LA POBREZA EN EL PERÚ Y LAS TRAMPAS DE LA MEDICIÓN

Carmen Rosa Balbi

Si ha disminuido o no la pobreza en el Perú de Fujimori; si los indicadores con que ésta se mide son los adecuados; si se manipulan los programas sociales con fines políticos son, todos, temas de candente debate en la actualidad política. En lo que sigue, la autora expresa su punto de vista al respecto.

Durante las últimas semanas, en el contexto de una ya enrarecida campaña electoral creada por la re-reelección presidencial, han salido a la luz testimonios de dirigentas de las organizaciones de supervivencia, denominadas comedores populares, denunciando las crecientes presiones políticas del oficialismo de las que son víctimas las mujeres beneficiarias de donaciones de alimentos realizadas a través de la entidad estatal encargada de su ejecución, el PRONAA.

A la luz de las denuncias recogidas de la ciudadanía, esto muestra los extremos a los que puede llegar la utilización de las hondas necesidades de los sectores más carenciales de la sociedad. Ocurre que aquellas miles de mujeres tienen que colectivizar diariamente una necesidad tan básica como la alimentación cotidiana, para lo que se han organizado en los 10.000 comedores populares que, según cifras oficiales del ministro Vara Ochoa, existen hoy en el país.

El calculado diseño de una política de donaciones

Lo que se extendió y masificó como un programa de emergencia luego del drástico shock de 1990 ha llevado a que, producto deliberado de políticas gubernamentales, 42% de la población nacional en los estratos más bajos –como lo muestran las cifras de Cuánto– dependa hoy de un porcentaje significativo de donación de alimentos.

Esta información, que ha estado saliendo a la luz muy fragmentadamente, es grave, por la ostensible y a estas alturas indiscutible tendencia a la manipulación política gubernamental que lleva a cabo día a día el oficialismo en su proyecto re-reeleccionista.

Si analizamos el gráfico 1, vemos que el porcentaje de la población que recibe alimentos donados para vivir se incrementa significativamente en los deciles de menores ingresos: en los deciles uno y dos –es decir, en los sectores más carenciales–, más de 60% de la población recibe alimentos donados para sobrevivir.

Esto es particularmente dramático en los deciles de menores ingresos en Lima Metropolitana, donde convergen los operativos psicosociales en tanto allí está la mayoría de los votantes.

Dadas las condiciones paupérrimas de vida allí imperantes, el sector rural (léase las zonas alejadas del interior del país) resulta estratégico para consolidar una fuerza electoral re-reeleccionista, en la medida que este sector depende de manera realmente decisiva de las donaciones: entre los deciles 1 y 6 encontramos que los hogares que sobreviven gracias a los alimentos donados están por encima del 70%. Esto quiere decir que a 7 de cada 10 hogares se les ha creado la necesidad, creciente cada año, de sobrevivir dentro de los particulares criterios de aplicación de las políticas de alivio a la pobreza en el Perú.

El cuadro 2 presenta, siempre según las cifras de Cuánto, una valoración monetaria mensual per cápita (calculada en dólares). Tomando como base las características de un hogar promedio de los sectores de menores ingresos –cinco personas–, encontramos que este monto, traducido a soles de hoy, indica que estos hogares reciben alrededor de 70 a 80 soles mensuales por familia. Monto sin duda significativo, cuando la ayuda queda condicionada y exige múltiples formas de adhesión presidencial.

Esta ayuda, como muestra el cuadro, es calculadamente importante en el decil más bajo de las ciudades urbanas (7,65 dólares al mes) tanto costeñas como serranas, decisivas para la votación nacional.

El cuadro 3 muestra, a su vez, la incidencia por hogares del monto recibido por estos sectores en el ingreso total porcentual per cápita. Como se puede apreciar, en el nivel nacional éste tiene una incidencia de 21,1% para la población receptora de alimentos. Pero si volvemos a ver las cifras de manera desagregada, en el decil más bajo de las ciudades, tanto costeñas como serranas, este porcentaje llega a 33%, cifra elevada cuando todos los indicadores de pobreza en el Perú muestran que ella se concentra en las zonas rurales, básicamente campesinas, cuyo decil más bajo recibe sólo 19,8%. Pero claro: sabemos que, de acuerdo con criterios electorales, ésta tiene poca incidencia en la votación nacional.

Esta información ha sido encubierta, no discutida o poco difundida desde las instancias oficiales, porque habla por sí sola de una forma de implementar las políticas sociales alimentarias cargada de un claro tinte asistencial que permite y sienta las bases para prácticas políticas clientelistas.

