Al cierre de otro año monotemático

En términos políticos 1999 ha sido, como los anteriores, un año monotemático. El gobierno se ha dedicado básicamente a consolidar y afinar los mecanismos que hagan posible imponer un tercer gobierno de Alberto Fujimori. La oposición, a hacer todos los esfuerzos para que lo anterior no ocurra.

En términos generales, al gobierno le ha ido bien en su empeño y se ha anotado casi todos los puntos; la oposición, en cambio, casi ninguno. Como explicamos en desglosable aparte, el régimen, recurriendo a todas las artimañas posibles, está consolidando su proyecto. Fríamente se puede constatar que si al iniciar 1999 Fujimori tenía una intención de voto de menos de 20%, hoy supera el 40%.

Muchos factores influyen en este resultado, pero parece que el control absoluto de la televisión abierta ha desempeñado un papel preponderante. Hoy por hoy el peruano promedio sólo conoce de la realidad nacional a través del bombardeo sistemático de parte del gobierno a través de la TV. En la televisión ya no existe la política como debate y confrontación de ideas; sólo hay propaganda a favor del Presidente y denuncias efectistas y descalificadoras contra todos los que se le opongan.

A ello se suma la despolitización; es decir, asegurarse de que la gente tenga otras cosas en qué pensar. Por ejemplo, la manipulación del fútbol. Fujimori ha asociado su imagen con la esperanza de clasificación al Mundial del 2002. Ojalá lo logremos, pero que ahora cualquier partido de práctica de la selección sub-23 o de la de mayores contra equipos del poderío mundial de Eslovaquia o Honduras se transmitan en simultáneo por cuatro canales de televisión, suena un poquitín sospechoso. (Pregunta terrible que pedimos a los encuestadores no hacer: ¿qué le interesa más a usted: que la selección se clasifique al próximo mundial o los resultados de las elecciones de abril?)

De su lado, durante la mayor parte del año la oposición ha estado concentrada en buscar al hombre que le pueda ganar a Fujimori. En el empeño cayó Andrade, que por dos años había liderado todas las encuestas (lo crucificaron, es cierto). Castañeda tomó luego la posta como el más perfilado de los opositores (ya lo están masacrando). Toledo quiere terciar y araña un 10% (lo alentarán primero y, de ser el caso, lo triturarán después). Olivera ha sido el último en anunciar que entra a la lid y contribuirá a la causa fujimorista con su dosis de dispersión y confusión.

Pero ha habido también esfuerzos persistentes de muchos opositores por construir un escenario en el que prime la sensatez política. El principal resultado de ellos es, hasta el momento, el "Pacto de Gobernabilidad". La destemplada reacción de los partidarios del régimen, que han descalificado esta iniciativa en todos los tonos, es, de por sí, un signo visible de que no era una mala idea.

Más allá de coincidir o no con todos lo puntos allí planteados, o de pensar que hay otros aspectos que merecieron ser incluidos, nos parece irracional oponerse per se a su suscripción. Que quienes lo firman expresan una variedad enorme de ideas políticas, pues de eso se trata: si todos pensaran igual o fueran lo mismo, no habría pacto que firmar. Que hay grupos grandes, chicos y hasta minúsculos, pues punto a favor de los grandes por su desprendimiento. Que no hay ideas precisas en todos los campos para gobernar al país, obvio, pues lo que se suscribe son solamente grandes orientaciones entre las cuales caben múltiples políticas concretas. Que algunos sectores lo incumplirían o no tienen autoridad moral para suscribirlo, quizá, pero si retorna la democracia será el electorado el que los sancione.

El Pacto de Gobernabilidad es un dato positivo del panorama político peruano y, de darse un nuevo escenario a partir del 2000, podría ser un marco de referencia interesante. Pero el problema es que, tal como están las cosas, nada garantiza que Fujimori no vaya a imponer su candidatura contra viento y marea y a prolongar el régimen que este pacto implícitamente recusa.

