LAS AMÉRICAS EN EL MILENIO: TIEMPOS DE PRUEBA

¿Qué tienen en común Mario Vargas Llosa, Jimmy Carter, Sonia Picado, José Octavio Bordón, Noemí Sanín, Bernard Aronson, Violeta Barrios de Chamorro, Abraham F. Lowenthal, Graciela Fernández Meijide, Peter D. Bell, Óscar Arias, Brent Scowcroft, Lourdes Flores Nano, Moisés Naím, Alejandro Xabier Gorostiaga, S.J, Osvaldo Hurtado, Thomas F. McLarty III, Enrique Iglesias, Gonzalo Sánchez de Lozada, Lee H. Hamilton, Bolívar Lamounier, Kathleen Kennedy Townsend, María Emma Mejía y Javier Pérez de Cuéllar?

Muy simple (pero nada usual o fácil de conseguir): todos son miembros de una misma institución, el Diálogo Interamericano; y junto a muchas otras destacadas personalidades más que lo componen, acaban de suscribir un informe sobre la realidad política y económica del continente^*. Se trata, a nuestro juicio, de un documento extraordinario para entender lo que ocurre en la región y las perspectivas a futuro. De ahí que nos parece importante ofrecer a nuestros lectores lo sustancial de su contenido.

El hemisferio occidental vive tiempos de prueba. Las grandes tendencias que durante los últimos 12 años marcaron los asuntos hemisféricos –nos referimos al retorno a la democracia en América Latina y el Caribe, al giro decisivo hacia una economía de mercado y al fortalecimiento de la cooperación interamericana– muestran hoy signos de estancamiento. En su conjunto, estas tendencias generaron profundos cambios en la política y sociedad latinoamericanas e imprimieron un nuevo rumbo a las relaciones interamericanas. Pero hoy crece el escepticismo sobre si la democracia y la economía de mercado llegarán a ser capaces de satisfacer las demandas ciudadanas de buen gobierno, crecimiento estable, justicia social y seguridad ciudadana. Para la mayoría de los latinoamericanos, la democracia y la economía de mercado deben todavía probar sus virtudes.

El futuro económico de América Latina

Las recientes turbulencias de la economía mundial ilustran con crudeza los problemas y la incertidumbre a los que hacen frente las economías latinoamericanas, y sus efectos han puesto en relieve una gran vulnerabilidad frente a las dificultades de la economía internacional. En países claves como Brasil, Argentina, Chile y México, las economías reestructuradas han demostrado notable resistencia y capacidad para generar respuestas inteligentes y efectivas. Aun así, los daños producto de la crisis que se inició en Asia en 1997 son sumamente graves.

Con diferencias de grado, todos los países de América Latina se han visto afectados por la fuga de capitales, la reducción del crédito externo y la caída bursátil. Brasil vivió momentos particularmente difíciles, especialmente al inicio, con consecuencias que se propagaron rápidamente hacia el resto de América Latina. Con la sola excepción de México –país vinculado estrechamente a una economía norteamericana en etapa expansiva–, en todos los demás países los ingresos por exportaciones se redujeron notablemente como resultado de la caída de los precios y de la demanda mundial por los productos de la región. La disminución de la actividad económica regional ha traído consigo altos niveles de desempleo, reducciones salariales y recortes en el gasto social.

Todo lo anterior constituye un duro golpe para América Latina. La tasa de crecimiento regional cayó de 5% en 1997 –la segunda más alta de los últimos veinte años– a 2% en 1998. Para este año se espera una contracción de 1%, lo que se traducirá en una pérdida per cápita de 2,5%. En toda la década la región habrá crecido a un promedio inferior al 3% anual. Esto es un avance con respecto al exiguo 1% de los años ochenta, pero representa menos de la mitad del 6% promedio de los años sesenta y setenta, y está ciertamente muy por debajo de lo que prometían las reformas y la reestructuración económica.

