EL RETIRO DE LA CORTE INTERAMERICANA: INADMISIBLE
Crónica de un pronunciamiento
no anunciadoErnesto de la Jara
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un contundente e inequívoco pronunciamiento sobre el retiro del gobierno del Perú de su competencia contenciosa: inadmisible. Y ha dicho también que seguirá con los casos sobre el Perú. Este pronunciamiento pone punto final al intento de pasar internacionalmente "gato por liebre", es decir, de dar juridicidad –o por lo menos de ubicar en el limbo de lo dudoso o discutible– lo que sólo ha sido una pateada de tablero, algo que, por momentos, estuvo a punto de ganar, lo que revela vulnerabilidad del Sistema Interamericano.
Existe un primer punto en el que hay que reparar y que podría pasar desapercibido por tenerlo delante de nuestras narices: hubo pronunciamiento de la Corte; es decir, la Corte Interamericana ha dicho expresamente que lo que ha hecho el gobierno de Fujimori en relación con el Sistema Interamericano no procede. Es importante hacerlo, porque el gobierno había puesto todas sus baterías y hasta armas secretas en evitarlo. Y aparentemente le estaba saliendo tan bien, que hasta los expertos en el Sistema Interamericano no creían que la Corte se atreviera a pronunciarse. Pues el gobierno calculó mal y los expertos esta vez se equivocaron: la Corte se atrevió a pronunciarse.
Pongamos sobre la mesa lo que en todo esto está por debajo –y se podría decir que hasta en el sótano–, para luego pasar a ver por qué el silencio o ambigüedad de la Corte era clave para el régimen de Fujimori, y por qué, entonces, lo contrario ha sido para él una derrota más en el ámbito internacional.
Como todo el mundo sabe, lo que provocó la ira del gobierno contra el Sistema Interamericano fue el que estén prosperando algunos casos verdaderamente calientes y que tienen que ver con la esencia misma del régimen; básicamente, Ivcher, Tribunal Constitucional (re-reelección), La Cantuta y Barrios Altos (los dos primeros ya en la Corte, los dos últimos en camino).
Con métodos nada santos, el régimen ya había logrado cerrar todas las vías nacionales de reclamo sobre estos casos, y de pronto se abre una internacional, el Sistema Interamericano, que no se había previsto y que, al no estar bajo control
–como sí lo están todas las instituciones nacionales–, se le escapa de las manos. Había, pues, que tomar medidas para impedir que esto siguiera avanzando.La política del buen look
Lo primero que hizo el gobierno fue nombrar una comisión de alto nivel presidida por el hoy primer ministro, Alberto Bustamante, e integrada por el actual encargado del Ministerio de la Presidencia, Edgardo Mosqueira, y otros, con la misión de realizar intensamente, y sin escatimar recursos, algo en lo que el oficialismo quiere tener el monopolio y no tolera que hagan los demás: lobby, directamente ante la Comisión Interamericana y ante instancias y personas vinculadas a ella.
El nombramiento de esta comisión de alto nivel debe haber generado expectativas, porque hay que reconocer que sus integrantes tienen a su favor puntos con los que no suelen contar quienes se prestan a cumplir este tipo de encargos de alto riesgo: calificación profesional, buenos modales y supercosmopolitismo. Más aún cuando fueron por todas partes ofreciendo el oro y el moro, más allá de toda posibilidad; según ellos, el gobierno estaba dispuesto a devolver a Ivcher su nacionalidad y canal, a restituir a los miembros del Tribunal Constitucional y a investigar y sancionar en los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
Pero no había que hurgar mucho para descubrir el talón de Aquiles de esta vistosa comisión: la real-realite. Lejos de ser fantasías de la oposición, estos casos ocurrieron ante la vista y el espanto de todos; son gravísimos (como que no todos los días se le quita la nacionalidad a un poderoso empresario-ex amigo, se tumba a un Tribunal Constitucional o se asesina a estudiantes o comensales de una pollada), y las violaciones de normas nacionales e internacionales en torno a ellos saltan a la vista.
