AGENDA 2000

De la violencia al autoritarismo

De un enemigo común, a una polarización "entre nosotros"

Así como entre 1980 y 1994 el eje para comprender la situación de los derechos humanos en el Perú y definir la agenda correspondiente era el de la violencia política (terrorismo-estrategia antisubversiva), desde hace varios años vivimos un período marcado por un eje distinto pero igualmente nítido: el autoritarismo como régimen político. 1999 ha sido un año especialmente revelador de este nuevo período, por su proximidad a un proceso electoral que pretende ser utilizado por ese autoritarismo para mantenerse en el poder, por lo menos más allá del 2000. Así, con este gobierno salimos de una situación límite, pero este mismo gobierno nos ha puesto en otra situación extrema, muy diferente pero también grave.

Felizmente, ya no son tiempos en los que el discurso de derechos humanos tenía que comenzar con un alarmante y terrible recuento de atentados y asesinatos cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA, para luego pasar a un también alarmante y terrible recuento de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas desde el Estado. Si bien Sendero Luminoso mantiene todavía capacidad para hacer daño en algunas zonas del país (véase artículo sobre SL en esta edición) y hay toda una agenda pendiente que viene de los años anteriores (véase recuadro sobre el tema), la violencia política es hoy un dato marginal y cada vez más focalizado de la realidad nacional, y han cesado, por lo mismo, las violaciones de derechos humanos vinculadas a esa situación.

Pero la salida de esta etapa de violencia política en nuestro caso no significó, a diferencia de otras experiencias, mayores niveles de democracia, sino que coincidió con el inicio y la consolidación de un régimen político autoritario, cuya partida de nacimiento se formalizó con el autogolpe del 5 de abril de 1992.

Por eso, lo que está marcando el deterioro de la situación de derechos humanos en el Perú en el último período es la concentración del poder político en Fujimori y su entorno, y la paralela eliminación de toda institución o espacio que pueda significar límite, contrapeso o fiscalización.

En esa dirección, ya en años anteriores se intervino y logró controlar todas y cada una de las instituciones del Estado, y se fortalecieron, más bien, instancias que en una sociedad democrática deben estar circunscritas a ámbitos muy concretos y restringidos; nos referimos específicamente al SIN y al fuero militar. (La fuerza de este último se evidenció recientemente en la demora para liberar a Cesti, aun después de que el propio Fujimori había manifestado públicamente que debía acatarse el fallo de la CIDH que ordenaba su libertad.)

1999 sólo ha sido, en estos términos, un año más de lo mismo: un Congreso bajo la batuta de una compacta mayoría oficialista (con la sola excepción de Carlos Ferrero, quien ha seguido votando a conciencia); con un Poder Judicial integrado en su gran mayoría por magistrados provisionales, es decir, manipulables, y con una Comisión Ejecutiva transitoria convertida en eterna; con un Fiscal de la Nación de atribuciones recortadas; sin Tribunal Constitucional; con un sistema electoral infiltrado y por lo mismo cuestionado (algo que hacía muchísimo tiempo no se daba en el país); y así podríamos seguir enumerando cada una de las instituciones, y en cada caso se podría precisar alguna grave irregularidad (véase encarte al respecto).

La Defensoría del Pueblo sigue siendo la única excepción, puesto que mantiene su independencia y cumple una importante función de fiscalización; pero, dada su naturaleza –una institución cuyos únicos recursos son la persuasión y ascendencia moral–, de ninguna manera puede ser considerada como el contrapeso que normaliza el juego de poderes. Por lo demás, considerando el complicado escenario político que se viene, se puede avizorar que el ombusdman tendrá que sortear pruebas de fuego (véase recuadro de balance de la Defensoría).

Es este contexto de concentración de poder y desinstitucionalización lo que también explica ya no la incompatibilidad sino el cortocircuito entre el actual régimen político y soportes esenciales de las democracias contemporáneas, como son la libertad de prensa y los mecanismos internacionales de fiscalización.