Al finalizar el decenio, de los 33 países de América Latina y el Caribe, apenas cuatro (Argentina, Chile, Perú y Guyana) habrán tenido tasas de crecimiento promedio anual iguales o superiores a 5%. En otros tres (República Dominicana, Panamá y El Salvador) se habrá crecido a una tasa igual o superior a 4%. En un preocupante número de países –entre ellos Venezuela, Colombia, Ecuador y Jamaica– el ingreso per cápita será menor al de 10 años antes. Se trata del segundo decenio consecutivo en que la pobreza, en lugar de disminuir, habrá aumentado en el conjunto de América Latina. En otras palabras, en el año 2000 la región será aún más pobre de lo que era en 1980. A su vez, la distribución del ingreso y de la riqueza sigue empeorando de manera casi generalizada en una región ya plagada de enormes desigualdades.

Las economías de América Latina han pasado por dos malos momentos en un período de tres años. La profunda recesión regional causada por el colapso del peso mexicano en 1995 hizo que el crecimiento cayera en el conjunto de la región desde casi 6% en 1994 a apenas 1% al año siguiente. La constante inestabilidad económica es percibida como tan o más dañina que la lentitud del crecimiento. La suma de los dos fenómenos ha sido particularmente desastrosa para los sectores más desposeídos, a quienes sus bajos ingresos, exiguo patrimonio e inestabilidad laboral hacen más vulnerables.

Hacer realidad las expectativas de crecimiento y estabilidad que surgieron al inicio del proceso de reforma dependerá de la capacidad de los gobiernos para atraer y manejar prudentemente los flujos de capital extranjero. Este constituye un desafío de primer orden para cada país de la región, ya que existen pocos fenómenos que puedan exponer más el futuro de las economías latinoamericanas que los movimientos de capital hacia dentro y hacia fuera de la región.

El flujo de capital extranjero que llegó a América Latina durante la mayor parte de los años noventa no tiene precedentes. Al inicio de la década la inversión extranjera directa llegaba a aproximadamente US$ 7.500 millones, de los cuales la mitad iba a México. Hacia 1998 esta cifra se había elevado a US$ 54.000 millones, de los cuales apenas una sexta parte se destinaba a México. En Brasil, por ejemplo, la inversión extranjera pasó de ser casi inexistente en 1991 a sumar más de US$ 20.000 millones el año pasado –en gran parte a raíz de un masivo proceso de privatizaciones–, y se mantiene estable para este año. Las inversiones en el mercado de valores han sido incluso más cuantiosas, aunque de mayor volatilidad. El flujo de capital alimentó el proceso de crecimiento en América Latina durante la década de los noventa, generó un mayor ahorro interno y la expansión de las exportaciones; así, dicho flujo fue para la región la mejor esperanza futura de desarrollo y progreso social. Sin inversión extranjera las economías de América Latina habrían sufrido un estancamiento similar al de los años ochenta. Pero, a su vez, el retiro de estos capitales, tanto en 1995 como luego, en 1998 y 1999, fue la causa de la recesión regional.

La gran interrogante es si los países de la región serán realmente capaces de manejar su economía en un mundo globalizado. ¿Podrá América Latina evitar las crisis, o sus economías están predestinadas a repetir constantemente el ciclo de auge y caída? ¿Cuántos países sabrán aprovechar los enormes flujos de capital que buscan oportunidades de inversión? ¿Cuántos de ellos estarán en condiciones de evitar las turbulencias económicas, la volatilidad y las crisis financieras que los pueden acompañar? ¿Podrán los exportadores latinoamericanos aprovechar la creciente apertura de los mercados mundiales, o terminarán sobrepasados por importaciones de mayor calidad y menor precio? Por último, si América Latina fuera capaz de aprovechar en su beneficio el comercio internacional y la inversión extranjera, cabe preguntarse qué corresponde hacer para repartir los frutos con más equidad y proteger a los sectores perjudicados en el proceso.