Además, en dichos casos es poco lo que el gobierno puede retroceder o conceder a estas alturas. ¿O acaso alguien cree realmente que con este régimen podríamos volver a ver, como si no hubiese pasado nada, a Ivcher dirigiendo Canal 2, a Delia Revoredo, Aguirre Roca y Rey de nuevo en el Tribunal Constitucional (aunque sea por unos cuantos meses), y a los responsables de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos sentados en el banquillo de los acusados? Imaginemos por unos instantes las tres escenas; no, definitivamente imposible, y más todavía en vísperas de elecciones.
Y por eso esta comisión de alto nivel estaba condenada desde el principio a no poder ir más allá de ofertas y buenos modales, y a tratar de aparentar un cambio; cambio en la actitud que el gobierno mantenía desde hace años frente al Sistema Interamericano a través de algunos abogados de corte militar y de Beatriz Ramaccioti, representante del Perú ante la OEA, tan anti-Sistema Interamericano y tan anti-derechos humanos que en el medio se había ganado el apelativo de "Rambochoti".
Los estrategas del régimen pensarían, seguramente, que de esa manera podrían frenar a la Comisión y la Corte, o
–como creen los más malpensados– tan sólo ganar tiempo mientras se echaba a andar lo que vino después; una especie de comisión de negociación, mientras se construía el túnel y las condiciones propicias para su utilización, obviamente con las mediaciones del caso.Fue cuando la Comisión decidió, a pesar de todo, pasar a la Corte el caso del Tribunal Constitucional, que el gobierno consideró que había llegado la hora de poner en práctica algo a lo que nos tiene muy acostumbrados internamente cada vez que las reglas o los resultados no son de su agrado: patear el tablero.
Lo primero que se hizo fue buscar un buen pretexto. Y
–como se ha dicho tantas veces– el que la Corte expidiera el fallo Castillo Petruzzi justo, pero justo en este contexto, le vino al gobierno como anillo al dedo: tratándose de emerretistas y encima extranjeros-chilenos, era muy fácil manipular información y opinión pública, más allá de los fundamentos legales de la sentencia (debido proceso), indiscutibles, aunque el que haya avanzado este caso y no otros más representativos de los miles de inocentes produjera en todos un mal sabor (véase recuadro sobre Castillo Petruzzi).Mala fe del gobierno, sin dudas, pero ¿por qué la Comisión y la Corte no coordinaron por lo menos el timing para sacar este fallo? ¿No se podía prever acaso que sacar un fallo controversial, aunque no sea por razones jurídicas sino de política interna, precisamente cuando la Comisión estaba viendo casos tan sensibles para el régimen político del Perú, sería utilizado para descalificar al Sistema Interamericano, tal como ocurrió? En definitiva, ¿debe o no haber una coordinación entre lo internacional y lo nacional? Los especialistas afirman que un sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos no puede tener este tipo de consideraciones; aun así cabe plantear el tema.
Luego de trabajar intensamente el pretexto en la opinión pública nacional (¡cuidado!: la liberación de terroristas pone en peligro nuestra seguridad, porque trae la vuelta de SL y del MRTA), incluida una abierta campaña de desinformación (se difundió falsamente que la Corte exigía la liberación y hasta el pago de indemnizaciones), vino el puntapié al tablero. Sólo que, en típico estilo fujimorista, la patada fue revestida de una cierta legalidad; no fue la abierta y franca rebeldía, sino que se sacó una fórmula absolutamente inesperada: el retiro de la competencia contenciosa de la Corte.
