en contrario, las tendencias básicas siguen incólumes: tanto las FARC como el Gobierno han dado pasos que los comprometen y que no parecen estar dispuestos a desperdiciar. No queda claro, sin embargo, la posibilidad de producir un final feliz.

 

El panorama es tan complejo y el futuro –sobre todo en el tema de la paz– tan incierto, que cualquier ejercicio analítico deviene aventurado y, ciertamente, especulativo. Como resulta evidente que en 100 renglones es imposible hablar de tantas cosas –interesantes e importantes, sí, pero complejas e inciertas a cual más–, me voy a permitir manejar dos argumentos amplios que, en alguna medida, aluden o deben aludir a lo solicitado.

El primer argumento quiere utilizar una metáfora que parece plausible para tomar alguna distancia en relación con el proceso de paz que se ha intentado desde que Andrés Pastrana fue elegido presidente en junio de 1998. Al respecto, lo que resulta particularmente interesante es la similitud entre el proceso y una telenovela cuya calidad está todavía en entredicho y cuyo rating no le asegura aún su permanencia en el aire.

En efecto, el accidentado desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, los entendidos y malentendidos con el ELN en relación con la apertura de un proceso que los involucre, y los escarceos de los paramilitares para ser tenidos en cuenta en el proceso, acompañados siempre de hechos de violencia de magnitud inusitada en las distintas regiones en disputa a lo largo del territorio nacional tienen, paradójicamente, un enorme parecido con cualquier telenovela. Si se le sigue el hilo al proceso, con toda su gama de vicisitudes y sucesos, se tiene la misma sensación que cuando una telenovela logra atrapar al televidente: día a día pasan escenas muy importantes, aparentemente definitivas en el rumbo de la historia y que logran mantener en vilo a los interesados. Aún más: el hecho de que los roles protagónicos estén definidos no impide que una buena actuación, o una incursión afortunada en el escenario, convierta un papel de reparto en imprescindible para el desenlace de la historia.

Adicionalmente, y como sucede incluso en las malas telenovelas, el día a día le hace el juego a la truculencia de los guionistas y permite llegar al convencimiento de que no hay desenlace posible para desenredar un ovillo en el cual campean las lealtades y deslealtades, las verdades a medias y las mentiras de los antagonistas.

No obstante, si se pierde de vista el desarrollo de los hechos por un cierto período –días, semanas, incluso meses–, sorprende constatar que las cosas han cambiado poco y que es relativamente fácil retomar el argumento. Seguramente habrá que empaparse de algunos cambios significativos y de la entrada y salida de actores de importancia, pero en conjunto la dinámica del proceso es bastante estable y hasta predecible, aun cuando el desenlace siga siendo incierto.

Y esto ha sucedido en este año de intentos de negociación, acompañados siempre de un conflicto en extremo agravado, extendido y deteriorado. Las tendencias básicas siguen incólumes: un proceso básico FARC-Gobierno que no ha empezado como mesa de negociación pero frente al cual los dos actores han dado pasos que los comprometen y que no parecen estar dispuestos a desperdiciar, aunque surjan inconvenientes y resulte hasta ahora más clara la concesión en la dirección gobierno-guerrilla que en la contraria.

Entre tanto, el ELN es tratado desde una óptica sectaria, excluido de beneficios y bajo un dispositivo de exigencia que contrasta con las concesiones otorgadas a las FARC; para ello se argumenta que obedece a su debilitamiento militar, sus aparentes rupturas internas pero, ante todo, prima el rechazo gubernamental a darle un tratamiento semejante al que se le da a la otra guerrilla por razones que tal vez se hunden en la casi bicentenaria ruptura bipartidista. Y los paramilitares, que por la vía de la fuerza intentan no sólo contener a la guerrilla y desplazarla de zonas conquistadas sino también obtener un status que les permita ser incluidos en una mesa de negociación. Frente a este panorama básico y relativamente estable, surgen dos inquietudes: ¿se habrá pasado ya el umbral de no retorno entre FARC y Gobierno respecto a la negociación?; es decir, ¿se habrán dado ya los pasos necesarios para que el costo de la defección sea tan alto que no resulte viable abandonar los esfuerzos por negociar? Y, ¿será que la presión internacional introduce en realidad variables intervinientes que modifiquen el escenario y las apuestas y opciones de los actores?

De otra parte, y esta sería la segunda cuestión a considerar, la situación actual de Colombia presenta, bajo los rasgos de una profunda turbulencia, dos constantes y una variable: las constantes son la estabilidad institucional democrática todavía presente y el conflicto persistente, reiterado, recurrente. La variable, el aspecto que modifica en estos años el panorama colombiano, es la situación de estancamiento de la economía. Esto rompe el equilibrio inestable y paradójico que caracterizó al país en los últimos veinte años, y abre un conjunto de interrogantes sobre viabilidad, capacidad de mantenerse, vigencia, estabilidad, pero ante todo permite preguntarse, en medio de la incertidumbre, si no sería éste el hecho que hacía falta para conducir el proceso colombiano a un punto de quiebre en el cual, y no necesariamente por una vía deseable, democrática, pacífica y virtuosa, el país se enfrenta a la impostergable situación de encontrar una solución al conflicto. Estaríamos, así, ante una coyuntura crítica, de cambio, de ruptura.

No obstante, y pese a las dificultades, siempre es posible, y más en el caso colombiano, que se llegue a otra situación de equilibrio inestable, aún más paradójica y perversa que la que se vivió en los últimos años. En ella, siempre es posible el retorno a un ciclo de escalamiento del conflicto, clausuradas temporalmente las vías de la negociación, independientemente de los costos y consecuencias para los actores y para el país. Aquí, de nuevo, el cambio relativo en cuanto a la incidencia de lo internacional puede modificar el menú de posibilidades.

Pero retomando la metáfora inicial, la gran pregunta es no sólo si a Colombia le espera un final feliz o un final dramático. Es, y de ello no cabe duda, si a los guionistas de la telenovela nacional les quedan argumentos para un buen final. Y, por desgracia, ésa no es la experiencia con las telenovelas colombianas, como Café.

*            Politólogo; doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México; profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

 

Estados Unidos:

¿Es posible tener una política coherente?

Michael Shifter*

Se sostiene que la política norteamericana hacia Colombia está "narcotizada" y en manos de intereses políticos y burocráticos contradictorios entre sí; que hay ahora conciencia de la necesidad de un enfoque diferente, pero no garantía de que se consiga.

 

El 6 de agosto pasado, en una audiencia convocada por el Comité de Justicia, Política sobre Drogas y Recursos Humanos de la Cámara de Representantes para escuchar al zar antidrogas Barry McCaffrey, el congresista republicano por California, Ose, fue enfático: “no me importa el proceso de paz en Colombia; simplemente no me importa”. Y terminó su emotiva intervención diciendo: “no comprendo por qué no podemos llevar diez malditos helicópteros a Colombia. Estoy completamente frustrado. Tenemos niños muriendo por las drogas en nuestro distrito”. Es que los republicanos, que controlan el Congreso, están molestos con lo que ocurre en Colombia.

Frustrados sería un término más adecuado. Las noticias que vienen de Colombia no son, bajo ningún punto de vista, alentadoras. La producción de drogas ha alcanzado niveles muy altos, y la violencia está incrementándose. Colombia es ya el tercer país del mundo que más ayuda militar recibe de los Estados Unidos –289 millones de dólares en 1999–, superado solamente por Egipto e Israel; pero no está alcanzando ningún progreso visible en el camino de restablecer la autoridad y el orden o en avanzar hacia una salida política negociada del conflicto interno.

Los políticos en Washington están profundamente preocupados y quieren signos de mejora concretos y resultados inmediatos. Ellos tienden a pensar en términos de semanas, quizá meses. Los de Bogotá, en cambio, piensan en términos de años. Las guerrillas de las FARC, que pelean desde comienzos de los 60, piensan en términos de décadas. Sea o no seria su actitud frente a las negociaciones de paz, las FARC están, fuera de toda duda, preparándose para una larga batalla.