Estos son los principales desafíos que enfrentan los conductores de la política y la economía en América Latina. La mayoría piensa que sus países son capaces de actuar de manera competitiva en el mercado mundial, y están dispuestos a seguir organizando la economía y las políticas públicas de modo de alcanzar dicho objetivo. Además, consideran que las estrategias de mercado no sólo son la mejor vía hacia un mayor crecimiento y estabilidad económica, sino también las que producen los mejores dividendos políticos. De hecho, desde hace seis años los candidatos comprometidos con la economía de mercado han ganado casi todas las elecciones presidenciales en América Latina, y dicha tendencia no muestra señales de disminuir. Ahora bien: si el mercado y la disciplina fiscal parecen haberse convertido en una buena opción política, los resultados concretos siguen siendo magros, y a la fecha solamente Chile ha logrado crecer de manera rápida y sostenida. En todo el continente persisten la pobreza y el desempleo generalizados, la desigualdad social es más aguda que en cualquier otra región importante del mundo, y la distribución del ingreso y la riqueza, en lugar de mejorar, empeoran.

Para reducir de manera sistemática la pobreza y la desigualdad, los países de América Latina deben lograr tasas de crecimiento mayores y más estables, objetivo que sólo lograrán en la medida en que sigan integrados a la economía mundial; su ahorro interno no basta para financiar el crecimiento de manera autónoma. Si bien es cierto que elevar la tasa de ahorro interno es una prioridad en casi toda la región, se trata de un proceso que llevará algún tiempo; de ahí que para América Latina el capital extranjero
–provenga de las exportaciones, de la inversión o del crédito– es esencial para un crecimiento sostenido.

El ingreso de capitales, especialmente aquellos de corto plazo, conlleva riesgos importantes. Las economías de muchos países del mundo se han visto en duros aprietos cuando, por diversos motivos, los inversionistas y especuladores nacionales y extranjeros han retirado sus fondos de un país. Son múltiples las propuestas que se hacen para reestructurar los acuerdos internacionales con el fin de evitar, morigerar o responder a crisis económicas generadas por el movimiento de capitales. Muchas de estas ideas son interesantes y deben promoverse no sólo en el hemisferio, sino en todo el mundo. Sin embargo, el esfuerzo principal deberá hacerse en cada país.

Ninguna nación en vías de desarrollo está, por sí misma, en condiciones de protegerse totalmente contra los avatares de la economía mundial, pero puede limitar los daños y acelerar la recuperación a través de la regulación y gestión responsable de las instituciones financieras, de la fiscalización y transparencia de los organismos públicos y privados, de una política económica que controle los desequilibrios y el déficit fiscal, así como asegurando alguna protección a los sectores de menores ingresos contra los peores efectos de las crisis.

Es preciso profundizar las reformas económicas y transformar de manera fundamental las leyes laborales, las políticas tributarias, los programas educativos y los sistemas judiciales. El control de capitales podría ser necesario en algunos países, pero hay que tomar en cuenta que se trata de medidas difíciles de adoptar, que en ciertos casos no funcionan y que, además, pueden tener un alto costo. Los países deben ser capaces de cultivar y mantener la confianza del inversionista nacional y extranjero. No se debe olvidar que una conducción económica prudente es el mejor antídoto contra las crisis financieras y la mejor forma de estimular el crecimiento. Es cierto que la reciente crisis mundial ha tenido un alto costo para América Latina, pero éste hubiera sido mayor –como lo fue en Rusia y diversos países asiáticos– sin la protección de 12 años de reformas políticas y económicas.

A pesar de los magros resultados logrados por las economías latinoamericanas durante la década que termina, la alternativa correcta es mantener el rumbo de las reformas. Los gobiernos de la región deben ampliar, profundizar y consolidar las reformas económicas e institucionales, a la vez que adoptar medidas para garantizar una mejor distribución del ingreso.

Los desafíos políticos

En América Latina y el Caribe la democracia está sometida a fuertes tensiones. Aun así, ésta sigue siendo, en la región, el único sistema legítimo de gobierno y –salvo en Cuba– la única vía para acceder al poder. Con la sola excepción de Haití, desde el golpe de estado de 1976 en Argentina ningún gobierno democrático de América Latina o el Caribe ha sido derrocado por la fuerza. Sin embargo, en muchos países la gobernabilidad democrática sigue siendo de baja calidad, y en otros se deteriora. Las encuestas revelan que el ciudadano común, si bien prefiere la democracia a la dictadura, manifiesta un creciente descontento con las instituciones y resultados del sistema democrático. La opaca actuación en el terreno económico y social ha profundizado el nivel de insatisfacción en toda América Latina, y muy especialmente en la región andina.