La reducción de la pobreza en el Perú

El Gobierno se ha jactado de una relativa disminución de la pobreza en el Perú. Y ante una denuncia reciente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)¹ en la que se planteó públicamente este problema, el presidente Fujimori, muy suelto de huesos, declaró, al día siguiente, que "efectivamente se ha reducido la ayuda al Perú, pero debido a un crecimiento del ingreso per cápita en el país" (El Comercio, 5 de septiembre de 1999), cuyo origen, sin embargo, puede ser reconstruido con las cifras de Cuánto.

Si el orden de magnitud de alimentos donados calculados monetariamente está alrededor de 21 y 9% para los dos deciles más pobres en el nivel nacional, es obvio que el per cápita subirá artificialmente todo el tiempo que la donación alimentaria se mantenga como eje de la política social de focalización en materia nutricional. (Que, por lo demás, se ha ido incrementando en los últimos tres años.)

Lo grave de la resultante de esta información está además en sus consecuencias distorsionadoras a la hora de medir la pobreza en el Perú: al tomar como punto de partida metodológico el consumo y no la medición del gasto como criterio de evolución del bienestar (con el que se trabajó hasta 1994), ocurre que fácilmente se producirá, como ha ocurrido, un tránsito de quienes están debajo de la línea de extrema pobreza a niveles de vida mejorados por la eficacia de una discutible política social.

A contracorriente de todos los esfuerzos de precisión en la medición de la pobreza en América Latina, en el Perú ésta se realiza ahora por el consumo y no por el gasto, como debería ser, en tanto es este indicador el que permite medir una mejora en el bienestar, no sobre la base de dependencias de donaciones, sino de la posibilidad real de ampliación de las capacidades de las personas en situación carencial.

En términos de la naturaleza y magnitud de la pobreza en el Perú, como ha señalado un funcionario del INEI, "con esta metodología no explicitada de medir la pobreza, divergente del resto de formas de hacerlo en una búsqueda de estandarización en América Latina, fácilmente se hace saltar la línea de pobreza, de manera que parece que ésta disminuyera".

El uso de la población vulnerable

Si tomamos en cuenta, entonces, el significativo monto absoluto en soles que ingresa mensualmente a cada hogar por alimentos donados, observamos que se ha creado una enorme dependencia marcada por las modalidades instrumentalistas de la gente desesperada por alimentarse, lo que vulnera toda dignidad del pobre.

Al mismo tiempo que, como lo muestra crecientemente la realidad en múltiples escenarios (incluidas las manifestaciones contra candidatos de la oposición a lo largo y ancho del país), son una suerte de masa en condición de disponibilidad de los sectores no organizados, como lo sostenía la sociología clásica de los 70, están en la condición de disponibilidad política, sea para preparar la famosa torta presidencial de cumpleaños, para ser llevados al Parlamento a aplaudir a quien se indique o para algún acto de campaña electoral en el que deben batir palmas por el Presidente. De ello dan cuenta testimonios diversos recogidos en múltiples comedores populares, silenciados de manera amenazadora por el aparato re-reeleccionista.

Así, una funcionaria del PRONAA ha reconocido confidencialmente, no sin cierto orgullo, que esta dependencia que otorga los alimentos donados tiene mucho mayor peso político e institucional en la actual coyuntura electoral que cualquier otro programa de gasto social.

Al final, dudosa eficacia

Hay algo igualmente grave: como lo muestra el cuadro 4, está lo que ya se maneja y es materia de interrogación de los organismos multilaterales prestadores de fondos: si bien con esta dudosa metodología se ha logrado, cuando se ve el promedio nacional, una reducción de la pobreza en algunos puntos, más destacable en lo que se define como extrema pobreza, lo que se observa por regiones es que los resultados son opuestos en la sierra rural, donde, según todos los indicadores, se concentran los mayores niveles de pobreza. Peor aún: como muestra el gráfico, se incrementa en la sierra rural, que es el lugar donde se concentran los mayores niveles de pobreza en el país. Ésta sube en el segmento de extrema pobreza de 45,8% en 1994 a 48,7% en 1997. Lo mismo ocurre en dichas zonas con aquellos en situación de pobreza.

Las cifras existentes para 1988, no mostradas por razones políticas, corroboran este panorama. Es decir, a pesar de todos los anuncios de reducción de la pobreza en 50% para el año 2000, realizados por Fujimori en su discurso presidencial de 1995 y ratificados después por documentos del Ministerio de la Presidencia, esto no ha ocurrido. Si lo analizamos a la luz de la política económica en curso y el proyecto político re-reeleccionista, no es difícil profundizar en las razones que explican que ello ocurra de esta manera.