La transparencia de los medios de comunicación

Todos los indicadores que en los años pasados revelaban ya graves problemas en materia de libertad de prensa se han agravado durante 1999, y hasta ha habido una desinhibición total, porque si hoy hay algo transparente en este país, es el control y manipulación de los medios de comunicación:

– Una casi total eliminación en los medios de comunicación masivos (televisión de señal abierta y parcialmente la radio) de todo lo que pueda significar debate plural de temas políticos, y en su lugar: cómicos ambulantes y talk-shows de ínfima calidad.

– Utilización permanente de esos mismos medios para hacer propaganda a favor del régimen y en contra de todo lo que pueda significar oposición o discrepancia.

– Utilización de la prensa amarilla en la misma dirección.

– Utilización de la publicidad estatal y de deudas con el Estado para favorecer a los medios amigos y acechar al resto.

– Hostilización y agresiones a la prensa local.

– Manipulación del Poder Judicial a favor de la prensa adicta y contra la prensa crítica.

Todos estos rubros han pasado a ser comunes en las cronologías e informes sobre libertad de prensa, y en cada uno de ellos pueden ponerse ejemplos muy concretos, cada vez más frecuentes, por lo que el tema atentados contra la libertad de prensa se ha convertido en capítulo aparte y uno de los principales de la situación del país. Durante el año han sido especialmente importantes los pronunciamientos que en ese sentido hicieron Alejandro Miró Quesada ante la SIP, el relator especial para libertad de prensa de la OEA, el del Consejo Nacional de la Prensa, Instituto Prensa y Sociedad, la Asociacion Nacional de Periodistas y hasta los de Margaret Albright (secretaria del Departamento de Estado) y el mismísimo Congreso norteamericano por unanimidad (la famosa Resolución 209).

El hecho de que el gobierno no haya podido retroceder ni un solo milímetro en relación con el caso Ivcher, pese a los enormes beneficios que le reportaría el menor gesto, es un dato muy elocuente de la situación: por algo será que prefiere a un Ivcher afuera, realmente moviendo cielo y tierra, que a un Ivcher en el Perú dirigiendo de nuevo su canal de televisión. Por algo será.

Pero Ivcher ya no es el único dueño de un canal de televisión que ha caído en desgracia para el régimen y que ha experimentado en carne propia las consecuencias de enemistarse con el gobierno, por más amigo que se pueda haber sido en el pasado; este año le tocó el turno nada menos que a Genaro Delgado Parker. Ver a este poderosísimo empresario denunciando con todas sus letras que él también ha sido despojado de su canal de televisión por no haber aceptado la incondicionalidad y obediencia que hoy el régimen exige a la televisión, demuestra la gravedad de la situación y los riesgos que implica la mínima discrepancia o impase con el poder. Imaginamos que esta imagen de "papá upa" como víctima debe haber aumentado el pánico que ya existía entre los empresarios de las comunicaciones y el empresariado en general y, por tanto, permite suponer que el silencio ahora sí será sepulcral.

Es natural que una situación tan claramente deficitaria en democracia y derechos humanos atraiga los cuestionamientos internacionales como un imán, y por eso en el año ha habido innumerables: Comisión Interamericana, Departamento de Estado norteamericano, Congreso de Estados Unidos, Unión y países europeos, organizaciones internacionales de periodistas, organizaciones de derechos humanos, etcétera. Es parte de la globalización, y cada vez más. Es cierto que hay lobbys, y de muy diferente signo, y también que hay países que en una situación similar logran, por su peso, imponer otro tipo de consideraciones (por qué habría que negarlo: es parte también de la globalización), pero no menos cierto es que –lo más importante– los cuestionamientos internacionales en nuestro caso tienen un sustento real, pues ninguno de ellos se basa en hechos falsos e inventados.

