SERVICIO MILITAR EN AMÉRICA LATINA: CAMBIOS Y RESISTENCIAS

Pocos saben que en Paraguay existen 25.000 objetores de conciencia al Servicio Militar y que en Chile, Ecuador, Colombia y El Salvador, en situaciones nacionales distintas y con niveles muy diferentes de control civil de las Fuerzas Armadas, se están produciendo cambios significativos en esta vieja institución que es el Servicio Militar Obligatorio.

Para analizar este proceso, los actores que  están impulsando estas transformaciones, las estrategias utilizadas y la agenda pendiente en la región, el Instituto de Defensa Legal y el American Friend Service organizaron en Lima, el 22 y 23 de setiembre, el certamen “Diálogo latinoamericano: Servicio Militar,  cambios y resistencias”. Se reunieron defensores de derechos humanos de Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, El Salvador y del Perú; vinieron desde la Asociación de Derechos Humanos de Tacna, Diaconía por la Justicia y la Paz de Piura y Tumbes, CODISPAZ de Huaraz, el Comité de Derechos Humanos de Cerro de Pasco, la Vicaría de la Solidaridad de Jaén y  de Lima, la Defensoría del Pueblo y CEAPAZ.

 

Las violaciones de derechos humanos en el Servicio Militar

En América Latina, el tema del reclutamiento forzoso no es un problema exclusivamente peruano; las "batidas" son una realidad también frecuente en Colombia y en Paraguay. Tampoco tenemos la exclusiva de los maltratos, torturas o muertes de reclutas en los cuarteles. En Chile, por ejemplo, sólo en el lapso de ocho meses fueron denunciados 54 casos de violación de derechos humanos de los jóvenes conscriptos. En el Perú, en lo que va del año 1999 se han registrado 16 muertes de jóvenes. Y en Paraguay, el Servicio Paz y Justicia recogió en 10 años una estadística muy grave: 89 muertes, 10 de las cuales fueron "suicidios", según informaron las autoridades militares.

Un problema común a la región, si hablamos de derechos humanos en el ámbito del Servicio Militar, es el que tiene que ver con la discriminación racial y social. El Servicio Militar es realizado por los pobres rurales, especialmente por aquellos que no tienen estudios completos, los sin "padrinos", los que no pueden ser "objetores de chequera", como se les dice en Colombia. Pero hay más: el ejercicio pleno de la ciudadanía está hipotecado al documento militar: sin él no existe posibilidad de contraer matrimonio civil, obtener empleo formal, ingresar a las universidades, conseguir un pasaporte o realizar transacciones comerciales.

Los menores de edad siguen formando parte del contingente de tropa en varios países de la región, a pesar del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años. En Paraguay, sólo 16 % de los reclutas tienen más de 18 años. El 84%, aproximadamente 15.300, tienen 17 años o menos.

En diversos países –el Perú no escapa de ello– los jóvenes reclutas son obligados a trabajar en empresas privadas, empresas militares o en el domicilio de sus jefes bajo el mismo régimen disciplinario que en los cuarteles, sin recibir remuneración alguna.

Por todos estos factores, en los países donde el Servicio Militar es obligatorio (ver cuadro) crece el número de "remisos" u omisos y de desertores. Sólo en Paraguay se habla de 70% de evasión, y en Ecuador y el Perú la cifra es también bastante alta. Ellos son procesados en el Fuero Militar, y son estos mismos jueces quienes se reservan también el derecho de juzgar a quienes son denunciados por violación de los derechos humanos de los conscriptos, dejando las más de las veces en la impunidad a los autores de torturas y muertes ocurridas en el marco del Servicio Militar.

Un problema con múltiples dimensiones

Como se pudo constatar en el encuentro, el Servicio Militar es una institución en la que se expresan múltiples dimensiones que es necesario analizar. Por un lado está el enorme peso que aún tiene en diversos países de la región la corporación militar y sus dificultades para repensar su papel y función en nuevos contextos democráticos, con grandes resistencias a subordinarse a las reglas de un Estado de derecho.

