Crónica de un final de suspenso
LAS PERIPECIAS DEL PROCESO (POLÍTICO) A PINOCHET
Un análisis de los acontecimientos y de lo que todavía está en juego en el proceso de extradición.
Después de que el 8 de octubre pasado el juez Ronald Bartle dejara el camino expedito para la extradición de Pinochet a España, la defensa del dictador viró drásticamente de estrategia y pasó a concentrarse en el juego político. No había que ser muy zahorí: la sección 11 de la ley de extradición británica de 1989 les abría la puerta falsa por la que el ex dictador podía escabullirse. Y tenían la llave para abrirla.
En el Reino Unido, cuando se establece que una persona puede ser extraditada a través de un proceso judicial, la ley faculta al ministro del Interior para decidir si dicha persona es entregada o no y puede interrumpir el proceso. Entonces, después de Bartle, era el ministro Straw el que tenía la sartén por el mango. De la esfera judicial se pasaba a la política. Y para convencer a Straw, los defensores de Pinochet podían apelar a la incapacidad mental de su patrocinado para someterse a juicio.
La hora del té
Ya en octubre de 1999, los abogados defensores solicitaron que, por razones de salud, se excusara a Pinochet de asistir a la sesión en la que el juez Bartle daría a conocer su sentencia. El juez aceptó, y seis días después del veredicto el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la petición del embajador de Chile en Londres (petición hasta entonces rechazada por el acusado) para que se libere a Pinochet en virtud del "significativo deterioro" de su salud.
El embajador Pablo Cabrera anexó una serie de informes médicos que fueron revisados por Liam Donaldson, médico jefe del Ministerio del Interior. La conclusión fue que Pinochet podía estar incapacitado para someterse a un juicio, pero que un informe y un examen médico completo eran necesarios. Eso fue lo que el 5 de noviembre dijo por escrito al embajador chileno y a los abogados del ex dictador la funcionaria encargada del departamento de extradición.
El diario español El País ha hecho públicas las ocho cartas intercambiadas entre Fenella Tayler y la defensa de Pinochet en las que se revela que desde el primer momento el ministro Straw ofreció asegurar la "completa confidencialidad del informe" que eventualmente hicieran los doctores designados por el Ministerio. Y el secreto incluyó no comunicar a los estados que solicitaron la extradición, ni que se practicaría un reconocimiento médico, ni el procedimiento y los criterios que se emplearían en dicho reconocimiento, privándolos de la oportunidad de impugnarlos.
Quién sabe todo lo que se habrá conversado a la hora del té, pero lo cierto es que apenas el 5 de enero, y con dos médicos observadores de la parte de Pinochet pero ninguno de las otras partes interesadas, dos especialistas en geriatría, un neurólogo y una neuropsicóloga examinaron a Pinochet y al día siguiente emitieron el informe sobre el que Straw tomó la decisión preliminar de interrumpir el proceso.
Se hizo notar la ausencia de un especialista en psiquiatría geriátrica en el equipo médico, y que "la brevedad del período de observación y las condiciones en las que se llevó a cabo el reconocimiento podrían haber sido insuficientes para determinar inequívocamente que Pinochet no estaba en condiciones de ser sometido a más actuaciones judiciales"; pero Straw anunció que el examen médico, unánime, indicaba que "como resultado de un reciente deterioro en el estado de salud del senador Pinochet, que parece haber tenido lugar en setiembre y octubre de 1999, él está incapacitado para someterse a juicio y no se espera un cambio en su situación".
Ninguna copia sería entregada ni a la Fiscalía de la Corona (que por ley representa al Estado español, solicitante de la extradición), ni a Francia, Bélgica y Suiza, países en los que Pinochet tiene procesos pendientes, lo que les impide la oportunidad de solicitar un nuevo reconocimiento médico si lo estimasen necesario. Eso sí: una copia del informe se entregaría al director de la Fiscalía Pública y al abogado del Estado; autoridades que, con base en la Convención contra la Tortura, podían pronunciarse sobre una acusación contra Pinochet en territorio británico y frustrar su liberación.
La hora de la siesta
Aunque seguramente intervino en las conversaciones, el Gobierno español escogió hacer la vista gorda. Cerró los ojos y se echó a dormir la siesta.