En el Perú, después del fracaso de una serie de gobiernos civiles y militares, el poder político se encuentra concentrado en manos de un presidente autocrático. Las instituciones esenciales a toda democracia –entre ellas partidos políticos, Parlamento, judicatura y prensa– han perdido influencia y autonomía. El presidente Alberto Fujimori goza de un grado considerable de respaldo popular y podría ganar las elecciones para ejercer un tercer período presidencial. Para el peruano medio, su ascendiente se sustenta en haber derrotado la hiperinflación, reconstruido la economía y acabado con una guerrilla brutal; pero también refleja la debilidad de una oposición que ha pasado 10 años sin poder levantar una alternativa. La lealtad que le demuestran las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia afianza aún más la autoridad del Presidente.

En Venezuela, como en el Perú, un pueblo molesto y frustrado con el fracaso y la corrupción de sucesivos gobiernos reaccionó desalojando del poder a los dirigentes y partidos que tradicionalmente habían gobernado el país. En 1998 el teniente coronel (r) Hugo Chávez, quien en 1992 había dirigido un intento de golpe de estado, fue elegido presidente con el claro mandato de reestructurar el ordenamiento político existente. Los motivos están a la vista: hace apenas una generación, Venezuela era el mayor exportador de petróleo fuera del Medio Oriente y tenía el mayor ingreso per cápita de América Latina. Sin embargo, en los últimos veinte años los niveles de ingreso cayeron dramáticamente, empobreciendo a la mayoría de los venezolanos. Las instituciones de este rico país petrolero –Congreso, Poder Judicial, escuelas, hospitales y clínicas, sistemas carcelario y policial– han sido generalmente consideradas como las peor gestionadas de América del Sur. Desde que asumió el poder en febrero pasado, el presidente Chávez, con el apoyo entusiasta de una amplia mayoría, ha adoptado medidas para reformar el sistema político. El Congreso y la Corte Suprema han perdido la mayor parte de sus atribuciones, aun cuando dentro de lo que permite la ley. Los partidarios de Chávez ganaron más de 90% de los escaños en la Asamblea Nacional Constituyente que redacta una carta fundamental que será sometida a un referéndum a fines de año.

No es posible predecir si en definitiva el gobierno del presidente Chávez respetará los procedimientos y las garantías democráticas. El Presidente y sus colaboradores han manifestado repetidamente que en Venezuela se efectuará una transformación en democracia, y que su intención es enriquecer y consolidar el sistema democrático. También han señalado su disposición a tomar en cuenta la opinión internacional mientras llevan a cabo su programa. Sin embargo, preocupa que en Venezuela se hayan debilitado los límites que en una democracia plena rigen al Poder Ejecutivo, y que haya aumentado el nivel de injerencia de las Fuerzas Armadas en el Estado.

Colombia, aparte de un breve gobierno militar en la década del cincuenta, tiene una larga y encomiable historia democrática. De hecho, todos los presidentes colombianos de los últimos 40 años cumplieron la totalidad de sus respectivos mandatos. El poder sigue distribuido entre los tres poderes del Estado, y existe una prensa fuerte e independiente. Y, sin embargo, actualmente no hay país del hemisferio que enfrente problemas tan graves y en tantos frentes distintos.

