Vivamos sin tortura

Vivir sin tortura en el Perú debería ser uno de los puntos de consenso nacional, nuestro primer y fundamental paso hacia la civilización y la convivencia pacífica y democrática. No debería haber nadie que se oponga a ello, y hasta tenemos leyes que sancionan la tortura. Sin embargo, todavía arrastramos esa lamentable práctica.

Como parte de su campaña nacional contra la tortura en el Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos organizó el Seminario-Conferencia internacional "Vivamos sin Tortura", que se realizó entre el 18 y 19 de octubre últimos. La reunión tuvo como invitados de fondo a Eric Sotas, director de la Organización Mundial Contra la Tortura, y Erik Prokosh, coordinador de investigaciones temáticas de Amnistía Internacional. De los peruanos estuvieron, entre otros, Marcos Ibazeta, presidente de la Sala Corporativa de Terrorismo, la jueza Antonia Saquicuray, la fiscal Ana Cecilia Magallanes, el penalista José Ugaz, Gino Costa y Wilfredo Pedraza de la Defensoría del Pueblo, Silvia Loli y el mayor de la Policía Nacional Carlos Velásquez. No podían faltar representantes de la Coordinadora como Sofía Macher, Susana Villarán, Iván Bazán, Carlos Rivera, Hans Landolt, Miguel Huerta y el equipo de psicólogos.

El exitoso seminario convocó a un numeroso grupo de personas y abordó temas como los mecanismos internacionales y nacionales de protección contra la tortura; el impacto de la tortura en las víctimas y formas de tratamiento y recuperación; las causas de la tortura y las medidas para erradicarla; la tortura y el maltrato en ámbitos como el Servicio Militar; las relaciones familiares y las cárceles.

Aprovechando su presencia en nuestro país, ideele conversó con Eric Sotas y Erick Prokosh sobre cómo se está presentando la tortura en el mundo, cuáles son los mecanismos de protección y qué se está haciendo para erradicar esa terrible práctica.

Eric Sotas:

"La tortura es un
signo de debilidad
del Estado"

¿Se puede decir que existe una práctica sistemática de la tortura en la región?

Sí, pero hay que evaluar cómo y en contra de quién se practica. Dos decenios atrás las dictaduras en América Latina usaban la tortura para reprimir a los opositores de esos regímenes antidemocráticos. Eso convocó el rechazo de la opinión pública. Actualmente es más complicado, pues ya no se utiliza tanto para la represión política, pero sí contra delincuentes comunes, como una manera casi normal de obtener confesiones; en tanto tal, es más tolerada por la opinión pública, que se moviliza menos contra ella.

En ese sentido, respecto a la represión política América Latina está mejor que hace unos años y mejor comparada con otros continentes, pero peor respecto al uso de la tortura contra la delincuencia común.

¿A qué se debe ello?

Hay muchos factores, pero me parece que uno de los más importantes es la debilidad institucional. Ocurre a veces que por ausencia de las instituciones de control aparecen mecanismos paramilitares y parapoliciales que buscan hacer justicia por sus propias manos. En Brasil, por ejemplo, está el drama de los niños de la calle que son masacrados por estos cuerpos no propiamente estatales.

La tortura siempre aparece cuando hay debilidad del Estado y no al revés, como se pretende. Un Estado fuerte no necesita torturar, porque hay una aceptación de la ley por parte de la sociedad civil.

¿Y la impunidad? ¿No es el mejor aliciente para la tortura?

La impunidad es resultado de una cierta política que se pretende pragmática. Es decir, cuando en una transición hacia la democracia se pretende evitar enfrentamientos con los detentadores del poder, negociando con ellos un acuerdo por el que, a cambio de un sistema más democrático, no se sanciona a los perpetradores de violaciones de los derechos humanos. Esto es, en efecto, un aliciente, porque lanza el mensaje de que no importa cuán grave puede ser la violación de los derechos humanos cometida por un dictador o autócrata: si sabe negociar en la transición podrá salir indemne e impune.

¿Qué hacer con el pasado y qué posibilidades políticas de negociación hay con la corporación militar para conseguir una cierta estabilidad?

No todos los militares y policías son torturadores, y eso permite una base para reorganizar los cuerpos de Policía y el Ejército. Si se permite, por ejemplo, que los torturadores, que son una minoría, asciendan en sus instituciones, la institución entera se va a contaminar; si, en cambio, se les sanciona selectivamente y se premia más bien a los que respetan los derechos humanos, hay una posibilidad de limpiar de torturadores a dichas instituciones. La impunidad no puede ser un premio. Eso hace perder la confianza de la gente en todo el sistema.

