¡NOS TOCÓ EL TURNO Y NOS CONFESAMOS CULPABLES!
(Cargamontón contra las ONG
de derechos humanos)"Sin ninguna autoridad moral, ni intelectual; no han sido elegidas por nadie; se meten en todo y se han erigido en jueces de todo el mundo; son muy sospechosas y hay que investigarlas."
(Martha Hildebrandt, presidenta del Congreso.)
En las últimas semanas se han desatado las iras del Gobierno contra las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Hildebrandt no está sola en el empeño. Varios parlamentarios más la acompañan –notoriamente, Luis Delgado Aparicio–, y cuentan con el siempre entusiasta aporte del diario Expreso. No olvidemos, además, que el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Bustamante, es una especie de precursor en la materia.
Que todo esto se veía venir, se venía venir...
Primero: porque el tema de los derechos humanos es un tema central para el Gobierno. No en el sentido que podría serlo para gobiernos democráticos y civilizados en otros lares. Lo es por su impacto político. De un lado, ha sido una permanente piedra en el zapato del fujimorismo; incluso antes del golpe, pero mucho más después del 5 de abril de 1992. Así, han experimentado en carne propia la contradicción de reclamarse modernos y globalizados en economía y querer regresar a la tribu y las cavernas en derechos humanos. No les ha sido fácil; y, mil veces cuestionados, han tenido –a regañadientes– que conceder en algunos puntos.
Pero, a la vez, saben que la manipulación del tema de derechos humanos para consumo interno, en el sentido de describirlos como un escudo para los terroristas en desmedro de la seguridad del buen ciudadano, puede dar puntos en las encuestas; sobre todo cuando se cuenta con un control tal de los medios de comunicación que es virtualmente imposible que un debate serio al respecto llegue a las mayorías.
¡Qué mejor ejemplo de la validez de las afirmaciones anteriores que la crisis con la Corte Interamericana de Derechos Humanos!
Segundo: porque conforme se acerca la etapa final de la campaña electoral, el círculo se está cerrando para el único objetivo político que realmente importa, el de la re-reelección. Los años previos fueron aprovechados para el control de todas las instituciones que puedan tener que ver con el proceso y con el resultado electoral. 1998 fue testigo del control y "despolitización" de la televisión. En 1999 se han concentrado, de un lado, en amedrentar a la prensa escrita y, del otro, en la "demolición" de los posibles candidatos opositores.
En ese esquema, era bastante sencillo suponer que un paso siguiente fuera atacar a las ONG de derechos humanos, a las que suponen bastante efectivas (modestia aparte, no les falta razón) en mostrar, tanto en el nivel nacional como en el internacional, la magnitud de los problemas de derechos humanos a los que hacemos frente; y en conseguir que en el país, y en la comunidad internacional, se genere una corriente crítica y, cuando es posible, sanciones efectivas para los responsables de su violación.
Tuvimos un indicio bastante claro de que algo muy feo se venía cuando apareció en la prensa la carta de un funcionario de la SECTI (organismo estatal que registra todos los datos de estas "misteriosas" organizaciones) en la que alertaba sobre la insistencia del SIN en meter sus narices por allí. En la edición anterior concluíamos nuestra nota al respecto señalando:
"Esta carta se suma a un conjunto de hechos de desprestigio y hostilización que se han venido dando en los últimos meses y hace verosímil pensar que (con el dinero de los contribuyentes, por cierto) se prepara una campaña más grande contra estas organizaciones. Es importante que la opinión pública lo sepa de antemano, para que haya, en caso de ser necesario, capacidad de reacción en el país y en el exterior". (... Tan, tan despistados no andábamos.)
¿Qué hacen las ONG?
La organización de los ciudadanos con el fin de promover una causa determinada es una de las características centrales de la vida de las sociedades modernas. Se parte del principio básico de que no basta la acción del Estado para solucionar los problemas, y que es necesario desarrollar acciones desde la sociedad civil y a la vez presionar al Estado hacia delante.
