En nombre de los inocentes
POR UN
BROCHE DE ORO
DE LA COMISIÓN AD HOC
(Sin
pompas fúnebres)
Hasta el cierre de esta edición,
el término de la Comisión Ad Hoc a fines de diciembre parecía un hecho
consumado. ¿Y por qué lo decimos? Simplemente porque el presidente Fujimori
declaró hace unos días que la mayoría de los inocentes habían sido liberados,
por lo que no tenía sentido una nueva prórroga; y sabemos muy bien que esas
palabras deben ser interpretadas como un "no va más" para la Comisión
Ad Hoc.
Se
terminaría así un mecanismo que fue creado para seis meses y con la posibilidad
de sólo otros seis meses más, pero que terminó pasando los tres años de vida; y
no por ese fenómeno tan de nosotros de acuerdo con el cual todo lo transitorio
se convierte en para siempre, sino porque su legitimidad y eficacia hicieron
que todos la quisiéramos. Tanto la ley de su creación como las sucesivas
prórrogas no sólo fueron respaldadas por la opinión pública en general, sino
también aprobadas en el Congreso por consenso; y hasta que Fujimori se la
agarró con la Comisión, se rumoreaba que ella asumiría nuevas funciones.
Un
mecanismo heterodoxo y hasta controversial (qué es eso de indultar a inocentes,
pero "es mejor injustamente indultado que injustamente preso"); pero
que funcionó, funcionó, a pesar de la complejidad extrema de su misión
(distinguir inocentes de culpables, confundidos y empapelados adrede) y de que
implicaba consensos milagrosos: primero entre el padre Lanssiers y el Defensor
del Pueblo con los sucesivos ministros de Justicia, y luego con el Presidente,
quien –para variar– tenía la última palabra para conceder o no indultos.
En esto sí
valen los indicadores cuantitativos, aunque no sean lo único por evaluar: 469
personas que están ¡¡libres!!, y que si no fuera por la Comisión seguirían
presas, condenadas a severísimas penas.
Una vez más
hay que reconocer la labor cumplida por el padre Lanssiers y el Defensor,
quienes han tenido un papel decisivo en todo lo que este mecanismo ha sido
capaz de dar, previsible en el caso de ellos, a diferencia de otra actitud que
también hay que reconocer y que ha sido una sorpresa de signo positivo: la
buena voluntad de los ministros de Justicia, por lo menos de los cuatro
primeros (Carlos Hermoza Moya, Alfredo Quispe Correa, Carlota Valenzuela y
Jorge Bustamante), quienes con más o menos entusiasmo terminaron
sensibilizándose con los casos.
Respecto al
actual ministro de Justicia, Alberto Bustamante, hasta ahora no sabemos si se
animará a firmar recomendaciones, puesto que se ha limitado a destacar a su
equipo de abogados-técnicos-penalistas para que (re)revisen los casos que ya
habían sido oleados y sacramentados por unanimidad por la Comsión Ad Hoc, es
decir, por algunos de los anteriores ministros de Justicia, por Jorge
Santistevan y por Lanssiers. Un retroceso, sin lugar a dudas. Ojalá que en el
poco tiempo que queda le nazca por lo menos el mismo espíritu de colaboración
de sus antecesores, y no quede como el único ministro que no firmó casos o que
firmó muy pocos y que, por lo tanto, colaboró a quitarle legitimidad a la
experiencia de la Comisión Ad Hoc.
Una vez más
hay que reconocer "al César lo que es del César": Fujimori creó el
problema con su legislación, pero decidió corregir errores y lo hizo contra
presiones muy fuertes, por lo menos durante un buen tiempo y de manera
intermitente.
El papel de
la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc, integrada por un plural grupo de
abogados y abogadas bajo la dirección de Gino Costa, ha sido también sumamente
eficaz: el temor al error y los riesgos que el tema implica, por los vaivenes
de la opinión pública, los podría haber paralizado o llevado a adoptar la
seductora política del gotero (sólo unos cuantos casos contados uno a uno, para
no pasarse de la dosis). Por más que tenemos la impresión de que en los últimos
tiempos ha habido una rigidización de criterios que han elevado la valla, un
poco producto de la presión externa, de la que nadie está libre, las cifras –insistimos–
están a su favor: 469 indultados, más 70 ya recomendados y tal vez un grupo
más.
Broche
de oro
Con todo lo
logrado, sería realmente absurdo e injusto que la vigencia de la Comisión Ad
Hoc acabara en tono de larga y penosa agonía y con pompas fúnebres. Se trata de
una experiencia exitosa que hay que celebrar por todo lo alto y que, por lo
mismo, da para un broche de oro y hasta medalla: aprovechar el plazo hasta el
último minuto y dejar obra para la trascendencia, para la de la causa de los
inocentes más allá de la Comisión Ad Hoc.
Las
invocaciones de siempre:
Que el
Presidente retome los indultos: siempre será mejor un presidente que corrige
errores, por más numerosos que sean, que uno que deja a inocentes en las
cárceles por consideraciones políticas. Que recuerde que es el único mérito que
puede exhibir en términos de derechos humanos, y que si deja a inocentes en las
cárceles tendrá un punto más en contra.
A
la Comisión Ad Hoc:
– Que
recomiende todos los casos que considere justo recomendar (o por tres votos, o
sólo por dos, como lo permite la ley), más allá de si Fujimori indulta o no, si
el emperador se molestará porque osan contradecirlo con la recomendación de
nuevos casos, o si saldrá a atacar a la Comisión manipulando a la opinión
pública. Gajes del oficio, y por la mejor causa.
Recordemos
que si bien se ha hecho mucho por los inocentes en prisión, éstos han sido
también fuente de legitimidad de instituciones y personas (IDL e ideelistas
incluidos); por tanto: mutua gratitud.
– Que entre
los casos recomendados se comprenda a los inocentes que están condenados por
terrorismo y que han cometido delitos comunes mínimos, que merecen una pena
mucho menor a la que ya han cumplido; así como los clamorosos casos de
"indulto humanitario".
– Que sólo
se mantengan como casos "no recomendados" o "con informe
desfavorable" aquellos en los que haya seguridad, y no se incorporen en
estos rubros los casos dudosos, en los que, además, se discuten cuestiones
mínimas frente a personas muy humildes e inofensivas, que llevan ya entre cinco
y ocho años de prisión. El parecer negativo de la Comisión puede ser la
sentencia definitiva.
– Que en el informe final se
contemple el conjunto de problemas: inocentes que quedan; sobrepenalizados-desvinculados;
condiciones carcelarias para todos; arrepentidos; indemnización; legislación
antiterrorista; recurso de revisión.