Los gobiernos colombianos se han visto paulatinamente abrumados por una suma de problemas de gran complejidad. El país es el primer productor y exportador de drogas del mundo. No existe nación sudamericana con mayores tasas de violencia, actividad criminal y homicidios y en la que, por consiguiente, la inseguridad personal sea mayor. El sistema judicial, a pesar de algunos intentos de reforma, en la práctica está colapsado. Unos 20.000 efectivos guerrilleros, financiados con el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, tienen importante presencia en casi la mitad del territorio. La violencia que se vive en Colombia causa más de 3.000 muertes al año, y a la fecha ha desplazado de sus hogares a más de un millón de personas. Las violaciones de los derechos humanos, cometidas en gran parte por los grupos paramilitares pero también por las Fuerzas Armadas y la guerrilla, son de carácter masivo y endémico y no tienen parangón en el resto del continente. La antaño envidiable economía colombiana está en profunda recesión y soporta una tasa de desempleo superior a 20%. Como se ha visto ya en los casos de Venezuela y el Perú, en todos los sectores y clases sociales se está perdiendo la confianza en sus gobernantes e instituciones e incluso en el país mismo, como lo expresa la cantidad inusitada de colombianos que emigra al exterior. El interrogante es cuánto tiempo más podrá el pueblo colombiano tolerar esta situación de pesadilla antes de perder toda esperanza en el sistema democrático.

Ecuador también está sumido en una crisis profunda, con una presidencia debilitada y un problema de desgobierno que se arrastra por años. Los dirigentes políticos del país, pero también los partidos, las asociaciones empresariales, el movimiento sindical, las organizaciones indígenas y otros, promueven agresivamente sus estrechos intereses regionales o sectoriales en detrimento de las políticas nacionales. Se niegan obstinadamente a aceptar fórmulas de compromiso que son consustanciales al funcionamiento de un estado. No existe país de América Latina donde la política se lleve a cabo con menos responsabilidad.

Los conflictos políticos internos han impedido por años la realización de reformas económicas, al tiempo que se desperdician sistemáticamente los cuantiosos ingresos provenientes de la riqueza petrolera del Ecuador. En la actualidad, el encono partidista entorpece la capacidad del país para reaccionar frente al peor desastre económico de su historia, causado por la fuerza destructiva del fenómeno El Niño, por una costosa guerra limítrofe con el Perú (actualmente resuelta) y por la brusca caída en el precio del petróleo a comienzos de año; todo ello en el marco de graves falencias políticas e institucionales. Hace poco Ecuador se convirtió en el primer país sudamericano en varios años en suspender el pago de su deuda externa. El presidente Mahuad ha perdido mucho de su capital político a causa de sus reiterados fracasos en lograr apoyo popular y aprobación legislativa para las reformas económicas que podrían allanar el camino a la ayuda internacional que el país requiere. De continuar el estancamiento institucional, la economía y la política del país pueden verse precipitadas a una espiral descendente que podría conducir a un colapso en ambos terrenos.

Estos cuatro países andinos han tenido que hacer frente a problemas mucho más graves que los de cualquier otro país de América Latina. Con la excepción de El Salvador, que solucionó su conflicto interno en 1991, ningún otro país latinoamericano ha tenido que sobrellevar en esta década guerras internas tan intensas y desgastantes como la que enfrenta Colombia hoy y sufrió hasta hace relativamente poco el Perú. Ambos países se han visto azotados además por el crimen y la violencia asociados al cultivo y tráfico de la droga. De 1980 a esta parte, sólo Nicaragua y Haití tienen un desempeño económico peor que el de Venezuela, país cuyo ingreso per cápita cayó en 40% en términos reales. El que Venezuela sea uno de los principales productores de petróleo del mundo y no haya enfrentado conflictos armados durante todo este período, ilustra claramente el fracaso de la dirigencia política del país. Del Ecuador se puede decir que pocas naciones del hemisferio han sido consistentemente peor gobernadas o tenido peor fortuna. (Irónicamente, Bolivia, uno de los países más pobres e históricamente con más problemas de América Latina, es el único miembro de la comunidad andina en salir incólume de esta ola de traumas políticos y económicos.)

A pesar de sus particularidades, la experiencia de las naciones de la región andina constituye motivo de preocupación para el futuro de la democracia en toda América Latina. En los países andinos el sistema democrático se ha debilitado al punto descrito a causa de la mala actuación de los gobernantes, lo que constituye un mal común a toda la región. En una América Latina donde los niveles de vida han retrocedido 20 años y el desempleo alcanza su punto más alto de los últimos tiempos, la constante mediocridad de los resultados económicos –independientemente de que ello sea imputable a los vaivenes de la economía mundial o a las instituciones y políticas internas de cada país– constituye, por sí sola, un motivo de inquietud.