Muy distinto sería si se pudiera alegar verdaderamente que todo es un problema de desinformación o de poderosos lobbys. Sólo Alberto Bustamante, en su afán por cumplir bien su cargo de primer ministro, se atreve a decir que nada existe, y que si Ivcher no regresa al país es porque él no quiere; o que si los magistrados del Tribunal Constitucional no han sido reincorporados es porque ellos no lo quieren, contra el deseo del gobierno.

Y por lo mismo, porque se trata de un régimen que viene atentando permanentemente contra la democracia y los derechos humanos, no puede darse el lujo de permitir una fiscalización desde el exterior; y fue por eso que en el año que termina tuvo que fugarse del Sistema Interamericano, para evitar tener que rendir cuentas en una serie de casos que estaban prosperando y que tenían que ver con su esencia autoritaria (Tribunal Constitucional, Ivcher, legislación antiterrorista, Cantuta y
Barrios Altos; véase, al respecto, artículo en ideele 122).

En este contexto, el trabajo de derechos humanos sólo puede tener como prioridad la búsqueda de la restauración del Estado de derecho y la institucionalidad democrática, amparado en una doble razón conceptual: se trata de una situación en sí misma violatoria de derechos humanos, pues atenta contra dos estándares universales y vinculantes contenidos en el ordenamiento jurídico interno y en convenios internacionales suscritos por el Perú (acceso a la justicia y garantías de la administración de justicia; legalidad; independencia de poderes e instituciones; libertad de prensa; etcétera) y porque, a la vez, se trata de garantías fundamentales para la vigencia del conjunto de derechos.

Elecciones y derechos humanos

Hay un elemento esencial que hay que agregar a la situación descrita y que determina una especificidad de la agenda de derechos humanos mencionada durante los próximos meses: la voluntad del actual régimen de perdurar más allá del 2000 a través de la inconstitucional postulación de Fujimori por tercera vez, para una segunda reelección.

Esto significa que el trabajo de derechos humanos durante el proceso electoral que se avecina no se puede restringir –como en otras elecciones– a tratar de que los candidatos debatan y acepten compromisos en torno a derechos humanos, sino que tendrá que asumir otras funciones que también tienen que ver con la defensa de estándares obligatorios.

Participar de los esfuerzos para que se realicen efectivamente las próximas elecciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional y los estándares universales, es una labor propia del trabajo de derechos humanos, más allá de cualquier simpatía partidaria o ideológica, pues lo que está en juego son derechos civiles y políticos fundamentales como el de elegir y ser elegido, el derecho a la participación, la defensa de la legalidad, etcétera.

Por tanto, oponerse desde ahora a la ilegítima postulación de Fujimori, al uso irregular de los recursos del Estado a favor de su candidatura, a la hostilización y ataques contra candidatos opositores, a la manipulación de medios de comunicación, etcétera (véase artículo político), forma parte del actual trabajo por la vigencia de los derechos humanos.

Hay una razón adicional por la que los derechos humanos estarán muy presentes en el próximo proceso electoral, un poco sin querer ni deber: constituyen uno de los temas escogidos por el oficialismo para acumular y polarizar. El discurso es que ellos fueron los que salvaron al país del terrorismo, con una estrategia a la que se opusieron los derechos humanos, por lo que todo adversario del gobierno que emita la más mínima señal a favor de los derechos humanos (por ejemplo, que se deben respetar las decisiones del Sistema Interamericano) pasa automáticamente al campo del terrorismo. Es con esta lógica que la prensa amarilla está acusando a Castañeda y Andrade de terroristas.

Por razones diferentes de las del pasado, pero también muy graves, la actual agenda de derechos humanos es clara y precisa, además de cargada.