Las motivaciones son innumerables; recordemos aquí sólo algunas: protección del medio ambiente; difusión de tecnologías alternativas; promoción de los derechos de la mujer o del niño; desarrollo del agro; promoción de la microempresa; y hasta en algunos casos de grupos de extremistas incorregibles, la vigencia de los derechos humanos.
¿Qué hacen las ONG? Más o menos lo obvio: investigación, educación, trabajo de opinión pública, patrocinio de casos legales, propuestas alternativas y trabajo internacional. Sí: trabajo internacional, aunque escandalice al Gobierno.
Las causas con las que están involucradas las ONG no se agotan al interior de las fronteras de cada uno de los países, y son de interés común de la humanidad. Estamos casi redescubriendo la pólvora, pero recordemos que todos los organismos del sistema de Naciones Unidas o de la OEA, una gran cantidad de gobiernos (incluyendo muchos de América Latina), el Banco Mundial y el BID tienen, todos, diferentes e importantes mecanismos institucionalizados de consulta con las organizaciones no gubernamentales. Así se reconoce su conocimiento específico de un problema determinado y, al mismo tiempo, el derecho a expresar un punto de vista desde la sociedad y no sólo desde el Estado.
Para seguir recordando lo obvio, las grandes conferencias internacionales que en la última década han marcado las políticas mundiales en diferentes campos –la cumbre social en Helsinki, la mujer en Beijing, políticas de población en El Cairo, medio ambiente en Río de Janeiro y derechos humanos en Viena– han contado con el impulso, la presencia y significativa influencia en sus resultados de ONG de todo el mundo. (No se lo digan a Expreso, pero hasta las peruanas estuvieron.)
Recursos y fiscalización
Una de las cosas que más irritan a los parlamentarios del Gobierno es que las ONG tengan recursos económicos para realizar su trabajo. Lamentamos desengañar a los lectores, pero tampoco hay por allí ninguna historia especialmente truculenta que los pueda cautivar.
Los centenares de organizaciones no gubernamentales que existen en el Perú (y, para el caso, en toda América Latina y el mundo pobre en general) dependen, para realizar su función, de la colaboración de terceros quienes, por una razón u otra, perciben que su labor es importante y debe ser apoyada. Parte de esos recursos vienen de fuentes nacionales: empresas, individuos sensibles, los propios beneficiarios e, incluso, de la asignación de fondos estatales para la ejecución de determinados proyectos. Sin embargo, y en la medida en que los nuestros son países muy pobres en los que además no hay una tradición filantrópica muy desarrollada, muchos de los recursos de las ONG vienen del exterior.
Estos recursos provienen tanto de fundaciones privadas (las más de las veces vinculadas a iglesias cristianas) como de los propios gobiernos de los países donantes e incluso, crecientemente, de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Los donantes privados basan su decisión de apoyar a las ONG de los países pobres en un diagnóstico común de la naturaleza de los problemas (pobreza, destrucción del medio ambiente, violación de los derechos humanos, discriminación de la mujer, etcétera, etcétera) y en el tipo de alternativas con las que se les debe hacer frente. A la base de ello está la idea de que los problemas que afectan a cada uno de los pueblos del mundo le conciernen a todos y cada uno de los demás (la globalización, que le dicen).
En el caso de los donantes gubernamentales o de organismos multilaterales, prima muchas veces la evaluación de que canalizando por lo menos parte de su ayuda a los países pobres a través de ONG y no de gobiernos, se logra evitar las taras que muchas veces caracterizan la administración gubernamental de la ayuda exterior: excesiva burocracia que consume mucho de la ayuda, falta de consulta a los beneficiarios, ineficacia y corrupción (obviamente, nuestro gobierno es un caso excepcional).
Ahora bien, y contra la impresión que con tanta ligereza se busca difundir: hay que señalar que los recursos para las ONG son relativamente escasos; que están vinculados a la realización de actividades muy concretas y verificables por los donantes; que hay una fiscalización muy exigente del manejo administrativo y contable; y que los resultados de los proyectos que se apoyan son minuciosamente evaluados como requisito para cualquier nueva donación.