Las destempladas reacciones del congresista Ose (las que aparentemente fueron difundidas repetidamente por la televisión colombiana) expresan la impaciencia y la frustración de los Estados Unidos. La realidad de Colombia, que es simplistamente reducida al tráfico de drogas, se está deteriorando. ¿Cuál es, entonces, la solución? Mandar más helicópteros para fumigar las hojas de coca. En Washington muchos creen que la solución no es más complicada que esa.

En algunos sentidos la política de Estados Unidos hacia Colombia sólo refleja el clásico “estilo americano”, es decir, un conjunto de diferentes y usualmente contradictorios intereses y agendas; en este caso, drogas, seguridad, derechos humanos, intereses empresariales y medio ambiente son los asuntos de los que dependen las decisiones políticas. Pero lo que se hace en relación con Colombia es un caso extremo que va incluso más allá de la usual confusión en las políticas de los Estados Unidos. En el contexto de la  posguerra fría, marcado por la ausencia de marcos o estrategias globales, hay un vacío grande en lo que se refiere a cómo actuar frente a Colombia.  

Pero ha habido “políticas” en relación con Colombia: este país ha sido descertificado dos veces, a su anterior presidente se le ha revocado su visa para los Estados Unidos y el país recibe ahora casi 300 millones de dólares en asistencia de seguridad. Pero como le dijo un funcionario de la Casa Blanca al Washington Post hace alrededor de un año, más que diseñada conscientemente, ha sido una política “por defecto”. Colombia ha carecido, en Washington, de una atención sostenida y una clara orientación desde los altos niveles del gobierno; de ahí que en una ciudad donde no escasean los “francotiradores” este vacío se use para beneficiar políticas o intereses burocráticos de cualquier género imaginable.

La fuerza dominante ha sido desde hace mucho tiempo, y sigue siéndolo, el tema de las drogas. Este es el asunto que resuena más para la opinión pública norteamericana y que da dividendos para aquellos que lo juegan hábilmente. Toda la asistencia, la mayor parte para la policía y algo para los militares, está dirigida a actividades antinarcóticos. Así, desde comienzos de los 90 las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos se han narcotizado.

Además, se han personalizado y han adoptado un tinte moralista. El chico malo de la película ha sido el ex presidente colombiano Ernesto Samper. Al general José Serrano, quien dirige la Policía Nacional de Colombia y cuyos esfuerzos antidrogas han ganado muchos elogios en el Congreso de los Estados Unidos, le ha tocado caracterizar al buen muchacho. En la referida audiencia del 6 de agosto el congresista republicano Burton decía, efusivo: “en una encuesta de la semana pasada publicada por el periódico colombiano El Tiempo, la popularidad de Serrano llegaba a 71%, sólo superada por la de la Iglesia Católica con 77%". Los colombianos dicen, orgullosos: “luego de Dios, el general Serrano”. (¿Pudiera ser, incluso, que para algunos en el Congreso el orden debiera cambiarse?)

Todo esto supuestamente debió haber cambiado cuando Andrés Pastrana fue elegido presidente el pasado agosto. Pastrana es visto como un hombre honesto, competente y con buenos instintos e intenciones. Pero en Washington hay un tremendo escepticismo sobre su habilidad para lidiar efectivamente con el problema de las drogas y la seguridad. Hay la sensación de que ha concedido demasiado a las FARC, que carece de una clara estrategia para conseguir la paz, que está improvisando y que además, afectado por una severa crisis económica, está políticamente débil y aislado.

El apoyo más importante a Pastrana ha venido recientemente de una carta dirigida por el propio presidente Clinton y, luego, de la secretaria de Estado Madelaine Albright, quien, en un ampliamente comentado artículo de opinión del New York Times, señala que se debe “desnarcotizar” la política de los Estados Unidos con Colombia. Es que la administración ya no puede darse el lujo de ignorar a los francotiradores que tratan de llenar el vacío político hacia Colombia. Hay ahora crecientes preocupaciones regionales por el tema.

La violencia de los paramilitares y los grupos guerrilleros toca a los países vecinos. La retirada de los Estados Unidos del Canal de Panamá prevista para fines de 1999, junto con la incertidumbre que representa Chávez en Venezuela, han aumentado las preocupaciones de Washington. Adicionalmente, el conflicto colombiano está ya costando vidas americanas: tres trabajadores de derechos humanos fueron asesinados por las FARC en marzo, y cinco norteamericanos más murieron (en circunstancias todavía no aclaradas) en una misión de reconocimiento antidrogas en julio. Otro ciudadano norteamericano permanece secuestrado por el ELN.

Sin embargo, está por verse hasta qué punto una mayor atención de los Estados Unidos hacia Colombia se va a traducir en una política más constructiva y balanceada. Ciertamente, ayudaría si se dieran algunos cambios esperanzadores en Colombia; por ejemplo, alguna concesión de las FARC o una mayor capacidad de iniciativa del presidente Pastrana. Pero incluso en el mejor de los escenarios, no queda claro hasta qué punto el Gobierno de los Estados Unidos tendría la capacidad de disciplinar y ordenar a estos francotiradores que actualmente definen lo que se hace y producir una política coherente sobre Colombia.

En un año electoral, es inevitable que las posturas políticas sobre el tema de drogas tengan que ser vistas como “duras”. Algunos van a promover mayores niveles de apoyo para los militares colombianos; otros, sin objetar lo anterior, insistirán más bien en una mayor asistencia para la Policía, al menos mientras el general Serrano la dirija. Pero ni siquiera los más duros piensan seriamente que se pueda derrotar a las guerrillas militarmente (aun cuando tampoco están optimistas respecto de las posibilidades de una negociación exitosa con los insurgentes).

Desde la otra orilla política hay también en los Estados Unidos un intenso cuestionamiento de los riesgos de verse envueltos en el pantanoso terreno colombiano. Este punto de vista fue expresado, por ejemplo, en la audiencia del 6 de agosto por la congresista demócrata Schadowsky, la que se preguntaba: ¿qué es lo que realistamente queremos conseguir con una mayor asistencia militar? Así, no hay que olvidar que las voces críticas de los inadecuados esfuerzos de los Estados Unidos en el tema antidrogas van a estar también presentes en el debate.

El “efecto CNN” no debe ser tampoco subestimado. Un reciente programa especial de la Cadena, focalizado en la tragedia de aproximadamente un millón y medio de desplazados en Colombia, fue precedido por esta advertencia: algunas de las imágenes son muy explícitas y pueden perturbar a los niños (en efecto lo fueron, y no solamente perturbaron a los niños). Hay signos de que un número importante de grupos comunitarios de los Estados Unidos, muchos vinculados a varias iglesias, están organizando una respuesta a la crisis humanitaria colombiana. Y, por supuesto, el tema de derechos humanos va a continuar también influyendo la política de los Estados Unidos hacia Colombia, en la medida en que las fuerzas que presionan por una mayor presencia militar de los Estados Unidos en la lucha contranarcóticos (o por lo menos diciendo que es para eso, para tener cobertura legal), vayan ganado terreno. La tarea de derechos humanos va a ser principalmente defensiva, focalizada en cuestiones de condicionalidad y monitoreo del uso de la asistencia de los Estados Unidos.

La política de las políticas de los Estados Unidos en relación con Colombia va a ser probablemente muy complicada y difícil de predecir en la medida en que en parte responderá a impredecibles desarrollos en ese país. Una mayor asistencia en seguridad, quizá hasta dos o tres veces más de lo que actualmente se da, es el curso más probable de los acontecimientos. Es difícil imaginar a los Estados Unidos, sea completamente fuera de Colombia, sea llevando a cabo una invasión militar de cualquier tipo.

Este último escenario, por supuesto, es el que ha sido sujeto de la mayor especulación. No debiera sorprender a nadie que muchos latinoamericanos, a la luz de recientes declaraciones de funcionarios de los Estados Unidos sobre “seguridad nacional”, dada la historia de intervencionismo en la región y luego del bombardeo de Kósovo, estén muy en guardia sobre cuáles puedan ser las intenciones de los Estados Unidos.

Uno se queda con la sensación de que en la medida en que el nuevo milenio se acerca, hay una creciente aprehensión en toda América Latina sobre Colombia. Pero es una pena que ésta tenga menos que ver con la situación de pesadilla que viven los colombianos y sus consecuencias regionales y más con lo que los Estados Unidos hagan o dejen de hacer en ese país.