Las falencias en el terreno económico no son el único problema. Con contadas excepciones, las democracias de América Latina se muestran incapaces de atender las necesidades básicas de la ciudadanía. Una parte importante de la población no cuenta con servicios mínimos tales como mantención del orden público, educación de calidad, ciudades limpias y agua potable. En muchos países las urbes decaen sin remedio y se deterioran los sistemas educacionales y de salud. El exceso de tráfico vehicular, la contaminación ambiental, el crecimiento exponencial de la delincuencia y la corrupción institucionalizada degradan la calidad de vida y el bienestar de la población en casi toda América Latina. En un país tras otro, los gobiernos democráticos se muestran incapaces de afrontar con eficacia los problemas que más aquejan a la ciudadanía.

Pero no todas las noticias son malas. A pesar de las dificultades, la democracia se mantiene en toda la región e incluso se fortalece en varios países. Salvo en el Perú, donde la polémica sobre el derecho de Fujimori a postular para un tercer período podría empañar el proceso electoral, todo apunta a que las elecciones presidenciales programadas para este año y el próximo en Argentina, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Chile y México serán limpias y libres y que los resultados serán aceptados por todas las partes. En el caso de México, será la primera vez que el históricamente dominante Partido Revolucionario Institucional elija a su candidato en primarias abiertas; más aún: es probable que la próxima elección presidencial sea la más abierta de toda la historia del país.

Por su parte, las dirigencias democráticas de América Latina han demostrado ser capaces de resistir la presión popular a la hora de adoptar y defender decisiones difíciles bajo circunstancias adversas. Tal es el caso de los presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Carlos Menem, de Argentina; Julio Sanguinetti, de Uruguay; Eduardo Frei, de Chile; y Ernesto Zedillo, de México, quienes han dado respuestas enérgicas y constructivas a los recientes problemas económicos. A pesar de la pérdida de respaldo popular y de tener campañas presidenciales ad portas, todos estos gobiernos se mantuvieron firmes en las estrategias económicas que, aunque impopulares, fueron consideradas como la mejor respuesta a los problemas. Por su parte, los gobiernos democráticos de América Central han demostrado una enorme capacidad para resistir no sólo las inclemencias de la economía sino también las de la naturaleza, incluso aquellas de la magnitud del huracán Mitch.

A diferencia de lo que ha sido la norma durante la mayor parte de su historia, en ninguna parte de América Latina se observa que el sistema democrático esté amenazado por una intervención militar. La región y el contexto internacional han cambiado demasiado como para permitir que se produzca un retorno a las dictaduras militares. Si bien es cierto que en algunos países las Fuerzas Armadas tienen aún una injerencia indebida en la vida nacional, no es menos cierto que ya no se las percibe como los árbitros de los conflictos políticos. Tanto civiles como militares están conscientes del altísimo costo que el mercado financiero puede imponer a las economías en caso de convulsiones políticas de esa naturaleza. Más aún: casi todos los estados del hemisferio repudiarían cualquier golpe militar en la región; un régimen castrense se encontraría aislado y potencialmente expuesto a sanciones. Hoy en día el precio que habría que pagar por el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido sería muy alto, y las Fuerzas Armadas de toda América Latina son conscientes de ello.

Los gobiernos democráticamente elegidos van a perdurar en casi toda la región. Lo que no está tan claro es si podrán encontrar la forma de derrotar la debilidad, ineficacia y corrupción que plagan sus instituciones y abrir paso a una pujante práctica democrática. También persiste la duda respecto de si lograrán satisfacer las necesidades básicas del ciudadano común y corriente, tales como seguridad, más oportunidades económicas y mejores servicios públicos, para recuperar así su respaldo y confianza. Tampoco se sabe con certeza si lograrán reconciliar las diferencias extremas entre pobres y ricos y superar las divisiones étnicas y raciales que afectan a tantas naciones. Por último, siempre subsiste el peligro de que presidentes democráticamente elegidos opten por no respetar los procedimientos democráticos y gobernar de manera autocrática, tal como ha ocurrido en el Perú y podría ocurrir en
Venezuela.