En cuanto a la fiscalización del Estado, hay que señalar que ésta actualmente existe y corresponde a la que se puede tener sobre organizaciones privadas (inscripción, información sobre actividades, presentación de balances, pago de impuestos, etcétera). Pero si lo que está pensando el Congreso es que ellos son los que van a decidir el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién de las ONG, pues simplemente éstas dejarían de ser ONG y pasarían a ser OG. (Sí, ya sabemos que eso es lo que en el fondo quieren, pero regresar al paleolítico tiene sus dificultades.)
Otra de las cosas que desconciertan y sublevan a Delgado Aparicio y sus colegas es que en las ONG se paguen remuneraciones por los trabajos que se realizan.
Efectivamente, todas las organizaciones no gubernamentales contratan regularmente servicios profesionales para realizar su labor en los diferentes ámbitos en los que intervienen. Y el monto de lo pagado varía, como en todo tipo de empresa o institución pública, por los más diversos y obvios criterios. Pero ya que hay tanta curiosidad de nuestros padres y madres de la patria al respecto, démosles una pista: los sueldos más altos son mucho, pero mucho, pero mucho menores que los de los parlamentarios que hoy nos investigan; claro: es que ellos sí tienen una importancia y utilidad para el país que nadie se atrevería a poner en duda.
Sean sinceros: en el caso de las ONG de derechos humanos, lo que en realidad les irrita es que existamos; que tengamos credibilidad en el interior y en el exterior; que, a consecuencia de ello, la cooperación internacional considere pertinente apoyar nuestro trabajo; que acudamos a los diferentes foros internacionales a los que nos corresponde asistir para plantear nuestros puntos de vista (la OEA y la ONU, por mencionar los más probadamente cómplices de la subversión); que mantengamos vínculos fuertes y permanentes con organizaciones internacionales que tienen con nosotros una perspectiva común de los problemas y una "alianza estratégica" (Amnesty International, WOLA, Americas Watch, por mencionar a las que tienen requisitoria vigente por el Consejo Supremo de Justicia Militar).
No podemos negarlo: nos han descubierto. ¡Hacemos todo eso... y más! Nos entregamos y nos declaramos culpables (C.B.I.)
Test para incautos
"Las ONG no existirían si no contaran con fondos de la socialdemocracia europea, las ONG norteamericanas y canadienses, el Banco Mundial, entre otras fuentes financieras. Pero estos recursos no vienen sin objetivos definidos. Muy por el contrario, están destinados a rubros y objetivos específicos: o bien buscan un beneficio económico directo de estas donaciones (para obtener nuevas ganancias o conservar las que tienen), o bien pretenden mantener o cambiar una situación política de acuerdo con sus intereses."
"... estas instituciones tienen luz verde en la distribución de los fondos en la manera en que mejor les parezca. Es así que los Comités Directivos, sus asesores y sus allegados se vienen pagando remuneraciones de ‘altos’ funcionarios, se dan continuos viajes de placer al exterior, con el pretexto de asistir a cualquier evento, coordinar alguna ayuda o buscar financiamiento para alguna investigación de escritorio".
Las opiniones citadas son de:
a) Alberto Bustamante. b) Martha Hildebrandt. c) Luis Delgado Aparicio. d) Eduardo Calmell del Solar. e) Abimael Guzmán Reynoso.
Ta, ta, ta, taaaaaa. La respuesta correcta es... "e", Abimael Guzmán Reynoso. Estas afirmaciones las difundió el "Presidente Gonzalo" en El Diario durante su propia campaña de ataques contra las ONG, que tuvo su momento más alto en 1992.
Esto no debería sorprender a nadie medianamente conocedor de la política y de la historia. Es impresionante cómo los proyectos autoritarios, aun cuando de distinto signo, coinciden en la intolerancia a la crítica y la fiscalización; en este caso, la que hacen las ONG de derechos humanos. Es que en general, y por su misma naturaleza, las ONG tienden a ser incómodas al poder. Y, digámoslo claramente, en buena hora que así sea.