Sobre eso se han pronunciado los partidos políticos en su segundo manifiesto conjunto, en el que han señalado con argumentos contundentes que Fujimori no puede postular; que el JNE no puede aceptar su candidatura y que, de hacerlo, ésta sería nula y viciaría todo el proceso (ver recuadro).

Y en este punto entramos en un terreno pantanoso, porque pese a lo contundente e impactante de la declaración que comentamos, la mayoría de los firmantes ha adelantado que aun así participaría de las elecciones del 2000. Es como decir: "sé que el árbitro está comprado y que le va a regalar varios penales al adversario; que la cancha está inclinada para un lado; que a los veedores externos casi no se les permite ver; que los policías en el estadio, en vez de protegernos, nos hostilizarán; que la TV no retransmitirá las buenas jugadas de nuestro equipo (ni siquiera pagándoles), ni, menos todavía, las sucias del rival; que, de los contrarios, el único jugador que puede marcar la diferencia va a jugar el partido pese a haber sido expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas; pero que, pese a todo, la decisión es jugar a ver si en una de esas la suerte me acompaña". Cuesta entenderlos.

Acá en ideele hemos sostenido en reiteradas ocasiones que la consecuencia lógica de la postulación ilegal de Fujimori debiera ser el retiro masivo de la oposición de la contienda electoral; que ello no sólo es lo correcto desde el punto de vista principista, sino también, quizá, la única carta política de triunfo. Es decir, para que Fujimori se reelija en el 2000 y ello tenga algún viso de legitimidad, necesita que la oposición participe; en caso contrario, las "elecciones" (por más grupos comparsas que logren introducir en la cédula con la anuencia del JNE) serán vistas como una farsa. En el mundo globalizado, donde la democracia es importante, un gobierno impuesto de ese modo (más aún con el currículo que se guarda el ingeniero) es simplemente inviable como garantía de estabilidad política y económica. Y, por tanto, ante un escenario como ese el gobierno tendría que retroceder.

No es pues la nuestra ni una propuesta derrotista ni la resignación frente a lo inevitable; por el contrario, creemos que era (es) el mejor escenario. Es cierto que también una candidatura única de oposición, trabajosamente buscada por muchos, tendría un efecto importante y quizá hasta podría permitir vencer al fujimorismo pese a todas sus artimañas.

A estas alturas ambas opciones se ven lejanas. Lo más probable es que la oposición se presente dispersa en tres o cuatro candidaturas para tentar luego la confluencia en una segunda vuelta que para muchos, a estas alturas, es ya sólo una ilusión. (¿Alguien puede tener la ingenuidad de pensar que este régimen lo permitiría si Fujimori alcanza una votación real de, digamos, 40%? No hay que olvidar que los votos blancos y viciados no se cuentan para el 50%, y que ellos tienen todos los resortes del poder para "ajustar" el resultado final.)

Hay que agregar un factor importante que impide que la estrategia del off side que promueve esta revista pueda tener cierta acogida en la clase política: el Congreso. Es que en un país tan desinstitucionalizado, el Congreso es casi el único lugar desde donde los políticos pueden hacer política. Y, la verdad, a muchos de los actuales padres de la patria y de los aspirantes a serlo no se les ve demasiado dispuestos a arriesgar su vocación (aun cuando sea temporalmente) por el camino de la abstención.

Así, al terminar 1999 nos parece que el curso más probable de los acontecimientos será que por la suma de todas las malas artes puestas en práctica desde el gobierno, por la acumulación de errores desde la oposición y por el temor del electorado al cambio en un contexto de crisis ("más vale malo conocido..."), Fujimori puede lograr su objetivo de imponer un tercer período.

Justifica por tanto preguntarse por el tipo de situación política que se iniciaría entonces. Y algunos rasgos se pueden prever.