*            Investigador principal del Diálogo Interamericano. Washington, D.C.

 

Jesús “Chucho” Bejarano

Al cierre de esta edición supimos del asesinato de Jesús “Chucho” Bejarano.  Fue Consejero de Paz del Gobierno de Gaviria, y embajador de Colombia en El Salvador y Guatemala. Negoció los acuerdos con el M-19, PRT, Quintín Lame, y una parte del EPL.  Hasta el 30 de junio, fue director de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Hay varias hipótesis sobre los autores del crimen. Lo único claro es que es otro enorme golpe a la paz en Colombia.

 

El Salvador: Lecciones (ciertas y supuestas)

Cynthia Arnson*

Se sostiene que académicos y políticos buscando entender Colombia y definir que hacer piensan en El Salvador; se advierte que si bien hay semejanzas y lecciones, hay que ser muy cuidadosos con las diferencias.

 

Entre 1979 y 1992 los Estados Unidos estuvieron profundamente involucrados en el conflicto salvadoreño. El objetivo consistió en establecer una barrera contra lo que fue visto en la época como un caso típico de la agresión comunista en el hemisferio, y para hacerlo se llegó a gastar mas de 6.000 millones de dólares con el fin de derrotar a la insurgencia y transformar a la sociedad salvadoreña.

Un consenso político en los Estados Unidos desde 1984, cuando la elección del democratacristiano José Napoleón Duarte, fue que el esfuerzo militar para derrotar al FMLN fallaría a menos que el gobierno salvadoreño instituyera reformas para ganar "los corazones y las mentes" de la población salvadoreña. Funcionarios norteamericanos insistían en la época en que la ayuda económica era tres veces mayor que la ayuda militar; en realidad, el grueso de la asistencia económica fue para apoyar la balanza de pagos y no se destinó a los esfuerzos de reforma. Así, la política de los Estados Unidos estuvo fundamentalmente definida por los esfuerzos de armar, equipar, entrenar, expandir y mejorar las prácticas de derechos humanos del ejército salvadoreño.

Colombia y El Salvador difieren más de lo que se parecen en el tamaño de su territorio y su población, en la naturaleza y raíces de la insurgencia, en el número de actores involucrados en la violencia (política, social y criminal), que además se retroalimentan, en el tamaño de su presupuesto nacional en relación con la ayuda externa de los Estados Unidos y otras fuentes, y en el papel que el narcotráfico juega para el sostenimiento tanto de la insurgencia como de los grupos paramilitares.

Sin embargo, hay una serie de situaciones comunes entre El Salvador y Colombia. Éstas tienen que ver con la forma como se está dando al debate político en Washington, con la primacía que se le ha dado a la seguridad nacional sobre otros objetivos, con las posibilidades de reformas en medio de una guerra y con el papel que se le atribuye al empate militar para producir una salida negociada.

La definición de la amenaza

Los intereses de los Estados Unidos en Colombia están abrumadoramente marcados en términos de lucha contra el narcotráfico –definida ésta, como lo fue la insurgencia comunista en El Salvador, como un asunto de seguridad nacional–. Colombia exporta 80% de la cocaína consumida en los Estados Unidos y ha desplazado a los países asiáticos como el más grande proveedor de heroína en la costa este. A diferencia de El Salvador, donde muchos liberales y moderados cuestionaban hasta qué punto los intereses en seguridad nacional estaban en riesgo, la mayoría de los americanos –y, más importante que ello, una mayoría bipartidaria en el Congreso– percibe a las drogas como una amenaza para la sociedad americana y la reducción de la oferta como una estrategia muy importante para hacerle frente. El innegable papel de las guerrillas colombianas, principalmente de las FARC, en la protección de los productores de coca y de los laboratorios donde se produce la droga –lo que le permite obtener cientos de millones de dólares en beneficios– ha elevado el término "narcoguerrillas" casi hasta el status de diccionario; en la palabra se superponen temores actuales con aquellos históricos que vienen de la guerra fría.

Las dificultades empiezan cuando los imperativos políticos para confrontar esta amenaza desplazan a un más complejo
–y, por tanto, menos atractivo políticamente– análisis de las múltiples amenazas a la democracia colombiana: paramilitarismo, violaciones de los derechos humanos, corrupción, decadencia institucional. Combatir estos males es mucho más complejo operacionalmente y toma más tiempo que armar un nuevo batallón; y la experiencia ha demostrado que esos asuntos, percibidos como blandos, quedan relegados a un lugar secundario cuando los intereses de la seguridad dirigen la política norteamericana.

Como en El Salvador a comienzos de los 80, a la amenaza de la izquierda colombiana se le ha dado mayor prioridad que a aquella que proviene de la derecha. Del discurso público en Washington uno puede deducir que bastante más recursos de inteligencia están siendo dedicados para seguir el paso de los insurgentes y su participación en el tráfico de drogas, que aquellos que han sido dedicados al problema de los grupos paramilitares, su vínculo con el tráfico de drogas, los crímenes que cometen y sus relaciones con los militares. Tal como a los escuadrones de la muerte en El Salvador les fue permitido actuar sin control, hasta que amenazaron la sostenibilidad de la política norteamericana en ese país, hay indicios de que las prioridades de los Estados Unidos en Colombia están empezando a cambiar; a tiempo, ojalá, para representar una importante diferencia para los colombianos.

Los límites de la reforma

La reforma de las Fuerzas Armadas colombianas –orientada a un mayor respeto de los derechos humanos y a romper su complicidad o tolerancia con las fuerzas paramilitares– es crítica para los prospectos de expandir la ayuda militar norteamericana a Colombia.

La experiencia de El Salvador, sin embargo, ilustra que la lógica perversa de la guerra debilita la reforma. Esto se debe a un distorsionado espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas que se une en contra del sacrificio de algunos de sus miembros cuando la sobrevivencia de la institución está amenazada; también a que buenos comandantes de batalla son valorados independientemente de que sus prácticas sean abusivas o corruptas. Mientras que los oficiales colombianos sigan percibiendo que pelean una guerra para los Estados Unidos, como es vista hoy en día la guerra contra las drogas en algunos círculos, la influencia de los Estados Unidos en la reforma de las Fuerzas Armadas será limitada. Más aún: vale la pena recordar que no fue principalmente la política de los Estados Unidos, sino la Comisión de la Verdad en El Salvador, resultado de los Acuerdos de Paz, la que tuvo éxito en depurar a las Fuerzas Armadas de sus más brutales y corruptos oficiales.

Colombia puede ser un caso diferente de El Salvador en la medida en que la elite política y los principales mandos de las Fuerzas Armadas parecen comprometidos con la reforma. La decisión del presidente Andrés Pastrana de sacar de las Fuerzas Armadas a dos generales y otros oficiales involucrados con grupos paramilitares, así como la autodepuración de la Policía Nacional colombiana, ofrecen estimulantes signos de que el caso salvadoreño no se estaría repitiendo. Sin embargo, la magnitud de la tarea no debe ser subestimada, y tanto el liderazgo militar como el civil van a ser claves.

El "balance de fuerzas"

La ofensiva militar del FMLN en 1989 y la percepción que emergió de ella –un empate militar– brindó la clásica confirmación a una premisa central en la teoría de resolución de conflictos: el momento cumbre para la negociación se da en una situación de entrampamiento mutuamente doloroso, en la cual ninguno de los lados puede asegurar sus metas aumentando la fuerza. En esta lógica, la fuerza actual de las FARC, con cinco años de humillantes derrotas para las Fuerzas Armadas, de un lado y, del otro, el fracaso de las guerrillas para responder constructivamente a las iniciativas de paz de la administración de Pastrana, sugerirían que sólo dándole golpes militares a las guerrillas se las traerá a la mesa de negociaciones. Así, tanto los halcones como las palomas al interior del gobierno de los Estados Unidos justifican el incremento del apoyo militar a Colombia en nombre del proceso de paz.