Al comienzo la cosa fue vista como una pachotada sin sustento alguno y sin ninguna posibilidad de prosperar, pero después se fue descubriendo –sería mezquino no reconocerlo– lo sofisticada y peligrosa que era la jugada del gobierno. La finalidad era absolutamente ilícita y hasta fraudulenta (salirse del Sistema por la ventana y con el fin de incumplir fallos adversos ya expedidos), pero de hecho se había encontrado una fórmula distinta de la denuncia de la Convención, frente a la que, usando la mala fe, se podían jalar algunos argumentos: no estaba prevista pero tampoco prohibida; algunos precedentes podían invocarse parcialmente; como no era denuncia, ya el plazo de un año no operaba; si el ingreso era unilateral, la salida también lo podía ser, etcétera.
Hay que reconocer, además –y hasta, por qué no, con cierto orgullo– que era una fórmula made in Perú, al ser la primera vez que un país intentaba salirse del Sistema de esa manera.
La estrategia, en todo caso, consistía en sembrar la duda, poner las cosas en el terreno de lo discutible, argumentos a favor-argumentos en contra, y para eso el gobierno recurrió a la voz autorizada de algunos juristas nacionales –muy pocos, felizmente– y al internacionalista Gross Espiel, a quien los medios de comunicación identificados con el gobierno levantaron como el jurista más grande del mundo. El rumor limeño llegó a decir que él era el verdadero inventor de la fórmula (a pedido especial del gobierno, claro), aunque hubo quienes se encargaron de desmentir tal injusticia con el talento nacional.
Pero no hay que desdeñar lo que el gobierno logró en este terreno del debate jurídico-internacional. Fuera del Perú, hubo también expertos que dudaban si se podía o no, de acuerdo con el derecho internacional. La propia Comisión Interamericana, directamente afectada por la decisión y los ataques destemplados del gobierno, consideró que lo que correspondía era sacar una nota de prensa en la que se declaraba que el Perú estaba obligado a cumplir con los fallos expedidos ya por la Corte; pero respecto al retiro de la competencia, manifestó que estudiaría el punto y que se pronunciaría sobre él oportunamente.
Comisión de alto nivel II
Una vez comunicado oficialmente el retiro de la Corte, el gobierno, lejos de caer en la pasividad, decidió hacer lo imposible para ganar el respaldo nacional e internacional. En el ámbito interno no sólo levantó al máximo el tan rendidor "cuco" del terrorismo, sino que inició una campaña de desprestigio contra los miembros de la Comisión y de la Corte, campaña que ha llegado a tales niveles de alucinación que, estamos seguros, ha sido contraproducente para la posición oficial. Hasta ahora no hay día en que no salga un representante del régimen a acusar a alguno de ellos de terrorista, comunista, viejo decrépito, mediocre, ignorante, etcétera, etcétera.
Internacionalmente se volvió a recurrir a la comisión de alto nivel, siempre con Bustamante a la cabeza –en vísperas de su nombramiento como primer ministro–, acompañado de Chirinos Soto, Goldenberg y el ex canciller Francisco Tudela. (Sobre el mensaje de esta Comisión, véase el recuadro "Planes para liberar a Abimael"). Al final de la gira el propio Bustamante escribió algunos artículos periodísticos para contarnos que allí donde habían ido prácticamente se les había otorgado una medalla al mérito por el retiro de la Corte.
El golpe
Pero al margen de este tipo de exageraciones, lo cierto es que el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos de la OEA sintió el golpe y por momentos hasta pareció crujir. Y el que una reacción como la del gobierno de Fujimori (desafiante de mala manera y claramente improcedente) lograra este efecto, no hizo más que revelar las debilidades y vulnerabilidades del propio Sistema, más allá de los avances que de hecho ha habido durante los últimos años.
Una primera debilidad que ha saltado a la vista es la falta de mecanismos previstos por el propio Sistema para hacerse respetar y hacer cumplir sus decisiones. Por acá hay toda una veta a explorar, tanto en términos de instancias de la OEA que tendrían que operar obligatoria e inmediatamente cada vez que se produzcan situaciones de este tipo, como en términos de las consecuencias que un comportamiento así debería arrastrar en todos los ámbitos de relaciones entre los países en general y con los organismos multilaterales.