Estaríamos, en primer lugar, frente a un gobierno de legitimidad discutida. Si bien la oposición, al participar, le habría dado al proceso una legitimidad parcial, son muchísimos peruanos los que piensan que la candidatura del Presidente era ilegal e impuesta por mecanismos muy poco ortodoxos. Más allá de lo contradictorio que nos parece que se participe en el proceso y después, si se pierde, se lo denuncie como ilegal, es probable que sea eso exactamente lo que ocurra. Ya se ha mencionado incluso el derecho del pueblo a la insurgencia contra el usurpador que la Constitución consagra.

En segundo lugar, estaríamos frente a un presidente que no goza del beneficio de la duda. Por el lado de quienes lo apoyan ya no habría el famoso período de gracia en el que todo se acepta. Los problemas son urgentes; ha estado en el poder por un tiempo largo y las soluciones se requieren para hoy. No contaría tampoco, desde el lado perdedor, y por las razones expuestas, con la tregua política que se le da al rival en situaciones normales. Así, de un lado la demanda de resultados inmediatos, y del otro un cuestionamiento frontal, serían factores de inestabilidad desde el inicio mismo del tercer mandato. A ello habría que sumar que una serie de medidas "duras", postergadas por las elecciones, tendrán que aplicarse inevitablemente, agriando más el clima nacional.

En síntesis, sería un escenario poco alentador y que el país no merece. Hay poco tiempo, pero el suficiente para que todos los que honestamente quieren poner punto final al régimen autoritario busquen una salida política conjunta; por más sacrificios que ella suponga, debe ser puesta en práctica. (Carlos Basombrío Iglesias)

Fujimori no puede postular

(y si aun así lo hace, ¿qué?)

En las líneas que siguen reproducimos extractos de un contundente pronunciamiento de los partidos de oposición sobre por qué Fujimori no puede postular. El documento es tan claro, que cabe preguntar a quienes lo suscriben: si Fujimori postula, ¿avalarán con su participación ese proceso?

"El Ingeniero Alberto Fujimori, por mandato expreso de la Constitución Política del Perú (Art. 112), no puede postular en las Elecciones del año 2000, para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.

En el mes de enero de 1995, el CCD aprobó la Ley 26430, por la cual se precisaban las limitaciones del ciudadano que ejercía la Presidencia y que, en mérito del Art. 112 de la Constitución Política, postulase a la reelección. Es pues evidente que se reconoció y asumió que el Ingeniero Fujimori en ese momento aspiraba para un segundo período presidencial en el marco de la Constitución de 1993.

Permitirle postular consecutivamente por otros cinco años, tercera elección, es violar la Constitución, incurriendo en una postulación írrita, irregular y nula. Toda Resolución del Jurado Nacional de Elecciones que no tomara en cuenta este hecho, sería también nula de pleno derecho, no convalidable.

Aceptar que rija lo que irremediablemente es nulo, contrario al Derecho, viola el mandato constitucional, niega la verdad matemática para que arbitrariamente debamos entender que la suma de cinco más cinco es quince; negando los principios de la lógica y la moral que lo obliga, con solemne juramento otorgado al asumir la Presidencia, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

El Ingeniero Alberto Fujimori no puede postular por tercera vez consecutiva. Si lo hace y lo impone valiéndose de un Gobierno autocrático, incurrirá en el ejercicio de la Presidencia de la República por usurpación de función, para lo cual la Constitución Política del Perú manda y ordena: ‘Son nulos los actos de quienes usurpan funciones. Nadie debe obedecer a un Gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las Leyes’. Derecho de insurgencia que nos otorga a la población civil en defensa del orden constitucional.

Alberto Fujimori no puede postular en el año 2000, en elecciones limpias, en un Estado Democrático de Derecho. Ya el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronunció y, apreciando los hechos, resolvió en el sentido de que la segunda elección del Señor Fujimori se dio en 1995, por lo cual su segundo período se termina en julio del año 2000. Esta resolución del JNE es una instancia final definitiva y no revisable. Contra ella no procede recurso alguno, según mandato de la Constitución Política del Perú."