Aparte de los obvios riesgos de un incremento de la violencia y de la contraviolencia (hay ya reportes de que las FARC poseen misiles tierra-aire, y esto después de la adquisición por el Ejército de helicópteros Blackhawk), los políticos ignoran, en el caso de Colombia, una importante lección del proceso de paz en El Salvador y Guatemala: que las percepciones sobre cómo se estará en el futuro, con o sin guerra, fueron la clave de los acuerdos de paz en esos países, independientemente de la fuerza militar de cada lado.

Por tanto, los incentivos son tan necesarios como la fuerza. Tanto los conservadores que cuestionan al Departamento de Estado por haber enviado a oficiales de rango medio para reunirse con las FARC, como aquellos que dentro del Ejecutivo han logrado cancelar un pequeño proyecto de la AID en la zona del despeje, harían bien en recordar el papel clave de las percepciones para avanzar hacia la paz. La militarización sin incentivos le da crédito a la retórica paranoide sobre una intervención de tropas de los Estados Unidos en Colombia y fortalece a aquellos, dentro de un dividido movimiento guerrillero, más escépticos sobre las negociaciones.

En los meses que siguen, la ayuda de los Estados Unidos a Colombia va a incrementarse dramáticamente. Lo único que queda por definir es el balance entre objetivos militares y objetivos de desarrollo, así como el nivel de la prioridad a Colombia contra la asignada a otros países de la región andina. Tal como los fantasmas de Vietnam rondaban El Salvador, las supuestas lecciones de este país ilustran el debate colombiano; y la más peligrosa de todas estas sugiere que la paz emergerá sólo cuando las guerrillas estén en retroceso. Así, por lo menos en el corto plazo, los colombianos tienen que prepararse para una nueva ronda de violencia.

*             Woodrow Wilson Center, Washington D.C., directora del proyecto "Procesos de paz comparados en América Latina.

 

América Latina:
entre la injerencia y la intervención

Oscar Vieira y José Francisco Filho*

Se sostiene que el problema colombiano sí demanda una intervención de los países sudamericanos, pero no aquélla de la cordial diplomacia del pasado orientada a defender el statu quo, sino una que los autores definen como de carácter humanitario.

 

América Latina vuelve a enfrentarse en este fin de siglo con dilemas que, con ciertas diferencias, podrían ser clasificados como fenómenos políticos típicos de los años 60 y 70. Imaginemos a guerrilleros en medio del bosque tropical regimentando pueblos y campesinos ordenados en filas, o a líderes del Ejecutivo imponiendo serias restricciones al Parlamento o el Poder Judicial de su república. Son situaciones que ya enfrentamos antes, y los remedios aplicados, como sabemos, fueron desastrosos.

Las crisis políticas sudamericanas tuvieron un impacto semejante y casi siempre devastador sobre nuestras repúblicas. Ante estas crisis con enemigos comunes, la cordialidad en las relaciones internacionales entre países latinoamericanos siempre se presentó cuando las amenazas se dirigían contra el statu quo del poder político. Consideremos, para este caso, el triste ejemplo de la llamada Operación Cóndor, una red internacional entre los servicios de información con policías políticas de los países de América del Sur, una especie de Mercosur para la represión violenta contra la “subversión”.

Por lo tanto, aun cuando estuvieran vigentes disputas territoriales, clásica motivación para la beligerancia, en el momento en que el orden establecido de un Estado sudamericano presentaba señales de desestructuración, esta “cordialidad” latinoamericana aparecía como principal creadora de soluciones para el problema.

Un ejemplo que se puede citar es la especificidad del desarrollo del instituto jurídico del asilo político y diplomático en el continente. En ningún otro lugar, que no sea en América Latina, se practica la concesión del asilo según los libres intereses del Estado. La protección ofrecida por el Estado a un ciudadano, en la forma latinoamericana del asilo, es un acto jurídico que se ubica en la esfera discrecional de los poderes ejecutivos de las repúblicas latinoamericanas.

Un caso reciente es la concesión del asilo a los antiguos presidente y vicepresidente del Paraguay por los gobiernos brasileño y argentino respectivamente. 

Hoy día la “cordialidad” permanece, y es bueno que exista siempre; sin embargo, el contexto de democratización genera un escenario diferenciado para las crisis, demandando soluciones institucionales en oposición a arreglos políticos informales. Tal escenario consiste no sólo en la aproximación comercial a través de bloques, sino también en el agravamiento de las crisis sociales. Colombia se encuentra involucrada en el segundo caso.

La crisis colombiana no puede ser resuelta con la concesión de asilo a los líderes guerrilleros o con la adopción de medidas de buen comportamiento financiero por el Estado. El tratamiento de la comunidad sudamericana se restringe al soporte diplomático del Estado y al fortalecimiento de los sistemas de vigilancia fronteriza. Es algo insuficiente, parecido al caso del vecino que intenta construir una cerca más grande para evitar que las llamas de la casa de al lado alcancen a la suya.

La crisis que hoy atraviesa el Estado colombiano en sus cuatro diferentes gobiernos –el oficial, el de la guerrilla, el del narcotráfico y el de los paramilitares– no podrá ser resuelta sólo por los instrumentos nacionales, sean éstos jurídicos, políticos e incluso militares.

Se habla entonces de la intervención internacional. Tal término provoca reacciones estruendosas no sólo en la sociedad nacional colombiana, sino también en los gobiernos de los países vecinos, lo cual es saludable y natural. La intervención, entretanto, no podrá seguir el rumbo de una intervención como la de Panamá. Ni tampoco sería aceptable una intervención liderada por los Estados Unidos, algo que nos recordaría aún más los años 70, que ciertamente debilitaría la democratización del continente.

La intervención necesaria es la humanitaria, aquella que sigue a un acuerdo de paz entre las fuerzas en estado de beligerancia actuando bajo un mandato internacionalmente acordado. Mientras ello no ocurra, el discurso por la intervención no podrá surgir del Hemisferio Norte, mas sí de la profesionalización de la “cordialidad” sudamericana. Hay un ejemplo de ello en esta década: la solución de la crisis militar entre Perú y Ecuador.

Organismos humanitarios internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya concentran personal y recursos materiales en territorio colombiano y países vecinos. La actuación de organismos como los mencionados expresa la profesionalización de la ayuda internacional.

En sentido contrario se encuentra la práctica de la realpolitik, la enemiga más grande de la acción humanitaria internacional. Para apartarla del contexto de intervención existe una tarea esencial: la actuación de los países vecinos como líderes de una eventual intervención humanitaria. Sin la presencia de éstos reaparecerá la búsqueda unilateral de intereses y la injerencia política.

* Oscar Vilhena Vieira, secretario ejecutivo del Instituto Latino Americano de las Naciones Unidas (ILANUD/Brasil) y profesor de derechos humanos en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. José Francisco Sieber Luz Filho, coordinador del Observatorio Internacional para Asuntos Humanitarios y profesor de derecho internacional en la Escuela de Sociología Política de Sao Paulo.

 

ECUADOR: MIENTRAS EL VECINO SE INCENDIA

Fernando Bustamante*

Se sostiene que hay un efecto real de la violencia colombiana en la frontera, que se ha manejado hasta ahora con prudencia y sin alarmismos; pero que ahora, debido a una serie de factores internos y externos, esto puede cambiar.

 

Para el Ecuador, la convivencia con el conflicto civil colombiano no es una novedad. La violencia colombiana tiene una larga historia que se remonta a los años 40 del presente siglo. Desde entonces el país se ha acostumbrado sin grandes sobresaltos a un problema que, aunque cercano geográficamente, no ha tenido mayor incidencia en la política interna local. En ocasiones algún grupo de combatientes ha cruzado la frontera en búsqueda de refugio o para reabastecerse; muy esporádicamente alguna patrulla militar o policial ha tenido encuentros con guerrilleros colombianos en áreas limítrofes; en algún momento a mediados de la década de los 80 se ha podido detectar una coordinación sistemática entre grupos armados de ambos países y algunos civiles colombianos han cruzado las fronteras huyendo de represalias o de ataques de alguno de los bandos en pugna.