Hablar del Servicio Militar nos obliga a mirar los altos presupuestos militares y el armamentismo. La CEPAL ha constatado que en la década de los 90 se duplicó el gasto regional en armamentos en relación con el de los 80, llegando a sumar 26 mil millones de dólares. Cifra inexplicable en una década en la que se han desactivado las dictaduras militares y los conflictos bélicos entre países. Otra dimensión a tomar en cuenta es la de la justicia militar que excede sus atribuciones en el juicio a civiles y que es la que procesa a quienes cometen violaciones de los derechos humanos en el marco del Servicio Militar, como si se tratase de delitos de función.

Finalmente, existe un asunto de fondo que tiene que ver con las mentalidades, con la internalización de una cultura militarista en nuestras sociedades que tomará décadas erradicar.

Atmósfera de cambio

Pero a pesar de todo ello experimentamos vientos de cambio, y sus síntomas se están expresando cada vez con más nitidez en la escena pública. Así lo expresa el mayor nivel de conciencia de derechos de los jóvenes y de la sociedad en general; la menor tolerancia a los abusos, maltratos y muertes de los reclutas, a lo que han contribuido enormemente los medios de comunicación. Es encomiable también el incipiente pero valioso trabajo de investigadores sobre el tema; el interés de las Procuradurías o Defensorías del Pueblo y de los organismos de derechos humanos para levantar información confiable sobre los abusos en el marco del Servicio Militar. Se constata también una mayor capacidad de monitoreo y de formulación de propuestas desde la sociedad civil de esa zona de penumbra y discrecionalidad que ha sido por décadas el Servicio Militar.

Otro escenario de cambio es el que aportan los acuerdos de paz en El Salvador, que han obligado a redefinir el papel de las Fuerzas Armadas luego de los largos años de guerra, ofreciendo modelos que pueden ser replicados más allá de la región centroamericana. Finalmente, las políticas de ajuste macroeconómico y los vientos "globalizadores" obligan a las propias Fuerzas Armadas a emprender un esfuerzo de "reingeniería" institucional. En ese contexto se explican la supresión del Servicio Militar Obligatorio en Argentina hace unos años y el modelo voluntario que se aplicará en el Perú a partir del 2000.

Pero todo cambio tiene una contraparte de resistencias. En ese proceso, la fortaleza e identidad de los actores y la capacidad de generar propuestas y consensos políticos en una u otra dirección definirán si en América Latina se erradicará definitivamente la obligatoriedad del Servicio Militar, se adoptará la objeción de conciencia –derecho que está siendo impulsado por cada vez más jóvenes en el continente– y se eliminarán definitivamente la discriminación, los abusos, maltratos y graves violaciones de los derechos humanos de los jóvenes que, hoy por hoy –y salvo honrosas y escasas excepciones–, siguen siendo una constante en el obsoleto modelo del Servicio Militar en América Latina. (Susana Villarán/Iván Montoya)

 

Situación del Servicio Militar
en América Latina

Total de países: 24

Países con Servicio Militar obligatorio: 13

Países con Servicio Militar voluntario: 7

Países sin Servicio Militar: 4

Países que reconocen la objeción de conciencia: 7

Países que cuentan con servicio sustitutorio: 4

Países en los que se han presentado

objetores de conciencia: 10

Fuente: NISBCO-USA y Serpaj-Py.

 

Quince propuestas para el cambio

·  Desaparición de la obligatoriedad del Servicio Militar.

·  Reducción drástica de los presupuestos destinados a la defensa. Cese del armamentismo.

·  Adecuación de la doctrina y de las instituciones de la defensa nacional a las reglas del Estado democrático de derecho.

·  Rechazo a la jurisdicción militar para el procesamiento a los violadores de los derechos humanos en el marco del Servicio Militar.

