En nombre de los inocentes

POR UN BROCHE DE ORO
DE LA COMISIÓN AD HOC

(Sin pompas fúnebres)

Hasta el cierre de esta edición, el término de la Comisión Ad Hoc a fines de diciembre parecía un hecho consumado. ¿Y por qué lo decimos? Simplemente porque el presidente Fujimori declaró hace unos días que la mayoría de los inocentes habían sido liberados, por lo que no tenía sentido una nueva prórroga; y sabemos muy bien que esas palabras deben ser interpretadas como un "no va más" para la Comisión Ad Hoc.

 

Se terminaría así un mecanismo que fue creado para seis meses y con la posibilidad de sólo otros seis meses más, pero que terminó pasando los tres años de vida; y no por ese fenómeno tan de nosotros de acuerdo con el cual todo lo transitorio se convierte en para siempre, sino porque su legitimidad y eficacia hicieron que todos la quisiéramos. Tanto la ley de su creación como las sucesivas prórrogas no sólo fueron respaldadas por la opinión pública en general, sino también aprobadas en el Congreso por consenso; y hasta que Fujimori se la agarró con la Comisión, se rumoreaba que ella asumiría nuevas funciones.

Un mecanismo heterodoxo y hasta controversial (qué es eso de indultar a inocentes, pero "es mejor injustamente indultado que injustamente preso"); pero que funcionó, funcionó, a pesar de la complejidad extrema de su misión (distinguir inocentes de culpables, confundidos y empapelados adrede) y de que implicaba consensos milagrosos: primero entre el padre Lanssiers y el Defensor del Pueblo con los sucesivos ministros de Justicia, y luego con el Presidente, quien –para variar– tenía la última palabra para conceder o no indultos.

En esto sí valen los indicadores cuantitativos, aunque no sean lo único por evaluar: 469 personas que están ¡¡libres!!, y que si no fuera por la Comisión seguirían presas, condenadas a severísimas penas.

Una vez más hay que reconocer la labor cumplida por el padre Lanssiers y el Defensor, quienes han tenido un papel decisivo en todo lo que este mecanismo ha sido capaz de dar, previsible en el caso de ellos, a diferencia de otra actitud que también hay que reconocer y que ha sido una sorpresa de signo positivo: la buena voluntad de los ministros de Justicia, por lo menos de los cuatro primeros (Carlos Hermoza Moya, Alfredo Quispe Correa, Carlota Valenzuela y Jorge Bustamante), quienes con más o menos entusiasmo terminaron sensibilizándose con los casos.

Respecto al actual ministro de Justicia, Alberto Bustamante, hasta ahora no sabemos si se animará a firmar recomendaciones, puesto que se ha limitado a destacar a su equipo de abogados-técnicos-penalistas para que (re)revisen los casos que ya habían sido oleados y sacramentados por unanimidad por la Comsión Ad Hoc, es decir, por algunos de los anteriores ministros de Justicia, por Jorge Santistevan y por Lanssiers. Un retroceso, sin lugar a dudas. Ojalá que en el poco tiempo que queda le nazca por lo menos el mismo espíritu de colaboración de sus antecesores, y no quede como el único ministro que no firmó casos o que firmó muy pocos y que, por lo tanto, colaboró a quitarle legitimidad a la experiencia de la Comisión Ad Hoc.

Una vez más hay que reconocer "al César lo que es del César": Fujimori creó el problema con su legislación, pero decidió corregir errores y lo hizo contra presiones muy fuertes, por lo menos durante un buen tiempo y de manera intermitente.

El papel de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc, integrada por un plural grupo de abogados y abogadas bajo la dirección de Gino Costa, ha sido también sumamente eficaz: el temor al error y los riesgos que el tema implica, por los vaivenes de la opinión pública, los podría haber paralizado o llevado a adoptar la seductora política del gotero (sólo unos cuantos casos contados uno a uno, para no pasarse de la dosis). Por más que tenemos la impresión de que en los últimos tiempos ha habido una rigidización de criterios que han elevado la valla, un poco producto de la presión externa, de la que nadie está libre, las cifras –insistimos– están a su favor: 469 indultados, más 70 ya recomendados y tal vez un grupo más.

Broche de oro

Con todo lo logrado, sería realmente absurdo e injusto que la vigencia de la Comisión Ad Hoc acabara en tono de larga y penosa agonía y con pompas fúnebres. Se trata de una experiencia exitosa que hay que celebrar por todo lo alto y que, por lo mismo, da para un broche de oro y hasta medalla: aprovechar el plazo hasta el último minuto y dejar obra para la trascendencia, para la de la causa de los inocentes más allá de la Comisión Ad Hoc.

Las invocaciones de siempre:

Que el Presidente retome los indultos: siempre será mejor un presidente que corrige errores, por más numerosos que sean, que uno que deja a inocentes en las cárceles por consideraciones políticas. Que recuerde que es el único mérito que puede exhibir en términos de derechos humanos, y que si deja a inocentes en las cárceles tendrá un punto más en contra.

A la Comisión Ad Hoc:

– Que recomiende todos los casos que considere justo recomendar (o por tres votos, o sólo por dos, como lo permite la ley), más allá de si Fujimori indulta o no, si el emperador se molestará porque osan contradecirlo con la recomendación de nuevos casos, o si saldrá a atacar a la Comisión manipulando a la opinión pública. Gajes del oficio, y por la mejor causa.

Recordemos que si bien se ha hecho mucho por los inocentes en prisión, éstos han sido también fuente de legitimidad de instituciones y personas (IDL e ideelistas incluidos); por tanto: mutua gratitud.

– Que entre los casos recomendados se comprenda a los inocentes que están condenados por terrorismo y que han cometido delitos comunes mínimos, que merecen una pena mucho menor a la que ya han cumplido; así como los clamorosos casos de "indulto humanitario".

– Que sólo se mantengan como casos "no recomendados" o "con informe desfavorable" aquellos en los que haya seguridad, y no se incorporen en estos rubros los casos dudosos, en los que, además, se discuten cuestiones mínimas frente a personas muy humildes e inofensivas, que llevan ya entre cinco y ocho años de prisión. El parecer negativo de la Comisión puede ser la sentencia definitiva.

– Que en el informe final se contemple el conjunto de problemas: inocentes que quedan; sobrepenalizados-desvinculados; condiciones carcelarias para todos; arrepentidos; indemnización; legislación antiterrorista; recurso de revisión.