Pero, en general, lo que llama la atención, más bien, es lo pequeño que ha sido el impacto interno que la guerra colombiana ha tenido en la política y en el orden público ecuatorianos. Aparentemente, se ha ido desarrollando un modus vivendi entre el Ecuador y los grupos armados. Ecuador y sus fuerzas de seguridad han mantenido un bajo nivel de involucramiento, a cambio de una fuerte autorrestricción de los contendores colombianos, que más bien parecen haber hecho grandes esfuerzos para evitar atraer al vecino del sur a la esfera del conflicto.

En lo sustancial, esta situación no ha variado; y para la sociedad ecuatoriana la idea de verse arrastrada a una participación en las luchas intestinas colombianas ha sido siempre repugnante. Más bien el Ecuador se ha preciado mucho de su paz interna y del poco éxito que han tenido los débiles intentos que se realizaron en las décadas de los 60 y 80 para replicar movimientos guerrilleros como los que afectaron a muchas naciones de la región, incluidos sus vecinos inmediatos: Perú y Colombia.

Algunos factores de reciente aparición pueden amenazar esta prudente abstención mutua. Estos nuevos factores poco o nada tienen que ver con algún posible aumento de la amenaza militar o política directa de las guerrillas sobre el territorio ecuatoriano. A pesar de la agudización reciente de la guerra dentro de Colombia, el modus vivendi tradicional no se ha visto afectado, ni existen indicios de algún cambio en la política tradicionalmente seguida por las FARC u otros grupos alzados en armas a este respecto.

En primer término, debe mencionarse la reciente inflexión de la política estadounidense respecto a Colombia. Es evidente que el aumento de la actividad guerrillera y los avances de las FARC en su larga lucha contra el Gobierno colombiano han llevado a Washington a abrir el escenario u opción de una intervención político-militar mucho más profunda que en el pasado. Probablemente este escenario incluye la posibilidad de una inserción de tropas y asesores militares en el teatro de operaciones. La actual doctrina de intervención estadounidense requiere y hace deseable darle a su presencia militar un carácter multilateral y regional. Se necesita, por lo tanto, y por razones sobre todo políticas y legitimadoras, que las fuerzas de los Estados Unidos sean complementadas con las de otros países supuestamente afectados o interesados. Para poder dar viabilidad diplomática a esta forma de intervención, es a su vez preciso convencer a los gobiernos y pueblos de los potenciales socios de que la amenaza que los Estados Unidos han definido y decidido enfrentar constituye una amenaza colectiva. Es crucial, por ello, "vender" la noción de que se trata de una causa en defensa de los propios socios y de su seguridad.

Eso explica que de unos meses a esta parte la diplomacia del Departamento de Estado y sus aparatos propagandísticos hayan dado señas de estar iniciando el márketing de la "amenaza" colombiana a los países vecinos. Se trata de infundir en las respectivas opiniones públicas la idea de que es preciso "hacer algo" respecto a un conflicto, que de repente se presenta como una inminente posibilidad de subversión del orden en los países vecinos. Indicios de esta estrategia se hacen evidentes en los medios de comunicación ecuatorianos, algunos de los cuales han comenzado a dar gran realce a posibles, imaginados o reales incidentes cercanos a la frontera y a especular con escenarios de desestabilización por "contagio" o "rebalse" del conflicto vecino. Es como si la guerra colombiana acabase apenas de comenzar y acabara de ser descubierta.

La presión estadounidense sobre la opinión pública se complementa con los poderosísimos instrumentos de influencia de que goza Washington en el Ecuador. La profunda crisis financiera y económica por la que atraviesa el país lleva al Gobierno ecuatoriano a ser extremadamente receptivo a cualquier demanda de apoyo por parte de Washington, cuya voz resulta decisiva frente a los organismos financieros internacionales que tienen en sus manos la suerte de la frágil economía nacional.

Una primera prueba de esta necesidad imperiosa de cooperar es la diligencia con que el Gobierno de Quito aprobó recientemente la concesión a los Estados Unidos de derechos de uso sobre la base aérea de Manta con el fin declarado de facilitar la logística de fuerzas especiales destinadas a la interdicción del narcotráfico. En el léxico político en boga, se ha hecho habitual identificar el narcotráfico con la guerrilla ("narcoguerrilla" en neolengua) y, por tanto, es muy fácil resignificar la guerra antinarcos como antiguerrilla lisa y llana.

A lo antes señalado deben agregarse elementos de tipo interno. El rápido éxito del proceso de paz con el Perú ha abierto un interrogante sobre el destino de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Si a esto se suma la recesión económica y la crisis fiscal, es fácil entender que haya surgido una corriente de opinión (respaldada por significativos grupos de interés e ideológicos) que propugna una drástica reducción en el gasto militar, así como un profundo redimensionamiento de las actuales instituciones de la defensa. De hecho, el Gobierno del presidente Mahuad ha introducido importantes recortes en el gasto de defensa, y los salarios del personal han experimentado un notable deterioro. En ausencia de un claro peligro externo y de unas misiones alternativas, se hace difícil para los altos mandos justificar la actual estructura de las Fuerzas Armadas, sus niveles de dotación y su presupuesto.

El creciente cuestionamiento de la utilidad presente y futura de las Fuerzas Armadas respecto a sus tareas plausibles, y respecto al futuro perfil de la profesión castrense, amenaza con socavar la moral y la confianza de la oficialidad en sus instituciones.

En estas condiciones, es comprensible la tentación de pretender desarrollar una doctrina de la "amenaza en el norte". La real o supuesta posibilidad de un "contagio" colombiano sin duda podría dar a los militares ecuatorianos una tarea alternativa que permitiría a su vez resolver la "crisis de misión" que ellas parecen experimentar en la actualidad. Reemplazar el peligro peruano por un potencial peligro colombiano permitiría a los militares ecuatorianos reforzar sus pretensiones institucionales y presupuestarias, consolidar su función profesional y protegerse de las presiones domésticas a favor de un redimensionamiento.

A lo anterior debe agregarse el hecho de que bajo las actuales condiciones de penuria fiscal, resulta conveniente poder acceder a la asistencia estadounidense o de otros países, a cuenta de una posible intervención ecuatoriana en la solución militar del conflicto que afecta a Colombia. Abrazar la causa de la defensa regional frente al peligro guerrillero no sólo abre las puertas a la cooperación del Pentágono, sino que permite potenciar una cooperación con las Fuerzas Armadas peruanas, que comparten con las ecuatorianas el tener que defender una frontera amazónica septentrional contigua.

Una medida de la velocidad con la que ha avanzado la paz con el Perú es que ya se escuchan voces civiles y militares que discuten abiertamente el tema de una eventual alianza o coordinación entre los ejércitos de ambos países, con vistas a reforzar la seguridad en la citada zona. Es claro que ambas partes podrían imaginar beneficios institucionales y profesionales derivados de dicha cooperación.

Resulta interesante constatar un cambio en la manera en que los militares ecuatorianos se refieren a la seguridad de su frontera norte. Hasta la fecha, los voceros castrenses ecuatorianos han mantenido una invariable política de minimizar cualquier amenaza proveniente de dicha frontera, y han buscado siempre tranquilizar a la población respecto a cualquier inquietud en torno a la posible presencia de combatientes colombianos en áreas fronterizas. En los últimos meses, ese discurso ha experimentado una notoria transformación: cualquier incidente, incluso de tipo delictivo, es inmediatamente magnificado y presentado como prueba de una amenaza grave para la paz y la seguridad de las fronteras ecuatorianas.

Por lo tanto, al margen de cualquier cambio real en los niveles de amenaza que la guerra colombiana pueda representar para la paz y seguridad del Ecuador, es preciso constatar que existen importantes actores y fuerzas que tienen claras motivaciones para buscar convertir a Colombia en una seria amenaza para la paz regional. Esta elaboración discursiva sirve los propósitos de estos actores por distintas razones y de distinta manera, pero converge en crear un clima de opinión que, eventualmente, podría ser manejado con vistas a crear el consenso interno necesario para una participación mayor del Ecuador en algún futuro escenario intervencionista revestido de la retórica del peace enforcement.

*           Profesor e investigador de la Universidad San Francisco de Quito.