Sumándose a la discusión
–adrede confusa– sobre la medición de magnitud de la pobreza en el Perú, el director del INEI señala, con un ingenuo revestimiento de didáctica tecnocrática, que "son diversos los métodos que se emplean para medir la pobreza en el Perú… unos están relacionados al ingreso familiar, otros al gasto o la satisfacción de las necesidades básicas", sin señalar por cierto sus consecuencias en términos tanto de la metodología adoptada como de los resultados. Lo que se señala, más bien, es que se pueden usar diversos métodos o procedimientos, y no explicitan, cuando deberían, las implicaciones de una u otra opción (Gestión, 19 de septiembre de 1999).

Sin embargo, la decisión de los mismos funcionarios, no ajenos por cierto a una precisa directiva gubernamental, ha sido la de postergar la presentación de las cifras y mediciones oficiales para 1998, debido, entre otras cosas, al cuestionamiento de maquillaje de las cifras de pobreza levantado por la Comisión Episcopal de la Iglesia. Postergación que obedece, además, a que con estos mismos criterios de medición las cifras de 1998 muestran que la pobreza en el Perú se mantiene estancada. Ello a pesar del significativo porcentaje que se asigna a combatirla, y de que, como ya lo insinuamos, nos lleva a discusiones mayores en torno a criterios y calidad de la focalización del gasto social, aunado a la naturaleza de la política económica en curso.

El rechazo, el desagrado y la conciencia clara de una ostensible política de manipulación del oficialismo para fines re-reeleccionistas de las poblaciones carenciales receptoras crecientes de alimentos donados, no sólo quedan patentizados en los múltiples testimonios recogidos por la prensa y que quien escribe ha podido corroborar a través de la Federación de Comedores Populares.

Que algo fue cambiando en este terreno en materia de expectativas populares a partir de 1995, lo registran también las encuestas de opinión realizadas no sólo en Lima sino en todo el país. Una encuesta de IMASEN hecha en 1998 en las capitales de departamento de costa y sierra muestra con precisión cómo, a pesar de los grandes programas sociales (entre ellos el alimentario), la población señala como prioridad, en materia de política social, el empleo antes que el interés en el sostén o ampliación de políticas de corte asistencialista: "La creación de empleo aparece señalada por alrededor de 55% de la población como la medida que más beneficiaría a su economía familiar; antes incluso que mejorar ingresos (aproximadamente 25%)". Y aquí lo importante: sólo entre 3 y 4% señaló que lo más importante es "dar más recursos para programas sociales contra la pobreza (comedores, vaso de leche)".

Este temperamento popular no hace más que corroborar que los sectores más pobres del país están hartos y cansados de programas que se anunciaron como temporales y de que se propicien y amplíen políticas orientadas a someter a la población a una situación de vulnerabilidad y dependencia (cualquier hecho puede dar lugar al corte de las raciones a un comedor) de un gobierno que se mueve con oscuros designios y que en ese camino mella la dignidad con que el pobre puede finalmente llevar la pobreza.

Dadas las características actuales del modo oficial de hacer y entender la política, la sociedad entera debería tomar en consideración el ofrecimiento hecho por la Iglesia Católica, una institución con altos niveles de credibilidad en nuestra sociedad y que cuenta con un organismo como Cáritas, neutro en materia política, de ser ella quien se encargue, en el futuro inmediato, de la atención alimentaria de los sectores más pobres.

Como ha señalado monseñor Miguel Irizar, secretario nacional de la CEAS, Cáritas no sólo tiene, por su propia organización, una estructura muy descentralizada en el nivel parroquial, diocesal y nacional, además de mucha historia y experiencia en la atención de los pobres, sino que participó de manera sustantiva en 1990 en la coordinadora del Programa de Emergencia Social, luego del fujishock.

Por ello, la sociedad debería tomar en cuenta y exigir que se lleve a cabo no sólo una despolitización de las necesidades de los pobres sino también la recuperación de su dignidad como seres humanos, vulnerada día a día de manera inadmisiblemente siniestra.

1 El presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Bambarén, levantó su voz públicamente para denunciar que el maquillaje de las cifras de pobreza motivó un recorte del 75% de la ayuda extranjera que recibía Cáritas para el alivio de la pobreza, pero que además las cifras actuales ubican al Perú como un país no elegible para la condonación de la deuda externa (La República, 4 de septiembre de 1999).