La cooperación en el hemisferio occidental

Las relaciones interamericanas siguen siendo, en general, cordiales y constructivas. Durante el año pasado Ecuador y Perú, Chile y Argentina y El Salvador y Honduras resolvieron de forma pacífica antiguas y prolongadas disputas territoriales. Las relaciones entre la mayor parte de las naciones del hemisferio son fructíferas y se está verificando un ostensible aumento del comercio intrarregional. Sin embargo, en los últimos años se observa una vuelta atrás en el compromiso de expandir la cooperación política y económica interamericana. La negativa del Congreso norteamericano de conceder al Ejecutivo "la vía rápida" ha terminado por paralizar las negociaciones para la zona de libre comercio en la región; a su vez, Brasil y otros países grandes demuestran escaso entusiasmo por avanzar en la liberalización del comercio regional. De otro lado, son pocos los países que muestran algún interés por fortalecer la Organización de Estados Americanos y otros organismos hemisféricos.

La decisión del gobierno peruano de no acatar un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la denuncia de Trinidad y Tobago de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sientan un grave precedente. Estos hechos ponen en relieve la fragilidad de las instituciones hemisféricas de derechos humanos, e incluso amenazan su viabilidad de conjunto. Constituye motivo de preocupación el silencio público que –a excepción de Costa Rica– han guardado los gobiernos de América Latina frente a estos hechos; lo es también la reiterada renuencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a ratificar la Convención Interamericana.

Los asuntos hemisféricos atraviesan un momento inestable en el que las dificultades y los altibajos ponen a prueba la capacidad de los líderes y las instituciones. La mayor parte de los dirigentes políticos y agentes financieros de América Latina apuestan todavía por la economía de mercado y políticas democráticas, y hacen ingentes esfuerzos por construir la cooperación hemisférica sobre bases pragmáticas. Pero estos esfuerzos sólo serán exitosos en la medida en que los gobiernos de la región muestren mejores resultados y recuperen la confianza del ciudadano común.

Recomendaciones

Primero, Estados Unidos debe asumir un mayor liderazgo en ciertos temas claves y concitar el respaldo de los demás gobiernos. Es fundamental, además, que las iniciativas sean de carácter multilateral, pues de otro modo las propuestas y acciones de los Estados Unidos podrían no ser seguidas por las demás naciones.

El presidente Clinton o su sucesor tienen, para empezar, la tarea de conseguir la autorización del Congreso para negociar por la vía rápida la creación del ALCA, para la próxima ronda de reuniones de la Organización Mundial de Comercio y otros acuerdos comerciales. Para que ello ocurra deberá conformarse una coalición bipartidista, lo que requerirá incorporar a las propuestas de libre comercio normas laborales y ambientales aceptables tanto para demócratas como para republicanos. Recelosos de que Estados Unidos las utilice para imponer nuevas barreras a la importación, la mayor parte de los gobiernos de América Latina se han resistido a incorporar dichas normas a los tratados comerciales; no obstante, la participación de Estados Unidos puede depender ahora de que éstas se concreten.

También se necesita el liderazgo de los Estados Unidos para hacer frente a otros desafíos. Washington puede colaborar con el fortalecimiento de las economías de América Central y de la cuenca del Caribe aprobando a la brevedad posible la legislación que les otorgaría beneficios comerciales equivalentes a los previstos en el NAFTA. También puede potenciar la coordinación hemisférica en el combate contra el narcotráfico participando del mecanismo multilateral creado por la OEA para evaluar los esfuerzos antinarcóticos de los estados del hemisferio, y considerando, además, la posibilidad de que eventualmente éste termine reemplazando su propio proceso de certificación. En las relaciones con México es fundamental potenciar una plena cooperación en todos los temas que afectan a ambos países, dado que el tipo de relaciones que mantengan entre ellos repercute severamente sobre las que se tengan con el resto de América Latina y, en general, sobre los asuntos hemisféricos.