 

Los cambios en Venezuela y sus efectos en Colombia

Ana María Sanjuan*

Se explica cómo la histórica complejidad de la relación entre los dos países, la densidad de la frontera y sus problemas, así como el modo en que los cambios recientes en Venezuela, van a influir en la crisis colombiana.

 

Aunque las perspectivas decimonónicas fueron desechadas por obtusas a lo largo de este muy moderno siglo, la realidad, siempre terca, lleva a veces a desempolvar algunos adagios premonitorios, como uno francés que advertía, ya en aquel entonces, que de todos los presagios siniestros, el más grave e infalible es el del optimismo. Es bajo esta perspectiva preocupada, por decir lo menos, que se analizan algunas de las aristas del imprescindible proceso de paz en Colombia y sus repercusiones sobre Venezuela. También se consideran las consecuencias que sobre el conflicto colombiano generan el cambio institucional y la mudanza de actores políticos que tienen lugar en Venezuela.

Sobre los precedentes

Como se conoce, Colombia y Venezuela comparten una de las fronteras más vivas del continente latinoamericano, la que abarca un poco más de 2.200 kilómetros. Este ámbito, históricamente muy problemático para ambos países, es el escenario en el cual se ha desarrollado el perfil de la posición venezolana frente al conflicto interno colombiano, el que ha sido calificado por disímiles instancias, y por diversas razones, como el más violento que tiene lugar en la región, lo cual lo convertiría en una “amenaza a la seguridad regional”.

Siguiendo la tradición latinoamericana en cuanto a que los asuntos de seguridad de los países han sido delegados del poder político a las Fuerzas Armadas, las relaciones de seguridad entre Colombia y Venezuela han estado a cargo de dichas corporaciones en ambos países, lo cual las ha distinguido con varias características. La primera se refiere a que, si bien Colombia y Venezuela fueron de los pocos países de la región que no atravesaron dictaduras militares, sus Fuerzas Armadas, por razones vinculadas a la situación interna de ambas sociedades (la violencia y el conflicto insurgente en Colombia y la estabilidad de la democracia en Venezuela), disfrutaron de una serie de prerrogativas institucionales, lo cual les permitió funcionar con un elevado grado de autonomía y cumplir un papel político de primera importancia en el manejo de los asuntos que les son inherentes.

La segunda circunstancia que debe considerarse se refiere a que no obstante los múltiples mecanismos de cooperación establecidos entre las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela en la última década, la permanencia de un contencioso no resuelto entre ambos países, como lo es la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, influye en que las relaciones de seguridad establecidas entre estas naciones estén permeadas por elementos de profunda desconfianza que priman en el grado de colaboración requerido en disímiles conflictos e incluso las ha hecho embarcarse, en las ocasiones más críticas, en una carrera armamentista.

Otra de las circunstancias que intervienen en dichas relaciones se vincula al hecho de que desde mediados de la década de los años 80, cuando se libra la “guerra contra las drogas” en el continente y se trata este asunto como de seguridad nacional para los países de la región, especialmente por los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela, en diferentes escenarios, han vinculado la lucha contrainsurgente con la de las drogas, lo cual, en el caso de Venezuela, hizo que prevalecieran en materia de seguridad conceptos tales como la “narcoguerrilla” y el “enemigo común”, con los que la institución armada venezolana ha manejado buena parte de las visiones sobre el conflicto interno colombiano.

Repercusiones en Venezuela

Sin duda, el país más afectado por el conflicto interno colombiano es Venezuela. A partir del año 1985, la guerrilla colombiana, bien el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha realizado una serie de incursiones en territorio venezolano, las que han tenido graves consecuencias para el país.

Una de ellas es la inseguridad creciente en la frontera, con el incremento del número de secuestros de personas y aeronaves, pago de “vacunas”, entre otros. Esto tiene elevados y variados costos para el país, además de generar problemas políticos de importancia, ya que los nacionales de la zona reclaman al Gobierno una mayor seguridad y respuestas contundentes frente al problema, con la amenaza de formar grupos privados de defensa en el caso de que el Estado siga siendo incapaz de proveer seguridad en el área.

Adicionalmente, la violencia imperante en la zona genera el problema de los desplazados y las migraciones forzadas, además de impedir la atención debida a los asuntos relacionados con el medio ambiente, así como los vinculados al delito común, tales como el contrabando de armas, gasolina y precursores y los robos de automóviles, por mencionar sólo algunos.

Por su parte, entre 1985 y 1997 puestos fronterizos del Ejército y de la Guardia Nacional de Venezuela fueron blanco de la acción de la guerrilla con un saldo de varios muertos y heridos y con una enorme repercusión en la opinión pública. Debido a ello y a la presión de las Fuerzas Armadas venezolanas, el gobierno de entonces resolvió crear dos teatros de operaciones en tres estados fronterizos con Colombia, cuyos fines eran los de atender directamente los problemas de seguridad de la zona, por considerarse que el Estado colombiano tenía severas limitaciones para contenerlos. A estos teatros han sido destinados, y se mantienen actualmente, casi la mitad de los efectivos militares del país.

Con la creación de los dos teatros, miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas plantearon la necesidad de recurrir a la “persecución en caliente”, procedimiento según el cual podrían combatir a la insurgencia colombiana en caso de un ataque a un puesto fronterizo aunque tuviesen que atravesar los límites establecidos por la frontera. Esta propuesta fue rechazada en forma muy contundente por Colombia y por varios sectores en Venezuela, aduciéndose que ello significaría involucrarse en un conflicto que no le pertenecía al país.

Las dos circunstancias antes mencionadas han implicado una creciente actuación de la institución armada venezolana en la zona limítrofe con Colombia, especialmente en asuntos de competencia policial, con las graves repercusiones que esto trae en materia de violaciones de los derechos humanos. Justamente por un caso ocurrido en la frontera con Colombia en 1988, Venezuela fue acusada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y responsabilizada por dicha instancia a pagar una cuantiosa indemnización a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de ese hecho (caso El Amparo). Entre 1995 y 1998 los teatros de operaciones funcionaron con la suspensión de algunas de las garantías constitucionales en los municipios de la zona fronteriza, y si bien algunos de los ilícitos disminuyeron, así como los ataques de la guerrilla, el actual mantenimiento de dichos teatros sigue teniendo secuelas no sólo en la zona limítrofe, sino en la institución armada como tal. Cabe destacar que las garantías constitucionales fueron plenamente restablecidas por el actual gobierno de Hugo Chávez Frías, a los pocos días de su toma de posesión y con ocasión del cambio de mando en dichos teatros.

Recientemente han ocurrido una serie de sucesos conflictivos en la frontera, con una influencia determinante en la relación que actualmente guardan los gobiernos de ambos países. La creciente incursión de los paramilitares en una zona fronteriza conocida como La Gabarra ha incidido en un fuerte movimiento de desplazados hacia Venezuela, y la primera movilización, ocurrida en junio, ha desplazado a más de diez mil personas. El problema fue atendido por las Fuerzas Armadas venezolanas, las que se encargaron de toda la movilización, ya que fue considerado como asunto que afectaba la seguridad nacional. En este caso, entre las autoridades venezolanas fluyeron de nuevo las opiniones en cuanto a las limitaciones del Gobierno colombiano para controlar la violencia desbordada de la zona.

Otro de los eventos acontecidos y que merece especial significación es el hecho de que cuatro venezolanos fueron detenidos por las Fuerzas Armadas colombianas en una zona en la que se desarrolla el conflicto con las FARC, acusados de estar involucrados en un ataque al Ejército de ese país y en el tráfico de armas para la insurgencia. En el momento de la detención de los cuatro venezolanos, actualmente a la orden de la Fiscalía de ese país, otros dos desaparecieron y un tercero apareció muerto, en circunstancias todavía no esclarecidas. Según las autoridades venezolanas, este caso sería elevado a la consideración de la Organización de los Estados Americanos, por las numerosas violaciones de los derechos humanos a las que fueron sometidos los mencionados venezolanos.

Por último, los otros sucesos han estado relacionados con el secuestro de dos aeronaves comerciales, responsabilidad atribuida por las autoridades colombianas a la delincuencia organizada y a las FARC. Este último episodio ha creado la gran controversia intergubernamental en torno a una posible reunión del alto comando de las FARC con el presidente de Venezuela.