·  Rechazo a las amnistías para violadores de derechos humanos.

·  Desarrollo constitucional y normativo de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar. Reconocimiento de la Objeción de Conciencia sobrevenida en los países en los que haya Servicio Militar voluntario. En los países en los que haya servicio sustitutorio para los objetores de conciencia, éste deberá ser gestionado por los civiles y no podrá ser penalizado con un tiempo mayor que aquél que toma el Servicio Militar.

·  Impulso a la formación de organizaciones nacionales de objetores de conciencia y consolidación de la Red Latinoamericana de Objetores de Conciencia (ROLC).

·  Adhesión al Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años.

·  Establecimiento de un plazo máximo de duración del Servicio Militar de 12 meses.

·  Reconocimiento explícito de derechos fundamentales de los enrolados en el Servicio Militar y erradicación de la obediencia debida.

·  Rechazo al condicionamiento del documento militar para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

·  Fortalecimiento de instituciones con legitimidad que trabajen en el escrutinio, control y monitoreo externo del Servicio Militar.

·  Levantamiento y sistematización de información confiable sobre el Servicio Militar: número de efectivos, presupuestos, afectaciones a los derechos humanos, procesos administrativos y judiciales, entre otros aspectos.

·  Curso obligatorio de derechos humanos en los institutos armados.

·           Sensibilización y educación ciudadana en los valores de la cultura de paz, resolución pacífica de conflictos y no violencia activa.

 

El Salvador

Florentín Meléndez

En El Salvador el Servicio Militar ha atravesado por tres grandes etapas de desarrollo marcadas por la violencia política vivida en los años 80. En efecto, antes del conflicto el sistema que se institucionalizó fue el Servicio Militar Obligatorio acompañado de prácticas de reclutamiento forzoso de carácter discriminatorio. Durante la guerra el modelo se acentuó a raíz de las necesidades surgidas para enfrentar a la guerrilla y por el reclutamiento que efectuó también la guerrilla. La tercera etapa está marcada por los acuerdos de paz de 1992, que sentaron las bases de un cambio no sólo en el sistema de Servicio Militar sino también en otros aspectos de las relaciones entre civiles y militares (cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas, en las funciones del sector militar, en el ámbito de la justicia militar, etcétera).

Aunque no todos estos cambios se plasmaron en la Constitución del Estado, sí se reflejaron en la legislación ordinaria. En relación con el Servicio Militar se constata, sobre todo prácticamente, el funcionamiento de un sistema voluntario:

"La Objeción de Conciencia en El Salvador no está reconocida como un derecho autónomo, como lo está en la Constitución de Paraguay, por ejemplo, o en las constituciones más avanzadas de Europa. Pero mi interpretación es que las normas que protegen derechos humanos tienen que pasar por un filtro de interpretación extensiva. Y esto me permite a mí sostener que cuando el régimen constitucional de un país reconoce la libertad de conciencia y de pensamiento, los alcances de la interpretación de ese derecho que le compete al juez, especialmente al juez en materia constitucional, no tan sólo le permiten, le obligan a interpretar extensivamente la libertad de conciencia. Por lo tanto, no se requeriría, en estricto sentido, que taxativamente esté incorporada la Objeción de Conciencia como un derecho autónomo en la Constitución o en cualquier ley secundaria; basta interpretar en estos términos la libertad de conciencia y pensamiento que está en todas las constituciones, que es la base de las libertades públicas, para poder invocar la protección en el caso del Servicio Militar".

El panorama en el resto de Centroamérica es ambiguo. Por un lado, Guatemala y Honduras aún conservan modelos de Servicio Militar Obligatorio. En cambio, Nicaragua abolió el sistema tradicional por uno voluntario; Costa Rica no posee desde hace muchos años fuerzas armadas regulares, y Panamá tampoco las tiene.