¿Cuál es la eficacia de las instituciones para amparar a las víctimas y sancionar a los victimarios en caso de tortura en los niveles nacional e internacional?

Las primeras que tienen que funcionar son las nacionales, porque han sido creadas precisamente para cuidar la legalidad y sancionar a los que la infrinjan. Se tiene que investigar, abrir procesos y sancionar a los perpetradores, pero también se tiene que apoyar a las víctimas. No menos importante es dar seguridad a los operadores de justicia para que cumplan su tarea adecuadamente. Lo que ocurre es que normalmente no se presentan estas condiciones, y tenemos situaciones como las de los 4.000 casos de tortura que han sido registrados en el Perú, sobre los que no ha habido investigación alguna hasta ahora, o la cantidad de jueces que han tenido que refugiarse en Europa para evitar ser asesinados en sus países por el solo hecho de cumplir su función.

¿Y los internacionales?

Cada vez están apareciendo más mecanismos, que se suman a los ya existentes. Por ejemplo, hay uno de la Unión Europea que ha asumido los criterios de Alemania, según los cuales se va a premiar a los países que practican una política respetuosa de los derechos humanos. Otro es el mecanismo de la misma Unión Europea, de carácter comercial, que establece que un acuerdo económico puede ser roto si uno de los países comete violaciones graves de los derechos humanos.

Ambos mecanismos han empezado a funcionar, y aun cuando son perfectibles, están ahí. Son sistemas evidentemente no equitativos en la medida en que el Estado rico puede sancionar al pobre. Es un arma de doble filo. Pero en algunas situaciones puede complementar otros mecanismos de presión sobre un gobierno violador de los derechos humanos.

Erick Prokosh:

que la indignación ciudadana actúe como mecanismo de control

¿Cómo funciona la vigilancia nacional e internacional en las prácticas de tortura?

En los mejores sistemas en los que el gobierno está firmemente comprometido con la prevención de la tortura, nunca puede excluirse la posibilidad de que algún funcionario cometa un acto de tortura contra una persona que esté bajo su custodia. Pero si la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, nos mantenemos vigilantes, se llegará a un punto en que la tortura sea extremadamente improbable. Si se produce una vez sólo será en casos aislados, pero con una reacción de las autoridades y de la opinión pública que evite que el torturador vuelva a torturar.

¿Qué debería haber en el plano institucional para evitar que se siga torturando?

Dentro de las instituciones debe haber un sistema vigilante en que todo acto de tortura o malos tratos provoque una reacción oficial. Todos los miembros de las fuerzas de seguridad deben saber que se les hará rendir cuentas de sus actos; por lo tanto, no se debe permitir la impunidad a través de leyes de amnistía o una legislación similar. En los mejores sistemas, la impunidad es una reacción natural de protección entre agentes de policía o militares. Por eso es importante un sistema independiente que pueda hacer justicia, y para ello es necesaria la voluntad política.

¿Cómo concretar esa voluntad política?

La prohibición de la tortura debe encarnarse en la profesionalidad del esfuerzo de seguridad, en el sentido de que su función y deber hacia la ciudadanía es garantizar el respeto por los derechos humanos. Ello debiera materializarse, primero, en que las más altas autoridades emitan órdenes claras de que no se debe torturar, y asegurarse de que esas órdenes se cumplan.

En segundo lugar, se necesita una salvaguarda efectiva para que familiares u otras personas puedan actuar para los que se encuentran bajo custodia. No se les debe aislar de la protección exterior. En tercer lugar, lo que señalamos antes: tiene que haber un sistema vigente en que todo acto de tortura o malos tratos provoque una reacción oficial y se sancione al torturador. En cuarto lugar, debe fomentarse entre los miembros de las fuerzas de seguridad la motivación en contra de la tortura.

¿Cuál es la importancia de la opinión pública?

Cuando la ciudadanía no se escandaliza frente a la tortura, es muy poco probable que intervengan quienes ocupan puestos de autoridad, y muy probable, por el contrario, que los que practican la tortura y malos tratos se sientan protegidos o, incluso, que consideren que se les alienta a seguir. Conscientes de que la opinión pública considera que la tortura es aceptable en algunas circunstancias, los jueces pueden sentirse inclinados a no rechazar "confesiones" extraídas bajo tortura. Hay que lograr que la opinión pública deje de aceptar la tortura como algo normal y que la indignación ciudadana actúe como mecanismo de control efectivo contra esa práctica y como garantía contra la impunidad de los perpetradores.