El abogado Alun Jones, que ha representado a España en este caso como experto en procedimientos de extradición en el Reino Unido, emitió oportunamente un informe en el que señalaba la ausencia de amparo legal para que los exámenes médicos no fueran dados a conocer a España (los exámenes de este tipo siempre son puestos a disposición de las partes), y recomendaba la presentación de un recurso de revisión judicial contra la eventual liberación del ex dictador.
El Ministerio de Relaciones Exteriores español se apresuró a descartar la presentación de un recurso de revisión y colocó expresamente el tema fuera de la agenda judicial y de la de su política exterior. José María Aznar y Abel Matutes hicieron público que, de acuerdo con un pacto (¿de caballeros?) con el Gobierno de Chile, se abstendrían de tomar ningún tipo de medidas.
El "compromiso" se cumplió a pie juntillas, bajo el entendimiento de que las relaciones exteriores de España con Chile se afectarían si se privilegiaba la justicia y el recto funcionamiento de los procedimientos de extradición. El Gobierno español cree así que la protección de sus intereses como el principal inversor empresarial en América Latina durante 1999, pasa (¿para beneplácito de qué socios?) por saltarse las normas y conciliar con la impunidad.
De nada sirvió que el juez Garzón alegara que España estaba obligada jurídicamente a exigir que se agotasen todos los recursos, y que de no hacerse así resultaría inexplicable que, teniendo la razón legal, se desista por razones políticas.
Esta decisión política le sirvió al inefable juez británico Maurice Kay para desestimar el pedido de que se someta a revisión judicial el procedimiento empleado por el ministro del Interior británico para determinar el estado de salud mental de Pinochet, presentado conjuntamente por Amnistía Internacional y una coalición de otras organizaciones defensoras de derechos humanos; además del Gobierno belga, cuya ministra de Justicia, Chantal Monet, estuvo presente en la audiencia.
El juez Kay no sólo se tomó la libertad de decirles a quienes presentaron la apelación que conocer el informe médico sobre el estado de salud de Pinochet "no es negocio suyo", sino que desestimó también la posibilidad, ofrecida por Straw, de que el secreto sobre el informe médico se levantara. Ni siquiera consideró esta posibilidad para Bélgica, como "autoridad de persecución penal". La capacidad del ex dictador para someterse a juicio amenazaba conservarse como secreto político.
Precedentes y perspectivas
En su sentido legal, la incapacidad para ser sometido a juicio no es cualquier incapacidad. Como indicó Geoffrey Bindman, abogado de Amnistía Internacional, se trata de la "incapacidad para comprender la marcha de un juicio, dar instrucciones a la defensa y entender detalles de las pruebas aportadas".
Por eso, David Omand, el segundo de Straw, instruyó en ese sentido a los médicos que examinaron a Pinochet para que asesoraran "sobre si, bajo su punto de vista, hay algunos aspectos del estado de salud del general Pinochet que, separados o en conjunto, podían sugerir que no está en estos momentos capacitado, o es probable que llegue a estar incapacitado", y también para saber "hasta qué punto ese comportamineto es susceptible de ser influenciado conscientemente por el senador Pinochet". Esto no estuvo mal. El problema fue el pacto de silencio.
En un caso anterior en el Reino Unido, acusado por crímenes de guerra en Bielorrusia, Serafinowicz argumentó incapacidad para ser sometido a juicio y fue liberado. La incapacidad aludida no se mantuvo en secreto; fue pública: alzheimer.
La edad avanzada o enfermedades graves no constituyen necesariamente, ni juntas ni por sí solas, razón de incapacidad. Papon, pese a estar viejo y enfermo, fue procesado y condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial; y Hess murió en su celda soviética pese a los llamados a que se le liberara, después de décadas de carcelería y de superar los 80 años. Barbie también fue procesado y condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad, pese a su avanzada edad. Dorde Djukic, juzgado por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia por crímenes de lesa humanidad, solicitó que se suspendiera el procedimiento judicial por padecer de cáncer en fase terminal. No se aceptó; sólo se modificó el régimen de detención. Djukic murió durante el juicio.
No hay legislación internacional al respecto, y las autoridades deben guiarse por las leyes de sus país y por la interpretación de sus obligaciones generales.