En conclusión: con este gobierno salimos de una situación gravísima, de una guerra interna desatada por el terrorismo y azuzada por una respuesta inadecuada desde el Estado, pero este mismo gobierno nos ha puesto en una nueva situación extrema y límite. La anterior era sangrienta y, por lo mismo, mucho más apremiante, pero tenía la "ventaja" de que había un solo enemigo común claro: "todos contra SL y el MRTA"; las diferencias estaban en cómo había que derrotarlos. En ese sentido, la situación actual es más compleja, porque la absoluta división y polarización del país es "entre nosotros", sin el terrorismo de por medio. El desafío es, en estos términos, de naturaleza distinta y quizá hasta más exigente. (Ernesto de la Jara)

Agenda pendiente sobre violencia política

Existe toda una agenda pendiente de derechos humanos que tiene su origen en los años de mayor violencia y que es indispensable solucionar por diversas razones:

– Responde a problemas reales no resueltos: impunidad, verdad y reconciliación; víctimas del terrorismo; reconstrucción de zonas afectadas por la violencia y desplazados; inocentes en prisión y requisitoriados; etcétera.

– Las violaciones de derechos humanos cesaron no por voluntad política o cambios institucionales, sino como consecuencia natural del descenso de la violencia de Sendero Luminoso y el MRTA.

– Existe una pugna por la memoria histórica, ya que el oficialismo busca imponer su versión.

– El no estar en pleno conflicto armado interno puede ser el mejor momento para procesar determinados temas (por ejemplo, legislación antiterrorista).

El desafío consiste en fomentar condiciones políticas y sociales propicias y encontrar estrategias que permitan procesar y solucionar problemas del pasado, pero sin quedarse anclado o atrapado en él.

La Defensoría del Pueblo:

Soledad sola (desafíos)

Hay consenso en reconocer que el balance sobre la Defensoría del Pueblo es positivo; a su favor tiene:

– El solo hecho de existir es ya positivo. Recordemos que se postergó su creación y la elección del primer Defensor, y que se restringieron sus atribuciones.

– No solamente existe, sino que ha perdurado manteniendo su independencia y cumpliendo una función importante. Sólo una gran habilidad y acierto de estrategias le han permitido superar una disyuntiva que se creía inevitable: o un perfil bajo y hasta inocuo, o una víctima de la artillería oficialista.

– En los más de tres años de su existencia ha ido creciendo tanto en términos de legitimidad (es la única institución estatal que queda libre e independiente) como de presencia (expansión territorial y diversidad de adjuntías).

– En los temas que ha decidido actuar ha logrado una presencia importante y resultados muy concretos: inocentes en prisión (Comisión Ad Hoc); pronunciamientos inequívocos sobre la inconstitucionalidad de determinadas normas y medidas (desdibujamiento del modelo constitucional: decretos de seguridad nacional, informe sobre el SIN); derechos reproductivos; abusos en el servicio militar; derechos del comsumidor; condiciones carcelarias, etcétera.

– Se ha abierto un espacio propio de acuerdo con su naturaleza, lo que no significa ni duplicación ni superposición con otras instituciones del Estado.

– Al mismo tiempo, ha establecido muy buenos vínculos de coordinación y trabajo conjunto con los organismos de derechos humanos.

Sin embargo, los desafíos generales –más allá de los temas específicos– para el próximo período son sumamente exigentes:

– ¿Cómo lograr que la regla sea que los pronunciamientos de la Defensoría se cumplan, y no acumular decisiones no acatadas que pueden llegar a convertirse en parte del paisaje habitual? Evidentemente, no se trata de dejar de pronunciarse para no arriesgar un incumplimiento, sino de ejercer un seguimiento de las decisiones y hacer cuestión de estado hasta que se cumplan.

– En la medida que se trata ya de una institución consolidada y legitimada, es lógico que tenga que responder a mayores exigencias y expectativas. Al mismo tiempo, ya el gobierno ha comenzado a acusar a la Defensoría de politización y está dispuesto a hacerle la vida imposible.