Ante la inicial pasividad del Sistema Interamericano de protección y de la OEA en general, aparecía como incomprensible que se haya decidido procesar casos que tocaban la esencia misma del régimen autoritario del Perú, y que no se hubiera previsto estrategias para hacer frente a una esperable mala reacción; era como haber subvalorado a un régimen que ya había dado muestras de su capacidad para emplear todo tipo de mañas.
La necesidad de un mayor compromiso de los estados con la Comisión y la Corte es otro asunto que ha quedado claro. Si bien cada vez son más los estados que forman parte del Sistema y que respetan sus decisiones, falta mucho más compromiso en la defensa y consolidación de su legitimidad y eficacia. El respaldo que tienen los países europeos por "su" Corte europea y la creación de algunos mecanismos para ello (no se puede ser de la Unión Europea si no se reconoce la competencia de la Corte), es un ejemplo a observar.
Esto último, sobre todo, porque ha sido en torno a esta debilidad que el régimen fujimorista intentó llevar agua para su molino, para lo que buscó persuadir a los diferentes gobiernos de hacer causa común contra la Comisión y la Corte con el argumento de "esta vez he sido yo pero mañana puedes ser tú", porque "todos tenemos o hemos heredado rabo de paja".
En realidad, hace ya varios años que el Perú está abanderando –infructuosamente, por suerte– esta lógica que plantea que el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos es una amenaza o harakiri para los estados, que hay que reformar, por tanto, hasta convertirlo en inocuo.
Prueba de esta debilidad de los diferentes países en la defensa del Sistema es que no se llegó a promover la vía de la opinión consultiva ante la Corte (una de las posibilidades de acuerdo con la Convención), debido a que dicho mecanismo pasaba por consulta previa a los diferentes gobiernos, y había una cierta incertidumbre frente al resultado que dicha consulta arrojaría. ¿Qué diría cada país si tuviera que pronunciarse expresa e individualmente?
El que Estados Unidos y Canadá no sean efectivamente muy partidarios de la fiscalización internacional en carne propia y que, por lo tanto, no hayan suscrito la Convención y reconocido la competencia de la Corte, fue otra de las fragilidades manifestadas. Aparte de ser una inconsecuencia e incoherencia con una posición pro derechos humanos, impide que estos países puedan cerrar filas contra actitudes como las del gobierno de Fujimori, por lo menos públicamente y ejerciendo un papel de liderazgo.
La situación regional es otro de los elementos que hizo más difícil la defensa del Sistema Interamericano frente a los ataques del gobierno peruano. ¿Qué país importante podía liderar esta defensa con cierto peso y legitimidad? ¿Ecuador, que acababa de firmar más de 20 acuerdos amistosos con la Comisión, pero con un Mahuad en total crisis? ¿Colombia, país acosado por la violencia? Obviamente, Fujimori le sacó el jugo a esta situación.
Dado todo ese tipo de realidades, por momentos parecía que Fujimori ganaría, que se saldría con la suya, en el sentido de que quedaría aceptado que un país puede incumplir fallos y convenios internacionales sobre derechos humanos sin mayores consecuencias, y que de esa manera podía paralizar y neutralizar a la Comisión y la Corte. Precedente terrible no sólo en lo que atañe al Perú, sino para el Sistema en general y para todos los países de la región.
En este contexto, ¿cuál sería la respuesta de la Corte Interamericana respecto de la medida adoptada por el gobierno peruano? Lo previsible era que fuera una posición firme en contra, no sólo en cumplimiento de la Convención, sino porque lo contrario resultaba obviamente "suicida". Pero surgió otra posibilidad: la Corte podría también evitar o postergar un pronunciamiento explícito, tanto por las dudas que algunos de sus miembros podrían tener sobre la juridicidad de la fórmula peruana como por razones tácticas; destensar un poco las cosas podría ayudar a evitar que creciera el cargamontón que contra el Sistema promovía el Perú.