 

Colombia

Ricardo Pinzón canteras

El Servicio Militar, en el contexto de un país atravesado por variadas formas de violencia, es obligatorio para todos los varones mayores de edad y voluntario para las mujeres, dependiendo de los cupos establecidos por las Fuerzas Armadas. El reclutamiento no sólo lo hacen las Fuerzas Armadas regulares, sino también las guerrillas y los paramilitares. Es frecuente que menores de edad sirvan en las llamadas zonas de "orden público".

Como en otros países andinos y centroamericanos, el Servicio Militar es discriminatorio, algo inaceptable en un modelo de Estado democrático. Pero no es la única manifestación discriminatoria del sistema de enrolamiento militar. El Decreto 2048 de 1993, que reglamenta la Ley del Servicio Militar, contempla cuatro modalidades de servicios de efectos abiertamente discriminatorios. Así, por ejemplo, se prevé, por un lado, un servicio como soldado bachiller de una duración de 12 meses y, por otro lado, un servicio como soldado campesino cuya duración puede prolongarse hasta 18 meses. Este último servicio, realizado por sectores campesinos pobres, se presta en condiciones realmente deplorables. Un aspecto preocupante es la incorporación de menores de edad al servicio –la ley no lo prohíbe–. Sin embargo, aunque se ha previsto una modalidad no armada para el servicio (pero aún militarizada), el Tribunal Constitucional colombiano ha sentado una posición trascendental al disponer que en ninguna condición deben los menores de edad efectuar Servicio Militar.

El Colectivo por la Objeción de Conciencia en Colombia se basa en dos fundamentos: la no-violencia y la transformación pacífica de los conflictos:

"Nos motivan varias cosas a trabajar el tema: una es precisamente el recrudecimiento de la violencia, del conflicto armado interno, y que muchos sectores juveniles han sido afectados y cómo se los obliga a incorporarse a los ejércitos legales o los ejércitos ilegales. Y sobre todo, porque hemos considerado que existe toda una cultura militarista, no de uniforme sino de relaciones sociales, un tejido social que hay que transformar".

 

Ecuador

Guillermo Rovayo

La lucha contra un modelo de Servicio Militar Obligatorio en el Ecuador se sitúa en el contexto de un debate mayor planteado por los jóvenes contra un modelo de Estado. A finales de los años 80 surgen nuevos actores sociales: ecologistas, feministas, jóvenes; se fortalece el movimiento indígena, que emprende la conquista de mayores espacios de libertad e igualdad. Así nació, en 1994, la Asamblea Ecuatoriana por los Derechos de los Jóvenes, quienes se encontraron con una realidad creciente de remisos (omisos al Servicio Militar) entre 1992 y 1994.

Es en ese contexto que se plantea el cambio de un modelo de Servicio Militar Obligatorio por un modelo voluntario con opción a un servicio civil alternativo. El mecanismo vital que mueve este cambio es una conquista mayor: el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no sólo como un derecho frente a un sistema determinado de Servicio Militar, sino, sobre todo, como instrumento de nuevas reivindicaciones que nacen de las exigencias de una democracia radical y una cultura de paz.

"En la Asamblea Ecuatoriana nosotros tenemos una frase: todos nos compramos el pleito y todos nos ponemos la camiseta de todos. A partir de eso nos ha tocado estar en las luchas de los Objetores de Conciencia por el Servicio Civil Alternativo, nos ha tocado estar en las luchas en contra de la represión homofóbica con los compañeros de las organizaciones lésbico-gays, nos ha tocado estar en las luchas por la equidad de género con las compañeras mujeres jóvenes, con los indígenas. En esas experiencias nos hemos planteado que ningún derecho es tan específico como para ser luchado por sí solo, sino que todos los derechos son en general comunitarios y todos deberíamos estudiarlos en su multidimensionalidad".