Straw ha pretendido que su decisión tiene como precedente el caso de Róisín McAliskey, pero sólo ha lanzado un bumerán, pues, como ha recordado Amnistía Internacional, en aquella ocasión "existió, en todas las fases de las actuaciones, la oportunidad de que la otra parte –el Gobierno alemán y la Fiscalía de la Corona– consultara todos los informes médicos".
Un examen médico para determinar la incapacidad es una evidencia en el proceso y no un secreto. Para interrumpir un proceso el debate se centra en la demencia senil o la insania mental: la capacidad de comprender sus actos y las sesiones de un juicio, la pérdida de memoria, la posibilidad de comunicarse, contestar, dar instrucciones, entender detalles sobre las pruebas practicadas y asistir a sus defensores.
Pinochet, qué duda cabe, está viejo y enfermo; pero bajo detención domiciliaria en una residencia de lujo. Las razones humanitarias a las que ahora apela tendrían asidero si su condición mental se hubiese deteriorado a tal punto que estuviera incapacitado para someterse a juicio. Lo que no tiene sentido es el secreto. Éste sólo le serviría a Pinochet para poder ser sacado de Londres y devuelto a Chile. Pero en adelante, y para el resto de sus días, tendría que retirarse de la vida pública y guardar silencio absoluto, pues otra cosa no podría hacer si su mal es la demencia senil. Y tendría que guardar silencio no sólo para evadir las 56 querellas que tiene abiertas en Chile, sino para no admitir su incapacidad de pararse ante un tribunal para refutar los graves cargos que se le han imputado.
Por donde se le mire, su final es uno sin pena ni gloria. Y en eso, paradójicamente, parecen coincidir todos. Citado por El País, el general Luis Cortés Villa, director de la Fundación Pinochet, dijo: "Qué podríamos celebrar. Si vuelve lo hará por razones humanitarias. Quiere decir que si estuviera bien, seguiría allí". A su vez, Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, dijo: "si vuelve Pinochet, no volverá absuelto, sino inculpado y condenado por el mundo". Más patéticamente, Tomás Eloy Martínez escribió: "Que Pinochet esté en un lado u otro ya no tiene importancia, porque su conciencia está ahora en ninguna parte". Para que prevalezca la justicia, sin embargo, el secreto debe ser develado.
El cuarto de hora de los jueces
Las víctimas de la dictadura pinochetista llevaron el caso al Tribunal Supremo de España. Aunque éste confirmó que el caso se había trasladado al terreno de las decisiones políticas, en el que la falta de ética no necesariamente quebranta la ley, recordó simultáneamente, para que lo escuchen hasta los que no quieren oír, que el "imparable desarrollo del principio de justicia universal que emana de diversos tratados y convenios internacionales... exige que la reclamación de personas para ser enjuiciadas se haga dentro del ámbito estrictamente jurisdiccional, desapareciendo los vestigios del pasado que interfieren en las decisiones judiciales con resoluciones administrativas absolutamente incontrolables y de matiz político coyuntural, con grave quebranto del principio de legalidad". Más claro, ni el agua.
En Londres, la coalición de organizaciones no gubernamentales y el Gobierno belga apelaron la decisión de Maurice Kay y lograron que los tres jueces del Tribunal Divisional del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales admitieran la causa. Así, se ha abierto la posibilidad de que el caso retorne a la vía judicial, y esto es de suma importancia.
Las pruebas médicas con las que se pretende suspender la extradición, antes que por el ministro del Interior, que es un cargo político, deben ser estudiadas por un tribunal en un proceso transparente. Bien se ha dicho que, como norma general, los expedientes médicos tienen derecho a la protección de la intimidad. Pero cuando una persona pone en tela de juicio su estado de salud en un procedimiento legal, renuncia a ese derecho a la intimidad, al menos en lo que se refiere a las otras partes implicadas en el procedimiento, pues un reconocimiento de esas características debe estar sujeto a supervisión judicial.
Mientras tanto, y pese a las decisiones que ya se habrán adoptado cuando usted esté leyendo este artículo, lo más probable es que el proceso no concluya antes de la publicación del siguiente número de esta revista. (Hans Landolt)