¿Cómo mantener el equilibrio? ¿Qué es equilibrio y qué es hacer poco o excederse? El propio Defensor dijo que "la Defensoría suena pero no truena". ¿Ese es su destino? Punto que ya es tema de discusión y de diferente opinión, a favor y en contra, y que se volverá más polémico en el próximo período debido a lo irregular del proceso electoral, en el que la Defensoría ha decidido actuar como observador. ¿Cuál será su reacción si Fujimori inscribe su candidatura ahora en diciembre? Si no hay fraude en la votación misma, ¿se considerarían válidas las elecciones? Si Fujimori llega a gobernar por tercera vez y la Defensoría termina su período sin mayores problemas, ¿es una buena o una mala señal?

– ¿Cómo puede ayudar la Defensoría en la reconstrucción de la institucionalidad democrática y no caer en la lógica de que hay que fortalecerla y expandirla cada vez más porque es la única institución que queda?

¿Cómo evitar que el crecimiento de la Defensoría debilite en los hechos la red de ONG de derechos humanos en términos de funciones, recursos humanos, interlocución, etcétera? Si la Defensoría no establece prioridades y hace todo lo que ya hacen las ONG, ¿no hay el riesgo de convertirse en una súper ONG estatal pero dejando el espacio exclusivo de la Defensoría? ¿Cómo ayudar a fortalecerse y legitimarse mutuamente? ¿Cómo procesar diferencias? ¿Qué pasaría si al final de la Comisión Ad Hoc la Defensoría considera que ya no hay inocentes en prisión, a pesar de un número significativo de casos patrocinados por ONG que pudieran no haber prosperado; no sería inexorable una mutua deslegitimación?

Ya es hora: Vivamos sin tortura

En años pasados la tortura estuvo ligada a las acusaciones por terrorismo, pero en verdad constituye un mal endémico: toda persona que es detenida corre un altísimo riesgo de ser maltratada o torturada; las posibilidades, obviamente, aumentan en función de cuán humilde e indefensa sea la persona. Entrando al siglo XXI, y a pesar de creernos muy modernos, sigue existiendo en el país una práctica tan primitiva como es el uso de la violencia con el fin de obtener una confesión o información, o como modalidad de extorsión. Cómo será de recurrente esta práctica en el país, que la CNDH la ha definido como eje de campaña y acaba de publicar un informe con 4.601 denuncias de tortura entre 1988 y 1998. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas no sólo viene llamando la atención al gobierno peruano por no tomar las medidas correspondientes, sino que el año pasado hasta hizo una visita in loco a nuestro país, la segunda desde su creación. ¿A dónde fue la primera? Nada menos que a Turquía. Así estamos.

Un paso hacia adelante y celebrado fue la tipificación por fin de la tortura como delito autónomo (sí, hasta hace poco torturar no era un delito, sino un abuso de autoridad o daños contra la salud), pero los casos que desde ese momento se vienen siguiendo en el Poder Judicial están arrojando resultados escandalosos. Así, en el caso de Lucas Huamán, un humilde campesino que fue masacrado hasta la muerte por miembros de la Policía de La Mar, Ayacucho, los responsables han sido absueltos en primera instancia.

Se han dado, incluso, normas que "sin querer queriendo" constituyen una institucionalización de la tortura y hasta la alientan. Nos referimos a la legalización, para las acusaciones de terrorismo agravado (como parte de decretos legislativos sobre seguridad nacional), de una fórmula que ya en la práctica venía operando y provocando casos de tortura en terrorismo y traición a la patria: el considerar como prueba, durante el juicio, las actuaciones realizadas en la etapa prejudicial (Policía-SIN), a pesar de que en esa etapa el acusado está especialmente desprotegido y atemorizado, y sin que después se pueda interrogar como testigos a quienes realizaron dichas actuaciones. La tendencia moderna es la opuesta: quien quiere voluntariamente confesar o acusar a otro, lo tiene que hacer con todas las garantías del caso. La tortura es una clásica violación de derechos humanos cuya erradicación como práctica sistemática depende fundamentalmente de la voluntad política.