Luego del debate constitucional de 1997, la Constitución ecuatoriana aprobada en 1998 reconoció la objeción de conciencia como una situación de excepción al Servicio Militar Obligatorio, pero aún bajo manejo de las Fuerzas Armadas:

"Después de la guerra, nosotros pudimos sacar mucho de positivo, principalmente al plantearle a la gente que todo ese discurso nacionalista, todo ese discurso chauvinista de que el Ecuador es primero, el Ecuador ni un paso atrás y que el enemigo está hacia el sur, era una total mentira y era una mentira impuesta desde los sectores de poder".

 

Paraguay

Orlando Castillo

La ley de 1975 que rige hasta la actualidad dispone un modelo de Servicio Militar Obligatorio, y la práctica cotidiana de reclutamiento forzoso, incluso de niños, ha sido muy similar a la experiencia peruana. Ésta es una practica extendida en el Paraguay, sobre todo en sectores campesinos pobres. Los sectores adinerados compran su libreta electoral de manera ilegal. El rigor físico y psicológico se ha traducido muchas veces en maltratos e incluso en un número elevado de muertes dentro de las instalaciones militares.

En 1991, un conjunto de organizaciones juveniles y sociales impulsó la coordinadora "No al Servicio Militar Obligatorio", que se propuso trabajar en el marco de la elaboración de la nueva Constitución. De ahí en adelante se constituyeron otras asociaciones de carácter cívico y eclesial que, con el apoyo de la juventud del Partido Colorado, lograron colocar el artículo 129 en la Constitución paraguaya:

"Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicios en beneficio de la población civil, a través de centros asistenciales designados por ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos para el Servicio Militar".

El 30 de setiembre de 1993 se presentaron los cinco primeros objetores de conciencia. Hoy son 25.000.

"Hemos comenzado este proceso de trabajo por la lucha de la abolición del Servicio Militar como una forma de desmilitarización debido a que es el brazo más visible de la militarización. El Servicio Militar no debe ser tomado solamente como una forma de servidumbre sino también como una forma de control social; es una institución en donde las Fuerzas Armadas fundan su poder político en nuestro país y que ha llevado a varias crisis políticas desde la caída de la dictadura en el 89."

 

Chile
Rosella Baronti

El modelo obligatorio del Servicio Militar es el mismo que se instituyó en 1900. El tema del Servicio Militar no fue cuestionado hasta hace muy poco tiempo, y ni siquiera forma parte de los debates electorales actuales. La omnipresencia de la institución militar en la vida política y social del país no ha permitido un debate público sobre esta problemática. Es sólo a partir de 1990 que se presentan los primeros remisos (omisos) al Servicio Militar y algunas denuncias de prácticas de tortura dentro de los cuarteles. Surge entonces en la sociedad civil una pequeña red de objeción de conciencia que asume la tarea de la defensa de estos jóvenes.

Los canales jurisdiccionales internos prácticamente se han agotado sin posibilidad de ningún reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia y de religión. Por su parte, las Fuerzas Armadas han lanzado un discurso a la opinión pública haciendo atractivo el Servicio Militar y mostrando la imagen de unas fuerzas armadas con alta tecnología e íntegramente profesionalizadas.

Para las organizaciones de la sociedad civil como el CODEPU se presenta un arduo trabajo de sensibilización pública para colocar el tema en la agenda política. Por el momento han planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el gobierno chileno por violación del derecho a la libertad de conciencia de dos objetores.

"Estamos muy militarizados. En Chile no es necesaria la leva; jamás se ha pescado a un muchacho en la calle por obligación; 23 mil jóvenes todos los años van voluntariamente sin que nadie los obligue a los cantones militares. A nadie se le ocurre ni se le ocurría poner en cuestión hacer el Servicio Militar. A partir de 1990 y con estos casos que fueron osados, osadísimos, donde los muchachos arrancan, los que han sobrevivido, arrancan del regimiento y ponen su denuncia, empezó a debatirse en la sociedad chilena este tema, recién por primera vez... El régimen que implantó Pinochet tiene secuelas graves: altos niveles de individualismo, de consumismo, de agresividad y una enorme pasividad y desesperanza."