La paz en Colombia reviste, pues, un significativo interés para Venezuela, no sólo por la dimensión del drama humano que allí tiene lugar y que a diario se constata en nuestro país, sino por las crecientes consecuencias de la violencia en Venezuela. La inconveniencia de ello estriba en el hecho de que mientras el conflicto colombiano persista, la corporación armada venezolana seguirá manteniendo espacios privilegiados de actuación, sin el debido y necesario escrutinio civil en un contexto de transformación institucional en el cual no se ha perfilado claramente el nuevo tipo de relaciones cívico-militares que habrá en el país. El manejo exclusivo de las Fuerzas Armadas venezolanas de los asuntos relativos a la relación de seguridad con Colombia les garantiza, como institución, un acceso muy importante a recursos y a manejos secretos del gasto militar, aspecto cuyos precedentes han sido nefastos para el país.

Por otra parte, la permanente violación de los derechos humanos en la zona como consecuencia del desempeño militar es una de las causas de la violencia, por lo cual la supuesta solución termina siendo parte del problema.

Venezuela ha participado, conjuntamente con Colombia, en diferentes instancias internacionales en procura de la paz en otros conflictos de la región, tal y como ocurrió, por ejemplo, con la experiencia de Contadora, los acuerdos de ONUSAL y ONUGUA. Así, el papel de Venezuela siempre se ha concebido como el de uno de los protagonistas en el grupo de amigos de la paz en Colombia, por lo que una actuación directa de las Fuerzas Armadas en la zona o una intervención de cualquier otra naturaleza podría poner en entredicho, para alguna de las partes en conflicto, la solvencia del rol venezolano en la materia. Por ello, las recientes posiciones venezolanas en torno al conflicto despiertan algunos recelos entre las elites civiles y militares de Colombia, los que tienden a afectar el papel del país en el proceso.

Venezuela y sus circunstancias

En Venezuela tiene lugar una transformación político-institucional sin precedentes en los últimos 40 años. Sin entrar a analizar las consecuencias de ello tanto en el país como en la región, sí se mencionarán las directamente vinculadas con el conflicto colombiano.

En primer término, uno de los aspectos más importantes del cambio en Venezuela se relaciona con la figura del presidente, quien, como se conoce, es un militar retirado, además de un protagonista por excelencia del hecho político. Ello ha derivado en una fuerte preponderancia de la institución castrense en todos los órdenes de la vida nacional y en una nueva mirada y actuación en las relaciones con Colombia, lo cual, sin duda, impacta sobre el conflicto de ese país. En este caso, la ruptura con el pasado que propone Chávez implica que hasta las relaciones diplomáticas “tradicionales” y los actores involucrados en ellas pueden sufrir transformaciones que son vistas con perplejidad y preocupación por los demás países latinoamericanos.

Como se ha explicado, desde las Fuerzas Armadas y el establecimiento venezolano había un tácito acuerdo con las Fuerzas Armadas colombianas en torno a quienes encarnaban la figura del “enemigo común”, la guerrilla, figura no sólo desechada en Colombia tras el nuevo proceso de paz, sino frontalmente rechazada en Venezuela a partir de las consideraciones del presidente en materia de las relaciones con Colombia y sus opiniones sobre la naturaleza del conflicto interno de ese país. El argumento central consiste en que éste ya afecta a Venezuela en niveles inmanejables, especialmente en lo que atañe a su seguridad interna. Por ello, si el gobierno colombiano no puede contener la violencia que repercute en Venezuela, ésta buscará tratar directamente con los actores en conflicto, con el fin de contener sus consecuencias en el territorio nacional.

Aun cuando este argumento había sido manejado oficiosamente en ciertos círculos de poder con anterioridad, nunca había sido planteado de manera pública por el presidente de Venezuela, figura que en otras ocasiones, y aun durante los problemas limítrofes persistentes, había actuado en total coordinación en la materia con el Gobierno colombiano.

En suma, nuevas tensiones afloran sobre la posición venezolana en relación con el proceso de paz en Colombia; para el establecimiento colombiano, Venezuela ya no goza de la misma confianza que tenía antes en torno a dicho proceso, no sólo por las posiciones del Presidente sino por su figura misma; de igual forma, en muchos sectores colombianos se entiende la disposición presidencial de negociar de manera autónoma con la guerrilla colombiana como un apoyo a ésta y un reconocimiento a su beligerancia, lo cual tendría diversas implicaciones.

La guerrilla, por su parte, que antes mostraba muchas reservas sobre la posición del gobierno venezolano en el conflicto, podría obtener ciertos beneficios de la nueva posición, por lo que no quedan suficientemente claros los objetivos de la última acción de las FARC de secuestrar una aeronave venezolana, acción que arroja dudas sobre la solidez de los compromisos a los cuales el Gobierno venezolano pudiera llegar con las diferentes organizaciones insurgentes. Adicionalmente, la apertura preliminar de un diálogo con la guerrilla ha traído como consecuencia que el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, amenazara recientemente a Venezuela con tomar represalias directas en su territorio por dicha actitud, todo lo cual conforma un escenario conflictivo que repercute a todas luces en el proceso de paz encaminado en Colombia.

En segundo término, el cambio de posición de la política internacional venezolana no ha sido sólo con el Gobierno de Colombia, sino también con los Estados Unidos, lo que añade al antagonismo planteado una nueva dimensión problemática. Al respecto, y en torno al conflicto con Colombia, cabe destacar la actuación de los Estados Unidos en el sentido de concitar un apoyo en la región con el fin de contener cualquier “desbordamiento” de la violencia colombiana. Sobre el particular, las reacciones en Venezuela ante las diferentes propuestas norteamericanas han sido negativas, considerándoselas como precedentes peligrosos y conducentes a una intervención contundentemente rechazada por el país.

Así, aun con enormes contradicciones internas en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, el Gobierno limitó la formación del “triángulo operativo sobre Colombia” mediante el rechazo del uso del espacio aéreo nacional por naves norteamericanas y la protesta del desarrollo de facilidades militares en Aruba y Curazao, aunque, en aras de la estabilidad de la relación, autorizó la instalación de un radar para operaciones antinarcóticos en la región fronteriza de San Fernando de Atabapo.

En este sentido, asimismo, declaraciones de importantes líderes del “Polo Patriótico”, coalición política de apoyo al Presidente, señalan que Venezuela actúa con mucha cautela en el caso de sus relaciones con Colombia, debido a los riesgos de intervención que estarían planteados para ese país, por lo cual el problema de los desplazados, por ejemplo, se denomina como de “refugiados en tránsito” (sic), para no utilizar denominaciones correspondientes al derecho internacional humanitario que puedan servir de elementos para la mencionada intervención.

Aunque son conocidas las diferencias que en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas existen en torno a la posición del país frente a Colombia y a los Estados Unidos en relación con este conflicto, pareciera que en las actuales circunstancias existe cierto consenso en no apoyar en modo alguno ni una intervención, caso extremo, ni una escalada de intervención protagonizada por alguno de los países de la región, lo cual, sin duda, añade nuevos elementos de tensión en la visión regional sobre el conflicto y las diferentes salidas planteadas. 

Algunas reflexiones necesariamente inconclusas

Son muchas las interrogantes e incertidumbres que se abren tras la nueva posición venezolana frente al conflicto interno colombiano. Una de ellas se relaciona con cuáles deberían ser las acciones de la comunidad internacional por un lado, y especialmente las de Venezuela, destinadas al logro de la paz en Colombia. En este sentido, queda claro que la concertación más importante debería realizarse en torno a una disminución de la violencia en el conflicto, lo que implicaría, por tanto, no un apoyo específico a cualquiera de los sectores en pugna cuyo efecto contraproducente sería el de aumentar la violencia, sino el establecimiento concertado de unos mecanismos de mediación entre los actores y de verificación de los acuerdos eficientes y solventes, todo ello en concordancia con los principios propuestos por la sociedad colombiana y de común acuerdo con ella.