Pero el desenlace fue otro. No sólo hubo pronunciamiento expreso de la Corte, sino que ha sido contundente e inequívoco, tanto sobre la improcedencia del retiro de la competencia de la Corte en términos generales (inadmisible), como sobre la competencia y jurisdicción que seguirá teniendo en relación con los casos que le preocupaban al gobierno: Ivcher y Tribunal Constitucional.
Los fundamentos rigurosamente sustentados por la Corte podrían ser resumidos en los siguientes puntos (véase recuadro sobre el pronunciamiento de la Corte):
– Es la propia Corte la única instancia que puede resolver controversias sobre su competencia.
– Contra la competencia y jurisdicción de la Corte no valen actos unilaterales o alegar razones de política interna.
– El retiro de la competencia de la Corte no está previsto en la Convención.
– El retiro de la Corte privaría a los peruanos de una garantía que ya tienen.
En el ánimo de siete miembros de la Corte, dado que fue por unanimidad, deben haber pesado los vientos que poco a poco fueron levantándose contra la actitud del gobierno peruano tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Internamente, pese a las campañas de desprestigio y de desinformación, son más los que –según las encuestas– estuvieron y están en contra del retiro de la Corte, y han sido muchísimos los sectores que lo han expresado públicamente: universidades, colegios profesionales, ONG, organizaciones sociales, juristas y líderes de opinión en general, Iglesia, Defensoría del Pueblo, etcétera.
En el ámbito internacional, si bien los países de la región no han adoptado hasta ahora, de manera conjunta, una posición de censura como la que corresponde, están muy lejos de haber adherido a la posición del gobierno del Perú. No sólo ha habido pronunciamientos en contra, sino que el respeto generalizado de las decisiones de la Comisión y de la Corte, y el número cada vez mayor de soluciones amistosas, constituyen una clara señal del reconocimiento de la legitimidad y función del Sistema, lo cual es una desautorización al camino adoptado por el Perú. A ello se suman las invocaciones que, con un tono cada vez más enérgico, ha venido haciendo el propio secretario general de la OEA, César Gaviria, sobre la importancia de reconocer la competencia de la Corte y cumplir sus fallos.
Desde el comienzo y hasta ahora se han sucedido también importantísimos pronunciamientos en contra de organizaciones internacionales y muchos países europeos, comenzando por la propia Unión Europea, además del expreso respaldo de la Corte Europea al pronunciamiento de la Corte Interamericana. Dada la globalización, tales pronunciamientos deben ser considerados mucho más que simbólicos.
A partir del pronunciamiento de la Corte, el único efecto jurídico que producirá el retiro del gobierno peruano de su competencia es poner al Estado del Perú en situación de rebeldía en todos y cada uno de los casos que la Corte está siguiendo y en todos los que en el futuro la Comisión presente, en coherencia con lo ya resuelto. Esto hará que haya más posibilidades de que se acumulen y acumulen fallos en contra, a modo de una deuda que tarde o temprano tendrá que pagar este gobierno o el que lo sustituya, en el 2000 o ya en el próximo milenio.
Castillo Petruzzi:
como anillo al dedoEl fallo sobre Castillo Petruzzi fue un pretexto, porque si el gobierno hubiese querido verdaderamente impedir que la Corte se pronunciara sobre este caso, lo habría podido lograr o por lo menos intentar. Recordemos que el caso venía avanzando desde hacía varios años, primero en la Comisión y luego en la Corte, y que todo el mundo sabía que si no se hacía nada vendría la sentencia. ¿Por qué no se nombró también en este caso una comisión hight life para coordinar una solución, o por qué la que se nombró después no tocó para nada el caso Castillo Petruzzi y hasta continuó negociando otros temas con posterioridad al cuestionado fallo?