Segundo, es hora de que los gobiernos del hemisferio vayan más allá de los temas puramente comerciales y avancen hacia una mayor coordinación en materia de política económica, bajo el liderazgo del Banco Interamericano de Desarrollo. Los reveses financieros sufridos por América Latina en 1995 y 1998 hacen de ello una tarea urgente. Este proceso debe estar enfocado en dos cuestiones centrales: 1) un método para que los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales actúen de manera concertada para prevenir o responder ante las crisis económicas; y, 2) la posibilidad de que los países del hemisferio se fijen metas comunes en materia macroeconómica –por ejemplo, en temas como inflación, déficit fiscal y relación deuda/producto–, así como en los plazos para cumplirlas (al modo de los criterios de Maastricht para Europa).

Tercero, los gobiernos de las Américas deben ser capaces de concretar sus promesas de superar la pobreza y la desigualdad. A pesar de los compromisos proclamados en 1998 en la Cumbre de Santiago, son escasos los esfuerzos hechos por la mayor parte de los gobiernos de América Latina para –por ejemplo– mejorar las oportunidades educativas. La inacción en este terreno tiene efectos no sólo sobre el desarrollo económico, sino también sobre el progreso social. A la fecha no existen normativas ni incentivos regionales que apunten a la reforma de los sistemas educacionales. En la totalidad de la región, los avances en materia social requerirán de una gestión más responsable y transparente del sector público, de una significativa reasignación de recursos estatales hacia los sectores de más bajos ingresos, del término de la discriminación contra la mujer y las minorías, así como de medidas enérgicas para garantizar que los sectores más pudientes cumplan con sus obligaciones tributarias. No existe mayor obstáculo para la estabilidad democrática y el desarrollo económico sostenido que las dramáticas condiciones sociales de la región.

Cuarto, los gobiernos del hemisferio deben encontrar formas de responder de manera colectiva a los desafíos que enfrente el sistema democrático. Constituyen motivo de especial preocupación aquellos provenientes de gobernantes electos que no respeten los límites constitucionales. La Resolución 1080 aprobada por la OEA en 1991 brinda a los gobiernos del hemisferio un mecanismo político para responder a las alteraciones del proceso democrático en cualquier lugar de la región. Este mecanismo se ha utilizado en cuatro ocasiones, con resultados dispares. Corresponde discutir la factibilidad y la forma en que dicho mecanismo se pueda adaptar a situaciones en las que el peligro sea de naturaleza ambigua, es decir, situaciones en que se mantienen las formas democráticas pero se monopoliza el poder y se restringe la participación política.

Todos los estados se beneficiarían de una mayor cooperación hemisférica. La integración de las economías y políticas macroeconómicas coordinadas permitiría expandir con mayor celeridad el comercio y atraer mayor inversión; a su vez, ayudaría a dar respuestas prácticas a las crisis regionales y nacionales, todo lo cual contribuiría al crecimiento con estabilidad. A su vez, una cooperación política sostenida entre los estados puede ayudar a la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones. Además, el trabajo mancomunado otorga mejores oportunidades de prever y abordar adecuadamente problemas comunes tales como el tráfico de drogas y de armas, el terrorismo y la violencia criminal, la inmigración, los problemas de salud pública, el deterioro ambiental y las catástrofes naturales.

La posibilidad de construir relaciones hemisféricas productivas ha empezado a disiparse. El proceso se puede reactivar, pero para ello deberán producirse a la brevedad avances en diversas materias. Tanto para Estados Unidos como para los demás países del hemisferio, el desafío es evidente: adoptar las medidas que permitan cumplir los compromisos adquiridos respecto de la preservación y fortalecimiento de la democracia, la integración económica, la elevación de los niveles de vida de los más pobres y el fortalecimiento de las instituciones hemisféricas.

* En algunos casos con reservas o comentarios específicos. Esta es una traducción no oficial al español.