No hay duda de que es muy importante para la paz en Colombia que Venezuela rechace categóricamente, como lo ha hecho, cualquier intento o tipo de intervención internacional en el conflicto interno que se libra en ese país. Sin embargo, un exceso de protagonismo de Venezuela en cuanto a los métodos más adecuados para alcanzar la paz en Colombia podría tener efectos contrarios a los previstos, ya que le daría al papel venezolano una beligerancia sumamente inconveniente en un proceso tan complejo y contradictorio, con el riesgo de invalidarse a corto plazo frente a cualquiera de los actores de éste. Adicionalmente, un viraje tan pronunciado de la posición venezolana generaría aún más contradicciones de las que ya existen en el estamento militar venezolano, que no está muy convencido de cuál debe ser, finalmente, su postura frente a los acontecimientos: si bien la guerrilla colombiana podría no ser su “enemigo común”, no deja de ser su “enemigo natural”. Una discordancia tan profunda al respecto, máxime con las presiones ejercidas por los Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas de los países de la región para involucrarlas en esta “nueva guerra contra las drogas”, podría tener consecuencias en la cohesión interna de la institución, hecho no deseable en la actual coyuntura del país, dada la profunda transformación institucional en curso.

La paz en Colombia es un imperativo latinoamericano. Por tanto, las políticas de la región al respecto no deben dejar de lado esta premisa fundamental si lo que pretenden es facilitar y ayudar al proceso, sin interferencias de otros conflictos, sean ellos históricos o de otra índole argumental como la del narcotráfico, manteniéndose atentas a las directrices emanadas por la sociedad colombiana en su conjunto.

* Profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela.

 

PERÚ:
¡Cómo te usan, COLOMBIA!

Carlos Basombrío I.

Se sostiene cómo el problema colombiano es usado en la política interna y en la externa del Perú para fortalecer, legitimar y apoyar la continuidad del régimen autoritario en nuestro país.

 

Hace dos domingos, en horario estelar y en el canal de televisión más importante del país, la más popular y gobiernista de las animadoras de los sórdidos talk-shows que denigran la televisión peruana se convirtió, de súbito, en comentarista internacional de un especial sobre Colombia de dos horas de duración.

El programa era aterrador: Colombia está fuera de control; las guerrillas y los narcotraficantes, flagelos conocidos por nosotros, controlan el país y no hay garantía alguna de que, mientras Pastrana juegue irresponsablemente con la idea de un proceso de paz inviable, esto tenga remedio; peor todavía: hay un enorme riesgo de contagio, y si nos descuidamos podemos perder la paz que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, brillante y sacrificadamente, nos consiguieron para nuestra felicidad de cada día.

Las razones y el enfoque del programa no hay que buscarlos en la iniciativa espontánea de los productores y periodistas de la TV peruana (hoy por hoy, no hay espontáneos en esos ambientes); el "especial" se enmarca, más bien, en una ya larga campaña del Gobierno contra el proceso de paz colombiano.

El primer hito tuvo lugar a comienzos de año con un discurso de Albero Fujimori en Washington ante una nutrida audiencia de militares de las dos Américas. Seguro de tener algún eco en ese ambiente, el mensaje fue en síntesis el arriba descrito, pero con el añadido de que "el exitoso modelo peruano", de ser requerido, estaba a disposición de los colombianos. En otras ocasiones, y con un dudoso sentido del humor, ha ofrecido incluso sacrificarse él directamente exportando –sólo por un tiempo, eso sí– al propio Montesinos a Colombia para solucionarles de una vez por todas el problema.

¿Por qué Fujimori está tan interesado en lo que ocurre en Colombia?

La primera interpretación a la que se debe recurrir es la de la buena fe. Es decir, el Presidente del Perú está realmente preocupado por Colombia (después de todo, vecino cercano) y por el incesante sufrimiento de su gente. Pero la verdad, la verdad, luego de casi diez años de conocerlo, los peruanos sabemos que el sentimentalismo no es su fuerte.

Segunda hipótesis de buena fe: ante esta nueva acechanza, está preocupado por nosotros los peruanos. Cabe preguntarse entonces: ¿cuál es la magnitud real de la amenaza colombiana para el Perú? Estando familiarizados con la gravedad de lo que ocurre en ese país y con las dificultades de encontrar soluciones prontas, sería absurdo negar aquí la magnitud del problema. De ahí que para el Estado peruano sea legitimo, y posiblemente necesario, fortalecer militarmente nuestras fronteras con Colombia, para evitar las incursiones de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares en nuestro territorio.

Pero es necesario señalar que el tema colombiano, en su dimensión de problema fronterizo con el Perú, no es importante. Perú, junto con Brasil, es, de lejos, el país fronterizo menos afectado por este asunto. Ecuador, Venezuela o Panamá tienen, en todo caso, infinitas más razones para preocuparse, y sus reacciones han sido hasta ahora bastante menos altisonantes y sus políticos más respetuosos de las dificultades internas de los colombianos.

Hay que agregar que nuestra región fronteriza con Colombia no ha sido precisamente una prioridad de éste, ni para el caso de los anteriores gobiernos, y que para los pocos peruanos que allí viven tendría mucho más sentido el desarrollo de una política de fronteras que se preocupe por la salud, la educación y los servicios básicos y, sólo subordinadamente, que conlleve una presencia militar más frecuente. En síntesis, si bien una alerta militar es razonable, no hay por dónde justificar el alarmismo destemplado y centralmente coordinado.

¿Qué se busca, entonces? La hipótesis (la de la mala fe) es que el drama colombiano quiere ser usado por el régimen autoritario peruano como una fuente de legitimación y como una palanca más para permanecer en el poder por otros cinco años.

En el nivel interno, al levantar el fantasma colombiano se busca conseguir, de un lado, un mayor reconocimiento de la población de los éxitos (reales y supuestos) del Gobierno y las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna. Además, virtualmente acabado el problema subversivo interno y firmada la paz con el Ecuador, la "amenaza colombiana" ayuda a justificar unas Fuerzas Armadas grandes, atribuciones excepcionales y, sobre todo lo anterior, el papel de Vladimiro Montesinos.

En el frente externo los objetivos también son bastante evidentes. Como se sabe, el Gobierno peruano sufre fuertes cuestionamientos por sus políticas en los ámbitos de democracia y por su récord en derechos humanos. Es posible suponer que este cuestionamiento, liderado por los Estados Unidos, pudiera aumentar si es que se trata de imponer una tercera reelección presidencial contra el texto explícito de la Constitución.

Con su discurso sobre Colombia, Fujimori y Montesinos buscan hacerse oír en los sectores "duros" de los Estados Unidos, aquellos más escépticos frente a la paz de Pastrana (y quizá con más poder de decisión de ganar Bush en el 2000), que piensan que la fuerza militar va a ser el elemento determinante en la solución del conflicto en los años que vienen. El mensaje parece ser: "déjense de tonterías de democracia y derechos humanos; cuando la seguridad nacional está en juego, hay que apoyar a los amigos, y qué mejor aliado que nosotros, que ya sabemos cómo tratar estos problemas y que apoyaremos las salidas militares que se requieran. Además, hoy nos necesitan más que nunca. Miren si no a Chávez, que hasta parece ya aliado de la guerrilla".

Nadie medianamente informado puede tomar demasiado en serio la vocación o capacidad de los mencionados personajes para influir decisivamente en el curso del conflicto colombiano; pero si el mensaje llega, y de algún modo neutraliza a sus enemigos en los Estados Unidos –a saber, quienes privilegian en las relaciones con el Perú el respeto al estado de derecho y los derechos humanos–, se habría conseguido lo principal.

La opinión pública peruana, bombardeada masiva y unilateralmente con mensajes militaristas, quizá está ganada por esta visión del problema. Aun así, y por más adversas que sean las condiciones, es nuestra obligación construir en el país una opinión pública consciente del drama de nuestros vecinos, informada sobre la complejidad del problema y sobre todo solidaria con su sufrimiento.

En lo único que le puedo dar la razón a Fujimori es en que nosotros sí sabemos lo que significa el horror cotidiano de la violencia y de la muerte que viene de todos lados. De ahí nuestra obligación de ayudar a que quienes son parte esencial de esa lógica tengan sus manos bien lejos de Colombia.