El hecho de que el gobierno dejara correr el asunto durante tanto tiempo sin mover un solo dedo para evitarlo, demuestra que no estaba entre sus prioridades; más aún: podría revelar un cálculo inicial de que una sentencia a favor de emerretistas podría ser la carta bajo la manga que sirviera para, oportunamente, satanizar y descalificar al Sistema Interamericano en términos generales, tal como se intentó posteriormente. (Lo mismo se está haciendo ahora con la resolución de la ONU sobre Polay, expedida dos años atrás.)
Una prueba adicional de que sólo se trató de un pretexto es que la medida que al final adoptó el gobierno, supuestamente provocada por y para evitar la sentencia a favor de Castillo Petruzzi y los otros, aun si fuera admisible y válida, no tendría ningún efecto jurídico sobre dicha sentencia ni sobre el caso. El propio gobierno explicitó que su retiro de la competencia de la Corte tendría efectos inmediatos y se aplicaría a todos los casos en los que, estando en la Corte, el Perú no hubiese contestado la demanda; es decir, nada que ver con Castillo Petruzzi, ya que en ese caso no sólo hay contestación de demanda sino hasta sentencia. En cambio, ¿cuáles son los casos que están en la Corte y en los que el gobierno no ha contestado la demanda?: Ivcher, el Tribunal Constitucional, y, en el futuro, puede ser que La Cantuta y Barrios Altos.
Planes para liberar a Abimael
Se llegó a saber que la comisión oficial de alto nivel que fue por el mundo tratando de justificar el retiro del Perú de la Corte, insistió mucho en que se había descubierto planes para liberar a todos los senderistas y emerretistas, y que lo de la Comisión y la Corte era parte de estos planes. El testimonio más dramático, se dice, habría sido el de Tudela, pues el ex canciller recurrió insistentemente a su autoridad de ex rehén y a que –según él– no podía vivir en el Perú por razones de seguridad.
"¿Y quiénes son en el Perú los sectores que desearían liberar a los senderistas y emerretistas?", era la pregunta que, no sin cierta ironía, hacían quienes conocen mínimamente lo que ocurre en el Perú. ¿La comisión de alto nivel habrá recurrido al principio de "la reserva de fuentes"?
La vocación negociadora de BUSTAMANTE
Uno de lo primeros anuncios hechos por el flamante primer ministro, Alberto Bustamante, es que está dispuesto a negociar ante la Comisión Interamericana los casos Ivcher y Tribunal Constitucional. En este punto –a diferencia de otros–, el presidente Fijimori no le ha enmendado la plana, y parecería más bien que lo apoya.
¡Qué maravilla! El gobierno habría decidido adoptar así una posición moderna e inteligente frente al Sistema Interamericano, siguiendo el ejemplo de otros países; es decir, habría decidido entrar en la lógica de negociar y buscar acuerdos amistosos ante la Comisión, y no sentarse a esperar, en el banquillo de los acusados, los fallos de la Corte. Estrategia que ha dado tan buenos resultados en países como Ecuador, Colombia y Argentina (véase entrevista con Carlos Ayala en la edición de ideele de agosto), y que de hecho resulta muy interesante puesto que tiene la ventaja de desencadenar procesos internos de suma importancia.
Pero, disculpen nuestro escepticismo, que no se sustenta en cuestiones procesales, ya que experiencias recientes han demostrado que se puede llegar a acuerdos en cualquier momento, sino en que no creemos que el contexto dé para eso:
¿Puede haber negociaciones con la Comisión mientras se mantenga la posición de no reconocerle competencia a la Corte, en abierto incumplimiento de la Convención? / ¿Puede haber negociaciones con la Comisión y, al mismo tiempo, no cumplir ni fallos de la Corte, ni recomendaciones de la propia Comisión? / Si la Comisión acepta estas negociaciones, ¿no estaría ayudando al gobierno de Fijimori a sanear una situación que la Corte ya calificó de inadmisible? / ¿No es absurdo decir que con la Comisión sí y con la Corte no, cuando los casos que han provocado la ruptura con la Corte fueron llevados ante ella por la Comisión? / ¿Puede plantearse la vía de la negociación mientras simultáneamente se sigue llamando a los magistrados de la Comisión y la Corte terroristas, mediocres, viejos decrépitos? / ¿Qué podría ofrecer el gobierno internacionalmente frente a casos considerados cerrados nacionalmente? / ¿No significa subvalorar a la Comisión el que Bustamante crea que puede mantener la finta de los buenos modales y de las ofertas después de que se ha pateado el tablero, y a la mala? / ¿Puede representar Bustamente una buena señal frente al Sistema cuando el premierato ha sido justamente un premio por sus esfuerzos por deslegitimar y descalificar a los miembros de la Comisión y de la Corte?
¿Muchos o más bien
pocos casos sobre Perú?Uno de los argumentos del oficialismo contra el Sistema Interamericano es que serían muchos los casos que se procesan sobre el Perú, como si hubiese un cargamontón, cuando son más bien muy pocos los casos que han llegado a prosperar.
Recordemos, por ejemplo, que durante varios años el Perú ha sido el país con más desaparecidos en el mundo, y que se calcula en unos 6.000 el número de personas afectadas por esa práctica tan espantosa. ¿Cuántos casos han prosperado en el Sistema hasta llegar a la Corte? Sólo dos: uno vinculado a la matanza de los penales de la época de Alan García, y el de Castillo Páez (1991). ¿No deberían ser más?
Recordemos que en el Perú la legislación antiterrorista ha estado tan claramente reñida con todas y cada una de las garantías del debido proceso, que hasta se ha tenido que crear un mecanismo especial para corregir errores, y que el propio Presidente de la República y la Comisión han reconocido cerca de 500 errores cometidos con este tipo de legislación. ¿Cuántos casos juzgados con esta legislación antiterrorista han llegado a la Corte y logrado un fallo? Sólo dos: el de María Elena Loayza y el de Castillo Petruzzi. Y los otros, ¿no deberían haber prosperado?
¿Cuántas matanzas terribles se han producido en el Perú en el contexto de la lucha contra el terrorismo? Innumerables. ¿Cuántas han prosperado como casos en el Sistema Interamericano? Ni una sola. El caso Cayara casi lo logra, pero al final no, por cuestiones procesales incomprensibles. ¿No deberían haber prosperado más? ¿No es más bien raro que casos tan graves y evidentes, como el de La Cantuta y el de Barrios Altos, después de tantos años, todavía no estén en la Corte? Y así podríamos seguir preguntándoles por miles de casos de tortura, violación sexual, esterilizaciones forzadas, etcétera, etcétera.
INADMISIBLE, Y PUNTO
Sólo la Corte puede resolver sobre su competencia
"La cuestión del pretendido retiro, por parte del Perú, de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte y de los efectos jurídicos del mismo, debe ser resuelta por este Tribunal. La Corte Interamericana tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia."
No se puede afectar la competencia unilateralmente
"Una objeción o cualquier otro acto interpuesto por el Estado con el propósito de afectar la competencia de la Corte es inocuo, pues en cualquier circunstancia la Corte retiene la compétence de la compétence, por ser maestra de su jurisdicción."
No está previsto en la Convención
"No existe en la Convención Americana norma alguna que expresamente faculte a los Estados Partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte, y tampoco el instrumento de aceptación por el Perú de la competencia de la Corte, de fecha 21 de enero de 1981, prevé tal posibilidad."
Se nos privaría de una garantía fundamental
"Una interpretación de la Convención Americana en el sentido de permitir que un Estado Parte pueda retirar su reconocimiento de la competencia obligatoria del Tribunal como pretende hacerse en el presente caso implicaría la supresión del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención, iría en contra de su objeto y propósito como tratado de derechos humanos, privaría a todos los beneficiarios de la Convención de la garantía adicional de protección de tales derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional."
(Extractos del pronunciamiento de la Corte)